Decisión de Juzgado Segundo de los Municipios Tovar, Zea Guaraque y Chacón de Merida, de 19 de Marzo de 2010

De conformidad con lo estatuido en el Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicito al Tribunal que oficie al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Área de Sucesiones, Sector de Tributos Internos Mérida, Región Los Andes, requiriéndole informe sobre las declaración sucesoral No. 189 del 26 de mayo de 1972 y que se expida copia de la misma, con la finalidad de realizar el debido cotejo, ya que la copia simple que presenté de esa declaración fue desconocida. La finalidad es demostrar la veracidad de la copia que presenté y que fue desconocida, copia esta que riela del folio al folio (sic).

promuevo valor y mérito de Certificado de Solvencia de Sucesiones No. 001248, la cual consigno en este acto, el cual fue desconocido por la parte demandada reconviniente al momento de contestar la demanda. Esta prueba tiene como objeto solicitar que la copia que fue desconocida sea cotejada con este original.

Promuevo valor y mérito de del formulario de autoliquidación de Impuesto sobre Sucesiones correspondiente al expediente 000450 de fecha 06 de junio de 2001.

Esta prueba tiene como objeto demostrar que la copia que fue desconocida sea cotejada con este original.

Promuevo la prueba de experticia, con la finalidad de dejar constancia de los linderos, medidas y valor de, un inmueble propiedad de mis mandantes, el cual está constituido por un lote de terreno y las mejoras en él fomentadas, ubicado en la carrera 11, antigua calle Colombia, Barrio El Corozo, Municipio Tovar, signado con el No. 5-15, el cual se encuentra dentro de los siguientes linderos y medidas: Frente: En la medida de seis metros (06 mts.) con la carrera 11, El Corozo. Costado Derecho: En la medida de veinte metros (20 mts.), colinda con propiedad que es o fue de la Sucesión Medina. Costado izquierdo: en la medida veinte metros (20 mts.) colinda con propiedad de T.P. de Ramírez y Fondo: En la medida de Seis metros (06 mts.), colinda con terrenos que es o fue de R.R. y divide cerca de alambre y ubicación del inmueble objeto de la reivindicación solicitada, con nombramiento de expertos. La finalidad de esta prueba es determinar que el inmueble es el mismo a que se contrae la demanda de incoada por mis representados.

Promuevo Inspección Judicial en el inmueble antes señalado, para dejar constancia de la persona o personas que ocupan dicho inmueble. La finalidad es demostrar que el demandado reconveniente es el mismo que señalamos al momento de intentar la demanda como ocupante de dicho inmueble.

Promuevo a los ciudadanos NIVA SALAS, R.E.C. y A.C.R., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de identidad Nos. 5.448.589, 10.905.872 y 8.083.683, respectivamente, para que den repuesta (sic) a las preguntas que les formularé. El objeto de esta prueba es demostrar que los alegatos de hecho y de derecho invocados por mis clientes. Reservo, para mis representados, el derecho a presentar otras pruebas que ellos crean conveniente. Finalmente solicito que estas pruebas sean admitidas, evacuadas y apreciadas en todo su valor probatorio al momento de dictar sentencia“.

En fecha 05 de Marzo del 2010, fue consignado escrito de promoción de pruebas por el abogado J.D.C.G., apoderado judicial de la parte demandante (F. 112) en el que expone lo siguiente:

“… Estando dentro del lapso para promover y evacuar pruebas, procedo a promover las siguientes probanzas.

Promuevo copia simple de la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en Tovar, el 6 de Agosto del 2008, que cursó en el aquel juzgado con el N° 7915, mediante la cual ese Juzgado declara sin lugar la sentencia dictada por este Tribunal el 15 de Febrero del 2008, en juicio que cursó ante este Despacho, con el N° 662 por desalojo. En la sentencia dictada por el Tribunal de alzada declara sin lugar la demanda por mis mandantes incoada. No resuelve la controversia planteada sobre si existió un contrato de arrendamiento o si existió una autorización para que el ciudadano F.R. ocupara gratuitamente ese inmueble. Al no resolver esa situación nos dejó en un limbo jurídico, pues no determinó que la posesión fuese legal. En el actual libelo de demanda señalamos en forma tácita que el ciudadano F.R. ocupa ilegítimamente el inmueble que pretendemos reivindicar. El nunca ha demostrado que posea en forma legitima el inmueble y es por lo que demandamos a ese ciudadano, por poseer ilegítimamente el inmueble propiedad de mis mandantes. Al señalar en esa sentencia que: “Sin embargo de las demás pruebas aportadas al proceso no consta que el demandado de autos deba cánones de arrendamiento señalados en el libelo. Tampoco existe prueba alguna en autos, que exista un contrato de uso gratuito, que pudiera ser un comodato entre los propietarios y el optante comprador, tal y como fue alegado por el demandado de autos como medio de defensa”. (sic)(subrayado nuestro). Hace el señalamiento pero no resuelve la condición por la cual el demandado ocupa el inmueble, no señalar que ocupa por contrato de arrendamiento, ni por algún titulo gratuito, es decir no tiene posesión legitima.

A todo evento desconoció los documentos promovidos como prueba por la parte demandante, que rielan al folio 89 al 99, ambos folios inclusive.

Mediante autos de fechas 18 de Febrero y 05 de marzo de 2010, el tribunal admitió la pruebas promovidas por la parte demandante cuanto ha lugar en derecho.

PRUEBAS DEL DEMANDADO RECONVENIENTE:

En fecha 4 de Marzo del 2010, fue consignado escrito de pruebas por el abogado LUCIDIO E.P.R., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, en el que promueve las siguientes pruebas, que fueron admitidas en la misma fecha:

1. - Promuevo en copia fotostática certificada el documento de “Opción de Compra”, el cual establece en la Cláusula Segunda que los vendedores le dan a mi representado un inmueble -el cual es objeto de reivindicación - por el precio de Noventa y Cinco Millones de Bolívares (Bs. 95.000.000,00), hoy Noventa y Cinco Mil Bolívares (Bs. 95.000,00), los cuales serían pagados mediante crédito obtenido mediante financiamiento de una banca privada; este documento tiene por objeto probar la existencia del derecho (compra-venta) que asiste a mi representado y el compromiso de pago era mediante crédito obtenido mediante financiamiento de una banca privada, crédito que le fue otorgado a mi representado tal y como consta en documento anexo.

2. - Promuevo la copia fotostática certificada de la sentencia proferida por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha 06 de Agosto del 2.008, en el cual, en la parte dispositiva de la sentencia numeral 2° declaró la existencia legal y jurídica del documento de Opción de Compra del inmueble objeto de reivindicación.

3. - Promuevo en copia fotostática certificada documento de compra-venta del inmueble objeto de “Opción de Compra”, elaborado por el departamento legal del Banco Banfoandes, hoy Bicentenario, donde consta el otorgamiento del crédito y el pago por la cantidad de Noventa Mil Bolívares (Bs. 90.000,00), el cual tiene por objeto probar el cumplimiento de la obligación establecida en el Contrato de Opción de Compra.

4. - Promuevo en copia fotostática certificada depósitos bancarios N° 3580721, de fecha 11 de Diciembre de 2.009 por la cantidad de Cuatro Mil Bolívares (Bs. 4.000,00); N°. 14937170 de fecha 14 de Diciembre del 2.009 por la cantidad de Cuatrocientos Bolívares (Bs. 400,00); 03581742 de fecha 14 de Diciembre del 2.009 por la cantidad de Trescientos Bolívares (Bs. 300.00), N° 1289825 de Fecha 14 de Diciembre del 2009 por la cantidad de Seiscientos Bolívares (Bs. 600,00), que tienen por objeto probar el cumplimiento de la Obligación establecida en la Opción de Compra.

5. - Promuevo comunicación emanada del Banco Banfoandes donde se me comunica que el crédito hipotecario solicitado fue aprobado; este documento tiene por objeto probar que con el crédito aprobado y los depósitos en efectivo realizados a la cuenta de este Tribunal, los cuales están a disposición de los propietarios del inmueble dado en Opción de Compra, cumple con el precio establecido de Noventa y Cinco Mil Bolívares (BS. 95.000,00) establecidos en el numeral segundo de dicha Opción de Compra.

DE LA IMPUGNACIÓN Y DESCONOCIMIENTO

DE LAS PRUEBAS DE AMBAS PARTES

Considera esta juzgadora necesario, previo al análisis de las pruebas promovidas y evacuadas por ambas partes, decidir sobre la impugnación de las copias de los documentos anexos al libelo y sobre el desconocimiento hecho de las pruebas promovidas en el lapso probatorio por el demandado reconviniente, pues se trata estos documentos impugnados y desconocidos, de los documentos fundamentales de la demanda y de la reconvención.-

Así pues, en el acto de contestación de la demanda, el apoderado del demandado señaló:

De conformidad con lo establecido en el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, IMPUGNO los documentos que corren insertos en copia fotostática simple a los folios 5 al 13 ambos inclusive del presente expediente, los cuales fueron agregados con el libelo de la demanda.

Hecha esta impugnación procedió la parte actora, en el lapso probatorio, a promover las pruebas siguientes:

1) “Certificado de Solvencia de Sucesiones No. 001248 el cual fue desconocido por la parte demandada reconviniente al momento de contestar la demanda. Esta prueba tiene como objeto solicitar que la copia que fue desconocida , que obra al folio 44, sea cotejada con este original”.

Al respecto cabe señalar, que fue impugnada la copia fotostática simple anexa al libelo, de este documento administrativo. Esta categoría documental se asemeja a los documentos públicos, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la parte que quiera servirse de la copia impugnada, puede solicitar el cotejo con el original mediante inspección ocular o mediante uno o mas peritos que designe el Tribunal; o puede producir y hacer valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.-

El procesalita A.R.R. ha sostenido que la función del documento administrativo “...no es otra que la de documentar los actos de la administración que versan sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe o sobre manifestaciones de certeza jurídica...”. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 152).

La Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 16 de mayo 2003, (Henry J.P.V. c/ R.G.R.B.), dejó sentado:

...Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario...

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Por tanto, siendo consignado el original de dicho documento, es decir, el certificado de solvencia de sucesiones, este Tribunal le da pleno valor probatorio por ser un documento administrativo, que emana de una autoridad con facultad para emitirlo, y por cuanto no aparece de autos que haya sido declarado como falso por ninguna autoridad competente. En consecuencia, hace plena fe entre las partes y respecto a terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por sus otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que dicho instrumento se contrae. Del mismo se desprende la cualidad de herederos que tienen las demandantes: M.D.M.v. DE GUILLEN, D.G.M. , D.L.G.M. Y D.D.G.M., plenamente identificadas, en la proporción indicada en la declaración sucesoral, de su causante P.G.U..

2) Formulario de autoliquidación de Impuesto sobre Sucesiones correspondiente al expediente 000450 de fecha 06 de junio de 2001. Esta prueba tiene como objeto demostrar que la copia que fue desconocida sea cotejada con este original.

Al igual que la anterior prueba, fue impugnada la copia fotostática simple anexa al libelo de este documento, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la parte que quiera servirse de la copia impugnada, puede solicitar el cotejo con el original mediante inspección ocular o mediante uno o mas peritos que designe el Tribunal; o puede producir y hacer valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.-

En consecuencia, siendo consignado el original de dicho documento es decir, el Formulario de autoliquidación de Impuesto sobre Sucesiones correspondiente al expediente 000450 de fecha 06 de junio de 2001 se le da pleno valor probatorio pues no aparece de autos que haya sido declarado como falso por ninguna autoridad competente, por lo que hace plena fe tanto entre las partes como respecto a terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por sus otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que dicho instrumento se contrae. Del mismo se desprende la cualidad de herederos que tienen las demandantes: M.D.M.v. DE GUILLEN, D.G.M., D.L.G.M. Y D.D.G.M., plenamente identificadas, en la proporción del 8,333% en la herencia del ciudadano P.G., quien a su vez fuese heredero de V.G.R., quien en vida adquiriera el lote de terreno sobre el cual se construyeron las mejoras, que en su conjunto forman el bien objeto del litigio. Así se decide.-

DE LA PRUEBA DE INFORMES: Promovida esta prueba, el tribunal ordenó librar oficio al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, área de sucesiones sector de Tributos internos Mérida, Región Los Andes, a los fines de que informe sobre la declaración sucesoral N° 189 del 26 de Mayo de 1972 y que se sirva enviar copia de la misma y que se expida copia de la misma, con la finalidad de realizar el cotejo, ya que la copia simple presentada fue desconocida, lo que no ocurrió durante el debate probatorio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la parte que quiera servirse de la copia impugnada, puede solicitar el cotejo con el original mediante inspección ocular o mediante uno o mas peritos que designe el Tribunal; o puede producir y hacer valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.-

En consecuencia, no habiéndose dado cumplimiento con alguno de los supuestos previstos en esta norma, debe esta juzgadora desechar la copia promovida con el libelo por los actores, relativa a la declaración sucesoral N° 189 del 26 de Mayo de 1972, en la cual se hace constar el carácter de herederos de M.A.U.d.G., T.G.U., C.F.G.d.H., N.G.U., M.Y.G.U. y P.G.U., de su causante V.G.R..- Así se decide.-

Constituye esta prueba, uno de los documentos fundamentales de la demanda, pues de este se deriva el derecho de propiedad de los actores, requisito indispensable para que prosperé la acción de reivindicación; y al quedar desechada, inevitablemente, debe declararse sin lugar dicha acción.- Así se decide.-

Al respecto, establece el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

Artículo 434

Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.

En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros.

Por su parte, el apoderado de la parte actora, desconoció los documentos promovidos como prueba por la parte demandante, que rielan desde el folio 89 al folio 99, ambos folios inclusive.

Dentro de estos documentos desconocidos, está el promovido en particular Primero, consistente en una copia fotostática del documento de “Opción de Compra”, mediante el cual los optantes vendedores le dan al demandado en opción de compra venta un inmueble, el cual es objeto de reivindicación, que constituye el instrumento fundamental de la reconvención.-

Observa esta juzgadora, que en el demandado obra una confusión en la promoción de copias certificadas expedidas de un expediente en el que reposan documentos privados, señalando que promueve copias certificadas de documentos.

En este sentido, vale aclarar que los documentos producidos en un expediente no pierden su naturaleza, o no se modifica la misma al expedir copias certificadas del expediente. Es decir; si son producidos en un expediente, documentos privados o copias de documentos privados, y posteriormente se expide copia certificada del expediente, dichos documentos mantienen conservan su naturaleza. –

Tal y como lo citamos previamente, establece el Artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, que si el demandante no acompaña su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, y que si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros.”

Se trata esta prueba, de una copia fotostática de un documento privado, del que no consta en autos el original, que constituye el documento fundamental de la reconvención propuesta, el cual fue desconocido por la contraparte.

Siendo una copia fotostática su valor es de un principio de prueba por escrito, que además fue desconocida. Por lo que, de conformidad con lo establecido en los Artículos 444, 445 y 434 del Código de Procedimiento Civil, debe ser desechado, pues no se produjo el original dentro de los quince días de la promoción de pruebas, ajustándonos al juicio breve, dentro de los diez días del lapso probatorio, y habiendo sido desconocido no insistió el demandado en hacerlo valer. Así se decide.-

DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA.

Para decidir acerca del petitorio hecho por la parte demandante en su libelo, y de la parte demandada reconviniente, esta juzgadora hace las siguientes consideraciones:

La pretensión de los accionantes consiste en la reivindicación de un inmueble que alegan ser de su propiedad y el demandado, en la oportunidad de la contestación a la demanda, procedió a formular mutua petición por cumplimiento de un contrato de opción de compra venta de dicho inmueble,

Tal y como se estableció previamente, tanto la parte actora reconvenida, como la parte demandada reconviniente, omitieron la consignación de instrumentos fundamentales de la demanda y reconvención, por lo que no se hace necesario analizar el resto del cúmulo de pruebas. Así se decide.-

Señala el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que el Juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.

Por otro lado, establece el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 506 que “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.” Y el Código Civil en su Artículo 1354 señala que: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.”

De modo pues que, siendo esencial al juicio de reivindicación la demostración del derecho de propiedad del demandante, recae sobre el actor la carga de la prueba del derecho de propiedad, en el caso de autos los actores no demostraron su derecho de propiedad, por lo que la acción de reivindicación debe declarase sin lugar. Así se decide.-

Por su parte el demandado, reconviene por cumplimiento de un contrato de opción de compra venta celebrada con los actores, y no consignó dicho contrato, que constituye el instrumento fundamental de su pretensión, por lo que debe declararse sin lugar la reconvención. Así se decide.-

En consecuencia, por todo lo antes expuesto, no existiendo plena prueba de los hechos alegados en la demanda y en la reconvención propuestas, no puede esta juzgadora declarar con lugar las mismas. Así se decide.

DECISION

De acuerdo con las anteriores consideraciones, éste Juzgado Segundo de los Municipios Tovar, Zea, Guaraque y Arzo.C. de la Circunscripción Judicial del Estado M.A.J. en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR LA DEMANDA, que por REIVINDICACION DE INMUEBLE intentaron los ciudadanos M.D.M.V. de GUILLEN, M.A.U.d.G., T.G.U., C.F.G.d.H., N.G.U., M.Y.G.U., D.Z.G.M., D.L.G.M. y D.D.G.M., titulares de las cédulas de identidad N° V.- 2.286.104, 2.289.396. 3.939.033, 4.472.692, 5.448.612, 10.899.558, 13.229.093 y 15.074.837, domiciliados en esta ciudad de T.E.M. y hábiles, a través de su APODERADO JUDICIAL abogado J.D.C.G., titular de la cédula de identidad N° V-3.574.134, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 4.876, domiciliado en la ciudad de Tovar, Estado Mérida, en contra del ciudadano F.D.J.R.C., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.089.516, domiciliado en esta ciudad de T.E.M. y hábil, fungiendo en este juicio como APODERADO JUDICIAL el Abogado LUCIDIO E.P.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.296.603, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 43.445. Dicho inmueble consistente en un lote de terreno y las mejoras en él fomentadas, ubicado en la carrera 11, antigua calle Colombia, Barrio El Corozo, Municipio Tovar, signado con el N° 5-15, el cual se encuentra dentro de los siguientes linderos y medidas: Frente: en la medida de seis metros (06 mts) con la carrera 11, El Corozo. Costado Derecho: En la medida de veinte metros (20 mts), colinda con propiedad que es o fue de la sucesión medina. Costado izquierdo: en la medida de veinte metros (20 mts) colinda con propiedad de T.P. de Ramírez y Fondo: En la medida de seis metros (06 mts) colinda con terrenos que es o fue de R.R. y divide cerca de alambre adquirido por V.G.R., fallecido ab instestato según documento, registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito T.d.E.M. el 05 de Noviembre de 1951, bajo el N° 45, Protocolo 1°, Tomo 1° y las mejoras sobre el construidas consistentes en: una casa para habitación, con paredes de bloques frisadas y piso de cemento, techo de platabanda, cuatro habitaciones, cocina, sala-comedor, dos baños, estar, patio, lavadero y tanque de agua para dos mil litros (2.000 lts), tal como se evidencia de documento de registro de mejoras, protocolizado el Registro Público de los Municipios Tovar y Zea del Estado Mérida el 16 de Mayo de 2.006, bajo el N° 525, Protocolo 1°, Tomo 11°. SEGUNDO: Se DECLARA SIN LUGAR LA RECONVENCIÓN propuesta por el demandado de autos contra los demandantes por cumplimiento de contrato de opción de compra venta por cumplimiento de contrato de opción de compra venta de dicho inmueble de fecha nueve (09) de agosto de 2007. TERCERO: No hay condenatoria en costas por no haber resultado totalmente vencida ninguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS TOVAR, ZEA, GUARAQUE Y ARZOBISPO CHACON DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, en Tovar, a los diecinueve (19) días del Mes de Marzo del año Dos Mil Diez. Años. 199° de la Independencia y 150° de la Federación. PUBLIQUESE Y REGISTRESE.

Déjese copia en el copiador de sentencias de éste Tribunal, de conformidad con los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA JUEZ TITULAR

ABG. Y.M.R.

LA SECRETARIA:

ABG. MAYOLY VEGA

En esta misma fecha y siendo las 9:00 A.M. se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia debidamente certificada en el archivo del Tribunal a los fines indicados por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA:

MAYOLY VEGA