Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 9 de Octubre de 2008
| Fecha de Resolución | 9 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo |
| Ponente | Corina Rodriguez |
| Procedimiento | Cobro De Diferencia De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Los Teques, 09 de octubre de 2008
198º y 149º
De la revisión de las actas procesales se observa que con la introducción de la presente demanda, la parte accionante por intermedio de su apoderada judicial, solicitó en el capitulo V del escrito libelar, sea decretada por éste tribunal medida cautelar de embargo sobre la cantidad liquida y exigible de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 99.763,97), monto estimado en la demanda, solicitando igualmente que se oficie a la Superintendencia Nacional de Bancos, a los fines que informe las cuentas que a bien pudiese poseer la parte accionada Corporación Adicora, C.A., Registro de Información Fiscal (RIF) número J- 30400796-5, en la entidad financiera Fondo común, con el objeto de decretar el embargo preventivo.
Así mismo se observa que tal solicitud se fundamenta en el temor de sus patrocinados, de que pudiera quedar ilusoria la ejecución de la decisión de la presente causa, bajo el siguiente argumento:
…En reiteradas oportunidades el ciudadano J.D.C.C., en su carácter de propietario, ha informado a mis patrocinados a manera de amenaza que si no firman una carta de renuncia, él va a cerrar la empresa porque asegura que el galpón se va a desplomar; asumiendo ésta conducta en todas y cada una de las oportunidades que como trabajadores mis representados han reclamado el pago de sus acreencia laborales. A razón de dichas amenazas, en fecha 31 de julio de 2008 los trabajadores acudieron a la sede del diario El Avance con el objeto con el objeto de dejar expresa constancia y de hacer público y notorio los acontecimientos ocurridos en la sede de la empresa…
Para resolver se destaca el contenido del artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que textualmente establece:
A petición de parte, podrá el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…
De la lectura a la norma anterior, se entiende que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible en los supuestos establecidos en el mismo, es decir, cuando se han verificado de manera efectiva y de manera concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, como son:
-
- Que exista el riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora.
-
- La presunción grave del derecho que se reclama, el fumus boni iuris.
Ahora bien, la procedencia de tales medidas debe estar sujeta a los alegatos y pruebas de las razones de hecho y de derecho que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley, ya que el órgano jurisdiccional se encuentra impedido de suplir la falta del solicitante de explanar y acreditar sus argumentos para sustentar la solicitud de la medida. En tal sentido, es importante destacar las siguientes consideraciones que han sido aplicadas en forma reiterada en materia de medidas preventivas:
El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino sólo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito, las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la solicitud.
El artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como ya fue señalado, establece que: “A petición de parte, podrá el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que se reclama…”. Potestad que otorga el legislador a este Juez para que no quede burlada la pretensión, quien en base a su discrecionalidad, debe aplicar las máximas de experiencia, así como los elementos probatorios traídos a los autos por el interesado, teniendo como fundamento en su decisión el fomus bonis iure y el pericumum in mora.
La parte que pretenda se le acuerde la medida cautelar deberá aportar elementos probatorios como soporte a la solicitud de dicha medida cautelar requerida; es así que el Juez debe efectuar un análisis de las pruebas aportadas, de acuerdo al principio de congruencia probatoria, tal y como lo establece el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en virtud del deber de los jueces de analizar las pruebas producidas, así como el artículo 12 del mismo Código, de atenerse a lo alegado y probado en autos; normas a nuestro juicio aplicable de manera supletoria por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
De acuerdo a lo anteriormente señalado, considera esta juzgadora, que la sola existencia de un juicio no es presupuesto suficiente, aunque necesario, para dictar medidas preventivas, es por ello la necesidad de proceder a la verificación de los requisitos para su fundamentación, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez por lo menos una presunción grave de la existencia del peligro.
Para resolver al respecto y de la revisión que se hiciere a la solicitud realizada, consideró este Tribunal y así fue señalado mediante auto de fecha 29 de septiembre de 2008, que la parte solicitante debía ampliar las pruebas aportadas para cumplir con los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil en aplicación analógica del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual fue ordenado, otorgándosele un lapso de cinco (5) días hábiles a la parte demandante para dicha ampliación.
Dentro de los cinco (05) días concedidos para la aportación de pruebas que sustentaran la solicitud, la parte actora consignó escrito mediante el cual ratificó lo solicitado en la demanda y como documental consignó recorte de prensa titulado “Trabajadores de Corporación Adícora denuncian hostigamiento laboral” y cuyo contenido es el siguiente:
“Una representación de los 35 trabajadores de Corporación Adícora acompañado del abogado M.F., denunciaron a dicha empresa por hostigamiento laboral.
Fuentes acompañado de J.M., secretario de reclamos de Suptramen, quien acudió en apoyo moral informaron que la junta directiva de la corporación amenazó a los trabajadores que si no renuncian, la junta directiva cierra la empresa de la rama textil ubicada en San Pedro de los Altos.
Son padres de familia que necesitan continuar trabajando, no pueden quedar desempleados, porque muchos en esta fecha es cuando más necesitan dinero para sus hijos. Ellos alegan que el galpón no está apto para trabajar, pero eso es mentira. Le dieron un plazo de 15 días par que se fueran
, advirtió fuentes.
Igualmente, los empleados reclaman la contratación colectiva, por lo en el día de ayer acudieron a la inspectoría a introducir un pliego conflictivo y medida cautelar para os trabajadores.”
De lo transcrito se observa que el artículo de prensa consignado, contiene declaraciones unilaterales de los trabajadores quienes manifestaron que la sociedad mercantil aquí demandada amenazó con el cierre de la misma en caso que no renunciaran.
Al respecto, quien suscribe considera que la documental consignada carece de valor probatorio por cuanto en primer lugar, contiene declaraciones voluntarias otorgada por los trabajadores a la prensa y que pudieran considerarse de carácter subjetivo y por lo tanto, para el Tribunal no es fundamento suficiente para el decreto de la medida.
Para afianzar aun más lo arriba transcrito, se destaca que la doctrina patria insiste en que la parte actora debe probar la existencia del periculum in mora para que el juez de manera excepcional decrete medidas cautelares, tal como se señala en el texto que se transcribe a continuación:
Solo en aquellos casos en que el actor demuestre la existencia de la circunstancias que evidencien la dilapidación u ocultación de los bienes del demandado, que en definitiva se traduce en un periculum in mora, el juez puede obrar a petición de parte y decretar (excepcionalmente) medidas cautelares para evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo, siendo una carga del actor traer a los autos elementos suficientes que demuestren tal circunstancia y así podrían decretarse medidas cautelares antes de la audiencia preliminar, en el transcurso de la misma, o durante la audiencia de juicio
. (MARTIN, M.A.. DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO - autores varios. Librería Jurídica Rincón. Barquisimeto 2005. Pag. 426).
El párrafo transcrito ratifica la necesidad que sea demostrada la existencia del periculum in mora para evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo
Ciertamente, para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
De igual forma se destaca el contenido de sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de abril de 2004, cuyo texto parcial indica:
Además de estas importante características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
En este sentido, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente
.
Considera quien decide, una vez que ha realizado una revisión exhaustiva a las actas procesales que conforman el presente expediente, que aun y cuando existe la presunción del derecho que invoca el solicitante, no existen medios de prueba suficientes para que se determine la ilusoriedad de ejecución del fallo que pudiera producirse en la presente causa.
En este sentido, consideramos que no basta con la sola existencia de la presunción grave de lo que se reclama, ya que es una expectativa de derecho, la cual puede haber sido o no satisfecha por el pago de las prestaciones sociales y que ab initio no puede ser establecido, por lo que es necesario exigir la dualidad de requisitos para el decreto de una medida, como son que haya peligro de que quede ilusoria la pretensión y que se encuentre demostrada la presunción grave del derecho que se reclama, para adecuarla a la situación especifica de cada caso; sin olvidar que como juez laboral debe garantizar, también, la fuente de trabajo, pues de no ser así no tendrían sentido los artículos 87 y 89 de la Carta Magna, al igual que las demás disposiciones constitucionales y legales que se refieren al trabajo y a las prestaciones sociales.
En este sentido, debemos considerar que el decreto de una medida cautelar en contra de un patrono, con cuya materialización pudiera paralizarse la actividad productiva debe ser estudiado por el juez laboral con sumo cuidado, pues en cada caso, debe velar por el interés colectivo como sería la preservación de la fuente de trabajo, antes que el interés particular o individual, lo que obliga a que en caso de decretar una cautelar debe considerar que la misma sirva no solo para cubrir el monto del decreto, sino que debe evitar un posible daño al patrimonio de la demandada, en perjuicio del resto de la masa laboral.
En este sentido, se destaca que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 590 establece la facultad para que el Juez decrete la medida cautelar sin estar llenos los extremos de ley para decretarla, siempre y cuando el solicitante ofrezca y constituya caución o garantía suficientes para responder a la parte contra quien se dirija la medida, de los daños y perjuicios que ésta pudiere ocasionarle.
Ahora bien, por tratarse del hecho social trabajo, el artículo 184 de nuestra Ley Procesal, establece que, el juez podrá dictar cualquier disposición complementaria para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado, precisamente esa efectividad está referida a la garantía de que la medida cumplirá su función en favor de quien ha sido decretada, sin que sea posible desviar su finalidad al momento de practicarla, ya que ello será lo que le permitirá al Juez, alcanzar un verdadero equilibrio en el cumplimiento de su función protectora de los intereses en litigio.
Sin embargo, el poder cautelar del juez no puede aplicarse en forma discrecional con visos de arbitrariedad, sino que debe ser una discrecionalidad dirigida, reglada, que esté sometida al cumplimiento de los requisitos de la ley, de manera que se pueda controlar la legalidad de la providencia cautelar, la cual pretende por una lado, garantizar la efectividad de la ejecución de la futura y eventual resolución al solicitante, pero por otro lado, invade la esfera de derechos del contendor, como es el derecho constitucional de la propiedad, contendor éste que sin ser notificado, se vería privado del uso y disfrute de sus bienes por una medida preventiva decretada en su contra, sin que tenga posibilidad de cuestionar los fundamentos para el decreto de la medida, razón ésta suficiente, para que el juez esté obligado a ser prudente en el decreto de las medidas preventivas, debiendo observar los requisitos de ley, y motivar tanto del decreto de la medida, como su negativa.
Aunado a ello, debe tomarse en consideración que dentro de las características de las medidas preventivas, tenemos la urgencia, en el entendido de que con ella no es que se trate de acelerar la situación sumaria del derecho controvertido, sino de suministrar anticipadamente los medios idóneos para conseguir que la declaración de certeza o la ejecución forzada, se produzca cuando la lentitud del proceso ordinario lo autorice, es decir, que lo urgente no es la satisfacción del derecho sino la procura de los medios idóneos para garantizar el resultado útil de la decisión de fondo.
La urgencia viene a ser la garantía de eficacia de las providencias cautelares. La necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia de una situación de hecho, que es próvidamente suplida por las medidas cautelares.
Al respecto, el autor Ricardo Henríquez La Roche señala:
“…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300).(Subrayado del Tribunal).
Lo anteriormente transcrito destaca el hecho que la razón principal para decretar medidas preventivas, lo constituye la demora procesal que caracteriza el procedimiento ordinario; no obstante, en nuestro proceso laboral a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, los lapsos se han reducido de manera tan considerable que la pretensión de los accionantes puede verse satisfecha en el menor tiempo posible.
En este sentido, se observa que en la presente causa, ya se encuentra notificada la parte demandada para la celebración de la audiencia preliminar faltando únicamente por cumplir la formalidad de certificación de secretaría prevista en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo que se ordena realizar de manera inmediata.
En consecuencia de lo anterior, visto que no se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia exigidos por la norma contenida en el artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos en la presente decisión, este Despacho declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada. Así se decide.
Ahora bien, la decisión anterior no obsta para en el transcurso del procedimiento puedan acordarse medidas previo cumplimiento de los requisitos aquí analizados y la actitud asumida por las partes en el procedimiento, todo en razón de las características y el objeto de las medidas cautelares, ya que la necesidad de salvaguardar los derechos discutidos puede presentarse en cualquier grado y estado de la causa, para permitir el libre ejercicio del derecho esgrimido e impedir su violación, una vez llenos los requisitos requeridos. Todo ello en pro del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva, garantías constitucionales que deben estar presentes para las partes en todos los estados del proceso. Así se deja establecido.
C.R.S.
LA JUEZ
CAROLINA MEZA
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
Nota: En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL
EXP. Nº 2090-08
CRS/CM
