Decisión nº PJ0142013000053 de Juzgado Superior Primero del Trabajo de Zulia, de 17 de Abril de 2013

Consta de las actas procesales que en fecha ocho (8) de abril de 2013, este Juzgado Superior admitió la solicitud de nulidad de acto administrativo interpuesta contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la profesional del Derecho ciudadana A.I.M.F., abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.392 actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil TRAKI ZPM PLUS C.A., contra el acto administrativo contenido en la certificación de discapacidad número 0254-2012 de fecha 6 de marzo de 2012 emitida por Dr. Raniero S.M.O. II adscrito a la DIRECCIÓN ESTADAL DE S.D.L.T.Z. (DIRESAT-ZULIA), del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES.

En la misma fecha se acordó abrir cuaderno separado con ocasión de la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, y a los fines de resolver sobre la solicitud de medida cautelar solicitada, el Tribunal observa:

-II-

DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR IMNOMINADA DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

-Que de todos los alegatos expresados en el recurso de nulidad junto con las pruebas que acompañan el mismo, se evidencia la presunción del buen derecho de su representada además de la presencia de un daño irreparable desde el mismo momento en que se emitió la certificación medica de Discapacidad Parcial Permanente según oficio Nº 0254-2012 de fecha 6 de marzo de 2012, dictada por la Dirección Estadal de S.d.l.T.Z. (DIRESAT Zulia), sin que se concediera a su representada la oportunidad de presentar sus alegatos y medios probatorios oportunamente, violando así la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que se le esta causando un daño irreparable a su representada, desde el momento que fue emitida la referida certificación con plena ausencia de material probatorio, por parte de su representada.

Igualmente, resulta evidente, que de no suspender los efectos de la providencia que aquí se recurre, su representada se vería forzada a formar parte de diversas acciones y procedimientos legales, los cuales serian favorables a la mencionada ciudadana de forma legal, lo cual significaría una merma económica a la empresa, por cuanto es de recordar que su representada es una empresa del Estado, y como tal es patrimonio público de la nación, el cual se esta afectando en forma directa con la certificación emitida sin fundamento jurídico alguno.

Alega que resulta evidente que de no suspender los efectos de la referida providencia administrativa, su representada se vería forzada a cancelar sumas de dinero a el trabajador lo cual significaría un fuerte impacto económico a su mandante, por cuanto la misma es una empresa del Estado, constituida con el patrimonio público de la nación, el cual se esta viendo afectada de forma directa con la Certificación Medica de Discapacidad Parcial Permanente, en la cual se certifica una Discapacidad Parcial Permanente por un Traumatismo de Rodilla Izquierda por Caída de altura: Tendinitis rotuliana + lesión me menisco lateral y medial de la rodilla izquierda, violándose normas de debido proceso y derecho a la defensa de su representada.

-Que en caso de ser declarado con lugar en la definitiva el recurso de nulidad interpuesto, y no se proveyera la solicitud de medida a quien solicitada, mi representada se vería en la necesidad de ejercer las acciones judiciales correspondientes contra el ex trabajador para obtener lo pagado indebidamente, lo que conllevaría indudablemente a un reconocimiento e derechos no correspondidos, y a una perdida de tiempo y dinero que no se justificaría a cuando a su representada la ampara el buen derecho (fumus bonis iuris) además que se afectaría directamente el patrimonio público de la nación, por cuanto, probablemente dicho trabajador no cuente con la solvencia financiera para responder por lo pagado indebidamente por su mandante.

Por lo anteriormente expuesto solicitan se decrete la medida cautelar Innominada de suspensión del acto administrativo de efectos particulares.

-III-

MOTIVA

Corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse respecto a la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos efectuada por la parte demandante en nulidad respecto al acto objeto de impugnación. En atención a lo anterior, considera necesario el Tribunal traer a colación que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad, por lo cual, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal, que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. (Sentencias de la Sala Político Administrativa nos. 00203, 00739 y 00824, del 7 de febrero y 17 de mayo de 2007 y 11 de agosto de 2010 respectivamente).

En este orden de ideas, debe aludirse al contenido artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial n° 39.451 del 22 de junio del mismo año.

Artículo 104 A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estimare pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.

Conforme a la disposición transcrita, en aquellos casos en los cuales las partes soliciten el otorgamiento de medidas cautelares, se requiere la comprobación concurrente de los requisitos del fumus boni iuris (presunción grave del derecho que se reclama) y del periculum in mora (fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra), por lo cual, el otorgamiento de la medida procederá con la constatación en autos de la existencia de ambos requisitos.

Ahora bien, se observa que la presente solicitud cautelar fue elevada bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y la parte actora solicita una medida cautelar de suspensión de efectos de acto administrativo, respecto a lo cual, cabe advertir que esta última ley prevé el poder cautelar del juez contencioso administrativo a fin de asegurar las resultas del juicio, en caso de que el solicitante de la medida preventiva logre demostrar los extremos exigidos; y a fin de resguardar el derecho de petición y el enunciado constitucional de tutela judicial efectiva de la accionante, el Tribunal, entrará a evaluar la solicitud cautelar peticionada, siendo conveniente precisar que la medida de suspensión de efectos actualmente no está prevista en la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, ello no implica que la misma no pueda ser acordada, al ser una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo, siendo además que, en todo caso, la misma debe analizarse en atención al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual prevé que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, y de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por la remisión supletoria que hace el artículo 31 de la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa al Código de Procedimiento Civil, cuyo texto dispone:

Artículo 588 (…) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión

En este sentido, ha sido criterio reiterado del Tribunal Supremo de Justicia, que la suspensión de efectos de los actos administrativos, constituye una medida preventiva típica del contencioso administrativo, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, y en este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente, por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”.

Establecidos los anteriores lineamientos, pasa el Tribunal a verificar su cumplimiento en el caso concreto, para lo cual entra a examinar las actas que conforman el expediente, y al respecto, en principio, observa que la solicitante de la medida manifiesta en su libelo de demanda textualmente lo siguiente:

Mi representada Sociedad Mercantil TRAKI ZPM PLUS C.A una empresa privada, que tiene su sede en esta entidad, cuyo objeto social está referido a la venta de ropa de damas caballeros, niñas y niños, artículos para el hogar, baños y lencería, electrodomésticos y todo tipo de muebles para el hogar, es un atienda por departamentos: fue creada el Seis (06) de Julio de 2004 y cuyo patrimonio es cien por ciento privado. Así mismo, vale destacar, que la única fuente de ingresos de mi representada, es s la recaudación por concepto de ventas de dicha tienda.

(Subrayado y negrillas de esta Alzada).

-Igualmente la parte recurrente de seguidas manifiesta, que de todos los alegatos expresados en el recurso de nulidad junto con las pruebas que acompañan el mismo, se evidencia la presunción del buen derecho de su representada además de la presencia de un daño irreparable desde el mismo momento en que se emitió la certificación medica de Discapacidad Parcial Permanente según oficio Nº 0254-2012 de fecha 6 de marzo de 2012, dictada por la Dirección Estadal de S.d.l.T.Z. (DIRESATZULIA), sin que se concediera a su representada la oportunidad de presentar sus alegatos y medios probatorios oportunamente, violando así la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que se le esta causando un daño irreparable a su representada, desde el momento que fue emitida la referida certificación con plena ausencia de material probatorio, por parte de su representada.

Manifiesta que resulta evidente, que de no suspender los efectos de la providencia que aquí se recurre, su representada se vería forzada a formar parte de diversas acciones y procedimientos legales, los cuales serian favorables a la mencionada ciudadana de forma legal, lo cual significaría una merma económica a la empresa, por cuanto es de recordar que su representada es una empresa del Estado, y como tal es patrimonio público de la nación, el cual se esta afectando en forma directa con la certificación emitida sin fundamento jurídico alguno. (Según su dicho).

-Alega que resulta evidente que de no suspender los efectos de la referida providencia administrativa, su representada se vería forzada a cancelar sumas de dinero a el trabajador lo cual significaría un fuerte impacto económico a su mandante, por cuanto la misma es una empresa del Estado, constituida con el patrimonio público de la nación, -se insiste- el cual se esta viendo afectada de forma directa con la Certificación Medica de Discapacidad Parcial Permanente, en la cual se certifica una Discapacidad Parcial Permanente por un Traumatismo de Rodilla Izquierda por Caída de altura: Tendinitis rotuliana + lesión me menisco lateral y medial de la rodilla izquierda, violándose normas de debido proceso y derecho a la defensa de su representada.

-Que en caso de ser declarado con lugar en la definitiva el recurso de nulidad interpuesto, y no se proveyera la solicitud de medida a quien solicitada, su representada se vería en la necesidad de ejercer las acciones judiciales correspondientes contra el ex trabajador para obtener lo pagado indebidamente, lo que conllevaría indudablemente a un reconocimiento e derechos no correspondidos, y a una perdida de tiempo y dinero que no se justificaría a cuando a su representada la ampara el buen derecho (fumus bonis iuris), además que se afectaría directamente el patrimonio público de la nación, -se insiste- por cuanto, probablemente dicho trabajador no cuente con la solvencia financiera para responder por lo pagado indebidamente por su mandante.

Conforme lo anterior, en el caso de autos, observa este Tribunal Superior que la representación judicial de la parte solicitante de la medida cautelar incurre en contradicciones por una parte indicó que la empresa es “privada” y por otra parte manifiesta “que esta conformada por el patrimonio publico de la nación”, por lo que en principio esta Superioridad dilucida que la empresa efectivamente es una empresa privada, la cual debe demostrar concurrentemente los requisitos para que proceda la medida cautelar solicitada, y no señala en modo alguno que existan elementos probatorios que le otorguen al recurso interpuesto “olor a buen derecho”, de que va a prosperar la solicitud de nulidad, no señala, más allá de sus argumentos en el escrito de solicitud de nulidad, cuales son esos elementos probatorios, haciendo referencia genérica a que, según su decir, en el caso de autos existe una clara presunción del buen derecho que se deriva de los hechos invocados para la nulidad del acto administrativo.

Al analizar el escrito libelar y los recaudos acompañados, observa el Tribunal que la accionante aportó copia auténtica de la certificación impugnada, sin que existan argumentos en relación a la existencia de la apariencia de buen derecho que debe existir como elemento impretermitible para el decreto de la medida, sin que ello implique un adelanto de opinión respecto a la sentencia definitiva.

En este sentido, siendo las medidas cautelares, instrumentos aseguradores de que no quede ilusoria la ejecución del fallo o que el daño causado pudiese ser irreparable puesto que los actos administrativos deben ejecutarse de inmediato, deben cumplirse por los interesados de inmediato, conforme lo dispone el artículo 8 de la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de manera que, en consecuencia de su no acatamiento, ciertamente que se subvertiría el orden público si se estableciera como regla, que la justificación de la suspensión de los efectos de los actos administrativos son precisamente las consecuencias de su incumplimiento, puesto que la posibilidad de que se pueda accionar contra la empresa y aún la misma admisión de dicha demanda, no causan un gravamen irreparable a la parte demandada.

De otra parte, la argumentación que se planteó no aporta suficientes elementos que ameriten el ejercicio del poder cautelar, pues sólo se ha hecho referencia a la posibilidad de que su representada sea obligada a cumplir el acto, por lo cual se observa que no se alegan hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un perjuicio real y personal, correspondiéndole a la accionante probar suficientemente la existencia del daño y la imposibilidad o dificultad de su reparación futura, y no se desprende de autos ni fue acompañado, medio de prueba alguno del que se evidencie la existencia de un perjuicio irreparable o de difícil reparación por la definitiva, o en todo caso, que pruebe la inminencia de un perjuicio tal.

Se advierte que no basta con indicar que se vaya a causar un perjuicio sino que deben señalarse los hechos o circunstancias específicas que considere la parte afectada, le causan un daño o perjuicio irreparable, aportando al juicio los elementos suficientes que permitan al órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del mismo por la definitiva, sin embargo no trajo a las actas prueba que demuestre que tal situación afectará su balance financiero. En consecuencia, al no haber acreditado la solicitante prueba de los hechos en los cuales se fundamenta la existencia de los requisitos necesarios para el decreto de la medida peticionada, no se pueden constatar estas circunstancias, por lo que debe concluir este Tribunal que no se encuentran acreditados ni el fomus bonis iuris ni el periculum in mora.

Luego, siendo los extremos recurridos, de acuerdo con lo sentado supra, de obligatoria concurrencia para el acuerdo de cualquier tutela cautelar, es evidente que debe ser declarada la IMPROCEDENCIA de la solicitud de medida cautelar solicitada. Así se decide.-

-IV-

DECISIÓN

Por los argumentos antes expuestos, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE, la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Certificación de Discapacidad número 0254-2012 de fecha 6 de marzo de 2012 dictada por la DIRECCIÓN ESTADAL DE S.D.L.T.Z. (DIRESAT-ZULIA), del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES. SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, a la parte demandante recurrente dada la naturaleza del fallo.-

La presente decisión fue dictada en el lapso legal correspondiente.-

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, siendo las doce y veinte minutos de la tarde (12:20 p.m.). En Maracaibo; a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil trece (2013). AÑO 202 DE LA INDEPENDENCIA Y 154 DE LA FEDERACIÓN.

JUEZ SUPERIOR,

ABG. O.J.B.R.

EL SECRETARIO,

ABG. W.S.

Nota: En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las doce y veinte minutos de la tarde (12:20 p. m.). Anotada bajo el n° PJ0142013000053

EL SECRETARIO,

ABG. W.S.

VC01-X-2013-000008