Decisión nº 075 de Tribunal Superior del Nuevo Régimen y Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de Merida, de 2 de Julio de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero Superior del Trabajo

de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida

203º y 154º

SENTENCIA Nº 075

ASUNTO PRINCIPAL: LP21-N-2012-000044

ASUNTO: LP21-R-2012-000119

SENTENCIA DEFINITIVA

- I -

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

ACCIONANTE: Trolebús Mérida, C.A. (TROMERCA), creada mediante Decreto Nº 6.848, publicada en Gaceta Oficial N° 39.234, de fecha 04 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el N° 379-3996, Tomo 137-A R1MÉRIDA, número 4, de fecha 9 de septiembre de 2009, representado por el ciudadano M.R.U., venezolano, titular de la Cédula de Identidad número V-12.349.795, en su condición de presidente de la empresa, domiciliado en Mérida, Estado Mérida.

APODERADO JUDICIAL DE LA ACCIONANTE: G.E.G.V., A.T.A.M., A.M.V.M. y Dexsy C.P.V., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-15.516.963, V-11.213.220, V- 14.781.142 y V-15.408.741 en su orden, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 121.773, 89.244, 121.392 y 115.178 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Mérida.

ACCIONADA: Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, representada por el ciudadano Yoberty Díaz Vivas, en su condición de Inspector del Trabajo Jefe en el Estado Mérida, según Resolución Nº 6434, de fecha 22/05/2009.

MOTIVO: Nulidad de Acto Administrativo, dictado por el Inspector del Trabajo del Estado Mérida, consistente en la P.A. Nº 00124-2011, de fecha 26 de mayo de 2011, expediente administrativo N° 046-2009-06-00361.

-II-

BREVE RESEÑA

Las presentes actuaciones llegaron a esta Alzada, por el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho G.E.G.V. , en su condición de co-apoderado judicial de la parte accionante sociedad mercantil Trolebús Mérida, -C.A. (TROMERCA)., ya identificada, contra el fallo definitivo proferido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha veintisiete (27) de junio de 2012, que declaró Sin Lugar el Recurso de Nulidad interpuesto, en el juicio que por Nulidad de Acto Administrativo sigue la parte recurrente contra la P.A. N° 00124-2011, de data 26 de mayo de 2011, proferida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, en el expediente administrativo N° 046-2009-06-00361.

El recurso de apelación fue admitido en ambos efectos por el Juzgado A-quo, mediante auto fechado veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013); y de acuerdo al artículo 89 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordenó remitir el expediente original a este Tribunal Primero Superior, con oficio No J2-78-2013, recibiéndose por auto de fecha cinco (05) de febrero de 2013.

El asunto fue sustanciado conforme a lo establecido en la norma 91 y siguientes eiusdem, en efecto, se le otorgó al recurrente un lapso de diez (10) días hábiles, para la presentación de los fundamentos de la apelación, y se advirtió que vencido dicho lapso, se dictaría por auto expreso la apertura del lapso de cinco (5) días hábiles de despacho, a los fines de que la contraparte de contestación por escrito a la apelación, el indicado auto fue emitido en fecha veinticinco (25) de febrero de 2013 y finalmente en auto fechado dos (02) de mayo de 2013, se informó a las partes del lapso para la publicación de la sentencia.

Así las cosas, y estando en la oportunidad para publicar el texto integro de la decisión, pasa a reproducirse en los términos siguientes:

-III-

FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN

En fecha 19 de febrero de 2013 (folios del 303 al 307), la representación procesal de la accionante-recurrente, presentó escrito a través del cual fundamentó la apelación ejercida, indicando lo que se transcribe textualmente a continuación:

(…) INFRACCIÓN DE LEY

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 313 de Código de Procedimiento Civil, que resulta supletoriamente aplicable a los requisitos de la sentencia por remisión del artículo 31 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa—materia en la cual ejerció su potestad jurisdiccional el Tribunal de la causa y no en su especialidad laboral donde los requisitos de la sentencia son distintos--, en correlación con el artículo 243, numeral 4, del citado Código, se denuncia que el a quo incurrió en falta de aplicación del artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 9, numeral 1, del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de la Ley de la Procuraduría General de la República, y artículos 7 y 8 eiusdem, al indebidamente no considerar necesaria la notificación de la procuraduría General de la República, desnaturalizando la noción del orden público constitucional.

Al efecto, el a quo en la motivación de la sentencia señaló:

Así las cosas, observa este Tribunal, que la parte recurrente, a los fines de fundamentar el vicio alegado, relacionado con la falta de notificación de la Procuraduría General de la República, al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio instaurado ante la Inspectoría del Trabajo, en desacato del cumplimiento de una orden administrativa, de conformidad con el artículo 642 de la Ley Orgánica del Trabajo, alega que la Sociedad mercantil TROLEBUS MERIDA, C.A. (TROMERCA), es una empresa del Estado Venezolano, que goza de privilegios y prerrogativas, evidenciándose un quebrantamiento al debido proceso, razón por la cual, solicita al tribunal, establezca la violación de los derechos a la defensa y al debido proceso sufridos por la empresa recurrente, los cuales se configuran cuando se niegan a una de las partes, la posibilidad de exponer sus razones y derechos ante quien lo esté cuestionando, bien sea porque se le impida su participación en los procedimientos que puedan afectarlo o porque no puede intervenir en la fase probatoria o en último caso, porque no se le notifiquen los actos que pueden incidir en la esfera de sus derechos.

Ahora bien, de la revisión minuciosa del procedimiento administrativo, instaurado ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, se evidencia que la empresa aquí recurrente TROLEBUS MÉRIDA, C.A. (TROMERCA), fue debidamente notificada del procedimiento sancionatorio, cursante por ante la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo en el Estado Mérida (folio 117), por presunto incumplimiento a los requerimientos de los artículos 639 y 642 de la ley Orgánica del trabajo, por lo que mal podría alegar indefensión, violación al derecho a la defensa y al debido proceso, pues notificada se hizo parte en el proceso administrativo, al consignar escrito de alegatos (folio 148 al 150).

Por otro lado, en relación a la falta de notificación de la Procuraduría General de la Republica del inicio del procedimiento administrativo instaurado ante la inspectoría del Trabajo, es conveniente resaltar lo señalado en los artículos 2, 96 y 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,

Articulo 2.- En ejercicio de las potestades que le confiere la Constitucion de la República Bolivariana de Venezuela, son competencias exclusivas de Procuraduría General de la República, asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.

Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa y y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República.

Artículo 96.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directamente o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República…

.

Artículo 97.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directamente o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República…

.

De conformidad con las citadas disposiciones jurídicas, se destaca en las mismas se ordena a los funcionarios judiciales, notificar al Procurador General de la República de toda solicitud que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República, resultando concluyente que los Inspectores del Trabajo no tienen la condición de funcionarios judiciales, por ende, en los procedimientos administrativos no es obligatoria la aplicación del citado artículo, dado que tal orden se encuentra prevista en los procesos judiciales, no existiendo tal obligación en los procedimientos que se lleven en sede administrativa; siendo así, esa omisión del órgano administrativo, no puede considerarse como una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, pues la notificación de la Procuraduría General de la República, de Conformidad con el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es a título informativo y no a los efectos de comparecer en la sede administrativa y su inobservancia no altera la relación procesal entre las partes directamente interesadas, en virtud que la defensa la ejerce directamente la empresa reclamada, máxime que fue debidamente notificada para comparecer al órgano administrativo. (Negrillas añadidas).

En consecuencia, considera este Tribunal, que en el proceso, llevado en el expediente administrativo Nº 046-2009-06-00361, no se violó el derecho a la defensa a la accionada, ni los trámites esenciales del procedimiento, que causaren indefensión a la accionada; por lo tanto, se declara IMPROCEDENTE este vicio denunciado por el recurrente en su escrito liberar. Así se decide.

La falta de aplicación tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal que esté vigente a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance.

Al respecto, como punto previo y sin perjuicio de lo que se refiere más adelante, es de señalar que, el órgano administrativo así no exista norma expresa que ordene notificar los procedimientos administrativos a la República, está obligado por los derechos e intereses que están involucrados, e incluso el patrimonio de la República y sus entes descentralizados funcionalmente; por lo que, no puede hacerse una afirmación como lo decidió el a quo, que si no lo consagra expresamente una norma, no hay la obligatoriedad de cumplir con la notificación ni que no se aplican los artículos 2,96 y 97 de Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, por no ser el procedimiento administrativo una actividad jurisdiccional, ni el inspector un funcionario judicial-, y es que, contrario a lo referido por el jurisdicente, la notificación, le permite al Procurador General de la República en representación de parte o tercero interesado en garantía de la estructura organizativa que conforma la Administración Pública, intervenir en vía administrativa o jurisdiccional, en protección de los derechos e intereses que se pueden ver afectados.

Sostener como erradamente motivó la primera instancia la sentencia recurrida es entender que los procedimientos administrativos son irrelevantes y sin repercusiones, situación que no es el caso de marras en el que se ordenó el reenganche de la trabajadora con el pago de salarios caídos, con el agravante de un procedimiento sancionatorio, lo cual repercute en el patrimonio público, máxime que la competencia dada a dichos órganos administrativos le ha sido deferida por el Estado Venezolano en el uso de la potestad legislativa para descongestionar la actividad jurisdiccional y en dicha actividad administrativa se debe cumplir con las garantías y principios constitucionales previsto en la Constitución de Nacional, garante del debido proceso y el derecho a la defensa.

En este orden, se apartó el a quo del contenido del artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la Procuraduría General de la República asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, en cuyo caso, la vía administrativa, como lo constituye el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, asi como el sancionatorio, son formas extrajudiciales en la que interviene el respectivo órgano administrativo, y al que hay que notificar conforme a la N.N. y en el ámbito legal el artículo 9, numeral 1, del decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, que fueron dejados de aplicar al caso in examine.

De forma que, la sentencia del a quo se dictó en franca vulneración del ordenamiento jurídico, al considerar la primera instancia que no estaba el Inspector del Trabajo obligado a notificar al Procurador General de la República, cuando debió haber notificado de forma obligatoria, por ser TROMERCA, una empresa de la República, con accionista único que es el Estado Venezolano.

Para el caso in examine constituye un Procedimiento sancionatorio derivado de supuesto incumplimiento a una providencia dictada en una solicitud de reenganche con el pago de salarios caídos establecido en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable ratione temporis, y que está dirigido contra la Administración Pública Descentralizada funcionalmente a través de una empresa del Estado como lo es TROMERCA, cuya competencia le es transferida, es decir, la asignación de la prestación de un servicio público como lo es el transporte público –hecho notorio en aplicación del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil--, que le fue asignada por el Estado Venezolano, en la que la República Bolivariana de Venezuela es el único accionista.

De manera que el órgano administrativo de la Inspectoría de Trabajo está obligada a notificar al Procurador General de la República del respectivo procedimiento — so pena de viciarse de nulidad absoluta todo lo actuado como ocurrio en el caso in examine, en la que el inspector notificó como se evidencia del procedimiento de reenganche y ago de salarios caidos- fue al Procurador del Estado Mérida- verdadero representante del sujeto pasivo- y no al Procurador General de la República, y es que, cada uno tiene representaciones de los ente políticos territoriales y sus entenes desentralizados funcionalemte especifico, en función de la estructura vertical ala que esta integrada la procuraduría, lo cual fue obviado por el jurisdicente al momento de dictar la decisión definitiva, lo cual se tradujo en crear un estado de indefensión de mi representada, por tener efectos distintos las notificaciones de uno u otro ente el Estado Venezolano.

En consecuencia, no puede el juez hacer senda argumentación jurídica aislada de los fines supremos del Estado, y el interés colectivo que es propio de la administración pública, ya que, los entes descentralizados funcionalmente como empresas del Estado, y para el caso de marras, “TROLEBUS MÉRIDA, C.A.” (TROMERCA), empresa del Estado Venezolano, creada mediante Decreto Nº 6.848, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.234, de fecha 4 de agosto de 2009, publicada su acta constitutiva, estatutos y nombramiento de la Junta Directiva en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.261, del 10 de septiembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el Nº 379-3996, tomo 137-A R1MÉRIDA, número 4, de fecha 9 de septiembre de 2009, no son formas organizativas de particulares o de un ciudadano o de socios comunes, sino la descentralización de una competencia de la República, en un ente creado para tal fin, por lo que es obligatorio la notificación al Procurador General de la República de cualquier procedimiento administrativo, que para el caso de estudio no se cumplió tal y como se aprecia del propio expediente administrativo que se encuentra agregado a la causa, lo que implica que el acto administrativo o p.a. Nº 00124-2011, de fecha 26 de mayo de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, que abrió el procedimiento sancionatorio laboral a que se contrae el expediente Nº 046-2009-06-00361, en cuyo procedimiento sancionatorio abrió una multa a mi representada declarándola en consecuencia infractora, está viciado de nulidad absoluta en aplicación en aplicación del artículo 19, numeral 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por falta de aplicación del artículo 7 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República.

Al respecto es necesario indicar que el juez de la primera instancia incurrio en falta de aplicación del artículo 7 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, cuyo contenido señala:

Artículo 7 Los funcionarios o funcionarias judiciales registradores, notarios, y demás autoridades nacionales, estadales y municipales, están obligadas a prestar gratuitamente los oficios legales de su ministerio Procuraduría General de la República; a informar a ésta de cualquier hecho o acto que afecte algún derecho, bien o interés a favor de la República del cual tuvieren conocimiento en ejercicio de sus atribuciones y a remitirle, si fuere el caso, copia certificada de la documentación respectiva.

Articulo 8 Las normas de este decreto ley son de orden público y se aplican con preferencia a otras leyes.

El Inspector del Trabajo del Estado del Estado Mérida es un funcionario de la Administración Pública Nacional, por ser la Inspectoría un órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y la Seguridad Social, por una parte – como así lo entendió y dejó de hacerlo en el expediente en cuestión--, y por la otra, está obligado a notificar al Procurador General de la República del procedimiento administrativo, como lo constituye entre otros tantos el de reenganche y pago de salarios caídos previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como el sancionatorio aplicable ratione temporis, a ello se refiere el legislador al indicar en el artículo 7 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, que debe informar o notificar al representante a la respectiva autoridad [Procurador General de la República], lo cual indefectiblemente no se cumplió para el caso de marras, y así pido sea declarado.

Ahora bien , se afectan los derechos e intereses no solo de la Empresa del Estado TROMERCA, sino incluso de la propia República Bolivariana de Venezuela, por ser accionista única de la respectiva sociedad mercantil, y es que, al ordenarse el reenganche con el pago de salarios caídos y con mayor brevedad un procedimiento sancionatorio, que debía hacerse contra la Gobernación del Estado Mérida, debido a que la relación laboral fue con ella, generando esto un daño patrimonial, que repercute en el Estado Venezolano, en cuyo caso estaría obligado a presupuestar la respectiva deuda, de un procedimiento que se ha dictado en franca vulneración a la legalidad, no acatada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, violentándose los artículos 7, 25 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículo 4 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en consecuencia, deviene viciada de nulidad absoluta la providencia que ordenó el reenganche, en aplicación del artículo 19, numeral 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, e igualmente por infracción de los artículos 7 y 8 del Decreto de Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República. Al no haber declarado el a quo la nulidad de la respectiva providencia, vicia la sentencia hoy recurrida, por los preceptos aquí señalados, los cuales obvio al momento de decidir.

En este orden, cabe señalar que las normas del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, son de orden público, como se establece en su artículo 8, no siendo derogable, por ningún funcionario, bien sea en vía administrativa o jurisdiccional, porque forma parte del debido proceso que rige e vía administrativa en aplicación del artículo 49 dentro de la N.N., establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

(…Omissis…)

En tal sentido, los artículos 7 y 8 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República, son de estricto orden público, que no puede ser desconocidos por el Inspector del Trabajo del Estado Mérida, y mucho menos por el jurisdicente, porque es mantener la grosera vulneración al orden público, que no es permisible ni aceptable en ningún administrador de justicia.

Por consiguiente, deviene nula la sentencia emanada del Tribunal Primero (sic) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, de fecha 27 de junio de 2012, asunto LP21-N-2011-000054, toda vez que no declaró la nulidad absoluta de la p.a. de fecha 26 de mayo de 2011, la cual corre inserta al expediente administrativo N° 046-2010-06-00361, emanada del órgano desconcentrado de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, por las infracciones denunciadas ut supra

PETITORIO

Por las consideraciones antes expuestas, actuando en sede contencioso administrativa, para que el presente escrito sea agregado a los autos, admitido y sustanciado conforme a derecho para que surta sus efectos legales en cuanto a las pretensiones aquí contenidas, en especial para que declare CON LUGAR la apelación interpuesta y en consecuencia revoque la sentencia apelada dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de fecha 27 de junio de 2012, asunto LP21-N-2011-000054, y en consecuencia, se declare con lugar la pretensión de nulidad de la p.a. N° 00124-2011, de fecha 26 de mayo de 2011, la cual corre inserta al expediente administrativo N° 046-2010-06-00361, que ordenó pagar como sanción a mi representada declarándola infractora, por la suma de UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 1.618,42).”.

-III-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De los fundamentos de apelación, se extrae, que la co-apoderada judicial de la empresa accionante delató que la decisión del A quo incurrió en falta de aplicación del artículo 247 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 7, 8 y 9 [Num. 1] del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al no considerar necesaria, en el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, instaurado por ante la Inspectoría del Trabajo, en desacato al cumplimiento de una orden administrativa, la notificación de la Procuraduría General de la República, “… cuando debió haber notificado de forma obligatoria, por ser TROMERCA, una empresa de la República, con accionista único que es el Estado Venezolano”.

Determinado lo anterior, pasa este Tribunal, a revisar las actuaciones efectuadas en la jurisdicción administrativa, que obran agregadas en copias fotostáticas certificadas, concretamente desde el folio 128 hasta el folio 191, ambos inclusive, evidenciándose lo siguiente:

1. - Que, en fecha 07 de septiembre de 2009, el abogado R.U., con el carácter de Jefe de Sala Laboral adscrita a la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, dejó constancia mediante acta, que la empresa Trolebús Mérida C.A. (Tromerca), desacató la Ejecución Forzosa de la P.A. de fecha 07 de septiembre de 2009, que declaró con la lugar el solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano Renny H.D.G., proponiendo que se aperture el procedimiento de multa contenido en el artículo 647 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo (Ley vigente para la época, 1997).

2. - Que, en fecha 09 de noviembre de 2009, la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, emitió auto con fundamento en el oficio emanado de la Sala Laboral de Fueros, aperturando el procedimiento de aplicación de sanciones a la empresa Trolebús Mérida C.A. (Tromerca).

3. - Que, obra boleta de notificación librada a Trolebús Mérida C.A. (Tromerca), indicándose que por presunto incumplimiento de los requerimientos laborales que hiciera la Sala de Fuero Laboral, debería comparecer a la Inspectoría, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a su notificación, caso contrario, se le aplicaría lo establecido en el último parágrafo del literal “c” del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo; se observa, que la notificación la recibió la ciudadana Yabeliz A.C., en fecha 12 de noviembre de 2009.

4. - Que, la sociedad mercantil Tromerca, en la oportunidad de formular los alegatos en el procedimiento sancionatorio, solicitó la reposición de la causa, por la falta de notificación a la Procuraduría General de la República (folios del 148 al 150).

5. - Que, en auto fechado 07 de enero de 2010, el Inspector del Trabajo del Estado Mérida, visto que transcurrieron los lapsos procesales establecidos en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo y habiendo la empresa Sociedad Mercantil ”Trolebus Mérida C.A. (TOMERCA)”, realizado todos los autos conducentes a su defensa dentro del lapso concedido, se declaró terminada la averiguación e indicó que pasó a decidir la causa (folio 182).

6. - Que, en fecha 26 de mayo de 2011, se p.p. administrativa N° 046-2010-06-00361, en la cual se declaró Infractora a la Sociedad Mercantil Trolebús Mérida C.A. (Tromerca), indicándose los recursos a lugar (folios del 183 al 185), notificando a la infractora en fecha 06 de junio de 2011 (folios 189), y librándose planilla de liquidación N° 00140-2011.

Puntualizado el procedimiento administrativo “sancionatorio”, con relación a la notificación de la Procuraduría General de la República, es propicio citar las siguientes normas:

De la actuación de la Procuraduría General de la República cuando la República no es parte en juicio

Artículo 96.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República…

(Subrayado y negrillas de la Alzada).

Artículo 97.- Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República…

Conforme a las citadas normas, en efecto, los funcionarios judiciales, están obligados a notificar al Procurador General de la República, de toda demanda o solicitud que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República, no obstante, los Inspectores del Trabajo no tienen la condición de funcionarios judiciales, razón por la cual, en los procedimientos administrativos no es necesaria la aplicación de los pre-citados artículos, en virtud de que tal mandamiento, es para los procesos judiciales, no existiendo tal obligación en los procedimientos que se lleven en sede administrativa; por lo que no debe considerarse como una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, pues la notificación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 96, que se encuentra en la Sección Cuarta del Capitulo II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es a titulo informativo y no a los efectos de comparecer a la sede administrativa y su inobservancia no altera la relación procesal entre las partes directamente interesadas, en virtud que la defensa la ejerce directamente la empresa reclamada, máxime que fue debidamente notificada para comparecer al organismo administrativo, y no esta en un juicio judicial, pues es un proceso de dio para la imposición de una multa por desacatar un acto administrativo.

Así las cosas, es fundamental destacar que, del análisis de las actuaciones administrativas, se evidencia que la empresa Trolebús Mérida C.A. (Tromerca), (hoy recurrente), fue debidamente notificada del inicio del procedimiento sancionatorio, por presunto incumplimiento a los requerimientos laborales que le hiciera la Sala de Fuero Laboral de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, indicándosele que debía comparecer dentro de los ochos (8) días siguientes a la notificación, por lo que asistió la sociedad mercantil, a través del profesional del derecho G.E.G.V., con la condición de representante judicial, dentro del lapso legal previsto en el artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), expresando los alegatos que consideraron pertinentes para solicitar la improcedencia del procedimiento sancionatorio; en consecuencia, se advierte que, en efecto dicha sociedad mercantil ejerció los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, que le asisten, conforme a las normas 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De ésta manera, considera quien juzga que, la omisión en sede administrativa, al no atender a una norma legal dirigida expresamente a funcionarios judiciales, a los fines de notificar a la Procuraduría General de la República, cuando la República no es parte en el juicio, no puede entenderse como una violación de orden constitucional en contra de la empresa “Trolebús Mérida C.A. (TROMERCA)”, que genere la invalidezdel acto administrativo, pues su inobservancia no alteró la relación procesal entre las partes directamente interesadas, resaltándose que la defensa de la compañía TROMERCA la ejerce directamente esa sociedad mercantil, por lo que esa falta de notificación no impidió que la accionante (TROMERCA) ejerciera su derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio dirigido en sede administrativa, que en definitiva es lo que da garantía de una tutela judicial efectiva, cumpliendo así con el fin último del proceso, que es la realización de la justicia, de acuerdo al artículo 257 de la Carta Fundamental de los Venezolanos.

De acuerdo con lo expuesto, cabe destacar que, este Tribunal Superior del Trabajo, en una demanda de Nulidad propuesta por la Universidad de Los Andes, en la oportunidad de conocer delató la falta de notificación de la Procuraduría General de la República, en un procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos, en sede administrativa, este Juzgado, determinó que: “(…) por lo que esa falta de notificación no impidió que la accionante (Universidad de Los Andes) ejerciera su derecho a la defensa en el procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos en sede administrativa (…)” [sentencia N° 147, publicada en fecha 17 de diciembre de 2012 (Caso: Universidad de Los Andes contra Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida)]; pronunciamiento éste, que expresa el no quebrantamiento de normas constitucionales ante la falta de notificación de la Procuraduría General de la República, lo cual coincide con lo examinado en el presente fallo. Y así se decide.

Finalmente, considera este Tribunal que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a la legalidad, motivo por el cual se declara SIN LUGAR el recurso de apelación y se confirma la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 27 de junio de 2012, que declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y en efecto el acto administrativo goza de validez y legalidad. Y así se decide.

- IV -

DISPOSITIVO

Por las consideraciones precedentemente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

SIN LUGAR el recurso de apelación formulado por la abogada Dexsy C.P.V., en su condición de co-apoderada judicial de la parte recurrente “Trolebús Mérida, C.A., (TROMERCA), contra el fallo definitivo proferido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de data veintisiete (27) de junio de 2012, que declaró Sin lugar el Recurso de Nulidad interpuesto.

SEGUNDO

SE CONFIRMA el fallo recurrido, en el que se declaró:

PRIMERO

SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD contra el ACTO ADMINISTRATIVO, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MERIDA, relacionado con la P.A. N° 00124-2011 de fecha 26 de mayo de 2011, contenida en el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 046-2009-06-00361, interpuesto por el abogado G.E.G.V., titular de la cédula de identidad número V-15.516.963, obrando en nombre y representación de la empresa “TROLEBUS MERIDA, C.A.” (TROMERCA).

SEGUNDO

SE REVOCA la medida cautelar de SUSPENSIÓN DE EFECTOS que fue declarada procedente por este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante sentencia interlocutoria, de fecha 06 octubre de 2011, en el cuaderno separado de medidas identificado con el Nº LH22-X-2011-000032.

TERCERO

Se ordena la notificación de la ciudadana Procuradora General de la República de la presente decisión, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

CUARTO

Se ordena la notificación del ciudadano Inspector del Trabajo en el Estado Mérida, de la presente decisión. (...)”.

TERCERO

Se ordena la notificación al ciudadano Procurador General de la República, de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica.

Publíquese, regístrese y expídanse copias certificadas de la presente sentencia para ser agregada al Libro respectivo.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la ciudad de Mérida, a los dos (02) días del mes de julio del año dos mil trece e (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Juez Titular,

Dra. Glasbel Belandria Pernía

El Secretario,

Abg. F.R.A.

En igual fecha y siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De igual manera, se hizo su inserción en el Sistema Juris 2000 por parte de la ciudadana Juez Titular, así como su correspondiente publicación en el portal informático http://merida.tsj.gov.ve/. Dejándose la copia ordenada para el copiador correspondiente.

El Secretario,

Abg. F.R.A.

GBP/mcpp.