Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Yaracuy, de 15 de Diciembre de 2009

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 15 de Diciembre de 2009

Años 199° y 150°

EXPEDIENTE : N° 4998

PARTE DEMANDANTE

: Ciudadana T.A.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.513.927, domiciliada en Farriar, calle Libertador, diagonal de la Alcaldía de Veroes Municipio Veroes del Estado Yaracuy.

APODERADOS JUDICIALES

DE LA PARTE DEMANDANTE : J.A.G.C. y FELISOLA MÚJICA FLORES, Inpreabogado N° 92.203 y 102.545 respectivamente.

PARTE DEMANDADA

: Ciudadanos R.A.T.G., D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.458.081, 5.457.055, 12.281.952 y 10.370.578 respectivamente, domiciliados el primero en el barrio A.B., calle 24, diagonal a los patrulleros de Chivacoa Municipio Bruzual del Estado Yaracuy y el resto en la entrada de Farriar, calle Libertador, primera casa después del cementerio Municipio Veroes del Estado Yaracuy.

APODERADOS JUDICIALES

DE LA PARTE DEMANDANDA

D.M.P.,

YORVI J.T.P.

y J.I.

LINAREZ BOLÍVAR.

: E.Z. y J.F.M.A., Inpreabogado N° 56.021 y 58.132 respectivamente.

MOTIVO : SIMULACIÓN DE VENTA Y DE HIPOTECA.

La presente demanda fue suscrita y presentada por la ciudadana T.A.R., contra los ciudadanos R.A.T.G., D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., por SIMULACIÓN DE VENTA Y DE HIPOTECA, fundamentando la acción en los artículos 1.360 y 1.281 del Código Civil Venezolano vigente.

Cumplidos los trámites de la distribución la misma fue recibida en este Tribunal en fecha 08 de junio de 2007, dándosele entrada en fecha 13 de junio de 2007.

Por auto de fecha 19 de junio de 2007, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada y se ordenó compulsar copia certificada del libelo de la demanda con su orden de comparecencia al pie. Asimismo, en cuanto a la medida solicitada el Tribunal la proveerá por auto separado.

Al folio 80 cursa boleta de citación del ciudadano YORVI J.T.P., ya identificado, sin firmar y consignada por el Alguacil de este Tribunal señalando que consigna la misma por negarse a firmar la boleta el referido ciudadano.

Al folio 88 cursa boleta de citación de la ciudadana D.M.P., ya identificada, sin firmar y consignada por el Alguacil de este Tribunal señalando que consigna la misma por negarse a firmar la boleta la referida ciudadana.

Al folio 96 cursa boleta de citación del ciudadano R.A.T.G., ya identificado, sin firmar y consignada por el Alguacil de este Tribunal señalando que consigna la misma por cuanto el mencionado ciudadano se mudó al Estado Lara.

Al folio 104 cursa boleta de citación del ciudadano J.I.L.B., ya identificado, sin firmar y consignada por el Alguacil de este Tribunal señalando que consigna la misma por negarse a firmar la boleta el referido ciudadano.

Al folio 112 cursa diligencia presentada por la ciudadana T.A.R., ya identificada, debidamente asistida por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, y solicita la citación por carteles, de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y la complementaria de conforme al artículo 218 ejusdem.

Al folio 113 cursa poder apud-acta otorgado por la ciudadana T.A.R., ya identificada, al abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, certificándolo el secretario de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 01 de octubre de 2007, el Tribunal dicta auto acordando la citación de la parte demandada de conformidad con lo establecido en los artículos 218 y 223 del Código de Procedimiento Civil.

A los folios del 119 al 122 cursan diligencias presentadas por la secretaria de este Tribunal dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 218 y 223 del Código de Procedimiento Civil.

Publicados como fueron los carteles de citación los mismos fueron consignados por la parte actora tal como consta al folio 123, agregándolos el Tribunal por auto de fecha 19 de diciembre de 2007, folio 126.

Al folio 127 cursa diligencia presentada por el abogado J.A.G.C., en su carácter de autos y solicita copias certificadas, acordándolas el Tribunal por auto de fecha 17 de enero de 2008, folio 128.

Al folio 129 cursa poder apud-acta otorgado por la ciudadana T.A.R., ya identificada, a la abogada FELISOLA MÚJICA FLORES, Inpreabogado N° 102.545, certificándolo la secretaria temporal de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Al folio 130 cursa diligencia presentada por la abogada FELISOLA MÚJICA FLORES, Inpreabogado N° 102.545, y solicita el nombramiento del defensor ad-litem, recayendo la designación en el abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, a quien se ordenó librar boleta de notificación a fin de aceptar o excusarse.

Al folio 145 cursa boleta de notificación del abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, debidamente firmada y consignada por la Alguacila de este Tribunal en fecha 22 de enero de 200.

En fecha 26 de enero de 2009 comparece el abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, y aceptó el cargo designado jurando cumplir bien y fielmente con los deberes inherentes al caso.

Al folio 147 cursa diligencia presentada por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, solicitando se deje sin efecto la designación del defensor judicial abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, y sea nombrado otro defensor.

Por sentencia interlocutoria de fecha 04 de febrero de 2009, el Tribunal señaló que consideró procedente la designación del defensor judicial E.Z., Inpreabogado N° 56.021, por no existir causales de inhibiciones señaladas por la parte actora que estén establecidas en la leyes, y ordenó continuar con el procedimiento.

Al folio 150 cursa diligencia presentada por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, solicitando la citación del defensor judicial, acordándola el Tribunal por auto de fecha 13 de febrero de 2009, tal como consta al folio 151.

Al folio 153 y su vuelto cursa poder apud-acta otorgado por los co-demandados D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., ya identificados, a los abogados E.Z. y J.F.M.A., Inpreabogado N° 56.021 y 58.132 respectivamente, certificándolo la secretaria de este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Al folio 154 cursa diligencia presentada por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, solicitando la aplicación del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en su único aparte, asimismo, solicitó se indique los días de despachos transcurridos a partir de la fase de citación presunta.

En fecha 08 de mayo de 2009 el Tribunal dicta decisión declarando improcedente lo solicitado por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, y ordenó continuar con los trámites respectivos para llevar a cabo el acto de contestación a la demanda.

Al folio 158 cursa boleta de citación del abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, debidamente firmada y consignada por el Alguacil de este Tribunal en fecha 30 de junio de 2009.

Al folio 159 cursa diligencia presentada por el abogado E.Z., Inpreabogado N° 56.021, y solicita la reposición de la causa al estado de practicarse nuevamente la citación de la parte demandada.

En fecha 08 de julio de 2009 el Tribunal dicta decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil y ordena suspender la causa hasta que la parte actora solicite nuevamente la citación de la parte demandada.

Al folio 163 cursa diligencia presentada por el abogado J.A.G.C., Inpreabogado N° 92.203, y solicita la citación de los demandados, acordándola el Tribunal por auto de fecha 07 de octubre de 2009 y ordenó librar nuevamente boleta de citación a los demandados ya identificados.

A los folios del 169 al 172 cursan boletas de citación de los ciudadanos R.A.T.G., D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., sin firmar y consignadas por el Alguacil de este Tribunal en fecha 14 de diciembre de 2009, señalando que consiga las mismas por cuanto la parte actora no ha cumplido con las obligaciones previstas en la Ley.

AL RESPECTO EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA LO SIGUIENTE:

Los procesos son una serie de actos coordinados para el logro de un fin determinado, y en sentido procesal, es el camino a seguir para resolver las controversias que se llevan a los estrados judiciales. El objeto del mismo es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez para que dicte una resolución que, con autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado. Siendo así que la sentencia definitiva pronunciada por el juez constituye el modo normal de terminación del proceso, sin embargo, existen otros modos de llegar a esta etapa, los cuales son excepcionales o especiales por su esencia como la transacción, conciliación, desistimiento, convenimiento o perención.

En el caso bajo estudio, se plantea que el alguacil del Tribunal consigna boletas de citación de la parte demandada en fecha 14 de diciembre de 2009 por cuanto la parte actora no proveyó de los emolumentos para la practica de la misma, tal como constan a los vueltos de los folios 169, 170, 171 y 172; tomando en cuenta la fecha 07 de octubre de 2009, fecha ésta en la cual fue ordenada librar nuevamente boleta de citación a los demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil.

Define la Doctrina Venezolana que el fundamento de la perención es la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia, por la inactividad de las partes por el tiempo establecido en la ley. La razón de la misma es que el Estado, después de un periodo de inactividad prolongado, entiende librar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer las demandas y de todas las obligaciones derivadas de la relación procesal. La perención tiene por efecto la extinción de la instancia, es decir, la anulación del proceso, dejando viva la acción, por lo que el demandante podrá intentarla nuevamente pasados noventa días que se haya verificado su declaración.

A su vez el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que:

TODA INSTANCIA SE EXTINGUE POR EL TRANSCURSO DE UN (1) AÑO SIN HABERSE EJECUTADO NINGUN ACTO DE PROCEDIMIENTO POR LAS PARTES"

Asimismo el M.T. de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido que: “La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil... La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal...”

Ahora bien, en cuanto a la perención breve se contempla tres casos en el artículo 267 ejusdem, y a diferencia de la perención ordinaria que esta fundada en la presunta voluntad de las partes de abandonar la instancia, la perencion breve se da por el incumplimiento por las partes de ciertos actos de impulso del procedimiento, por cuanto su propósito es imponer la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento a causa al demandado, tal como lo establece el artículo 267 ejusdem en sus ordinales 1º.2º.y 3º.

En el caso bajo estudio se toma en cuenta lo establecido en el artículo 267 ejusdem en su ordinal 1º que reza:

También se extingue la instancia:

1º Cuando transcurridos los treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…

Este ordinal tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perencion de la instancia, que el actor no cumpla con sus obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. El cómputo de los treinta días comienza desde el momento en que nace para el demandante la obligación de gestionar la citación del demandado. El propósito de la perención breve es forzar la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento a causa al demandado, bajo una amenaza de perencion, se logra una activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un tiempo muy largo, de modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estimulo en que se encuentran las partes de realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso.

Define el autor A.R.R. que las perenciones breves producen el mismo efecto de la perencion ordinaria, pero se diferencian de ella en que las primeras se declaran por la presunta voluntad de las partes de abandonar la instancia, en cambio, en las segundas se basan en el incumplimiento por las partes de ciertos actos de impulso del procedimiento, como el incumplimiento por el autor de una carga de gestionar la citación del demandado en el plazo establecido en la ley.

Asimismo El M.T. de la República Bolivariana de Venezuela ha establecido en sentencia de fecha 6 de julio de 2004 de la Sala de Casación Civil lo siguiente:

...Las normas atinentes a la perención de interpretación restrictiva, por su naturaleza sancionatoria, a juicio de la Sala y con vista al contenido del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, basta con que el recurrente cumpla con alguna de las obligaciones que la ley le impone a los fines de practicar la citación del demandado, antes referidas, para que no se produzca la perención, ya que las actuaciones subsiguientes, como se expuso en el fallo del 22 de abril de 1992 antes citado, corresponden íntegramente realizarlas al tribunal de la causa de conformidad con lo indicado en el artículo 218 eiusdem; y sin que la parte tenga ingerencia alguna en esas actuaciones subsiguientes, sino que las mismas están a cargo del tribunal.

(...Omissis...)

El ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (sic) tiene como supuesto de hecho para que se produzca la perención de la instancia, que el actor no cumpla con las obligaciones que la ley le impone para que se practique la citación del demandado. La mención de la palabra obligaciones en la norma en comento está en plural. Por argumento en contrario, como antes se refirió, si el actor cumple con alguna de las obligaciones que tiene a su cargo, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1º del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con las obligaciones...’

.

(...Omissis...)

Ratificando la doctrina antes expuesta, la Sala observa que la recurrida asentó que la demanda se admitió el 23 de julio de 1997, y el 30 de julio de 1997, siete (7) días después, la actora canceló la planilla de arancel judicial para practicar la citación de los co-demandados. Por tanto, a criterio de la Sala, la actora cumplió con las obligaciones que la ley le impuso para citar a los co-demandados dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión del libelo; actuación suficiente para evitar la sanción de que trata el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo supuesto de hecho, ciertamente, la alzada infringió, por falsa aplicación, al decretar la perención de la instancia, pues al haber la actora cumplido con las obligaciones a su cargo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de admisión de la demanda, era improcedente decretar la perención de la instancia en el proceso....” (Lo subrayado es de lo transcrito)

………Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.

Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide.

Ahora bien, se evidencia de las actas procesales que conforman la presente causa que se ordenó la práctica de la citación de la parte demandada de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, en fecha siete (07) de octubre de 2009 (folio 164), siendo hasta el día catorce (14) de diciembre de 2009, fecha en la que el Alguacil de este Juzgado consignó las boletas de citación sin firmar libradas a los ciudadanos R.A.T.G., D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., ya identificados, alegando que la parte actora no ha cumplido con las obligaciones previstas en la Ley.

Se evidencia de autos el incumplimiento por parte del actor de la obligación a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, esto es, dejar constancia en el expediente dentro del lapso de treinta días siguientes al auto de fecha 07 de octubre de 2009, de haber puesto a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada de autos; ya que la ubicación de los demandados difiere a mas de quinientos metros del Tribunal.

En consecuencia, al no dar estricto cumplimiento la parte actora de la obligación a que se refiere el artículo 12 ejusdem en los términos señalados en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, considera quien juzga que habiendo transcurrido sobradamente mas de treinta días sin que haya cumplido la parte actora con las obligaciones que le establece la ley, es procedente en el presente caso la declaratoria de la perención breve establecida en el artículo 267 en su ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil. ASI SE ESTABLECE.

Por los razonamientos anteriormente explanados, a la luz del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil los jueces deben procurar acogerse a la doctrina casacionista establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, esta operadora de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio los criterios jurisprudenciales in comento, por lo que inexorablemente este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley de conformidad con el ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

DECLARA:

PRIMERO

LA PERENCIÓN BREVE, en el juicio de SIMULACIÓN DE VENTA Y DE HIPOTECA, que sigue la ciudadana T.A.R., contra los ciudadanos R.A.T.G., D.M.P., YORVI J.T.P. y J.I.L.B., antes identificados.

SEGUNDO

No hay condenatoria en costa conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los 15 días del mes de Diciembre de 2009. Años: 199° y 150°.

La Jueza,

Abg. W.Y.R.

La Secretaria Temporal,

Abog. I.M.M.

En esta misma fecha y siendo las 3:20 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.

La Secretaria Temporal,

Abog. I.M.M.