Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 16 de Abril de 2008 |
| Emisor | Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Diana Beatriz Carrero Quintero |
| Procedimiento | Interdicto Posesorio |
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. San Cristóbal, 16 de abril de 2008
Vistas las actas que conforman el presente expediente, esta juzgadora pasa a hacer las siguientes consideraciones:
En fecha 01 de marzo de 2007, se admitió la demanda de INTERDICTO POSESORIO, interpuesta por el ciudadano A.R.V.O., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.221.087, procediendo en nombre propio y en representación de la COOPERATIVA BOLIVARIANA EL T.D.L.E.I.; L.A.P.Y. y L.A.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°s. V-8.988.559 y V-9.219.158, respectivamente, asistidos por el abogado A.N.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 30.449, contra los ciudadanos R.D.P.M. y C.E.S.R., venezolanos, mayores de edad, respectivamente; decretándose el amparo a la posesión a favor de los ciudadanos A.R.V.O., procediendo en nombre propio y en representación de la COOPERATIVA BOLIVARIANA EL T.D.L.E.I.; L.A.P.Y. y L.A.R., comisionándose para ejecutar dicho decreto al Juzgado (distribuidor) Especial Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, Guásimos, F.F., Libertador y A.B. de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, librándose al efecto oficio N° 299, así mismo, se ordenó emplazar a la parte demandada, acordándose librar las boletas de citación, una vez que la parte actora suministrará el costo de los fotostatos a fin de elaborar y formar las respectivas boletas.
En fecha 09 de marzo de 2007, diligenció el alguacil del tribunal informando que “…la parte actora el día 07/03/2007 me suministro el valor de los fotostatos necesarios para elaborar la respectiva boleta de citación…”; acordándose mediante auto del 13 de abril de 2007, la expedición de las boletas de citación para la parte demandada, sin que hasta la presente fecha la parte actora haya retirado el oficio librado al Juzgado Ejecutor de Medidas para el ejecutar el decreto acordado, y por ende, ni se haya verificado la
citación de los demandados, en tal virtud se hace necesario que este órgano jurisdiccional verifique si la instancia ha perimido.
La perención esta regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
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Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…"
En el caso que nos ocupa, se observa claramente que desde la fecha de la admisión de la demanda y de la expedición de las boletas de citación para las demandadas, ha transcurrido más de un (01) año, sin que la parte demandante haya realizado los actos tendentes al impulso procesal requerido para practicar la citación de la parte demandada.
En este sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 000437 de fecha 11 de mayo de 2004, señaló lo siguiente:
…no debe entenderse que la citación debe ser practicada, dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. NO. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días…
… “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal: de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación”. (Criterio que acoge este Tribunal)
En este orden de ideas, tenemos que el procesalista Ricardo Henríquez La Roche al respecto, expresa lo siguiente:
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo); y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (CHIOVENDA).
La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de interés (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir
.
En efecto, el legislador adjetivo incluyo en el texto contentivo de los trámites e instituciones procesales, la consagración de la perención de la instancia. Para algunos autores, la perención de la instancia es el aniquilamiento o muerte de esta por inacción en el proceso durante el tiempo marcado por la ley.
Como fundamento político del instituto procesal en comento se ha sostenido que con él se tiende a restablecer el orden jurídico alterado por la existencia de un proceso como así obtener pacificación social, la tranquilidad pública, la estabilidad y certidumbre de los derechos.
Considera un sector de la doctrina que la perención tiene por base una presunción de desistimiento del proceso por abandono de la instancia por parte de quien tiene interés en mantenerla viva. Para otro sector, la misma se justifica por el Interés o la necesidad de que los procesos no se eternicen o que se produzca demora en el trámite de las causas.
Deben verificarse tres condiciones para que se extinga el proceso por perención. En primer lugar el supuesto básico, la existencia de una instancia; en segundo, la inactividad procesal; y el tercero, el transcurso de un plazo señalado por la ley.
El artículo 267 Código de Procedimiento Civil en su parte inicial señala:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
De la lectura de las actas procesales, se puede observar la total y absoluta inercia del sujeto activante del mecanismo jurisdiccional, quien luego de presentar la solicitud correspondiente y haber suministrado el costo de los fotostatos para elaborar las compulsas respectivas, abandonó el iter procesal, pues no realizó ningún acto tendente a darle continuidad y mantener activa la instancia.
En consecuencia, habiendo transcurrido más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por el demandante, ya que, no consta en autos que haya impulsado, luego de librado el oficio para ejecutar el decreto de amparo, así como libradas las boletas, a los fines de practicar la citación de los demandados, incumpliendo de esta manera una de las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la citación del demandado, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, SE DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa y así se decide.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese de la presente decisión a la parte actora y procédase al archivo del presente expediente en su oportunidad legal.
Abg. D.B.C.Q.
Juez Temporal
Abg. I.M.R.A.
Secretaria
En la misma fecha se elaboró la boleta de notificación para la parte actora.
Abg. I.M.R.A.
Secretaria
Exp. N° 5816
