Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 23 de Abril de 2009

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

199º y 150º

I

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE DEMANDANTE: Abogado T.E.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 3.070.980, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 28.317, domiciliado en San Cristóbal – Estado Táchira.

DOMICILIO PROCESAL: Carrera 2, entre calles 3 y 4, N° 3 – 63, oficina 7, Sector Catedral, San Cristóbal – Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: J.D.C.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 121.652, domiciliado en la Aldea Caneyes, calle principal, Municipio Guásimos del Estado Táchira.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Se designo defensor a litem a la abogada H.M.R.S., inscrita en el inpreabogado bajo el N° 93.189

MOTIVO: AFORO DE HONORARIOS JUDICIALES

EXPEDIENTE: CIVIL 8149 / 2008.

II

Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda recibido por distribución e intentado por el Abogado T.E.B., contra el ciudadano J.D.C. por Aforo de Honorarios, en el cual señala:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de haber llevado a cabo juicio civil, por nulidad de documento tal y como consta de copia certificada del Expediente N° 17.907 de la nomenclatura llevada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, al haber sido contratado como abogado por el ciudadano J.D.C.R., en tal sentido interpuso el mencionado juicio habiendo llegado el escrito del libelo de demanda , juicio que siguió de principio a fin, obteniendo 2 sentencias favorables en Primera y Segunda instancia, sin que hasta el momento haya podido hacer efectivo el cobro de sus honorarios profesionales.

Que por esto procede a estimar sus honorarios profesiones de la siguiente manera:

Cuaderno Principal:

1. Estudio del caso planteado, recopilación de toda la doctrina y legislación necesaria, obtención y ratificación de informaciones y datos legales acerca de la ratificación de informaciones y datos legales acerca de la redacción del libelo, de fecha 14 de abril de 2005, la cual estima en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo).

2. Diligencia de fecha 02 de Mayo de 2005, donde me fue otorgado poder apud acta, el cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo).

3. Estudio y redacción del escrito de promoción de pruebas de fecha 07 de Octubre de 2005, el cual estima en la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2000,oo).

4. Diligencia de fecha 27 de octubre de 2005, donde impugna copias simples presentadas por la contraparte, la cual estima en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,oo) hoy CIENTO CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F . 150.00).

5. Diligencia de fecha 14 de Noviembre de 2005, solicitando se fijara oportunidad para realizar inspección judicial, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

6. Asistencia al acto de evacuación de la prueba de Inspección Judicial por ante la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B.d.E.T., en fecha 18 de Noviembre de 2005, la cual valora en la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,oo), hoy DOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000,oo).

7. Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 11 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

8. Asistencia en fecha 14 de Noviembre de 2005, al acto de evacuación de la testimonial de la ciudadana M.I.M., que se declaro desierto, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

9. Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.S.R., en fecha 14 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

10. Diligencia de fecha 14 de noviembre de 2005, donde solicito se fijara una nueva oportunidad para evacuar la testimonial del ciudadano J.I.Z., la cual estima en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,oo) hoy DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 200,oo).

11. Diligencia de fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante el Tribunal comisionado, donde consignó en copias simples auto de admisión de pruebas por el Tribunal de la causa tablilla del mismo, donde constan los días de despacho transcurridos en el mismo, la cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

12. Diligencia de fecha 19 de enero de 2006, donde solicitó al Tribunal de la causa que al no haberse hecho presente el ciudadano J.E.B., para que exhibiera el original del documento objeto de la demanda se tuviera como exacto el presentado la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

13. Diligencia de fecha 19 de enero de 2006 donde solicitó al Tribunal de la causa el computo de los días de despacho transcurridos en ese Tribunal a partir del auto de admisión de pruebas, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

14. Estudio, análisis y elaboración del escrito de informes y presentación con sus respectivos anexos, en fecha 06 de febrero de 2006, el cual estima en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.500,oo).

15. Diligencia de fecha 07 de febrero de 2006, donde dio por reproducido el escritote informes presentado en fecha 06 de febrero de 2006, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

16. Diligencia de fecha 14 de Junio de 2006, solicitando aclaratoria del informe presentado por los expertos por existir imprecisión en el mismo, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

17. Diligencia de fecha 20 de junio de 2006, solicitando copias certificadas de las sentencia de primera instancia y segunda instancia y desglose de algunos documentos la cual estimo en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

    Cuaderno de Medidas:

1. Diligencia de fecha 20 de abril de 2006 solicitando se oficie nuevamente al Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. , por inconsistencia del anterior oficio para poder lograr que se asentara la medida de prohibición de enajenar y gravar, la cual estima en al cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

2. Diligencia de fecha 17 de enero de 2007, donde informa la Tribunal que por omisión de un lindero, el Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no había podido asentar la medida y que por tanto solicitaba se incluyera el lindero omitido y se oficiara nuevamente al Registro mencionado, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

3. Diligencia de fecha 25 de julio de 2007, solicitándole al Tribunal el levantamiento de la medida de Prohibición de enajenar y gravar sobre los 2 lotes de terrenos objetos del litigio. La cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500, oo).

   Que el total de las actuaciones realizadas por el suman la cantidad de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 17.250.000, oo), hoy DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 17.250, oo).

   Que de conformidad con el articulo 1277 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la corrección monetaria.

   Adjuntaron al libelo de demanda:

   Copia certificada del expediente N° 17.907 (Nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira), de la cual constan:

1. - Libelo de demanda de Tacha de Falsedad, presentado por el ciudadano J.D.C.R., debidamente asistido por el abogado T.E.B..

2. -Diligencia de fecha 02 de Mayo de 2005, donde le fue otorgado poder apud acta a los abogados T.E.B. y B.B., por parte del ciudadano J.D.C.R..

3. - Escrito de promoción de pruebas presentado por el abogado T.E.B. de fecha 07 de Octubre de 2005.

4. - Diligencia de fecha 27 de octubre de 2005, donde el abogado T.B. impugna copias simples presentadas por la contraparte.

5. - Diligencia de fecha 14 de Noviembre de 2005, donde la abogada B.B. solicita se fije nueva oportunidad para realizar inspección judicial.

6. - Acta de Inspección Judicial de fecha 18 de Noviembre de 2005, realizada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.E.T., encontrándose presente el abogado T.E.B., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.D.C.R.,

7. - Asistencia del abogado T.B. al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 11 de Noviembre de 2005.

8. - Asistencia en fecha 14 de Noviembre de 2005, al acto de evacuación de la testimonial de la ciudadana M.I.M., que se declaro desierto.

9. - Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.S.R., en fecha 14 de Noviembre de 2005.

10. - Diligencia de fecha 14 de noviembre de 2005, donde el abogado T.E.B. solicito se fijara una nueva oportunidad para evacuar la testimonial del ciudadano J.I.Z..

11. - Diligencia de fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante el Tribunal comisionado, donde el abogado T.E.B., consignó en copias simples auto de admisión de pruebas por el Tribunal de la causa tablilla del mismo, donde constan los días de despacho transcurridos en el mismo.

12. - Diligencia de fecha 19 de enero de 2006, donde la abogada B.B., solicitó al Tribunal de la causa que al no haberse hecho presente el ciudadano J.E.B., para que exhibiera el original del documento objeto de la demanda se tuviera como exacto el presentado.

13. - Diligencia de fecha 19 de enero de 2006 donde la abogada B.B. solicitó al Tribunal de la causa el computo de los días de despacho transcurridos en ese Tribunal a partir del auto de admisión de pruebas.

14. - Escrito de informes y presentación con sus respectivos anexos, realizados por los abogados T.E.B. y B.B. en fecha 06 de febrero de 2006.

15. - Diligencia de fecha 07 de febrero de 2006, donde la abogada B.B. dio por reproducido el escrito de informes presentados en fecha 06 de febrero de 2006.

16. - Diligencia de fecha 14 de Junio de 2006, donde la abogada B.B. solicita aclaratoria del informe presentado por los expertos por existir imprecisión en el mismo.

17. - Diligencia de fecha 20 de junio de 2006, donde el abogado T.E.B., solicita copias certificadas de las sentencia de primera instancia y segunda instancia y desglose de algunos documentos.

    Cuaderno de Medidas:

1. - Diligencia de fecha 20 de abril de 2006, donde el abogado T.E.B., solicite se oficie nuevamente al Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. , por inconsistencia del anterior oficio para poder lograr que se asentara la medida de prohibición de enajenar y gravar.

2. - Diligencia de fecha 17 de enero de 2007, donde el abogado T.E.B. informa la Tribunal que por omisión de un lindero, el Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no había podido asentar la medida y que por tanto solicitaba se incluyera el lindero omitido y se oficiara nuevamente al Registro mencionado.

3. - Diligencia de fecha 25 de julio de 2007, donde el abogado T.E.B., solicita al Tribunal el levantamiento de la medida de Prohibición de enajenar y gravar sobre los 2 lotes de terrenos objetos del litigio.

   Por auto de fecha 10 de Noviembre de 2008, se admitió la demanda.

   Por auto de fecha 02 de Abril de 2009, se designó como defensora ad litem del ciudadano J.D.C. a la abogada H.M.R., quien fue juramentada en fecha 17 de Abril de 2009.

   DE LA ESTIMACION DE LAS ACTUACIONES:

   Cuaderno Principal:

   1) Estudio del caso planteado, recopilación de toda la doctrina y legislación necesaria, obtención y ratificación de informaciones y datos legales acerca de la ratificación de informaciones y datos legales acerca de la redacción del libelo, de fecha 14 de abril de 2005, la cual estima en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo).

   2) Diligencia de fecha 02 de Mayo de 2005, donde me fue otorgado poder apud acta, el cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo).

   3) Estudio y redacción del escrito de promoción de pruebas de fecha 07 de Octubre de 2005, el cual estima en la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2000,oo).

   4) Diligencia de fecha 27 de octubre de 2005, donde impugna copias simples presentadas por la contraparte, la cual estima en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,oo) hoy CIENTO CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F . 150.00).

   5) Diligencia de fecha 14 de Noviembre de 2005, solicitando se fijara oportunidad para realizar inspección judicial, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   6) Asistencia al acto de evacuación de la prueba de Inspección Judicial por ante la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B.d.E.T., en fecha 18 de Noviembre de 2005, la cual valora en la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,oo), hoy DOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000,oo).

   7) Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 11 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   8) Asistencia en fecha 14 de Noviembre de 2005, al acto de evacuación de la testimonial de la ciudadana M.I.M., que se declaro desierto, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   9) Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 14 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   10) Diligencia de fecha 14 de noviembre de 2005, donde solicito se fijara una nueva oportunidad para evacuar la testimonial del ciudadano J.I.Z., la cual estima en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,oo) hoy DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 200,oo).

   11) Diligencia de fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante el Tribunal comisionado, donde consignó en copias simples auto de admisión de pruebas por el Tribunal de la causa tablilla del mismo, donde constan los días de despacho transcurridos en el mismo, la cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   12) Diligencia de fecha 19 de enero de 2006, donde solicitó al Tribunal de la causa que al no haberse hecho presente el ciudadano J.E.B., para que exhibiera el original del documento objeto de la demanda se tuviera como exacto el presentado la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   13) Diligencia de fecha 19 de enero de 2006 donde solicitó al Tribunal de la causa el computo de los días de despacho transcurridos en ese Tribunal a partir del auto de admisión de pruebas, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   14) Estudio, análisis y elaboración del escrito de informes y presentación con sus respectivos anexos, en fecha 06 de febrero de 2006, el cual estima en la cantidad de UN MILLON QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.500.000, oo) hoy MIL QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.500,oo).

   15) Diligencia de fecha 07 de febrero de 2006, donde dio por reproducido el escritote informes presentado en fecha 06 de febrero de 2006, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   16) Diligencia de fecha 14 de Junio de 2006, solicitando aclaratoria del informe presentado por los expertos por existir imprecisión en el mismo, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   17) Diligencia de fecha 20 de junio de 2006, solicitando copias certificadas de las sentencia de primera instancia y segunda instancia y desglose de algunos documentos la cual estimo en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   Cuaderno de Medidas:

   1) Diligencia de fecha 20 de abril de 2006 solicitando se oficie nuevamente al Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. , por inconsistencia del anterior oficio para poder lograr que se asentara la medida de prohibición de enajenar y gravar, la cual estima en al cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   2) Diligencia de fecha 17 de enero de 2007, donde informa la Tribunal que por omisión de un lindero, el Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no había podido asentar la medida y que por tanto solicitaba se incluyera el lindero omitido y se oficiara nuevamente al Registro mencionado, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   3) Diligencia de fecha 25 de julio de 2007, solicitándole al Tribunal el levantamiento de la medida de Prohibición de enajenar y gravar sobre los 2 lotes de terrenos objetos del litigio. La cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500, oo).

   DE LA VALORACIÓN PROBATORIA

   VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL ABOGADO T.E.B.

   El abogado demandante adjunto a su libelo de demanda Copia Certificada del expediente N° 17.907 (Nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira), de la cual constan, entre otras:

   Cuaderno Principal:

   - Estudio del caso planteado, recopilación de toda la doctrina y legislación necesaria, obtención y ratificación de informaciones y datos legales acerca de la ratificación de informaciones y datos legales acerca de la redacción del libelo, de fecha 14 de abril de 2005, la cual estima en la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo).

   - Diligencia de fecha 02 de Mayo de 2005, donde me fue otorgado poder apud acta, el cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo).

   - Estudio y redacción del escrito de promoción de pruebas de fecha 07 de Octubre de 2005, el cual estima en la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2000,oo).

   - Diligencia de fecha 27 de octubre de 2005, donde impugna copias simples presentadas por la contraparte, la cual estima en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,oo) hoy CIENTO CINCUENTA BOLIVARES FUERTES (Bs. F . 150.00).

   - Diligencia de fecha 14 de Noviembre de 2005, solicitando se fijara oportunidad para realizar inspección judicial, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   - Asistencia al acto de evacuación de la prueba de Inspección Judicial por ante la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B.d.E.T., en fecha 18 de Noviembre de 2005, la cual valora en la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,oo), hoy DOS MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 2.000,oo).

   - Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 11 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   - Asistencia en fecha 14 de Noviembre de 2005, al acto de evacuación de la testimonial de la ciudadana M.I.M., que se declaro desierto, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   - Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 14 de Noviembre de 2005, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   - Diligencia de fecha 14 de noviembre de 2005, donde solicito se fijara una nueva oportunidad para evacuar la testimonial del ciudadano J.I.Z., la cual estima en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,oo) hoy DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 200,oo).

   - Diligencia de fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante el Tribunal comisionado, donde consignó en copias simples auto de admisión de pruebas por el Tribunal de la causa tablilla del mismo, donde constan los días de despacho transcurridos en el mismo, la cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   - Diligencia de fecha 19 de enero de 2006, donde solicitó al Tribunal de la causa que al no haberse hecho presente el ciudadano J.E.B., para que exhibiera el original del documento objeto de la demanda se tuviera como exacto el presentado la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   - Diligencia de fecha 19 de enero de 2006 donde solicitó al Tribunal de la causa el computo de los días de despacho transcurridos en ese Tribunal a partir del auto de admisión de pruebas, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   - Estudio, análisis y elaboración del escrito de informes y presentación con sus respectivos anexos, en fecha 06 de febrero de 2006, el cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   - Diligencia de fecha 07 de febrero de 2006, donde dio por reproducido el escritote informes presentado en fecha 06 de febrero de 2006, la cual estima en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   - Diligencia de fecha 14 de Junio de 2006, solicitando aclaratoria del informe presentado por los expertos por existir imprecisión en el mismo, la cual estima en la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000, oo) hoy MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. F. 1.000,oo).

   - Diligencia de fecha 20 de junio de 2006, solicitando copias certificadas de las sentencia de primera instancia y segunda instancia y desglose de algunos documentos la cual estimo en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500,oo).

   Cuaderno de Medidas:

   - Diligencia de fecha 20 de abril de 2006 solicitando se oficie nuevamente al Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. , por inconsistencia del anterior oficio para poder lograr que se asentara la medida de prohibición de enajenar y gravar, la cual estima en al cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   - Diligencia de fecha 17 de enero de 2007, donde informa la Tribunal que por omisión de un lindero, el Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no había podido asentar la medida y que por tanto solicitaba se incluyera el lindero omitido y se oficiara nuevamente al Registro mencionado, la cual estimó en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,oo) hoy TRESCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. F 300,oo)

   - Diligencia de fecha 25 de julio de 2007, solicitándole al Tribunal el levantamiento de la medida de Prohibición de enajenar y gravar sobre los 2 lotes de terrenos objetos del litigio. La cual estimó en la cantidad de QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000, oo) hoy QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bs. 500, oo).

   TOTAL: Diecisiete mil doscientos bolívares fuertes (Bs. 17.250, oo).

   Efectivamente el Tribunal encuentra en las Fotocopias Certificadas consignadas, actuaciones certificadas por la secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado Táchira, entre las cuales se encuentran todas los escritos, diligencias, actos y actuaciones que realizo el abogado intimante en nombre de su representado ciudadano J.D.C.R., las cuales serán valoradas por este Juzgado de conformidad con señalado en los artículos 1.360 y 1384 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.

   DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LA ABOGADA B.B.:

   Observa el Tribunal que del legajo de copias que forman el expediente 17.907 (Nomenclatura del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira), se observa que las actuaciones realizadas los días 14 de Noviembre de 2005, 19 de Enero de 2006, 07 de febrero de 2006 y 14 de junio de 2006, fueron realizadas por la abogada B.Y.B., quien no es parte demandante en la presente causa.

   DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

   El Tribunal observa:

   La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de agosto de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. A.R.J., N° 00959, en el caso: H. Martínez contra Banco Industrial de Venezuela, estableció: “… de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, una vez que concluye la primera fase del procedimiento, la declarativa, se dará inicio a la segunda fase del procedimiento, esto es, la estimativa. En esta fase es que el abogado estimará sus honorarios profesionales, siempre y cuando, obviamente, hubiere obtenido el reconocimiento judicial del derecho a percibir honorarios …”

   Criterio éste, que reitera lo establecido por la Sala de Casación Civil, a través de sentencia N° 00106, con ponencia del Magistrado Dr. C.O.V., de fecha 25 de febrero de 2004, al señalar que: “… la segunda etapa, solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado, está concebida para que el demandado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho pueda someter a la revisión de un tribunal de retasa el monto de los mismos. Esta segunda etapa requiere del titular del derecho de percibir honorarios profesionales, la estimación de aquellas actuaciones que le han sido reconocidas, para que, una vez intimadas al obligado, éste manifieste si se acoge al derecho a la retasa …”

   Por su parte, la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, siempre ha establecido que la estimación de la acción debe hacerse ab – initio, en el escrito libelar, cuando en Sentencia del 09 de junio de 2005, N° 1180, con ponencia del Magistrado MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN, expresó: “… en efecto, en el procedimiento que se inicia por la intimación y estimación de cobro de honorarios profesionales, el abogado estima sus honorarios ante el juzgado en el que cursa la causa, el tribunal intima al pago de esos honorarios y posteriormente, el intimado impugna o no dicha intimación o puede acogerse al derecho de retasa …”. Ratificada en fallo de ese mismo año, del 28 de junio, Sentencia N° 1392, con ponencia del Magistrado Dr. F.A.C., donde se señaló: “… el abogado presenta una estimación por partidas con indicación de las referidas actuaciones y solicita del tribunal la intimación del deudor. …”

   Como puede observarse, si bien la Sala Constitucional, insiste en la necesidad de fijar libelarmente la estimación, - siguiendo asimismo los criterios de la Doctrina Nacional (HUMBERTO E.I.B.T.: “Procedimientos Judiciales. Ediciones Liber. 2006, y F.Z.. Condena en Costas. Ed. Atenea 2002); por su parte la Sala Civil, en interpretación del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, establece como oportunidad para estimar el monto de las actuaciones, el momento mismo, en que el derecho a fijar las actuaciones ha quedado definitivamente firme; por lo cual, en concepto de ésta Juzgadora, bajo el Principio Constitucional del Acceso a la Justicia, establece que el litigante tiene dos (02) oportunidades para estimar los montos por las actuaciones: la primera de ellas en la solicitud de intimación y estimación de honorarios judiciales y la segunda – no habiéndolo hecho en la solicitud -, puede hacerlo al inicio de de la etapa ejecutiva. Y ASI SE DECIDE.

   Doctrinariamente se ha sentado que el Abogado intimante haya “perdido” o no el juicio, no es óbice para que este Tribunal pueda impedir el derecho que por ley le pertenece, pues es de recordar el encabezamiento del artículo 22 de la Ley de Abogados cuando establece: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios…”. En apoyo a dicha aserción el reconocido autor H.E.T.B.T., en su obra Procedimientos Judiciales aduce:

   (…) Otro de los principios que regulan la materia de los honorarios de los abogados es el hecho de que en cualquier momento cuando lo considere pertinente o conveniente el abogado puede estimar e intimar sus honorarios a su propio cliente, por lo que, salvo pacto en contrario y por escrito entre el abogado y su cliente, tal como lo impone el artículo 43 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano antes reseñado, donde se someta el pago de los honorarios a una condición o plazo, …el primero de ellos podrá exigir en cualquier momento el cobro de su retribución tal como lo dispone el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, que regula la situación que puede surgir en el proceso, sea en sede de jurisdicción contencioso o voluntaria, donde se autoriza al profesional de la abogacía a estimar e intimar los honorarios en cualquier estado y grado del proceso, siguiendo al efecto las normas establecidas en la Ley de Reglamento de la Ley de Abogados, conforme al cual, el abogado puede estimar e intimar los honorarios a su cliente, en cualquier momento. (…) Es principio fundamental en materia de honorarios de abogados, que éste puede exigir a su cliente la cancelación de los mismos en cualquier momento”.

   Serán entonces los jueces retasadores quienes establecerán la cantidad a cobrar por concepto de honorarios profesionales del abogado intimante. Y así se decide.

   En cuanto a derecho de cobrar la corrección monetaria, este Tribunal acoge el criterio Doctrinario del reconocido autor H.E.T.B.T., en su obra Procedimientos Judiciales cuando respecto de los juicios de cobro de honorarios profesionales, establece: (…) Siendo el título ejecutivo en materia de honorarios aquel que se deriva de la estimación e intimación de honorarios cuando no es objetada oportunamente por el intimado o de la sentencia que dicte el tribunal de retasa que fije el monto definitivo de los servicios prestados por lo que el título ejecutivo en materia de honorarios a diferencia del requerido en el procedimiento de la vía ejecutiva a que se refiere el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil que se exige a priori o ab initio, se obtiene a posteriori bien como consecuencia de la no impugnación del derecho a percibir los honorarios o como consecuencia de la sentencia del Tribunal de retasa. El título ejecutivo se adquiere en la medida en que el cliente no realiza oposición o impugnación alguna a la estimación e intimación realizada por el abogado, caso en el cual quedan firmes y la solicitud de honorarios pasa a constituir un verdadero título ejecutivo con las características de contener una obligación cierta, líquida y exigible de cancelar una cantidad de dinero que como se dijo apareja a ejecución, entendiéndose por cierta que conste en el cuerpo del instrumento o documento, líquida como el profesor BALZÁN que sea determinable con un simple cálculo aritmético y exigible, que no esté supeditada a condición o plazo alguno.” En razón de lo cual considera este Juzgado que por tratarse de una cantidad líquida, exigible y cierta sí es procedente la corrección monetaria a la cantidad que resulte a pagar al abogado intimante por concepto de honorarios profesionales. Y ASI SE DECIDE.

   En relación a la oportunidad en que debe solicitarse la corrección monetaria o el ajuste por inflación, la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia del once (11) de agosto de dos mil seis, Exp. AA20-C-2006-000204, cita la Doctrina que ha desarrollado la misma señalando, que esta debe ser solicitada en el libelo de la demanda. Señala dicha Sentencia: Al respecto, en sentencia Nro. 277, de fecha 10 de agosto de 2000, Expediente Nro. 179, la Sala ha indicado lo siguiente:

   En primer término, en todas las causas donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresa y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de utra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlo de oficio, aun cuando no haya sido solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia....

   (Omissis).

   Surgen aquí dos interrogantes esenciales que serían: a) ¿Se indexa de oficio o a solicitud de parte?; y b) ¿En qué oportunidad se ha de acordar la indexación?.

   En cuanto a la primera interrogante, se señaló a inicio del presente fallo, que su acordatoria de oficio, dependerá de si se trata de materias de

   orden público o no, o si se trata de derechos disponibles, e irrenunciables o no. En efecto, no cabe duda a esta Sala que la indexación no puede ser acordada de oficio por el sentenciador cuando se trate de intereses o derechos privados y disponibles, lo cual implica que el actor tendrá que solicitarla expresamente en su libelo de demanda. Con ello se evita dejar a la parte contraria en un estado de indefensión, al no poder contradecir y contraprobar oportunamente contra la misma; e igualmente, se libra al sentenciador de producir un fallo incongruente, por otorgar más de lo pedido y otorgar algo no pedido e incurrir en ultra o extrapetita, según sea el caso... (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 3 de agosto de 1994, en el juicio por cobro de bolívares seguido por el Banco Exterior de Los Andes y de España, S.A., (Extebandes), contra el ciudadano C.J.S.L., expediente Nº 93-231).

   (…) En dicha solicitud se pretende que el Juez aplique correctivos por el efecto inflacionario, que afecta el objeto de la pretensión procesal, requiriéndose un ajuste final del monto demandado sobre la base de los índices inflacionarios del Banco Central de Venezuela. En otras palabras, se le indican al Juez parámetros más amplios de lo que debe entenderse como el objeto realmente reclamado por el actor, es un indicativo de hasta donde llega su pretensión procesal. (omissis).

   La Sala Constitucional en sentencia Nro. 576, de fecha 20 de marzo de 2006, expediente Nro. 05-2216, señaló lo siguiente:

   Al respecto, la Sala observa:

   El poder adquisitivo de la moneda es algo inherente o intrínseco a ella, representa su real valor y como tal no tiene que ver ni con daños y perjuicios, ni con intereses devengados o por vencerse, ya que la indemnización de daños y perjuicios se calcula para la fecha de su liquidación judicial, con el valor que tenga para esa fecha, y la tasa de interés -con sus posibles fluctuaciones- nada tiene que ver con el valor real de la moneda.

   En consecuencia, y salvo que la ley diga lo contrario, quien pretende cobrar una acreencia y no recibe el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha del mismo. Sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible.

   Esta realidad referida al poder adquisitivo de la moneda, sólo tiene lugar cuando existe en un país una tendencia continua, acelerada y generalizada al incremento del nivel general de precios (que abarca todos los precios y los costos de los servicios), por lo que ante el alza de los precios, el poder adquisitivo de la moneda cae. A esta situación se la llama inflación y ella atiende a un concepto económico y no jurídico. Por lo tanto, su existencia debe ser reconocida oficialmente por los entes que legalmente monitorean la actividad económica, como lo hace en Venezuela, el Banco Central de Venezuela.

   A juicio de esta Sala, la inflación per se como fenómeno económico, no es un hecho notorio, ni una máxima de experiencia; ella a su vez difiere de los estados especulativos, o de los vaivenes transitorios de los precios, y, repite la Sala, su existencia debe ser reconocida por los organismos económicos oficiales competentes para ello, y cuando ello sucede es que la inflación se considera un hecho notorio.

   Una vez determinada la existencia del estado inflacionario, conocer su índice es también un problema técnico que debe ser señalado por los organismos que manejan las variables económicas y que por tanto puedan precisarlo. No se trata de un problema empírico que puede ser reconocido aduciendo que se trata de un hecho notorio, lo que no es cierto, ya que atiende a un concepto económico; ni que se conoce como máxima de experiencia común, ya que su reconocimiento y alcance es una cuestión técnica.

   Por ello, a juicio de esta Sala, los jueces no pueden, sin base alguna, declarar y reconocer que se está ante un estado inflacionario, cuando económicamente los organismos técnicos no lo han declarado, así como sus alcances y los índices generales de inflación por zonas geográficas. Conforme al artículo 318 Constitucional, corresponde al Banco Central de Venezuela lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria, por lo que coordina con el Ejecutivo el balance de la inflación (artículo 320 Constitucional), lo que unido a los artículos 50 y 90 de la Ley del Banco Central de Venezuela, corresponde a este ente establecer legalmente el manejo, y por tanto la determinación, de las tendencias inflacionarias.

   (…omissis…)

   Ante la anterior declaración, la Sala debe distinguir entre las obligaciones que atienden a razones de interés social y que responden a la necesidad de manutención y calidad de vida de la gente, como son los sueldos, salarios, honorarios, pensiones, comisiones, etc, que responden al trabajo o al ejercicio profesional, de aquellas otras que pertenecen al comercio jurídico.

   Por motivos de orden público e interés social, dentro de un Estado Social de Derecho, la protección de la calidad de la vida también corresponde al juez, y ante la desmejora de las condiciones básicas provenientes de la privación a tiempo del salario, de los honorarios, pensiones alimentarías, o de cualquier tipo de prestación del cual depende la manutención y las necesidades básicas, el juez de oficio –sin duda en este tipo de acreencias- debe acordar la indexación (figura distinta a la corrección monetaria).

   Este contenido social lo ha reconocido la Constitución artículo 92 en cierta forma la Sala de Casación Civil, cuando en sentencia de 2 de julio de 1996, consideró que el reconocimiento de la indexación era cónsono con “una elemental noción de justicia”.

   Sin embargo, cuando las prestaciones demandadas no están interrelacionadas con nociones de orden público o de interés social, sino que la pretensión versa sobre derechos subjetivos de los accionantes, a quienes la ley (el Código de Procedimiento Civil), les exige señale los límites de la litis tanto en lo fáctico como en el objeto de la pretensión, considera la Sala que la indexación debe ser solicitada por quien incoa el cobro, ya que como disposición de un derecho subjetivo, podría el accionante contentarse en recibir la misma cantidad a que tenía derecho para la fecha del vencimiento de la obligación insoluta o para antes de la demanda.

   En sentencia del 3 de agosto de 1994 (Caso: Extebandes Vs. C.S.L.), la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia estableció que la inflación debía ser alegada por el demandante en el libelo o en el escrito de la reconvención para tener derecho a la indexación, pero este criterio fue posteriormente abandonado por dicha Sala, precisándose que podía la indexación de lo demandado solicitarse en los informes del proceso escrito. A juicio de esta Sala, tal petición sólo puede tener lugar en el proceso donde se exige el reconocimiento de la acreencia y no fuera de él.

   (…) En un sistema de derecho y de justicia, resulta un efecto de derecho, que el acreedor demandante está pidiendo se le resarza su acreencia, con el poder adquisitivo de la moneda para la fecha del pago real, que a los fines de la ejecución no es otro que el de fijación o liquidación de la condena.

   Sin embargo, tal efecto de derecho, implícito en cada cobro, no puede ser pedido en cualquier oportunidad del juicio por el demandante, ya que el mismo atiende a sus derechos subjetivos, renunciables, en las materias donde no está interesado el orden público y el interés social, y por ello debe ser solicitado expresamente por el accionante.

   Esa necesidad de pedir, invariable, sin embargo en un Estado social de derecho y de justicia, puede sufrir excepciones, en materia de interés social y de orden público, donde el valor justicia y el de protección de la calidad de vida impera, y por ello en materia laboral y de expropiación -por ejemplo- se aplica de oficio la indexación, sin necesidad de alegación, aunque lo que se litiga son derechos subjetivos.

   La Sala, sin entrar en las disquisiciones doctrinarias que distinguen equidad de justicia considera que de poder aplicarse de oficio, por equidad, la indexación, sin que medie para ello petición de parte, lo sería sólo en los casos de interés social y de orden público, donde priva la solución socialmente justa que debe imperar en esas materias, conforme a los principios constitucionales y la realidad social, que hay que ponderarlas.

   El Estado social de derecho, implica que la interpretación y aplicación del derecho tenga en cuenta la realidad social a fin de no agravar más la condición de vulnerabilidad en que se encuentran algunos sectores de la sociedad en relación a otros, o a su calidad de vida.

   El Estado social de derecho exige una visión del derecho compenetrada con la sociedad (el derecho sociológico), a fin de minimizar en lo posible y mediante la interpretación jurídica, los desajustes sociales; pero ello no puede atentar contra la seguridad jurídica, ni contra los principios claves que conducen a esa seguridad. De allí que la interpretación en cuanto a sus alcances debe ser en cierta forma restringida, ajustada a los principios procesales.

   Consecuencia de lo expuesto es, que en materia que no afecta el orden público, ni el interés social, sino a los derechos e intereses particulares de los ciudadanos, las normas deben aplicarse en el sentido que exige el artículo 4 del Código Civil, que en el caso del Código de Procedimiento Civil, es claro con respecto a lo que debe contener la demanda, la contestación y la sentencia, y que carga al demandante a pedir en su libelo y no en cualquier momento del proceso cognoscitivo, la indexación, y claro está, el monto de la misma como acreencia autónoma, no podrá ser pedido en otro proceso distinto a aquel donde se demanda la acreencia. Siendo un hecho notorio, no hay ninguna razón para que no se incluya, con carácter preclusivo, dentro de la pretensión, la petición de indexación; y por ello permitir que en oportunidad distinta a la demanda y a la reconvención, se pida la indexación, es violar el derecho de defensa del demandado o del reconvenido, quien ajustará su defensa a la situación alegada y no a otra.

   Una solución contraria es en la actualidad una violación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, ya que el juez estaría supliendo argumentos al accionante.

   Cuando el fenómeno inflacionario comenzaba, y aparecía como sobrevenido, era aceptable que por razones de justicia –y hasta de orden público- se permitiera que la indexación se solicitare hasta en informes; pero en la actualidad –siendo notoria- en un proceso dispositivo, destinado a ventilar derechos subjetivos, es inconcebible que fuera de las demandas de interés social, se acuerde de oficio, o se acepte que se solicite fuera de la pretensión.

   El legislador (artículo 38 de Código de Procedimiento Civil), exige al demandante estime la demanda, cuando la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, con el fin de fijar la competencia por la cuantía.

   Dicha fijación no limita la condena al monto estimado en el libelo, y por ello el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, establece la experticia complementaria del fallo, para el caso que no se determine en la sentencia la cantidad de la condena por frutos, intereses o daños, o

   cuando el juez no pueda hacer la estimación o liquidación de la indemnización de cualquier especie o la restitución de frutos.

   (…omissis…)

   Por esas razones, la Sala debe puntualizar cuáles son las obligaciones indexables, lo que viene dado por una situación procesal ligada al alcance de la condena, y a la oportunidad legal de su liquidación.

   Las condenas tienen diversos regímenes en las leyes. Hay casos en que la indexación no es posible, ya que la propia ley señala en cual época debe ser liquidado el valor de la demanda. Así los artículos 1457, 1507, 1514, 1521, 1523 y 1744 del Código Civil, por ejemplo, señalan que las cantidades a condenarse deben ser calculadas antes de la fecha de la demanda, por lo que sería imposible indexarlas o corregirlas para que den un resultado diferente, ya que ello violaría la ley. Otras normas, como la de los artículos 1466, 1469 y 1584 del Código Civil, ponen como hito del monto condenable, el valor al momento de la introducción del libelo. En supuestos como estos no es posible adaptar las condenas al valor actual de la moneda, en base a su poder adquisitivo, ya que el legislador, consideró que el resarcimiento justo se lograba mediante los valores atribuibles a los bienes resarcibles (incluso dinero) en esas oportunidades, y por tanto cualquier petición contraria sería ilegal.

   (…omissis…)

   Fundado en la esencia constitucional, de que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia (artículo 2 constitucional); y que el Estado garantiza una justicia idónea y equitativa (artículo 26 constitucional); que la justicia es un principio en el cual se fundamenta incluso la seguridad de la nación (artículo 326 eiusdem); que el Estado administra justicia (artículo 257 constitucional); los tribunales de la República, y en particular las Salas de Casación Civil y Social del Tribunal Supremo de Justicia, han indexado el pago de las deudas, reconocidas en la sentencia, al valor del dinero para el momento del pago, que no es otro que el que determine la ejecución del fallo.

   Sin estar autorizado explícitamente por la ley, pero siempre como un resultado de la aplicación del principio constitucional de justicia, se ha ajustado la deuda contractual de sumas de dinero al valor real de la moneda al momento del pago, que no es otro que el momento de la ejecución.

   (…) Comenzada la ejecución, por una cantidad ya fijada, esta no puede ir variándose por motivo de nuevas indexaciones, siendo lo único posible añadir la tasación de costas prevista en el artículo 33 de la Ley de Arancel Judicial, cuando ella proceda en la actualidad, bajo la vigencia del principio de gratuidad de la justicia.”.

   En virtud de que considero exagerado el monto a cobrar por concepto de honorarios la parte demandada ejerció el derecho de Retasa establecido en el artículo 23 de la Ley de Abogados.

   Primariamente y a objeto de colocarle fin a la etapa declarativa en el presente juicio, este Tribunal pasa a pronunciarse señalando que al respecto, la doctrina de la Sala ha sido reiterada, en sentencia de fecha 13 de abril de 2000, juicio M.C. y otra contra Iral, S.R.L., expediente N° 00-056, sentencia N° 79, en la cual dispuso:

   ...En el procedimiento por cobro de honorarios profesionales, se encuentran claramente definidas dos (2) etapas: la declarativa, en la cual el sentenciador sólo determina la procedencia o no del derecho de los abogados a cobrar los honorarios reclamados; y la ejecutiva, que comienza con la sentencia definitivamente firme que declara procedente el derecho a cobrar los honorarios y concluye con la determinación del quantum de dichos honorarios. Es la etapa de retasa. Ha sido doctrina pacífica y reiterada de este Supremo Tribunal (Sent. S.C.C. N° 3 de 15 de enero de 1998; S.C.C. N° 155 de 20 de mayo de 1998; S.P.A. N° 293 de 26 de mayo de 1998; S.C.C. N° 315 de 24 de septiembre de 1998; S.C.C. N° 813 de 22 de octubre de 1998, entre otras), que en la primera etapa, es decir, la declarativa, la parte perdidosa tiene derecho a que le sea revisada la decisión que le ha resultado adversa, no sólo por el tribunal de alzada sino incluso por el Tribunal Supremo de Justicia, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley...

   .

   El Tribunal para decidir observa:

   En lo que respecta a la oportunidad de la estimación de los honorarios profesionales de abogados el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, establece:

   En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados

   .(Resaltado de la Sala)

   Del artículo transcrito se desprende que, en cualquier estado del juicio podrá el abogado estimar sus honorarios y exigir su pago. Cabe diferenciar en este punto lo que ha de entenderse por estado del proceso, por una parte y, por la otra, lo que debe entenderse por grado, dentro de un procedimiento judicial. Dado el principio del doble grado o instancia estipulado en nuestro ordenamiento jurídico, el estado deviene especificado por el iter procesal que se desarrolla en una de las instancias referido al momento procesal en el cual se encuentra, desde el libelo de demanda admitido hasta la ejecución de sentencia y, el grado, es determinado por la posibilidad de revisión que tiene el tribunal de alzada con respecto a las decisiones adoptadas por el juez de la cognición.

   Esto significa que el estado del proceso se inicia desde el momento de la admisión de la demanda y culmina con la sentencia y consecuencialmente su ejecución. Dentro de estas actuaciones podrá el abogado estimar sus honorarios profesionales y exigir su pago; pero, si la controversia ha sido remitida a un Tribunal Superior, es decir, uno de grado jerárquico superior, entonces no pueden ser estimados allí los honorarios causados por actuaciones realizadas ante la primera instancia directamente, ya que si esto hubiese sido la intención del legislador, éste habría dispuesto como encabezado del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, expresamente que, “En cualquier estado y grado del juicio”, con lo cual los abogados podrían estimar y exigir el pago de sus honorarios profesionales, tanto en primera instancia como en la alzada, por su actividad profesional realizada en aquélla; pero, como la norma no lo establece, el interprete no puede hacerlo en apego al aforismo “Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, donde la ley no distingue, no debe distinguirse y “Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit”, cuando la ley quiere, lo dice; cuando no quiere, calla, de otro modo consecuencialmente, se le estaría atribuyendo un sentido diferente al que aparece del significado propio de las palabras, ya que ello, no se desprende de las utilizadas por el legislador, por una parte y por la otra, se les estaría violando a las partes, el derecho a la defensa, al no permitírsele la revisión de la causa cercenándoles una instancia.

   En ese sentido oportuno es reiterar el criterio actual de la Sala, establecido en sentencia Nº 359 de fecha 30 de julio de 2002, expediente Nº 00-290, en el juicio de C.E.V. contra Banunión N.V., cuyo tenor es el siguiente:

   “...Por otra parte, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil contempla la posibilidad de que el abogado proponga su reclamación por honorarios profesionales por actuaciones judiciales en cualquier estado y grado de la causa, lo que significa que el abogado no debe aguardar a que finalice el proceso judicial en el que ha prestado sus servicios para hacer efectivo el pago de los honorarios profesionales causados por sus actuaciones en el mismo. Esa disposición es consecuencia de lo que para el abogado representan sus honorarios profesionales y el derecho que a ellos tiene en los términos establecidos en el artículo 22 de la Ley de Abogados.

   (Sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia. Exp. Nº AA20-C-2001-000702).

   Ahora bien, el artículo 23 de la Ley de Abogados, establece:

   Las costas procesales pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en la Ley.

   .

   El artículo 24 del Reglamento de la Ley de Abogados, dispone:

   A los efectos del artículo 23 de la Ley de Abogados se entenderá por obligado, la parte condenada en costas.

   .

   El artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, señala:

   A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas

   .

   El artículo 286 ejusdem, dispone:

   Las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del 30% del valor de lo litigado…

   .

   Y el artículo 281 ejusdem establece:

   Se condenará en las costas del recurso a quien haya apelado de su sentencia que sea confirmada en todas sus partes.

   .

   Por otra parte, el artículo 25 de la Ley en comentario, expresa:

   “La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en la jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte.

   La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el juicio. (…).

   En virtud de las anteriores consideraciones la segunda fase o fase ejecutiva comienza a partir de la sentencia declarativa del derecho a cobrar los honorarios o a partir del momento en que la intimada se acoge al derecho de retasa. Y por cuanto se ha dado este último supuesto, efectivamente no se haría necesario esperar un pronunciamiento sobre el derecho que pudiera existir en el abogado intimante, ya que el mismo estaría siendo reconocido, de manera voluntaria, por quien estaría obligado tal y como lo dejó expresamente la parte demandada en su escrito de fecha 15 de Diciembre de 2008. Y así se decide.

   En atención a los principios doctrinario y jurisprudenciales anteriormente explanaos, el Tribunal observa que el Tribunal debe decidir si el abogado T.E.B. tiene derecho o no a cobrar sus honorarios, pero de los que haya realizado como apoderado del ciudadano J.D.C.R., tal como lo sostiene, siendo que él es el único que aparece como demandante (aforante), por lo que mal puede el Tribunal hacer declaración alguna sobre las actuaciones que en el presente caso se observa fueron realizadas por al Abogada B.B., quien fue co – apoderada en el juicio N° 17.907 Y ASI SE DECIDE.-

   Observa además el Tribunal que las actuaciones traídas por el Abogado T.E.B. tiene fecha cierta y producen plena prueba de que debe cobrar sus honorarios Y ASI SE DECIDE.-

   En consecuencia, con fundamento en los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de Abogados, este Tribunal concluye que debe declararse Parcialmente Con Lugar la pretensión del abogado T.E.B. venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V – 3.070.980, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 28.317, domiciliado en San Cristóbal – Estado Táchira..

   En consecuencia este Juzgado declara el derecho del abogado T.E.B. a cobrar honorarios, en relación a las siguientes actuaciones, realizadas en el expediente N° 17.907 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira:

1. - Libelo de demanda presentado por el ciudadano J.D.C.R., debidamente asistido por el abogado T.E.B..

2. -Diligencia de fecha 02 de Mayo de 2005, donde le fue otorgado poder apud acta a los abogados T.E.B. y B.B..

3. - Escrito de promoción de pruebas de fecha 07 de Octubre de 2005.

4. - Diligencia de fecha 27 de octubre de 2005, donde el abogado T.B. impugna copias simples presentadas por la contraparte.

6. - Acta de Inspección Judicial de fecha 18 de Noviembre de 2005, realizada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Estado Táchira, encontrándose presente el abogado T.E.B..

5. - Asistencia del abogado T.B. al acto de evacuación de la testimonial de B.E.V.C., en fecha 11 de Noviembre de 2005.

6. - Asistencia en fecha 14 de Noviembre de 2005, al acto de evacuación de la testimonial de la ciudadana M.I.M., que se declaro desierto.

7. - Asistencia al acto de evacuación de la testimonial de B.S.R., en fecha 14 de Noviembre de 2005.

8. - Diligencia de fecha 14 de noviembre de 2005, donde el abogado T.E.B. solicito se fijara una nueva oportunidad para evacuar la testimonial del ciudadano J.I.Z..

9. - Diligencia de fecha 29 de Noviembre de 2005, por ante el Tribunal comisionado, donde el abogado T.E.B., consignó en copias simples auto de admisión de pruebas por el Tribunal de la causa tablilla del mismo, donde constan los días de despacho transcurridos en el mismo.

10. - Escrito de informes y presentación con sus respectivos anexos, realizados por los abogados T.E.B. y B.B. en fecha 06 de febrero de 2006.

11. - Diligencia de fecha 20 de junio de 2006, donde el abogado T.E.B., solicita copias certificadas de las sentencia de primera instancia y segunda instancia y desglose de algunos documentos.

    Cuaderno de Medidas:

1. - Diligencia de fecha 20 de abril de 2006, donde el abogado T.E.B., solicite se oficie nuevamente al Registro Inmobiliario de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. , por inconsistencia del anterior oficio para poder lograr que se asentara la medida de prohibición de enajenar y gravar.

2. - Diligencia de fecha 17 de enero de 2007, donde el abogado T.E.B. informa la Tribunal que por omisión de un lindero, el Registro de los Municipios Cárdenas, Guásimos y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, no había podido asentar la medida y que por tanto solicitaba se incluyera el lindero omitido y se oficiara nuevamente al Registro mencionado.

3. - Diligencia de fecha 25 de julio de 2007, donde el abogado T.E.B., solicita al Tribunal el levantamiento de la medida de Prohibición de enajenar y gravar sobre los 2 lotes de terrenos objetos del litigio.

   Y ASÍ SE DECIDE.

   DISPOSITIVA

   En mérito de las precedentes consideraciones este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, con las facultades otorgadas en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: