Decisión nº 15-D de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Agosto de 2007

Junto con el escrito libelar los actores produjeron los siguientes documentos:

1. - Copia fotostática certificada del expediente N° Acta 022-04, emanado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Para el Tribunal Supremo de Justicia, los Documentos Administrativos son aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencia específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tienen el valor de su presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de la ejecución y ejecutoriedad, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Igualmente es necesario recalcar que, de no ser destruida la presunción de veracidad, es procedente atribuir al documento administrativo alguno de los efectos plenos del documento público, en virtud de lo cual este juzgador al constatar que no habiendo sido impugnada esta prueba ni destruida su presunción de veracidad, le otorga pleno valor probatorio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.359 del Código Civil. Quedo demostrado con esta prueba que el día 20 de septiembre de 2004 ocurrió un accidente de tránsito en la localidad de Ureña, Municipio P.M.U.d.E.T., entre un vehículo camión tipo chuto con batea y un vehículo tipo bicicleta, falleciendo el conductor de este último, Y así se declara.

2. - Copia Certificada del Acta de Defunción N° 50. Esta prueba la valora el Tribunal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.360 del Código Civil, por tratarse de un instrumento público expedido por funcionario competente. Con dicha prueba quedó demostrada la muerte del adolescente J.L.M.V. en fecha 20-09-2004 en el Municipio P.M.U.d.E.T., y así se decide.

3. - Copia certificada del Registro de Nacimiento con su respectivo apostillado del adolescente que en vida se llamara J.L.M.V.. Esta probanza la valora el Tribunal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 1.360 y 1.384 del Código Civil, por tratarse de un instrumento público expedido y certificado por funcionario competente. Con dicho documento el cual se encuentra debidamente apostillado se demuestra que el joven adolescente J.L.M.V., nació en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia y que el mismo es quien falleció en el accidente de tránsito ocurrido en fecha 20-09-2004. Así se declara.

4. - Copia simple del certificado de defunción N° 050. Vista la impugnación de tal instrumento probatorio en su oportunidad legal, este Tribunal la desestima de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

5. - Copia simple del permiso de traslado de fecha 21-09-04. Dicha prueba igualmente fue impugnada por la contraparte en la oportunidad correspondiente, en virtud de lo cual este sentenciador no le otorga valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

6. - Original de la F.d.B. del adolescente J.L.M.V., expedida en fecha 07-10-2004. Dicha prueba igualmente fue impugnada por la contraparte en la oportunidad correspondiente, en virtud de lo cual este sentenciador no le otorga valor probatorio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

7. - C.d.A.d.V.d.S.E.C., Ureña, Estado Táchira. Tal prueba se trata de un instrumento privado emanado de terceros y en tal sentido el mismo no puede ser opuesto en un proceso por una de las partes a la otra, salvo que sea ratificado mediante la prueba testimonial, por lo cual se observa que tal c.d.A.d.V., emanada de terceros no fue ratificada en juicio, en virtud de lo cual el Tribunal no la valora, en razón de que lo idóneo para su validez era que los terceros firmantes de dicho documento privado, hubieran sido llamados a declarar como testigos a los efectos de que reconocieran el contenido y firma del mismo; esto de conformidad a lo establecido en el artículo 431 del Código de procedimiento Civil, y así se decide.

8. - Copia simple del documento de constitución de la empresa mercantil Transporte Abadía C.A. El Tribunal lo valora por ser un documento público el cual no fue impugnado en su oportunidad legal por lo cual se considera fidedigno, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1.360 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Se prueba con el mismo que el representante legal de la empresa mercantil co demandada es el ciudadano O.A.V., así se declara.

9. -Testimoniales: Promovió la de los ciudadanos J.O.H.; Amarilys Marielis Durán Díaz; H.N.F.. Las mismas no fueron evacuadas, razón por lo que no hay pruebas que valorar.

Durante el lapso probatorio, promovió las siguientes:

1. - El mérito favorable de los autos. Respecto a este medio de prueba promovido, se observa que el mismo no es un medio de prueba válido estipulado por la legislación vigente por ser un término genérico que no arroja valor alguno al promoverse.

2. - Copias certificadas del libelo de demanda y el auto de comparecencia de los demandados, registrada en fecha 19-09-2005 por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio P.M.U.d.E.T.. A tal probanza se le otorga valor de documento privado de fecha cierta, por virtud de que al presentarse ante un Juez y éste certificarla, ha tomado en tal instrumento razón, un funcionario en actuación de su gestión específica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.369 del Código Civil. Por tanto tal probanza merece fe pública, pues su alcance es demostrar que la demanda fue presentada ante el Tribunal en determinada fecha, antes de la expiración del lapso de prescripción y a la cual se le dio curso mediante la orden de comparecencia incluida en la copia, y así se decide.

3. - Informes, solicitado al Banco Central de Venezuela. Se requirió informe a esta institución a los efectos de determinar el promedio de vida útil del hombre venezolano en la actualidad, constando en autos que tal institución sugirió que dicha información fuera requerida al Instituto Nacional de Estadística (INE), como en efecto fue acordada por el Tribunal, siendo suministrada por esta última Institución. Con tal informe se evidencia que la e.d.v. en Venezuela es de 73,53 años para ambos sexos, ello si se mantiene constantes las tasas de mortalidad por edades en un período dado. Visto ello se valora tal prueba de conformidad a lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

4. - Prueba de Experticia sobre diferentes puntos en materia de accidentología vial. Esta prueba se valora por haberse efectuado de conformidad a lo establecido en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.422 del Código Civil, dentro de su oportunidad legal y ratificada en el debate oral. Con relación al dictamen de los expertos en la presente causa, quien juzga se adhiere parcialmente al mismo, toda vez que len su mayoría dicho informe está basado en circunstancias referenciales de personas en forma general, que presuntamente presenciaron el accidente de tránsito que se discute, pero cuyos testimonios procesalmente hablando no constan ni menos generan algún tipo de confianza, y cuyos puntos de adhesión y disentimiento serán explanados más adelante de esta parte motiva, y así se decide.

5. - Ratificó las testimoniales promovidas en el escrito libelar. Al respecto ya hubo un pronunciamiento ut supra.

PRUEBAS DE LAS PARTES DEMANDADAS:

En su escrito de Contestación promovieron las siguientes Pruebas:

1. - Invocó el Principio de la Comunidad de la Prueba, por lo que promovieron el valor de las actuaciones administrativas del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte Terrestre, Puesto de T.T.U.. Tal probanza ya fue debidamente valorada, por lo que conforme al principio de la comunidad de la prueba, la misma aplica en cuanto favorezca a la parte demandada, y así se decide.

2. - Invocando el principio de la comunidad de la prueba promovieron el acta de defunción que riela al folio 42. De igual manera se indica que tal instrumento probatorio ya fue debidamente valorado, en virtud de lo cual se hace inoficioso volver a pronunciarse sobre su valoración, así se decide.

3. - Testimoniales: Promovieron la de los ciudadanos E.G.Z.; Darquis E.N.L.; M.B.N.B.; y G.M.R.. Tales testimonios no fueron evacuados, razón por la que se estima que no hay prueba que valorar.

4. - Informes al Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San A.d.T.. Al no constar en las presentes actuaciones dicha información, se desestima tal probanza, y así se decide.

Durante el lapso probatorio promovieron pruebas en los siguientes términos:

1. - El mérito favorable de la sentencia producida en el expediente penal SP11-P-2004-000304 con relación al Sobreseimiento de la causa. La referida sentencia penal forma parte del expediente N° SP11-P-2004-000304, el cual se encuentra agregado a los autos en copia certificada. Esta prueba la valora este Tribunal de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.384 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Quedó probado con dicho instrumento que el ciudadano O.R.C.R., conductor del vehículo N° 1 involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en fecha 20-09-2004 e imputado en esa causa en el cual falleció el adolescente J.L.M.V., fue sobreseído en la misma, en virtud de que se evidenció de que el accidente de tránsito que le ocasionó la muerte al referido adolescente fue producto de su propia imprudencia, y así se declara.

   Trabada la litis en los términos expuestos, el Sentenciador para decidir, observa:

   Que el día 20 de septiembre del año 2004, siendo aproximadamente las2:45 minutos de la tarde, ocurrió un accidente de transito, en la carrera 2, entre calles 4 y 5, del Municipio P.M.U.d.E.T., en el que estuvieron involucrados un vehículo Camión, tipo Cava (chuto), para uso de carga, color blanco, placas 58BAAT, y cuyas demás características de identificación constan en autos, conducido por el ciudadano O.R.C.R. y propiedad de la empresa mercantil Transporte Abadía C.A., y un vehículo tipo bicicleta conducido por el adolescente J.L.M.V., quien resultó muerto en el mismo.

   Ahora bien, la presente sentencia se produce en un juicio por daño moral, concepto definido por la doctrina como sigue:

   Daño Moral: Como”la lesión que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, fe, honor o reputación, o bien en la propia consideración de sí misma.” (Enciclopedia Jurídica Opus, Tomo III, Ediciones Libra, Caracas, 1994).

   Con relación al daño moral que señala los accionantes que se les produjo producto de la muerte de su adolescente hijo en el accidente de tránsito ocurrido en fecha 20-09-2004, debe referirse el criterio jurisprudencial sostenido por nuestro M.T. en su sentencia N° 683 de la Sala Constitucional en fecha 11-07-2000 y según el cual estableció lo siguiente:

   ...lo que debe acreditarse plenamente en una reclamación por daño moral es el llamado ‘hecho generador del daño moral’, o sea el conjunto de circunstancias de hecho que genera la filiación cuyo petitum doloris se reclama ... Probado que sea el hecho generador, lo que procede es una estimación, lo cual se hace al prudente arbitrio del juez. Ningún auxiliar o medio probatorio puede determinar cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuanta molestia, cuánto se mermó un prestigio o el honor de alguien...

   Al decidirse una reclamación por concepto de daños morales, el sentenciador, necesariamente, ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación de la Ley y la equidad, analizando la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable...

   Subrayado del Juez.

   De igual forma estableció la Sala de Casación Civil en sentencia referida anteriormente, es decir, en sentencia N° 340 de fecha 31-10-2000 lo siguiente:

   Ahora bien, respecto del aspecto discutido por el formalizante sobre la probanza de los daños morales, esta Sala de Casación Civil ha expresado de manera reiterada, desde sentencia de fecha 10 de octubre de 1991, que lo único que debe demostrarse plenamente en una reclamación por daño moral es el hecho generador o sea, “…el conjunto de circunstancias de hecho que genera la aflicción cuyo petitum doloris se reclama…”

   El daño moral está conformado por el sufrimiento de un individuo en la esfera íntima de su personalidad, que determina su degradación de valor como persona humana, respecto de otros en la sociedad en que se desenvuelve o frente a sí mismo, causado injustamente por otra persona. Por esa razón, su naturaleza es extracontractual, y tiene por causa el hecho ilícito o el abuso de derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.185 del Código Civil…

   Subrayado del Juez.

   Además de ello es necesario el estudio y análisis de lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 1.196 del Código Civil lo siguiente:

   La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el hecho ilícito.

   El Juez puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

   El Juez puede igualmente, conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.” Subrayado del Juez.

   De la norma transcrita se infiere que para que proceda una acción por daño moral debe preceder un hecho ilícito, desprendiéndose ello igualmente del criterio jurisprudencial anteriormente referido.

   Por su parte, la Sala Político Administrativa de nuestro M.T. en su sentencia N° 906 de fecha 27-07-2004 con relación al punto en estudio estableció como sigue:

   En relación con el daño moral, el mismo no está sujeto a una comprobación material directa, motivado a que, por su naturaleza esencialmente subjetiva, no es en la práctica posible. Entonces, para establecerlo, el legislador en el artículo 1.196 del Código Civil, faculta al juzgador para apreciar si el hecho generador del daño material puede generar a su vez, repercusiones psíquicas, afectivas o lesivas de algún modo al ente moral de la víctima.

   La apreciación que al respecto haga el juez así como la compensación pecuniaria que acuerden en uso de la potestad discrecional que les concede el citado artículo, son atribuciones exclusivas del juez del mérito, es decir, demostrado el hecho ilícito generador del daño material, es discrecionalidad del juez estimar la repercusión que ese daño pudo tener en el ente moral de la víctima, independientemente de la tasación o estimación que pudo haber efectuado la víctima del daño material.

   Subrayado del Juez.

   A.l.a. se observa que las partes actoras alegaron que se les causó un daño moral, en virtud del cual los demandados deben reparar el daño en el interés afectivo que tenían para con su hijo, es decir, reparar su pena, por virtud de la muerte prematura de su hijo, y que ninguna cantidad es suficiente para dicha reparación, dado que la vida no tiene precio ni el dolor tampoco. Acorde con la doctrina más generalizada y los criterios jurisprudenciales referidos, quien reclama la compensación de daño moral como consecuencia de uno o más hechos del o los demandados, en este caso, del ciudadano O.R.C.R. y solidariamente la empresa mercantil Transporte Abadía C.A., tiene que determinar en la demanda no solamente el hecho que ha ocasionado el daño moral, sino también especificar en qué ha consistido el mismo como consecuencia del hecho alegado como causa. Y si bien es cierto, de acuerdo al criterio pacífico y reiterado de nuestro M.T. referido en esta motiva, en cuanto a que el daño moral por su naturaleza esencialmente subjetiva, no está sujeto a una comprobación material directa, no es menos cierto que la causa que lo origina si debe probarse, como es la realización de un hecho ilícito por parte del agente, hecho que debe este sentenciador verificar a los efectos de determinar o no la procedencia del daño moral y lucro cesante demandados.

   Como ya se indicó la Responsabilidad Civil por accidente de tránsito es una especie del género hecho ilícito, que constituye una de las principales fuentes de la responsabilidad civil extracontractual. En tal sentido, es importante destacar lo que dispone el artículo 1.185 del Código Civil que señala:

   El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo.

   Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.

   El tratadista F.Z. al referirse a este punto, en sus comentarios a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre señaló:

   La responsabilidad extracontractual por hecho ilícito, tiene lugar cuando una persona, a quien denominaremos “agente” causa un daño a otro, a quien denominaremos “víctima”, de manera intencional o por negligencia, imprudencia o impericia; es decir, por conducta intencional o culposa o excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho. Se dice que la persona que incurre en hecho ilícito, viola una norma de conducta general o preexistente que consiste en no causar daños a otro con intención, negligencia, imprudencia o impericia.”

   La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 989 de fecha 25-04-2006 dejó sentado lo siguiente:

   …Ahora bien, es jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Sala que la responsabilidad Civil general, establecida en el artículo 1.185 del Código Civil, comporta tres condiciones o elementos concurrentes que deben ser probados fehacientemente a fin de que sea declarada procedente la pretensión reparatoria del demandante, a saber:

   1.- Una actuación imputable al accionado;

   2.- La producción de un daño antijurídico; y

   3.- Un nexo causal que vincule la actuación del demandado con la producción del daño que se denuncia.

   Visto lo anterior, es imperativo el estudio de los tres elementos que deben concurrir para que se configure un hecho ilícito generador de responsabilidad civil, los cuales son en forma general: a) la actuación del agente; b) el daño; y c) la relación causal.

   En este sentido el resultado, luego del análisis exhaustivo de todas las actuaciones que obran en autos para verificar la concurrencia de los presupuestos para la configuración del hecho ilícito en materia de responsabilidad civil extracontractual, es el siguiente:

1. ) Actuación imputable a los accionados : Se observa en las actas que en efecto ocurrió un accidente de tránsito producto de un arrollamiento el día 20-09-2004, circunstancia ésta en la que se adhiere este sentenciador al informe rendido por los expertos, toda vez que no consta en el acta administrativa de tránsito que se produjera un impacto o colisión propiamente dicha entre los vehículos involucrados en el accidente, visto que ambos vehículos circulaban en sentido Este-Oeste y dadas las características de uno y otro, más específicamente con relación al vehículo tipo bicicleta, por lo que se colige que el ciudadano O.R.C.R. conducía el camión tipo chuto con batea que arrolló por el lado derecho de la parte de atrás del mismo, al joven adolescente que iba manejando su bicicleta cargada de cartones y otros materiales, hecho que le produjo la muerte, configurando ello su actuación específica en el ya bastante referido accidente, generando responsabilidad. Con relación a la empresa mercantil Transporte Abadía C.A., su responsabilidad deriva de su condición de propietaria del vehículo camión tipo chuto con batea, por aplicación del contenido del artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. En consecuencia vista la actuación solidaria de las partes accionadas, se concluye satisfecho este primer presupuesto de procedencia, y así se decide.

2. ) El daño: Evidentemente al producirse la muerte del adolescente J.L.M.V., el dolor y la pena que causa tal hecho no puede ponerse en duda, lo cual se traduce en un daño que afecta la moral y la vida en el hogar de una familia, en este caso de sus padres, actores en la presente causa, por lo que es forzoso concluir que sí se produjo un daño de carácter moral en los demandantes ante la impotencia de no tener a su hijo con vida y a su lado, en razón de lo cual se considera cumplido este presupuesto doctrinario y legal, y así se establece.

3. ) En Tercer lugar, se tiene la relación de causalidad, cuya razón de ser estriba en que el daño producido no acarrea responsabilidad para su autor sino cuando este ha sido ocasionado por acto suyo que sea culposo. Con relación a este punto, la teoría de la equivalencia de condiciones formulada por Von Buri, es de las que universalmente más se ha aceptado y hace referencia que “la cualidad de causa pertenece a todos los hechos y circunstancias que han determinado la producción del resultado”; según la misma, dentro de esa cadena de hechos determinantes, es necesario escoger los hechos culposos, que son los que van a tener verdadera trascendencia jurídica, pues obligan a su autor a reparar el daño causado. Asimismo el tratadista F.Z. refiere que el daño, debe ser consecuencia directa e inmediata de la conducta culposa del agente para que sea resarcible; por lo cual, si se logra desvirtuar el nexo que debe existir entre el hecho generador y el daño, no existe hecho ilícito. Siguiendo con los comentarios del autor referido, “en materia de hecho ilícito prevalece la teoría de la equivalencia de condiciones.” Según la cual: (…) “el juez deberá determinar en primer término cuáles son los hechos sin los que no se habría producido el daño, a objeto de designar los hechos causales. Si existen, dentro de los elementos causales, hechos culposos, todos ellos serán hechos causales, aunque el autor de alguno de ellos esté incurso en culpa levísima, porque, en materia de hecho ilícito, hasta la culpa levísima obliga”. En tal sentido ateniéndonos a estos criterios doctrinales, quien aquí juzga considera oportuno hacer referencia a la noción de acto culposo, sosteniendo la doctrina que se requiere que el daño provenga o se haya ocasionado por la acción u omisión de una persona, para que pueda quedar obligado a reparar el daño ocasionado. No obstante, el problema se plantea cuando se pregunta si todo hecho del hombre o de las personas que produzcan un daño a otras, implican para ellas la obligación de repararlo, o si se requiere además que tal hecho se haya ocasionado con culpa. En torno a ello se ha concluido que para que el daño de lugar a reparación civil, debe haberse ocasionado con culpa, definiéndose ésta como “un hecho ilícito imputable a su autor”.

   Siguiendo este orden de ideas, nuestro derecho distingue implícitamente entre el daño intencional y el daño ocasionado por imprudencia o negligencia; pero es evidente que ambos producen para su autor la obligación de reparar a la víctima el daño producido en razón de vulnerarse la norma del artículo 1.185 del Código Civil. Siendo ello así, debe este juzgador hacer especial significación que los accionantes de marras no señalaron en su escrito libelar específicamente si el accidente se produjo por imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos, o si tal hecho fue intencional; sólo señalaron algunas hipótesis de cómo a su manera, pudo haber ocurrido tal accidente y a señalar que existían testimonios que verificarían su versión, hecho que no ocurrió pues no hubo testigos que valorar, y que por tales razones tanto el conductor como la propietaria del vehículo N° 1 eran los culpables del lamentable hecho. Muy por el contrario, la representación judicial de las partes demandadas alegó que sus representados no eran responsables del accidente y que el mismo se produjo por hecho de la víctima, en virtud de la imprudencia del adolescente de ir agarrado de la batea del camión cuando conducía su bicicleta. Analizadas las pruebas aportadas al proceso y todas las demás actuaciones, se concluye que los demandantes no probaron fehacientemente la culpa de los demandados, toda vez que no demostraron de qué manera los accionados descuidaron u omitieron las normas comunes de la vida civil, o de qué manera éstos dejaron de desarrollar una actividad a la que estaban obligados por la ley, o que habiéndola realizado ésta haya sido insuficiente, referido esto a la negligencia; igualmente tampoco demostraron de qué manera los demandados realizaron una conducta que no debían ejecutar, referido ello a la imprudencia. Se infiere así mismo que no señalaron cuáles fueron los actos dolosos en que incurrieron las partes accionadas. Todo lo contrario, de las actas que conforman el presente expediente se evidencia que el conductor del vehículo N° 1 no conducía con imprudencia, pues no se probó que lo hiciera a exceso de velocidad; consta además que poseía la licencia de grado 5ta que es la reglamentaria para poder conducir este tipo de vehículos; quedó demostrado que dicho vehículo se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento; que conducía por su canal regular de circulación, y además conducía en estado de sobriedad. En consecuencia debe concluirse que la conducta de los agentes, no fue la causa del daño, sino que éste se debió a una causa distinta, extraña a la propia conducta de los mismos, y así se declara.

   Lo anterior nos obliga al estudio de la causa extraña no imputable o eximente de responsabilidad civil alegada por la contraparte, como fue el “Hecho de la Víctima”, lo cual hace pertinente, referir el criterio sostenido por el tratadista E.M.L., quien en su obra Curso de Obligaciones Derecho Civil III, (P. 178) señala que con relación a las causas que eliminan la culpa, se encuentra la “culpa de la víctima”; y en tal sentido expone:

   Cuando la actuación culposa de la víctima ha sido la causa única y exclusiva del daño, el agente causante del mismo queda exonerado de responsabilidad.

   Tal causal de exoneración de manera general está contemplada en el encabezamiento del artículo 1.193 del Código Civil, el cual establece que:

   Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor

   .

   Especialmente en esta materia, el artículo 127 del Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dispone lo siguiente:

   El conductor, el propietario del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente obligados a reparar todo daño que se cause, con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente hubiese sido imprevisible para el conductor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados.

   Subrayado del Juez.

   Se desprende de las actas procesales, específicamente del acta administrativa de tránsito y del expediente penal N° SP11-P-2004-000304, pruebas éstas que fueron aportadas al proceso y debidamente valoradas, que el adolescente J.L.M.V. iba agarrado de la gandola, hecho éste que no fue desvirtuado durante el juicio, y que configuró una actuación imprudente por parte del mismo, siendo de acotar que la experiencia indica que tal circunstancia es una práctica común y constante en la zona, a los efectos muy probables de minimizar el esfuerzo que exige maniobrar un vehículo de tal naturaleza (bicicleta) con un cargamento que sobrepasa casi siempre el peso del mismo vehículo, y lo cual ha generado infinidad de accidentes como el de marras; por lo que se colige que la imprudencia de la víctima fue la causa que produjo el accidente de tránsito, quedando demostrado así uno de los hechos constitutivos de la causa extraña no imputable. En consecuencia, al ser el hecho de la víctima una causa que elimina la culpa, tal circunstancia destruyó el vínculo de causalidad entre la acción del agente y el daño causado, derivando de ello la inexistencia del hecho ilícito, y así se establece.

   Dado que el daño, la culpa y el vínculo de causalidad son los elementos sobre los que descansa el principio de la responsabilidad civil, debe quedar claro que para que una acción, como la de la naturaleza que nos ocupa, prospere, es indispensable que se hayan producido en forma concurrente los tres elementos citados. Advierte este sentenciador conforme a todo lo expuesto, que no habiéndose establecido la concurrencia de los tres elementos que son capaces de generar la responsabilidad civil extracontractual, por cuanto se desvirtuó la presunción de culpa de los agentes por virtud de la culpa de la propia víctima, es evidente que no hubo hecho ilícito, y por tanto, al no haber quedado probado el mismo, no es procedente el resarcimiento por concepto de daño moral alegado, por lo que la presente acción debe ser declarada sin lugar, y así de manera expresa, precisa y clara se hará en la parte dispositiva del presente fallo, y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, DECLARA:

SIN LUGAR la demanda intentada por los ciudadanos BEATRIZ VILLAMIZAR CAPACHO E I.M., asistidos por los abogados Uglis A.S.C. y G.D.d.C., contra el ciudadano O.R.C.R., en su carácter de conductor del vehículo y la Sociedad Mercantil TRANSPORTE ABADIA C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano O.A.V., en su carácter de propietaria del vehículo, por DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los Catorce (14) días del mes de Agosto del año dos mil Siete. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación. EL JUEZ TEMPORAL. P.A.S.R.. EL SECRETARIO (fdo) G.A.S.M. (hay sello del Tribunal). El Suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Procedimiento Civil, certifica la exactitud de la anterior copia, cuya original se encuentra en el expediente de Tránsito Nº 15.844-05 en el cual los ciudadanos BEATRIZ VILLAMIZAR CAPACHO E I.M., asistidos por los Abogados UGLIS A.S.C. Y G.D.D.C., interponen acción contra el ciudadano O.R.C.R. y la Sociedad Mercantil TRANSPORTE ABADIA C.A., en la persona de su Gerente General ciudadano O.A.V. por DAÑOS M.P.D.A.D.T..

G.A.S.M.

SECRETARIO

HELGA

P.A.S.R.

JUEZ TEMPORAL

GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ

SECRETARIO