Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 14 de Julio de 2008

Se inicia el presente procedimiento mediante libelo de demanda presentada en fecha 29 de octubre de 2007, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por el Abogado A.R. apoderado judicial del ciudadano C.T., contra la Universidad S.M. y solidariamente a la Sociedad Civil Universidad S.M., siendo admitida mediante auto dictado en fecha 02 de noviembre de 2007, fijándose en consecuencia la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar, previa notificación de las partes.

Gestionadas las notificaciones pertinentes, el Juzgado 11° de Sustanciación Mediación y Ejecución del Área Metropolitana de Caracas, dio por recibido el presente expediente en fecha 10 de diciembre de 2007, a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar.

En fecha 10 de diciembre de 2007, el Tribunal 11° de sustanciación mediación y ejecución levantó acta mediante la cual dio inicio a la Audiencia Preliminar, y en la cual dejo constancia de la comparecencia de los ciudadanos Á.R. y G.C.C., en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora y demandada respectivamente.

Luego de varias prolongaciones, en fecha 12 de marzo de 2008 el Tribunal 11° de Sustanciación Mediación y Ejecución levantó acta en la cual dio por concluida la audiencia preliminar, sin lograr la mediación entre las partes, ordenando la incorporación a las actas procesales de las pruebas promovidas por las partes, para su admisión y evacuación ante el Juez de Juicio.

Remitido el presente expediente a éste Tribunal de Juicio, previo sorteo de ley, y admitidas como fueron las pruebas promovidas por las partes, se procedió a fijar mediante acta de fecha 30 de junio de 2008 la audiencia Oral de Juicio en el presente expediente para el día 07 de julio de 2008.

En fecha 07 de julio de 2008, oportunidad fijada para este Tribunal para la celebración de la Audiencia Oral de Juicio en el presente procedimiento, se celebró la misma con la

presencia de ambas partes, dictándose el dispositivo del fallo en la cual se declaró: PRIMERO: SIN LUGAR LA PRESCRIPCIÓN alegada por la demandada y PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por el ciudadano C.T.C., contra la UNIVERSIDAD S.M., y solidariamente a la SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD S.M., plenamente identificados en autos. SEGUNDO: Los Conceptos y cantidades de dinero que deberán pagar las codemandadas al actor en forma solidaria serán discriminados en el cuerpo completo del fallo, donde se incluirá lo correspondiente a los intereses de mora y la corrección monetaria. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

2. HECHOS ALEGADOS POR LAS PARTES

   Sostiene la parte accionante en su libelo de demanda:

   Que ingresó a la Universidad S.M. en fecha 01 de octubre de 1979, hasta el 31 de marzo de 2007, como profesor de pregrado. Que en fecha 01 de febrero de 1999 ingreso igualmente como profesor de postgrado en dicha casa de estudios y ocupo el cargo administrativo de Coordinador de Pasantias en el Convenio Universidad S.R. y Universidad S.M.. Que se le pagaba como sueldo por concepto de profesor de pregrado y postgrado, habiendo dejado de prestar servicios en dichas instituciones por habérsele otorgado la pensión de jubilación, habiendo sido pagadas sus prestaciones sociales en fecha 10 de abril de 2007, acumulando una antigüedad de 28 años de servicios interrumpidos como docente. Que devengaba un ingreso mensual de Bs. 1.152.000.00, monto este que debió haber considerado por la Universidad para el otorgamiento de la pensión de jubilación, todo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de pensiones y jubilaciones firmado entre las partes, debiendo cancelar mensualmente el 70% del ingreso del mes al que correspondió el último sueldo, siendo por tanto beneficiario de la cantidad de Bs. 806.400.00 conforme al artículo 12 del reglamento.

   Adujo que la pensión de jubilación le fue otorgada a partir del mes de marzo de 2007, tomando en consideración únicamente el salario mínimo, incurriendo la institución en un error al dejar de considerar el monto total de lo percibido mensualmente por el docente por las horas de cátedra impartidas tanto en pregrado como en postgrado acumulando un ingreso global mensual de Bs. 1.152.000.00, monto este que al ha debido aplicársele el 70%. Que la pensión de jubilación otorgada fue por la cantidad de Bs. 614.790,00, con lo cual hay una diferencia en el pago mensual de la pensión desde 01 de abril de 2007 por la cantidad de Bs. 191.210.00, la cual deberá ser multiplicada por los meses transcurridos entre abril y octubre de 2007, teniendo como resultado la cantidad de Bs. 1.338.470.00, más los que se sigan causando a partir del 01 de noviembre de 2007.

   Alegó que en fecha 01 de octubre de 1979 ingresó en la Universidad y que el patrono tenía la responsabilidad de hacer el registro correspondiente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al tercer día después del ingreso, que durante el tiempo que la empresa incumplió con lo establecido el docente no disfruto de los beneficios médicos que otorga el instituto. Que cumplió 60 años de edad el 23 de febrero de 1998 por lo que le nació el derecho del pago de la pensión de vejez por haber cumplido 750 cotizaciones, pero que sin embargo no se le otorgó el beneficio en esa oportunidad por el retardo en su inscripción en el ente antes mencionado.

   Alega que al no habérsele tomado en cuenta la totalidad de su salario, no le fueron pagadas correctamente sus prestaciones sociales, por lo que reclama mediante la presente acción el pago de Bs. 35.958.274.00 por concepto de pensiones dejadas de percibir por el actor desde el 23 de febrero de 1998 hasta el 18 de marzo de 2004, que incluye las prestaciones causadas desde el 01 de octubre de 1979 hasta el 18 de junio de 1997, según el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, la prestación de antigüedad, las vacaciones y bono vacacional según la convención colectiva, más la diferencia de prestaciones sociales, así como los ajustes de la pensión de jubilación y las pensiones de vejez acumuladas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, todo por un monto de Bs. 123.631.160,44.

   Por su parte la Representación Judicial de la demandada en la contestación:

   Alegó que el trabajador ingresó en la Universidad S.M. en fecha 15 de octubre de 1982 como profesor Asistente en pregrado hasta el 31 de marzo de 2007, cuando fue jubilado, que la relación de trabajo que lo vinculó con el actor es el vigente desde 1992, en cuya cláusula 40 se reconoce el pago doble sólo de la prestación de antigüedad.

   Alegó la prescripción de la acción del concepto de bono de compensación y las prestaciones sociales, las prestaciones sociales correspondientes entre la fecha de ingreso 01 e octubre de 1966 hasta el 31 de diciembre de 1988, fecha de celebración del primer contrato colectivo, así como de la pensión de vejez.

   Alegó que la universidad S.M. en el Convenio del Contrato Colectivo en su cláusula 40, si reconoce que paga el doble de la prestación de antigüedad, pero no el doble de las prestaciones sociales. Negó que el actor tenga derecho al pago de los cesta ticket, en el periodo que alega, los días hábiles y los laborables. Señaló que el actor recibió por concepto de prestación de antigüedad, la prestación de antigüedad complementaria del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, bonificación de fin de año conforme consta en la liquidación del contrato de trabajo. Negó que el actor tuviera un ingreso como profesor de postgrado y pregrado, la cantidad de Bs. 1.150.000.00, que no tenía 35 años de servicio por lo que no le corresponde el equivalente al 70% del salario que señala en el libelo, y que la pensión otorgada está ajustada a derecho, no estando las accionadas obligadas a pagar al actor la cantidad de Bs. 35.958.274.00 como pensiones dejadas de percibir, ni el pago doble de las prestaciones sociales.

3. TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA

   De conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo el demandado en su escrito de contestación de la demanda deberá determinar con claridad cuáles de los hechos invocados por el actor admite como ciertos y cuáles niega o rechaza, debiendo expresar así mismo, los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar, quedando en consecuencia admitidos aquellos sobre los cuales no se hubiere hecho la requerida determinación. De igual manera y con respecto a lo dispuesto en el artículo 72 de la mencionada Ley adjetiva, en consonancia con la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, el demandado tiene la carga de la prueba de todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar la pretensión del actor. Asimismo en cuanto a la distribución de la carga de la prueba, el demandado tiene la carga de probar la naturaleza de la relación que le unió al trabajador, cuando en la contestación de la demanda haya admitido la prestación de un servicio personal y no la califique de naturaleza laboral. Así se Establece.

   Con vista a los alegatos expuestos por las partes debe concluirse que el punto controvertido en el presente juicio quedó resumido en determinar la procedencia del ajuste de pensión de jubilación, el pago de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral, con previa consideración del alegato de prescripción alegado por la demandada en el escrito de contestación de la demanda. Así se establece.

4. DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES

   La parte demandada en su escrito de promoción de pruebas:

   1. Documental marcada “A”, e inserta al folio 45 del expediente, relacionada con comunicación a través de la cual se informó al actor sobre el otorgamiento del beneficio de jubilación. Respecto de esta documental no se evidencia la fecha exacta de la misma, no obstante su contenido no forma parte del tema controvertido, razón por la cual se desecha del material probatorio. Así se decide.

   2. Marcadas “B”, “B1” hasta la B4”, e insertas a los folios 46 al 50 del expediente contentivo de la presente causa, planillas de liquidación de prestaciones sociales, de fechas 28 de noviembre de 2005, 10 de abril de 2007y 22 de septiembre de 2004, las cuales no fueron objeto de impugnación en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   3. Marcadas “C”, e insertas a los folios 45 al 96, ambos inclusive del expediente, recibos de pago de salario, desde el 11 de diciembre de 2001 hasta 10 de febrero de 2007, cuyo contenido fue expresamente admitido por la demandada en la oportunidad de la audiencia oral de juicio, razón por la cual se les otorga valor probatorio conforme a los dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo. Así se decide.

   4. Marcadas “D”, e insertas a los folios 97 al 148, movimientos de cuenta bancaria emanada de Banesco, Banco Universal, las cuales fueron ratificadas mediante la prueba de informes, cuya respuesta consta a los folios 281 y siguientes del expediente contentivo de la presente causa, a través de la cual la institución bancaria a la que le fue requerida la información consignó los movimientos de cuentas realizadas en la cuenta corriente N° 0134-0072-51-0721009661, del ciudadano Torres Cabrisas C.D., con cédula de identidad N° 631.466, realizados como pagos de nómina de la Universidad S.M.. Dicho medio de prueba tiene pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.

   5. Marcado “E”, e inserta al folio 217 del expediente, comunicación de fecha 31 de octubre de 2006, a través de la cual se informa a los decanos, directores y coordinadores académicos y directores de núcleos, el pago de cesta ticket a los docentes, con base al control de asistencia. La original de dicha documental fue solicitada a través de la prueba de exhibición, admitiendo la demandada el contenido de la copia consignada por el actor, razón por la cual a la misma se le otorga pleno valor probatorio. Así se decide.

   6. Consignó copias de Convenciones Colectivas y Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el Personal Docente de Investigación de la Universidad S.M., de cuyo contenido se considera ilustrado el Tribunal. Así se establece.

   Por su parte las demandadas de autos no promovieron pruebas en la oportunidad procesal correspondiente.

5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Tomando en consideración el alegato de prescripción de la acción opuesto por la representación judicial de la demanda, quien decide se pronuncia al respecto sobre dicha defensa tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

   La prescripción constituye una institución jurídica cuyo origen se remonta al Derecho Romano, y que se mantiene en nuestros días, la cual es concebida como la extinción del derecho por causa de la tardanza en la demanda.

   En este sentido, el artículo 1.952 (sic) del Código Civil venezolano vigente establece que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo, así la Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 61 el lapso de un año para el reclamo de las prestaciones sociales derivadas de la relación de trabajo, a partir de la fecha de culminación de la misma, y por otro lado el artículo 1980 del Código Civil, prevé el lapso de prescripción para el reclamo de las deudas que deban pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

   Como quiera que la demandada alegó como defensa previa la prescripción de la pretensión esgrimida por el actor, quien decide estima prudente, antes de entrar a conocer el fondo de la controversia, determinar la procedencia o no de esta defensa, citando lo que al efecto señalan los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo:

   Artículo 61: Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”

   Artículo 64: La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

   1. Por introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

   2. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones intentadas contra la República u otras entidades de carácter público.

   3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

   4. Por las otras causa señaladas en el Código Civil.

   Por otro lado, el artículo 1.969 del Código Civil, establece las causas genéricas que interrumpen la prescripción, cuando señala:

   Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

   Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, mediante la copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez, a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

   De las normas anteriormente transcritas, se desprende que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescriben en un (1) año, cuyo lapso debe computarse a partir de la terminación de la prestación de servicios, es decir, a partir de la extinción del vínculo laboral. Igualmente el artículo 64 del referido texto legal, establece en su literal “a,” el lapso de dos (2) meses adicionales al lapso de prescripción de un (1) año, es decir, un lapso distinto del término anual previsto en el artículo 61 antes mencionado, lo cual no constituye una prolongación del término de prescripción, sino que determina un lapso en el cual, si no se ha realizado antes, se de cumplimiento a la citación o notificación del demandado, este es el carácter legal que le confiere los modos de interrumpir la prescripción a la presentación de la demanda dentro del lapso establecido en el artículo 61 de la norma in comento, en consonancia con la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.

   Ahora bien, en el caso subjudice, es un hecho expresamente admitido por las partes, que la relación de trabajo que las vinculara finalizó el 31 de marzo de 2007, por virtud del reconocimiento del beneficio de jubilación realizado por la demandada a favor del accionante; así, y tomando en cuenta que la demandada por reclamo de prestaciones sociales fue interpuesta en fecha 29 de octubre de 2007, habiendo transcurrido 7 meses desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, es por lo que se hace forzoso concluir en la improcedencia del alegato de prescripción para el reclamo de diferencia de prestaciones sociales reclamadas por el actor. Así se decide.

   Por otro lado y como quiera que la demandada de autos alegó la defensa de prescripción sobre el reclamo de las pensiones dejadas de percibir por el actor, debe señalarse que la pensión de vejez otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene un régimen distinto al pago de pensiones que por concepto de jubilación acuerda el patrono por vía de convención colectiva; así, y para el caso de las pensiones de jubilación acordadas por vía de convención colectiva, la Doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al lapso de prescripción del derecho a la jubilación ha señalado:

   Considerando ahora la materia relativa al lapso para prescribir el derecho a la jubilación, la doctrina y alguna jurisprudencia, una vez que se adquiere derecho a la misma, ha considerado tres opciones: que tal derecho prescribe a los 10 años, por ser una acción personal (artículo 1.977 C.C.); que prescribe a los 3 años, por consistir su cumplimiento en un pago periódico menor al año (artículo 1.980 C.C.); o que prescribe al año, conforme lo prevé la ley especial sustantiva, por ser su causa un vínculo de trabajo (artículo 61 L.O.T.).

   Analicemos de seguida estas posiciones:

   Las acciones personales son aquellas que derivan de las obligaciones de crédito. Todas las acreencias de un trabajador respecto de su patrono son obligaciones de crédito, de allí que se califiquen como acciones personales.

   Disuelto el vínculo de trabajo y optando el demandante por la jubilación especial, manifestando que su voluntad al momento de escoger estuvo viciada, la acción para reclamar su reconocimiento, al pagarse ésta por períodos menores al año, se rige por el artículo 1.980 del Código Civil, y así lo entiende esta Sala de Casación Social

   De conformidad con la doctrina trascrita que este Juzgado acoge plenamente, debe considerarse que es aplicable a la jubilación la prescripción establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, sino que la norma aplicable es la prevista en el artículo 1.980 del Código Civil, que es la que regula las obligaciones que deberán pagarse por año o por plazos periódicos más cortos, es decir, el lapso de prescripción es el equivalente a tres años (3) años, contados a partir del momento en que terminó el contrato de trabajo, a menos que se hubiese interrumpido la prescripción a través de uno de los medios legales pertinentes. Así se establece.

   En el caso que nos ocupa, la relación de trabajo que vinculara a las partes concluyó el 31 de marzo de 2007, fecha en la cual se materializó el beneficio de la jubilación otorgado al actor, siendo interpuesta la demanda en fecha 29 de octubre de 2007, con lo cual no transcurrió entre una fecha y otra el lapso de prescripción para reclamar el ajuste de pensión de jubilación realizado por la parte actora, siendo improcedente el alegato de prescripción realizado por la parte demandada. Así se decide.

   En relación a la prescripción del reclamo de la pensión de vejez otorgada por el Instituto Venezolano de lo Seguros Sociales, es criterio de esta Juzgadora, que no tiene la demandada la cualidad para alegar la prescripción en los términos expuestos en la contestación de la demanda, toda vez que no se puede subrogar en la defensa del ente mencionado, que por lo demás no es parte en el presente procedimiento, razón por la cual es improcedente el alegato de prescripción formulado por la demandada. Así se decide.

   Decidido, lo anterior, esta Juzgadora considera pertinente pronunciarse por los conceptos reclamados por el actor en su libelo de demanda, tomando en consideración lo siguiente:

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: