Decisión nº KP02-N-2004-000163 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 22 de Mayo de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

ASUNTO: KP02-N-2004-000163

En fecha 03 de mayo de 2004, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto, el oficio Nº 539-06 del 16 de abril de 2006, emanado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, anexo al cual remite el presente expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados J.M.D.S., E.G. Y A.T.A.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.441, 33.957 y 37.813, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TUBERIAS RIGIDAS DE P.V.C., C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 30 de abril de 1985, bajo el Nº 49, tomo 3-C contra el acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1480, de fecha 27 de enero de 2004, expediente Nº 5245-03, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en beneficio del ciudadano P.J.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.504.315.

Tal remisión tiene lugar con ocasión a la decisión de fecha siete (07) de Julio de 2005, mediante la cual la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró que no acepta la competencia efectuada por este Juzgado Superior, admite “provisionalmente” la demanda, procedente la medida de suspensión de efectos y ordena remitir el expediente a este Juzgado “para que asuma la competencia en virtud de la nueva doctrina de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”.

En fecha 05 de mayo de 2008, se dictó auto por medio del cual el Dr. F.D.R., se aboca al conocimiento en su condición de juez y ordena la notificación de las partes, fijando cartel de notificación en la cartelera asignada a este órgano jurisdiccional, en fecha 21 de noviembre de 2008.

En fecha 15 de mayo de 2012, se abocó al conocimiento de la presente causa la ciudadana M.Q.B., en virtud de su designación como Jueza de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

En tal sentido, se observa lo siguiente:

I

DE LA DEMANDA DE NULIDAD

Mediante escrito consignado en fecha 03 de mayo de 2004, la parte recurrente alegó como fundamento de su recurso contencioso administrativo de nulidad, las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:

Que en fecha 02 de diciembre de 2003, el ciudadano P.J.A.M., “inició ante la Inspectoria del Trabajo, procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos (…)”

Que en fecha 04 de diciembre de 2003 “es admitido dicho procedimiento, y se ordena la notificación de [su] representada a los fines de dar contestación al caso planteado (…)”

Que tal notificación “no se llevó a cabo en los términos y parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, lo cual más adelante señalaremos detalladamente, originando que [su] representada no diera contestación a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada en contra de ella (…)”.

Denuncian como vicios del acto administrativo, el falso supuesto de hecho por cuanto, según señalan, la inspectoria del Trabajo no verifico la práctica efectiva de la citación, toda vez que la misma fue dejada en la sede de la empresa en manos de “el ciudadano Segundo Nieves (…) quien según este funcionario de la Inspectoría del Trabajo, desempeña el cargo de “vigilante” para [su] representada (…)”.(negrita y subrayado de la cita)

Que “(…) los artículos 50 y 51 [de la Ley Orgánica del Trabajo] señalan quienes son las personas naturales que representarán al patrono, cuando éste sea persona jurídica (…) [siendo que] no se señala como representante del patrono al “vigilante”(…)”. (Negrita y subrayado de la cita)

Que su representada “tuvo conocimiento del proceso gestado en su contra, una vez que la Inspectoria del Trabajo dicta la predicha P.A. Nº 1232 y ordena la notificación de ésta, razón por la que, (…), no tuvo oportunidad de dar contestación a la solicitud formulada en su contra, así como de promover pruebas en su favor (…)”

Que “Todo lo expuesto anteriormente, a todas luces afecta de nulidad absoluta la validez y legalidad del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos incoado, ya que nuestra poderdante NUNCA tuvo conocimiento del procedimiento intentado en su contra (…)” (negrita y mayúscula de la cita).

Que la resolución Nº 1480 emanada de la Inspectoría del Trabajo se encuentra viciada de “(…) falso supuesto, pues dicho organismo dio por cierto hechos que no lo son, hechos que no se practicaron, violando el ordenamiento jurídico laboral, partiendo solo de la apreciación del funcionario que dijo haber practicado la notificación de [su] representada, lo cual como antes fue señalado, acarrea la nulidad absoluta del acto administrativo dictado”

Denuncia igualmente vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, por cuanto “se tomaron como ciertos hechos y actuaciones inexistente, lo cual trajo como consecuencia, la violación de normas legales y tutelados derechos constitucionales, tales como el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y el debido proceso (…)”(negrita y subrayado de la cita).

Igualmente aduce que el acto impugnado se evidencia “la parcialidad y preferencia de la Inspectoria del Trabajo del Estado Lara al decidir el referido proceso (…)”(negrita y subrayado de la cita)

Por último denuncia el vicio de inmotivación al señalar que no “se evidencia fundamento jurídico alguno para sustentar los parámetros en que se basó para decidir, ni está basada en documentos ciertos (…)”

Finalmente solicita la nulidad absoluta de la p.a. Nº 1480, de fecha 27 de enero de 2004, contenida en el expediente Nº 5245-03.

II

DE LA COMPETENCIA

Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.

En el caso de autos, la parte recurrente acude a la vía contencioso administrativa teniendo como objeto su pretensión la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1480, de fecha 27 de enero de 2004, expediente Nº 5245-03, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en beneficio del ciudadano P.J.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.504.315.

Respecto a la competencia jurisdiccional para conocer de la impugnación de tales actos administrativos, el Tribunal Supremo de Justicia estableció un fuero atrayente y exclusivo de la jurisdicción contencioso administrativa para el conocimiento de todas las pretensiones ordinarias relacionadas con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, partiendo para ello de una interpretación general respecto del artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante, entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se concibió un como cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a que Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Dicho texto normativo, establece en su artículo 25 las competencias de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, entre las cuales destaca:

Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:

(…omissis…)

3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.

(…omissis…)

(Negritas de este Juzgado)

De la anterior disposición se evidencia que, de la regla atributiva de competencia para el conocimiento de las pretensiones de nulidad que corresponden a este Juzgado Superior, el legislador estableció una excepción en dicha norma, cual es, que las acciones de nulidad interpuestas contra los actos administrativos dictados en materia de inamovilidad con ocasión a una relación de trabajo regida por la Ley Orgánica del Trabajo, no podrán ser conocidos por los Juzgados Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo.

Así, consecuente con el régimen de competencia establecido por el legislador en materia de nulidades contra decisiones administrativas en casos de inamovilidad laboral, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sentencia Nº 955, de fecha 23 de septiembre del 2010, (caso: B.J.S.T., J.L.M., F.A.S.L. y otros, contra la sociedad mercantil Central La Pastora, C.A.), fijó como criterio vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, y muy especialmente para la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Laboral, el siguiente:

En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.

Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.

(Resaltado del Tribunal).

Resulta claro que con este último precedente jurisprudencial revestido de carácter vinculante, se ha modificado la competencia que fuera atribuida a la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el conocimiento de aquellas pretensiones relacionadas con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo, bien por que se intente la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, o por las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos, una vez agotado en todas sus instancias el correspondiente procedimiento administrativo.

Con relación a los efectos del anterior criterio jurisprudencial y su aplicación para aquellas causas que hayan sido interpuestas con anterioridad a dicho fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 312 del 18 de marzo de 2011, estableció que:

En este sentido, una vez que se determinó que el laboral es el juez natural, resulta en interés y beneficio de las partes que las causas a las que se ha hecho referencia sean decididas por éste con independencia de los criterios atinentes a la competencia que se hayan podido sostener con anterioridad y, por tanto, de la fecha de la interposición de las demandas, de modo que esta circunstancia fáctica, que les es ajena, no les impida el acceso al juez que está más calificado para la cabal composición de la controversia; ventaja que se acentúa en materia de amparo constitucional, caracterizada como está por la urgencia, que exige la mayor celeridad posible, celeridad que el juez más especializado está en mayor capacidad de ofrecer

No obstante, en respeto a los principios de estabilidad de los procesos, economía y celeridad procesal que imponen los artículos 26 y 257 constitucionales, aquellas causas en que la competencia ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori y el criterio atributivo de competencia que esta Sala recientemente abandonó –como se explicó supra -por o a favor de los tribunales de lo contencioso-administrativos, continuarán su curso hasta su culminación. Así se decide.

(Resaltado de este Juzgado).

En igual sentido, este Tribunal considera complementar lo antes indicado con la sentencia Nº 579 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 4 de mayo de 2011, la cual al referirse a la competencia que se analiza en los recursos contenciosos administrativos de nulidad, expresó:

…todas las demandas de nulidad contra los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, incluidas las interpuestas antes del 23 de septiembre de 2010, debían ser conocidas por los juzgados laborales.

(…)

A través del fallo parcialmente trascrito, la referida Sala Constitucional ratificó el criterio conforme al cual la competencia para conocer de cualquier acción o recurso que se ejerza contra actos dictados por las Inspectorías del Trabajo o a propósito del incumplimiento de una providencia emanada de dichos órganos con ocasión a asuntos laborales, corresponde a los tribunales laborales (como se dejó sentado en la referida decisión N° 955); pero modificó sus efectos temporales, distinguiendo ahora entre:

a) Las causas en las cuales la competencia “ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori”, en cuyo caso seguirán conociendo los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo al criterio anterior a la Sentencia del 23 de septiembre de 2010.” (Resaltado de este Juzgado).

Atendiendo a lo antes citado, el Órgano Jurisdiccional en casos como el de autos, debe entrar a a.l.c.e.l. cuales la competencia ya haya sido asumida o regulada; siendo que, en las demás causas (aquellas en las que no se haya asumido la competencia, ni efectuado previamente una regulación de competencia), es decir, donde la competencia aún no se ha determinado, independientemente del momento de su interposición, debe aplicarse el criterio establecido en la Sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010 y, por ende, declarar la competencia en los juzgados laborales.

En el caso de autos, observa esta instancia judicial que la competencia para el conocimiento de la causa, fue debidamente resuelta en sentencia de fecha siete (07) de Julio de 2005, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró competente a este Juzgado Superior, razón por la cual este Tribunal debe mantener su competencia para conocer y decidir la presente causa, y así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Realizada precedentemente una breve síntesis conforme a la cual se ha venido desarrollando hasta la presente fecha el iter procedimental en el caso de autos, es menester para este Juzgado señalar que en todas las acciones, recursos y solicitudes que interpongan los particulares para activar al Órgano Jurisdiccional, existen actuaciones que necesaria y obligatoriamente deben ser instadas a solicitud de la parte interesada por ser éstas una carga procesal que les impone la propia legislación y ante las cuales el Tribunal de que se trate está impedido a actuar de oficio para dar impulso a la causa, en el entendido de que el incumplimiento de tales obligaciones por parte de los interesados acarreará consecuencias jurídicas negativas que operarán de pleno derecho y deberán ser advertidas y declaradas por el Órgano Jurisdiccional ante la actitud pasiva de aquél durante los lapsos de que dispone para la materialización de sus obligaciones durante la sustanciación del procedimiento.

En este sentido, cabe resaltar para el caso de autos que una vez admitido provisionalmente el recurso contencioso administrativo de nulidad en fecha 07 de julio de 2005 y notificado el interesado, deviene una carga procesal para la parte recurrente en proceder a manifestar al Tribunal la forma y lugar donde se localizará y practicará la citación de aquellos contra los cuales dirige su pretensión, por lo que según fuera señalado supra, tal omisión o inactividad implica una consecuencia jurídica que opera contra la parte no diligente en el cumplimiento de tal obligación, necesaria para continuación del procedimiento instaurado.

En efecto, en el caso de autos de la revisión de las actas procesales tenemos que desde el 21 de noviembre de 2008, no fue materializada oportunamente ninguna actuación procesal a instancia de parte interesada para la consecución del procedimiento, es decir, la parte recurrente no ha mostrado interés procesal alguno para materializar en su totalidad las citaciones y notificaciones ordenadas en el auto de admisión, habiendo transcurrido un lapso superior a un (01) año.

Así las cosas, es menester para este Juzgado Superior traer a colación lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.

Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.

Es evidente que la anterior disposición normativa es aplicable al caso de autos, por tratarse de una acción en la que no se impulsó debidamente el proceso desde el día 21 de noviembre de 2008, para su continuación.

En este orden de ideas, es importante resaltar que la institución jurídica de la perención no puede ser concebida como un obstáculo para los sujetos que mediante el ejercicio de su derecho subjetivo han puesto en marcha el aparato jurisdiccional, sino como un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales; por lo tanto, la perención de la instancia constituye una forma anómala de terminación del proceso, la cual debe ser decretada por el Tribunal que conozca de la causa, bien a instancia de parte o de oficio, entendiéndose igualmente que la declaratoria de la misma no produce cosa juzgada material, teniendo la parte afectada por su declaratoria el derecho de acudir nuevamente a los Órganos Jurisdiccionales competentes para plantear en los mismos términos el objeto de su pretensión.

En consecuencia, en el caso que se examina, el último acto procedimental tendiente a la prosecución del juicio ocurrió el día 21 de noviembre de 2008, vale decir, una actuación realizada por este Tribunal mediante la cual se ordenó publicar en cartelera, cartel de notificación de la parte demandante, con lo que la actuación de la parte demandante se limitó a la interposición de su pretensión, por consiguiente habiendo transcurrido más de un año de inactividad procesal y falta de impulso de la acción incoada, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, resulta forzoso para este Tribunal Superior, decretar la perención de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por su paralización sobre un lapso superior a un año, y así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

Su COMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados J.M.D.S., E.G. Y A.T.A.M., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.441, 33.957 y 37.813, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil TUBERIAS RIGIDAS DE P.V.C., C.A. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 30 de abril de 1985, bajo el Nº 49, tomo 3-C contra el acto administrativo contenido en la P.A. Nº 1480, de fecha 27 de enero de 2004, expediente Nº 5245-03, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos en beneficio del ciudadano P.J.A.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.504.315.

SEGUNDO

Se declara la PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.

L.S. La Jueza (fdo) M.Q.B.. L.S. La secretaria (fdo) S.F.C.. La suscrita secretaria certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial. En Barquisimeto, a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2012. Años: 202º y 153º.

La Secretaria

Abog. S.F.C.