Decisión nº 03 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 10 de Enero de 2013

Se declara con lugar la falta de cualidad pasiva interpuesta por JOSE (sic) GEREMIAS (sic) RAMIREZ (sic) ESCALANTE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nos (sic) V- 3.428.886 y se declara de oficio la falta de cualidad activa de la ciudadana TIODOSA RAMIREZ (sic) RAMIREZ (sic), titular de la cédula de identidad No. V-3.313.074, por NULIDAD DE VENTA, DAÑOS Y PERJUICIOS

Se declara INADMISIBLE la demanda interpuesta por TIODOSA RAMIREZ (sic) RAMIREZ (sic), titular de la cédula de identidad No. V- 3.313.074, contra JOSE (sic) GEREMIAS (sic) RAMIREZ (sic) ESCALANTE y A.M.M. (sic) PEREIRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.428.886 y No. V-18.089.595 por NULIDAD DE VENTA, DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL.

Se condena en costas a la parte demandante a tenor de lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. (fls. 161 al 180)

La actora T.R. de Ramírez demanda a los ciudadanos J.G.R.E. y A.M.M.P., por nulidad absoluta del contrato de compra venta celebrado entre los ciudadanos J.A.G.Z. como vendedor y A.M.M.P. como compradora, de un inmueble ubicado en Palo Gordo, sector Zapatoca, final de la calle 6 bis, jurisdicción del Municipio Cárdenas del Estado Táchira, según documento protocolizado por ante el Registro Público de los Municipios Cárdenas, G. y A.B. del Estado Táchira, el 27 de marzo de 2008, bajo el Nº 26, Tomo 42, folios 101 al 104, Protocolo Primero, Primer Trimestre; así como por los respectivos daños y perjuicios materiales fijados en la cantidad de Bs. 200.000,00 y por daño moral que estimó en la cantidad de Bs. 80.000,00. A tal efecto, alega en una confusa redacción que el precio respectivo montante a la suma de Bs. 150.000,00 fue pagado con dinero sustraído por su cónyuge J.G.R.E., sin su consentimiento, de la cuenta corriente Nº 01050613111613002807 del Banco Mercantil, correspondiente a la comunidad conyugal en la que ambos figuran como titulares, de la siguiente manera: Bs. 50.000,00 mediante cheque Nº 65278418 de la referida cuenta de fecha 04 de marzo de 2008; y Bs. 100.000,00 mediante cheque de gerencia del mismo banco Nº 01050613122613004052 de fecha 27 de marzo de 2008, comprado con fondos de la referida cuenta corriente. Que esta actuación deshonesta de su cónyuge J.G.R.E., la afecta no sólo en su dignidad como mujer, como cónyuge y en el ámbito moral de su familia, sino que representa un grave daño al patrimonio común. Que la ciudadana A.M.M. de P. valiéndose de artimañas compró el inmueble con dinero de dudosa procedencia para ella como compradora, pues tenía conocimiento de que el mismo pertenecía a la comunidad conyugal, ya que se desempeñaba como secretaria en la Asociación Cooperativa Ramírez Escalante 412 en donde su cónyuge trabaja, logrando seducirlo para que le proporcionara el dinero para la compra del inmueble, de donde se desprende que el origen o procedencia del mismo es inmoral por haber sido sustraído a espaldas de su persona y en detrimento del patrimonio conyugal, lo que origina su ilicitud, siendo de procedencia dolosa tanto para la compradora como para su cónyuge J.G.R.E..

Que el dolo y el error cometido por la demandada y su cónyuge, consiste en que la exagerada cantidad de Bs. 150.000,00 que constituye el precio de la venta, fue sustraído de la referida cuenta corriente perteneciente a la comunidad conyugal, sin su consentimiento.

Que en consecuencia, por cuanto el dinero con el que se pagó el precio es de la comunidad conyugal conformada entre su cónyuge J.G.R.E. y su persona T.R. de R., “… este capital sería producto del delito, es decir, como resultado de un presunto HURTO o de presunta Apropiación ( sic) Indebida ( sic), en cuanto al ámbito penal; en cuanto al ámbito Civil, se trataría de un enriquecimiento sin causa y/o enriquecimiento ilícito, delitos que vician de pleno derecho la celebración del Contrato ( sic) de Venta ( sic), el cual demando su NULIDAD ABSOLUTA, por cuanto su causa es ilícita e inmoral, …”.

Fundamenta la demanda en los artículos 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 148 al 172, 1.157, 1.185, 1.196, 1.346 y siguientes del Código Civil, señalando en el PETITORIO lo siguiente: “Pido a este honorable J.(a) que proceda a determinar la procedencia ilícita e inmoral del dinero con el cual se pagó el exorbitante precio del terreno y de la casa plenamente identificados y fundamentados en pruebas fehacientes; así mismo pido que declare la NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE VENTA con sus respectivos Daños (sic) y Perjuicios (sic) Materiales (sic) mas el Daño (sic) Moral (sic), debidamente comprobados y demostrados; pido así mismo, que en virtud de la Declaratoria (sic) de Nulidad (sic) Absoluta (sic) y dado que el Dinero (sic) es en efecto propiedad de la Comunidad (sic) Conyugal (sic) y de Gananciales (sic) de la Familia R.R., se otorgue la plena propiedad, dominio y posesión, reponiéndolo al patrimonio de la comunidad conyugal y de gananciales de los cuales fue indebidamente sustraído, y me sea ordenada la inscripción de la Sentencia (sic) como título de adquisición de dicho inmueble, por ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario respectivo. Finalmente pido en virtud de la declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA que ordenen (sic) el desalojo del bien inmueble por parte de la Demandada (sic) perdidosa quien debe entregarlo libre de personas y cosas”.

La codemandada A.M.M.P. rechazó, negó y contradijo la demanda tanto en los hechos como en el derecho, aduciendo que no es cierto que J.G.R.E. le compró la casa objeto de la demanda de nulidad, sino que sólo le hizo un préstamo para que la negociara, el cual le fue totalmente pagado oportunamente. Que tampoco es cierto que se valió de artimañas para obtener el dinero y que el mismo fuera fruto de un hurto o de apropiación indebida. Que es falso que sedujo al cónyuge de la demandante, negando que exista una relación de romance. Que no existe causal alguna para solicitar la nulidad del contrato de compraventa, ya que las partes que intervinieron en él son mayores de edad y sin ningún tipo de inhabilitación; el consentimiento fue manifestado por ambos contratantes libres de apremio y sin coacción o violencia alguna; no hay error de hecho ni de derecho, ya que compró un bien lícito y determinado y la venta se perfeccionó con el otorgamiento mediante el pago de un justo precio, lo que conllevó a que le fuera entregado el bien adquirido. Que la causa del contrato es lícita, no contraria a la ley, a las buenas costumbres y al orden público, por lo que dicho contrato de compraventa es válido y legal. Igualmente, alega que la demandante no tiene cualidad para demandar la nulidad del referido contrato, puesto que no intervino en él. (fls. 48 al 50)

El codemandado J.G.R.E. negó, rechazó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho la demanda, alegando que no es cierto que haya abusado de la honestidad, confianza y buena fe de su cónyuge T.R. de R.. Que él es el primer titular de la cuenta corriente bancaria N° 0105061311161300287 del Banco Mercantil y está facultado para movilizarla sin ningún tipo de obstáculos. Que él facilitó en calidad de préstamo a la ciudadana A.M.M.P. las cantidades de dinero que aparecen indicadas en los cheques Nros. 40004052 y 65278418, con cargo a la referida cuenta, para adquirir una vivienda y que dichas cantidades de dinero le fueron devueltas y pagadas oportunamente por la deudora A.M.M.P., en moneda de curso legal a su entera y cabal satisfacción y nada le debe por tal concepto ni por ningún otro. Que el dinero prestado no es de dudosa procedencia, como tampoco ilícito e inmoral. Que en el documento que aparece en el Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, G. y A.B. del Estado Táchira, relativo a la compraventa de fecha 27 de marzo de 2008, inserto bajo el N° 26, tomo 42, folio 101 al 104, Protocolo Primero, Primer Trimestre, no aparece su nombre, ni aparece él suscribiéndolo, otorgándolo, como tampoco aparece su firma. Por consiguiente, no tiene cualidad ni interés para sostener el presente juicio, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opone la cuestión perentoria previa de falta de cualidad e interés para sostener el juicio. Que los únicos que intervinieron en el citado documento son el vendedor quien recibe el dinero por concepto del precio de venta fijado, y la compradora quien recibe la tradición del inmueble como compensación del precio pagado, concluyéndose que él no participó, en la negociación previa, ni en la redacción del documento, ni en el otorgamiento del contrato cuya nulidad se pide.

PUNTO PREVIO

DE LA FALTA DE CUALIDAD ACTIVA Y PASIVA

Alegada como fue en la oportunidad de dar contestación a la demanda, la falta de cualidad de la actora T.R. de R., por la codemandada A.M.M.P.; y la falta de cualidad e interés del codemandado J.G.R.E., por él mismo, pasa esta alzada a pronunciarse al respecto en forma previa.

La cualidad o legitimación ad-causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido y el demandado la obligación que se le trata de imputar. La cualidad viene dada por la afirmación de titularidad de un interés jurídico propio y que por ende tiene legitimación para hacerlo valer en juicio, de tal manera que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito.

En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 301 del 11 de julio de 2011, expresó:

La cualidad o legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandante, se resuelva sobre su pretensión, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse. En palabras del eminente procesalista J.G.:

…es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso

(subrayado de la Sala. Ver J.G., Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. G.G.. Madrid. 1961. pág. 193).

H.D.E., en su Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 1961. Pág. 489, define en los siguientes términos el significado de la legitimación a la causa:

Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados.

Así pues, la legitimatio ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar. Se trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida.

De igual modo, el insigne M.L.L., nos indica en su conocida obra “Ensayos Jurídicos. Contribución al estudio de la excepción de la inadmisibilidad por falta de cualidad” que: “…La demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes y nada más que dos: la actora y la demandada (Principio de bilateralidad de las partes). Con el tribunal, ellas constituyen los sujetos de la relación procesal. Es de importancia práctica capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal. Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de cualidad… Cuando se pregunta: ¿quién tiene cualidad para intentar y sostener un juicio determinado?, se plantea la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada. La teoría procesal sobre la cualidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son, en un proceso, las partes legítimas…”.

Así pues, la instauración de cualquier proceso para hacer valer determinado derecho o interés exige que, en efecto, exista una relación entre el sujeto y el objeto del litigio, esto es, entre el que acciona y la pretensión que esgrime, de allí que se hable de cualidad activa o legitimación ad causam cuando el actor se encuentra frente a la relación material controvertida, en una especial posición subjetiva que lo califique para actuar en el juicio como demandante.

Efectivamente, como lo sostiene el formalizante, esta S. se pronunció sobre la cualidad, entre otras en fallo N° 306 del 23 de mayo de 2008, caso: Representaciones V.F.F., C.A. c/ Administradora Alegría, C.A. y otra, en la que, citando al tratadista L.L.H. se señaló que la cualidad “es una cuestión de identidad lógica entre la persona a quién la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quién se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quién se ejercita en tal manera”. (N. del presente fallo).

Lo anterior quiere decir que normalmente es el propio ordenamiento jurídico quien determina qué sujeto de derecho está facultado para intentar qué o cuál acción, por ejemplo: es el arrendador del inmueble arrendado quien podrá ejercer una acción por desalojo, es el poseedor legítimo quien podrá ejercer un interdicto de amparo, es el portador o beneficiario de la letra quien podrá demandar el cobro de la letra de cambio, etc., son a estas personas a quienes la ley concede el derecho o poder jurídico para intentar la demanda y a su vez, es el arrendatario (en el caso del desalojo), el perturbador (en el caso del interdicto) o el librador, endosante y demás obligados (en el caso del cobro de la letra de cambio), contra quien se concede la acción.

Ahora, para que exista cualidad activa, es necesario que esa persona, a quien la ley concede el derecho de demandar, sea la misma que se presente ante el órgano jurídico correspondiente afirmándose titular del derecho para hacerlo valer, lo que se traduce en la identidad entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita.

(Expediente AA20-C-2011-000135)

Del criterio jurisprudencial trascrito supra, se colige que la instauración válida de cualquier proceso para hacer valer determinado derecho o interés, a fin de que éste pueda ser examinado en cuanto al fondo, exige la existencia de una relación entre los sujetos procesales y el objeto del litigio o pretensión esgrimida, es decir, que debe examinarse si el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre la referida pretensión contenida en la demanda (cualidad activa); si el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión (cualidad pasiva); y si el demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados.

De igual forma, es importante destacar que la legitimación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario, y que no se produzca la contención entre cualesquiera partes, sino entre aquellas en las cuales existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial.

Así, el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, establece:

Artículo 361.- En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar.

Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9º, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas. … (Resaltado propio)

De conformidad con el precitado artículo, la falta de cualidad es una excepción que debe ser decidida en la oportunidad de dictar sentencia de fondo, aún cuando ella pueda obrar contra el derecho de acción.

Así las cosas, a los fines de pronunciarse sobre la alegada falta de cualidad tanto de la actora T.R. de R., como del codemandado J.G.R.E., se hace necesario determinar en primer lugar, conforme a los alegatos expuestos en el libelo de demanda, la naturaleza de la acción de nulidad incoada por la parte actora, es decir, si efectivamente corresponde a una acción por nulidad absoluta, o si por el contrario se trata de una acción por nulidad relativa.

El Código Civil organiza los requisitos de los contratos en dos grandes categorías, a saber: a) Requisitos de existencia, entre los cuales enumera el consentimiento, un objeto idóneo y una causa lícita (artículo 1.141); y b) Requisitos de validez, que serían la capacidad de los contratantes y la ausencia de vicios del consentimiento (artículo 1.142).

Establecen dichas normas lo siguiente:

Artículo 1.141.- Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:

1. Consentimiento de las partes;

2. Objeto que pueda ser materia de contrato; y

3. Causa lícita.

   Artículo 1.142.- El contrato puede ser anulado:

1. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; y

2. Por vicios del consentimiento.

   En cuanto a los requisitos de existencia del contrato, la ausencia de uno de ellos produce en principio y de acuerdo con la doctrina clásica, la inexistencia o la nulidad absoluta del contrato, que puede ser invocada por cualquiera de las partes, por los terceros interesados y aún por el juez, de oficio, por tratarse de una cuestión de naturaleza jurídica. A falta de uno de estos elementos, la doctrina clásica dice que hay nulidad absoluta del contrato, inclusive para algunos actores, inexistencia del contrato. (MADURO LUYANDO, E. y PITTIER SUCRE, E., Curso de Obligaciones, Derecho Civil III, Tomo II, Universidad Católica A.B., Caracas, 2002, p. 583).

   En cuanto a los requisitos de validez del contrato, los mencionados autores señalan de conformidad con la propia norma, que la incapacidad de una de las partes o la existencia de algún vicio del consentimiento produce la nulidad relativa del contrato, su anulabilidad, acción que sólo puede ser intentada por la persona afectada por la ausencia de alguno de estos requisitos: el incapaz o su representante legal; la persona que incurrió en el vicio del consentimiento. Ni la otra parte, ni los terceros podrán intentar ninguna acción, porque su interés no ha sido lesionado por la ausencia del requisito de validez del contrato. Igualmente, indican que la anulabilidad del contrato está sujeta a un lapso especial de prescripción de cinco años, el cual no comienza a correr sino a partir de la fecha en que el incapaz deja de serlo o que la persona afectada haya descubierto la existencia del vicio del consentimiento, o éste haya cesado. (Ob. cit., p. 584).

   La sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 288 del 31 de mayo de 2005, indicó respecto a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa, lo siguiente:

   El contrato puede ser nulo por causas absolutas o relativas. Las diferencias entre unas y otras han sido perfiladas en la doctrina.

   Así, es oportuno hacer referencia al criterio sostenido por F.L.H., en su obra titulada “La Nulidad de los Contratos en la Legislación Civil en Venezuela”, de conformidad con el cual los contratos absolutamente nulos son aquellos que contrarían el orden público, las buenas costumbres y los prohibidos por la Ley, por estar involucrados intereses colectivos y generales. Asimismo, expresa que el fundamento de la nulidad absoluta es la protección del orden público violentado por el contrato, razón por la cual el contrato tiene que caer irremediablemente, a pesar de todos los esfuerzos de las partes por mantener su vida jurídica, pues siempre está involucrado el orden público que debe prevaler sobre el interés privado de las partes. (Ob. cit. pàg. 13).

   Y en relación con la nulidad relativa, el mencionado autor considera que comprende los contratos afectados únicamente por causas de invalidez, es decir, incapacidad legal de una de sus partes o de ambas y vicios en el consentimiento (error, violencia y dolo). De igual manera señala que la nulidad relativa solo puede ser declarada a petición del contratante, o sus causahabientes, cuyos intereses puramente individuales son protegidos en la ley, en cuyas manos queda la decisión de determinar y resolver si el contrato ha de ejecutarse a pesar de estar viciado de nulidad relativa, o si por el contrario, debe ser sometido a la apreciación del juez para que sea declarada su nulidad, siempre que esto último ocurra antes del vencimiento del lapso de cinco (5) cinco años, previsto en el artículo 1.346 del Código Civil.

   Acorde con ello, E.M.L. enseña en su libro titulado “Curso de Obligaciones. Derecho Civil III”, Fondo Editorial L.S., que la nulidad absoluta es la “...sanción aplicable a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la Ley, por parte de un contrato, cuando tal norma está destinada a proteger los intereses del orden público o las buenas costumbres y a menos que la misma Ley indique que es otra la sanción aplicable o que ello surja de la finalidad que persigue...”. (Ob. cit. pág. 93).

   Y respecto de la nulidad relativa, el mencionado autor expresa que es “...la sanción legal a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la ley, por parte de los contratantes, cuando esa norma está destinada a proteger los intereses de uno de ellos, a quien la Ley ve con especial simpatía, dada la particular circunstancia que se encontraba al contratar...”. (Ob. cit. pág. 146).

   Acorde con ello, J.M.O. en su obra “Doctrina General del Contrato”, Editorial Jurídica Venezolana, sostiene que los llamados elementos esenciales el contrato responden al “interés general” y a la trasgresión de las reglas legales dirigidas a proteger alguno de esos intereses generales engendran una nulidad absoluta que puede ser hecha valer por cualquiera y no sólo por algunos sujetos en particular, el contrato viciado de nulidad absoluta no puede ser “confirmado” o “convalidado”, esto es, el vicio que lo afecta no puede ser hecho desaparecer por un acto de validación emanado tan sólo de uno o de ambos contratantes, pues ello requeriría, en efecto, un acto de validación que emanare del portador de ese “interés general”, es decir, de toda la sociedad; lo que lógicamente es imposible. (Ob. Cit. pág. 287, 288 y 289).

   En contraste con esto, el mencionado autor sostiene que la nulidad relativa sanciona la trasgresión de una regla legal dictada en protección de un determinado interés particular y solo al portador (o portadores) de ese concreto interés le esta atribuido el poder de hacer valer o no la nulidad, se comprende que ellos pueden confirmar o convalidar el contrato viciado, por cuanto el contrato viciado de nulidad relativa puede hacerse desaparecer por el interesado, en cuyo favor ha establecido la ley la acción de nulidad, o por el contrario puede ser confirmado por éste mediante acto de validación que subsane el vicio que afectaba dicho acto, se comprende fácilmente que la simple inacción del legitimado para intentar la acción de nulidad durante un cierto lapso pueda apreciarse como una manifestación tácita de su voluntad de confirmar el acto. De esta manera, se ha explicado el fundamento de la prescripción quinquenal de la acción de nulidad relativa que establece el artículo 1.346 del Código Civil.

   Ahora bien, el formalizante plantea que la falta de consentimiento del marido de la venta de un bien de la comunidad, acarrea la nulidad absoluta y no relativa del contrato de venta del inmueble.

   La Sala considera que ese alegato es errado, pues las normas que regulan la capacidad de obrar para disponer de un bien de la comunidad, están previstas en protección de los derechos e intereses particulares de los esposos, lo cual determina que el incumplimiento de esas normas no determinan que el contrato sea absolutamente nulo, sino que está viciado de nulidad relativa. (Resaltado propio)

   (Expediente Nº AA20-C-2004-000124)

   De igual forma, en decisión Nº 1342 del 15 de noviembre de 2004, la misma Sala de Casación Civil indicó:

   Es principio general y universal del derecho contractual la autonomía de la voluntad de las partes, entendiéndose como tal que éstas son libres para crear, modificar, reglamentar o extinguir sus relaciones jurídicas de carácter contractual. (L.H., F.: “La nulidad de los contratos en la Legislación civil de Venezuela”, Caracas 1952, p. 13).

   Este principio, si bien no está consagrado explícitamente en nuestro Código Civil, surge de dos disposiciones legales a saber: la primera, del artículo 1.159 del Código Civil que establece “los contratos tienen fuerza de ley entre las partes...”; la segunda, del artículo 1.262 eiusdem que dispone que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas; por tanto, de conformidad con las referidas disposiciones la ley permite la libertad contractual.

   No obstante, esa libertad contractual no es ilimitada y, en consecuencia, las partes o un tercero pueden solicitar ante el órgano jurisdiccional su nulidad si contraviene las leyes de la República, el orden público o las buenas costumbres, y es la intensidad de la sanción de nulidad junto con la intención de la norma sustantiva imperativa o prohibitiva violada la que distingue entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa del contrato, pues mientras unas están dirigidas a la protección del orden público o a la salvaguarda de las buenas costumbres, otras están destinadas a amparar a uno de los contratantes o un particular que por hallarse en situación especial, la ley mira con particular simpatía. (Ob. cit. p. 18).

   De esta manera, al ser violada una norma del primer tipo, todos los interesados en el contrato, además de las partes contratantes, pueden prevalerse de ella y solicitar del juez la declaración de nulidad absoluta correspondiente; en cambio, si se viola en un contrato una norma destinada a proteger exclusivamente a un particular por no encontrarse en juego intereses superiores, sólo el interesado tiene la titularidad de la acción de nulidad (relativa) y está única y exclusivamente en sus manos determinar si el contrato ha de ser anulado por el tribunal o si ha de continuar existiendo en el mundo del derecho.

   Por consiguiente, la nulidad absoluta es la “...sanción aplicable a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la Ley, por parte de un contrato, cuando tal norma está destinada a proteger los intereses del orden público o las buenas costumbres y a menos que la misma Ley indique que es otra la sanción aplicable o que ello surja de la finalidad que persigue...”. (Ob. cit. p. 93).

   Sus características son: 1) Tiende a proteger un interés público; 2) Cualquier persona interesada puede intentar la acción para que un contrato se declare afectado de nulidad absoluta; 3) Puede ser alegada en cualquier estado y grado del juicio; 4) No es susceptible de ser confirmado por las partes; y, 5) La acción de nulidad absoluta no prescribe nunca. (M.L., E.: Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Fondo Editorial L.S., Caracas 1967, p. 596).

   Por su parte, la nulidad relativa es “...la sanción legal a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la ley, por parte de los contratantes, cuando esa norma está destinada a proteger los intereses de uno de ellos, a quien la Ley ve con especial simpatía, dada la particular circunstancia que se encontraba al contratar...”. (Ob. cit. p. 146).

   Sus características son: 1) No afecta el contrato desde su inicio y éste existe desde su celebración; por tanto, produce sus efectos hasta tanto no sea declarado nulo por la autoridad judicial; 2) La acción para obtener la declaración de nulidad sólo puede ser ejercida por la persona en cuyo favor o protección se establece la nulidad; 3) La acción es prescriptible; y, 4) Este tipo de nulidad es subsanable. (Ob. cit. p. 598). (Resaltado propio).

   (Expediente N° AA20-C-2003-000550)

   Conforme al criterio de la Sala antes expuesto, el cual está fundamentado en la doctrina nacional, la nulidad absoluta es la sanción aplicable a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la Ley, por parte de un contrato, cuando tal norma está destinada a proteger los intereses del orden público o las buenas costumbres, es decir, que los contratos absolutamente nulos son aquellos que contrarían el orden público o las buenas costumbres y los prohibidos por la Ley, por estar involucrados intereses colectivos y generales; y la nulidad relativa es la sanción legal a la inobservancia de alguna norma imperativa o prohibitiva de la ley, por parte de los contratantes, cuando esa norma está destinada a proteger los intereses de uno de ellos. En consecuencia, cualquier persona interesada puede en principio intentar la acción para que un contrato se declare afectado de nulidad absoluta, u oponer la nulidad absoluta como excepción; mientras que la acción para obtener la declaración de nulidad relativa, llamada también anulabilidad, sólo puede ser ejercida por el contratante en cuyo favor o protección se establece la nulidad, o por su representante legal o sus herederos o causahabientes a título universal, que son los continuadores de su persona. Igualmente, considera la Sala que las normas que regulan la capacidad de obrar para disponer de un bien de la comunidad conyugal, están previstas en protección de los derechos e intereses particulares de los esposos, lo cual determina que el incumplimiento de las mismas, no significa que el contrato sea absolutamente nulo, sino que está viciado de nulidad relativa.

   Según la doctrina moderna, referida por el Dr. J.M.-Orsini en su obra Doctrina General del Contrato, la calificación de absoluta o relativa no se aplica a la nulidad en cuanto tal, sino a la acción y a sus condiciones de funcionamiento. Según dicha doctrina moderna, la conexión del criterio de la apariencia de regularidad del acto con el interés, es lo que suele determinar el carácter absoluto o relativo de la nulidad. El principio de la apariencia de la validez de un acto jurídico debe, pues, conciliarse con el de la naturaleza general o particular del interés protegido para resolver las cuestiones relativas a los modos de operación de la nulidad absoluta y de la nulidad relativa. En este sentido, el mencionado autor expresa:

   Por otra parte, si bien el criterio del interés suele ser el punto de partida para distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa, no es menos cierto que las ideas de “interés público” o “interés general” y de “interés privado” no pueden ser objeto de una neta separación. El ordenamiento jurídico obedece todo él a un interés general: a establecer las condiciones de existencia de la vida en común. Pero cuando en razón de éste, que diríamos ser el interés primario que persigue toda regla legal se establecen ciertas normas imperativas o prohibitivas y su inobservancia se sanciona con la nulidad, el ordenamiento busca actuar un concreto interés secundario (fin inmediato), a través del cual espera precisamente asegurar la debida realización de aquel interés primario (fin mediato). Este interés secundario es el que todavía clasificamos como “interés general o público” cuando su inobservancia incondicionada se considera tan primordial al mantenimiento de la vida en común que se busca ampliar lo más posible al círculo de las personas legitimadas para hacer valer la nulidad del acto que atenta contra la violación de la regla legal del caso: se habla entonces de “nulidad absoluta”. Otras veces el interés secundario lo clasificamos como un “interés privado o particular”, porque se deja al criterio de una persona o de un relativamente reducido círculo de personas la decisión acerca de si la observancia de la regla legal debe o no aparejar la nulidad sancionada. …

   Cuando nos hallamos en presencia de un acto, respecto del cual no puede predicarse su ilicitud, porque él no contradice más que normas dispositivas, es claro que tal acto será lícito, porque afecta intereses puramente privados. Si ese acto, en cambio, viola normas de orden público (imperativas o prohibitivas), ese acto será ilícito. Pero todavía no podrá decirse si está afectado de nulidad absoluta o relativa, pues la norma puede tener por finalidad proteger un interés público o un interés privado.

   El carácter absoluto de la nulidad presupone, pues, que la anulación del acto sea necesaria para mantener el orden público. Pero aunque la norma viole una regla de orden público, puede darse el caso de que el orden público no resulte afectado por el mantenimiento del acto, porque el orden público sólo esté interesado en el aseguramiento al titular de ciertos intereses particulares del derecho a disponer sobre la validación o no del acto. En estos casos puede bastar con la nulidad relativa, como ocurre con la mayoría de las nulidades de protección.

   (Doctrina General del Contrato, 4ª edición, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie Estudios 61, Caracas, 2006, ps. 337-339)

   El artículo 1.157 del Código Civil plantea, por su parte, la nulidad de las obligaciones por inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa, entendiéndose por ilicitud cuando ésta es contraria a la ley, a las buenas costumbres y al orden público, debiéndose tener que cuando el legislador habla de causa ilícita, se está refiriendo a la causa como elemento del contrato y no como elemento de la obligación. La causa del contrato es el fin en virtud del cual una persona se obliga hacia otra. En los contratos sinalagmáticos, la causa es la ejecución prometida por la otra parte; así, en un contrato de compraventa la causa, para el vendedor, es el precio a recibir y para el comprador.

   Cabe destacar, igualmente, que según el artículo 1.158 del Código Civil la causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Esta presunción, al admitir prueba en contrario, es de carácter juris tantum y prueba no sólo su existencia, sino su licitud. Quien pretenda que la obligación no tiene causa, o que la causa no expresada es ilícita, deberá probarlo.

   Ahora bien, en la presente causa se pretende la nulidad absoluta del contrato de compraventa protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios Cárdenas, G. y A.B. del Estado Táchira el 27 de marzo de 2008, bajo el N° 26, tomo 42, folios 101 al 104, Protocolo Primero, Primer Trimestre, corriente en copia certificada a los folios 24 al 30, celebrado entre el ciudadano J.A.G.Z., titular de la cédula de identidad N° V-9.225.650, con el carácter de vendedor y la codemandada A.M.M.P., titular de la cédula de identidad N° V-18.089.595, con el carácter de compradora; apreciándose del libelo cursante a los folios 1 al 12, que la demanda que dio origen al juicio fue interpuesta por la ciudadana T.R. de Ramírez contra los ciudadanos J.G.R.E. y A.M.M.P., con fundamento en que la causa del mismo es ilícita e inmoral, dado que el dinero con el que se pagó el precio correspondiente proviene de un presunto delito de hurto o apropiación indebida, pues el mismo fue sustraído por su cónyuge J.G.R.E., sin su consentimiento, de una cuenta corriente bancaria perteneciente a la comunidad conyugal, hecho que a su decir era conocido por la compradora, por lo que dicho dinero es de procedencia dolosa para ella y para su cónyuge, lo cual califica también como dolo y error cometido por éstos.

   Así las cosas, debe concluirse que la acción de nulidad propuesta por la ciudadana T.R. de R. corresponde a una acción de nulidad relativa y no de nulidad absoluta, puesto que solicita la protección de intereses particulares de la comunidad conyugal y no de intereses generales que afecten el orden público. Su fin es producir la anulabilidad del contrato, si la ilicitud de la causa resultare probada, dado que la existencia y funcionamiento del contrato de compraventa están regulados expresamente en los artículos 1.474 al 1.532 del Código Civil. Tal anulación del contrato no puede entenderse como necesaria para mantener el orden público. Por tanto, la legitimidad para el ejercicio de la misma no obra erga omnes, sino que correspondería a cualquiera de los contratantes que se considerare afectado en el caso concreto.

   En consecuencia, por cuanto el contrato de compraventa cuya anulabilidad se pretende, fue celebrado entre el prenombrado ciudadano J.A.G.Z. con el carácter de vendedor y la codemandada A.M.M.P., con el carácter de compradora, evidenciándose del mismo que ni la demandante de autos, ciudadana T.R. de R. ni el codemandado J.G.R.E., formaron parte de dicha negociación, debe concluirse que carecen de la cualidad activa y pasiva respectivamente, para sostener la presente causa. Por otra parte, se aprecia del referido libelo de demanda que el vendedor J.A.G.Z. no fue incluido como parte demandada, siendo que la sentencia de fondo que pudiera dictarse en el presente juicio afectaría también sus derechos e intereses, por lo que, en todo caso, existiría un litis consorcio pasivo necesario que no fue constituido por la parte actora.

   Así las cosas. es forzoso para quien decide declarar la falta de cualidad de la actora T.R. de R. para intentar el presente juicio, y la falta de cualidad de los ciudadanos J.G.R.E. y A.M.M.P. para sostenerlo, quedando confirmada con distinta motivación la decisión apelada. A. se decide.

   Como consecuencia de la anterior declaratoria, esta alzada no entra al conocimiento del mérito de la causa.

   III

   DECISIÓN

   En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, M., del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de parte actora, mediante diligencia de fecha 10 de mayo de 2012.

DECLARA LA FALTA DE CUALIDAD de la demandante T.R. de R. para intentar el presente juicio; y la FALTA DE CUALIDAD de los demandados J.G.R.E. y A.M.M.P., para sostenerlo. En consecuencia, DECLARA INADMISIBLE LA DEMANDA interpuesta por la ciudadana T.R. de Ramírez contra J.G.R.E. y A.M.M.P., por nulidad de contrato de compraventa e indemnización por daños y perjuicios materiales y por daño moral.

Queda CONFIRMADA con distinta motivación la decisión de fecha 24 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, M. y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, objeto de apelación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, condena en costas a la parte actora apelante.

P., regístrese, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y bájese el expediente en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, M., del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece.

La Juez Titular,

A.M.O.A.

La Secretaria,

Abg. F.R.S.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior decisión previas las formalidades de Ley, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), dejándose copia certificada para el archivo del Tribunal.

Exp. N° 6485