Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 9 de Marzo de 2009

Declara CON LUGAR la demanda de Nulidad de Asiento Registral,…”

SE DECLARA NULA LA VENTA registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del otrora Distrito Barinas, en fecha 28 de Julio de 1.913, bajo el Nº 04, folios 06 vto. al 07 vto., Protocolo Primero, Principal y Duplicado, Tomo Único, Tercer Trimestre de 1.913, por medio de la cual, las ciudadanas: Ana, J.M., Chiquinquirá Arvelo y T.M., dan en venta y enajenación perpetua al ciudadano F.P.L., el terreno de cría y labor denominado “Guanapa”…”

PUNTOS PREVIOS

Realizada la narrativa en los términos que anteceden, se considera necesario resolver como puntos previos a la sentencia de fondo los siguientes:

DEL SILENCIO DE PRUEBAS

Entre los vicios que denuncia ante esta instancia Agropecuaria Vista Hermosa, en que incurrió la instancia inferior, es el de silencio de pruebas.

En efecto, señala la demandada en los informes que:

…Respecto a las pruebas dice la sentenciadora:

En cuanto a las pruebas promovidas por nuestras mandantes el Tribunal decidió de la siguiente forma:

En virtud de que los instrumentos y la confesión promovidos, lo fueron para demostrar la presunta falta de cualidad e interés… y siendo este punto objeto de análisis ut supra, habiendo sido desechado, quien decide está en la obligación de no concederle valor probatorio a dichas probanzas. Y así se declara.

Como ya señalamos, hubo silencio de pruebas, puesto que no fueron tomadas en cuenta para decidir la Falta (sic) de Cualidad (sic) e Interés (sic) del actor, por lo cual las mismas fueron desechadas por la sentenciadora desde ese momento.

Observa esta juzgadora con relación al silencio de prueba alegado, que tiene fundamento en razón de que es deber ineludible para los jueces en el proceso judicial de examinar todas y cuantas pruebas se hayan aportado a los autos, para de esta manera no incurrir en violación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

El referido artículo, establece:

Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas.

Se incurre en el señalado vicio, cuando el jurisdicente silencia en forma absoluta las pruebas o cuando hace un análisis parcial del material probatorio, vale decir, valorando algunos medios y otros no; el silencio de prueba en todas sus manifestaciones, ha sido considerado como inmotivación del fallo.

Respecto al vicio de silencio de pruebas, nuestro m.T., ha dicho:

“La doctrina de este Tribunal Supremo ha sido pacífica al señalar, que el referido vicio de silencio de pruebas sólo tiene lugar cuando el sentenciador deja de analizar una prueba producida en autos, conforme a los medios probatorios consagrados en nuestra legislación claramente tipificados o por cualquier otro medio de prueba atípico. También pueden constituir medios de prueba, cualesquiera menciones o elementos probatorios que consten en acta o instrumento del expediente que, por su propia naturaleza, no sea considerado como medio de prueba; para ello, es necesario, que la parte interesada en aprovecharse del mismo lo haga valer expresamente ante el sentenciador, a fin de que éste quede advertido de su existencia y comprometido a analizarlo como elemento probatorio particular.

…omissis…

Al ajustarse el sentenciador a lo requerido para determinar la validez del referido instrumento poder, no incurre en el denunciado vicio de silencio de prueba, contenido en el ordinal 4 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues ha sido jurisprudencia consolidada de este Tribunal Supremo que el vicio de inmotivación por silencio de pruebas existe cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, pues no debe confundirse exigüidad de la motivación con la falta absoluta, que es lo que en definitiva da lugar al recurso de casación.

(Resaltado de este Tribunal)(Sala de Casación Civil de fecha 19 de julio de 200. Magistrado Ponente: Antonio Ramírez. Caso: Sociedad Civil Agencia Aduanal Centro Occidental, C.A.)

Ahora bien, esta juzgadora en relación a los medios probatorios denunciados como silenciados por la recurrida observa lo siguiente:

1. Invocaron titulo supletorio evacuado por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, de fecha 27 de junio de 1991, que corre inserto a los autos a los folios 33, 34 y 35, así como del oficio S/N emanado de Sindicatura del C.M.d.M.A.B., con fecha 25 de junio de 1991, donde se autoriza al demandante a gestionar la obtención de un titulo supletorio, documento que trajo a los autos el demandante con su libelo de demanda.

2. Promovió la confesión espontánea hecha por el actor en la página 1 y 2 de su libelo de demanda, en la que afirma: que “el es poseedor” de un lote de terreno de aproximadamente un mil M2 (1.000 M2) ubicado en el Barrio Guanapa II Municipio Barinas del Estado Barinas.

   En cuanto a la promoción que antecede, del escrito de promoción se evidencia que la parte promovente señala como tema u objeto de la prueba demostrar que el ciudadano: V.M. es un poseedor precario, y que en virtud de ello carece de cualidad legítima e interés para exigir el derecho que en la presente causa reclama.

   Por su parte, la recurrida al analizar estas instrumentales, señaló:

   En virtud que los instrumentos y la confesión promovidos, lo fueron para demostrar la presunta falta de cualidad e interés del ciudadano V.M. para intentar el presente juicio, y siendo éste (sic) punto, objeto de análisis ut supra, habiendo sido desechado, quien decide está en la obligación de no concederle valor probatorio a dichas probanzas.

   De lo precedentemente expuesto y trascrito, se evidencia que la Jueza “A Quo” en razón de los argumentos de hecho y de derecho que desplegó en la recurrida, llegó a la conclusión previa que el actor tiene cualidad e interés para intentar la presente acción, por lo que procedió a desechar o no concederle valor probatorio a las instrumentales citadas; por lo que tal proceder no puede catalogarse como silencio de pruebas, en atención a que ciertamente los valoró y los desechó. Y así se declara.

3. Consignó copias simples de los documentos originales que están insertos en la serie Republica de Venezuela Biblioteca de la Academia de las Ciencias Políticas y sociales, Leyes y Decretos de Venezuela 1910, volumen I Caracas/ 1992, del Código Civil sancionado por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 09 de abril de 1904, páginas: 237, 390 y 391; y de la Ley de Registro del 27 de junio de 1910 sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela desde la página 236 al 254, cuya normativa cursa a los folios: 593 al 616. Ambos inclusive, del expediente.

   En cuanto a esta promoción, cabe resaltar que nuestro sistema procesal probatorio considera que nuestra ley nacional no es objeto de prueba, en virtud del principio Iura Novit Curia, vale decir, el principio según el cual el juez conoce el derecho y lo aplica, por lo que no es necesario promoverlo, por lo que actúo ajustada a derecho la Jueza de la causa cuando así lo declaró en su sentencia. Y así se declara.

   Por otro lado, en relación a las demás instrumentales promovidas, tales como copia mecanografiada del testamento que otorgó la ciudadana: A.M.C., la publicación con autoría de A.B.L., se observa que ambos fueron a.e.l.r..

4. En cuanto a la copia simple del documento protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Barinas del estado Barinas, de fecha 23 de Mayo de 2.005, anotado bajo el Nº 13, folios 72 al 74 vto, del Protocolo Primero, Tomo Veinte (20), Principal y Duplicado, Segundo Trimestre del año 2005. (folios 1.595 al 1.598, de la 3era pieza del expediente) y la copia simple de documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Barinas, en fecha 05 de Junio de 2.007, anotado bajo el Nº 53, Tomo 94 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría (folios 1.600 al 1.605 de la 3era pieza del expediente; se observa que los mismos también fueron a.y.v.p. la Jueza “A Quo”, señalando que ambos documentos no aportan elementos para dilucidar el thema decidendum, el cual no es otro que la validez del instrumento registrado en la Oficina de Registro Subalterno del Municipio Barinas, en fecha 28 de junio de 1.913.

   Siendo así las cosas, no se emerge de la sentencia recurrida el vicio de silencio de prueba invocado. Y ASI SE DECIDE.

   DE LA FALTA DE CUALIDAD DE INTERÉS

   PARA INTENTAR LA ACCIÓN PROPUESTA

   Las co-demandadas Agropecuaria Guanapa y Agropecuaria Vista Hermosa, señalan como primer planteamiento, que el actor carece de cualidad e interés para intentar la presente acción, y fundamentan este alegato en el hecho que la nulidad puede ser opuesta por aquel que ha sido demandado por la ejecución de un contrato y sólo pueden ejercitar la acción quienes hayan intervenido en el mismo (es decir en el contrato), aduciendo que el ciudadano: V.M. no es parte del contrato cuya nulidad se persigue, y que tampoco ha contratado con alguno de los causantes a quienes ha demandado en la presente causa.

   Ante esta Instancia, la co-demandada Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa alegó en relación a esta defensa que el actor no tiene cualidad para intentar el presente juicio, fundamentándola frente a la Ley de Registro Público de 1999, señalando además que el demandante carece de cualidad para pedir la nulidad de la cosa ajena, invocando a tales efectos la venta mercantil.

   La falta de cualidad para intentar o sostener el juicio está consagrada en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, y en atención a esta norma esta defensa de falta de cualidad e interés del actor o del demandado, puede hacerla valer este último en la oportunidad de contestar al fondo de la demanda.

   A su vez, el artículo 16 de la ley adjetiva procesal indica:

   “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.(Resaltado de este tribunal)

   En relación a la legitimidad procesal, parte de la doctrina ha dicho:

   “La legitimidad procesal está relacionada con el carácter de parte en sentido sustancial o material. Ante todo debe distinguirse la legitimidad procesal, conocida también doctrinariamente como legitimatio ad processum, y consiste en que las personas provistas de capacidad de ejercicio, comparecen al proceso como demandante o demandado, debidamente asistidos o representados por abogados, de convierten en partes; y la legitimatio ad causam, se configura cuando las partes, bien el demandante es el verdadero legitimado y titular activo del derecho que invoca en la demanda como fundamento de su pretensión; y la parte demandada tiene legitimidad y titularidad por ser el verdadero sujeto pasivo del derecho que reclama el demandante.

   Por ello, legitimidad en sentido amplio, es sinónimo de cualidad. Algunos procesalistas distinguen que en “la legitimación a la causa debe también existir en forma inseparable, titularidad en el derecho, es decir, una relación jurídica sustancial como objeto del proceso”. En cambio otros, se inclinan por la tesis que entre la legitimidad y la titularidad hay una separación, pudiendo existir legitimidad, sin que haya titularidad.” (Amadís Cañizales Patiño. Introducción al Derecho Procesal Civil I. Producción Karol, C .A. 2003. Pág. 243)

   Otra parte de la doctrina, específicamente el maestro L.L., en su obra: Estudios de Derecho Procesal Civil, Universidad Central de Venezuela- Sección Publicaciones, Volumen XIII, en el capitulo IV “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad, señala lo siguiente:

   La doctrina moderna del proceso ha tomado del derecho común la expresión legitimación a la causa (legitimatio ad causam) para designar este sentido procesal de la noción de cualidad, y distinguirla bien de la llamada legitimación al proceso (legitimatio ad processum); y según que aquella se refiera al actor o al demandado, la llama legitimación a la causa activa o pasiva (legitimatio ad causam activa et pasiva). Siguiendo el lenguaje empleado por el Legislador patrio en el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, podríamos muy bien distinguir ambas nociones de cualidad diciendo “cualidad para intentar o sostener el juicio”. Más brevemente todavía podrá decirse cualidad activa y cualidad pasiva.

   Si la noción de cualidad que se ha dado anteriormente es exacta, aparece de manifiesto que ella denota sólo una relación de identidad lógica entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita. La cualidad expresa un modo de ser del derecho de acción; denota la relación en que se encuentran uno o más sujetos con la acción intentada; indica el lado subjetivo de la acción. Se trata, como he dejado apuntado, de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción (cualidad activa); y de la persona del demandado, con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva). En el primer caso, la cualidad no es un derecho, ni el título de un derecho, sino que expresa una idea de pura relación; en el segundo, no es una obligación, ni el título de una obligación, sino que expresa igualmente una idea de pura relación, y nada más.

   En materia de cualidad, la regla es, que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, cualidad para hacerlo valer en juicio; y que la persona contra quien se afirme ese interés en nombre propio tiene cualidad para integrar la relación procesal como sujeto pasivo de ella. El interés es la medida de la acción, dice un viejo adagio jurídico.

   Sobre este mismo tema, Bernardo Loreto Yánez, en una conferencia dictada en las Jornadas Dr. J.S.N.A. en Maturín Estado Monagas, en el mes de abril de 1992, recogida en la Revista de Derecho Probatorio 2, Director: J.E.C.R., Editorial Jurídica A.S., bajo el título “Breves Consideraciones sobre la Defensa de Falta de Cualidad y la Carga de la Prueba” afirmó:

   En relación con la formación del contradictorio, todo ordenamiento contiene esquemas subjetivos abstractos que deben ser observados, los cuales están conformados por lo que se conoce como situaciones legitimantes, es decir, por una categoría jurídica diferenciable por su naturaleza de la titularidad de un derecho subjetivo, la cual sólo sirve para determinar quiénes pueden ser partes legítimas y obtener sentencia de fondo, favorable o desfavorable, en los casos a que las situaciones legitimantes se refieren. Habida cuenta de ello, la legitimación en la causa no es otra cosa que la coincidencia entre la situación legitimante prevista en la ley, con la situación jurídica en que el actor afirma encontrarse, según la configura en la pretensión que hace valer en la demanda.

   Debe entenderse entonces que cualidad o legitimatio ad causam no es otra cosa que la relación jurídica existente entre el demandante en concreto y aquel a quien la ley da la acción, es decir, la posibilidad de pretender la satisfacción de la pretensión, y la posibilidad de sostener el juicio como demandado.

   En este mismo orden de ideas, debe señalarse que tal y como se ha dejado plasmado en el cuerpo del presente fallo, la cualidad no es un derecho, es sólo una idea de relación, vale decir, una identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la ley concede la acción, y por consiguiente la ley concede la acción a quien se vea afectado en su derecho subjetivo, lo que conlleva en todo caso a tener un interés jurídico en que el asunto sea resuelto.

   En cuanto al alegato esgrimido por la parte demandada, en relación a que sólo las partes que intervienen en los contratos sean las que en todo caso posean ó detenten la legitimidad y el interés para accionar contra los efectos jurídicos derivados de los mismos, esta Alzada se solidariza con el criterio de la Jueza “A Quo”, en el sentido que no resulta del todo cierto lo afirmado por la parte demandada, pues sostener tal tesis sería desconocer que en nuestro ordenamiento jurídico existen acciones que pueden ser activadas por terceros ajenos a una negociación para proteger sus derechos e intereses, como lo es la acción oblicua mediante la cual el acreedor se subroga la posición de su deudor, y dice el deudor de mi deudor es mi deudor, la acción pauliana que persigue que los acreedores soliciten la revocación de los actos dolosos o fraudulentos realizados por su deudor, debiendo agregar este Tribunal que de igual modo existe la acción de simulación prevista en el artículo 1.281 del Código Civil, que puede ser ejercida por cualquier acreedor anterior o posterior al acto simulado, ya que con su ejercicio se pretende hacer constatar cuál es la situación patrimonial verdadera del deudor.

   Debe además agregarse, que la acción de nulidad absoluta puede ser alegada por cualquier interesado, incluso por un tercero interesado, y en este sentido el artículo 53 de la Ley de Registro Público de 1999, disponía: “ La persona que se considere lesionada…”

   Ahora bien, observa esta Alzada que la persona que interpone la demanda que contiene la pretensión de nulidad de asiento registral es el ciudadano: V.M., quien es una persona natural que se encuentra poseyendo desde hace más de veinte años unos terrenos en la posesión Guanapa, (situación ésta en la que se encuentran numerosas familias barinesas), así mismo por notoriedad judicial este Tribunal conoce que originalmente ante el tribunal de la causa, y ahora ante esta Alzada cursa expediente número 08-2875, en el que se evidencia que la Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa demandó por reivindicación al actor de autos por haberse instalado dentro un lote de terreno de aproximadamente 1.500 Mts de su propiedad; por lo que se hace evidente que el ciudadano: V.M. tiene interés en las resultas del presente juicio, en virtud de haber ocupado por mas de veinte años parte de los terrenos que fueron objeto de la negociación cuya nulidad se pretende, en consecuencia, habiendo quedado demostrada la cualidad del actor, la defensa propuesta de falta de cualidad e interés de la parte actora para intentar el juicio debe ser declarada sin lugar. Y ASI SE DECIDE.

   DE LA PROHIBICION DE LA LEY

   DE ADMITIR LA ACCION PROPUESTA

   En relación a la defensa opuesta por la parte demandada, en la que invocó la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, debe resaltar esta Alzada que todo lo concerniente con los tramites esenciales del procedimiento, es materia de orden público, y en ese sentido se ha pronunciado en múltiples oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas en sentencia de fecha 02 de mayo de 2005. Sala Civil. Magistrada Ponente: Isbelia P.d.C.. Caso: C.V.H. contra E.G.d.H., en la que señaló:

   La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento.

   El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario y, en consecuencia, no es convencional; por el contrario, su estructura, secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez.

   Por esa razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: A.Y.P. contra Agropecuaria el Venao C.A.).

   En ese orden de ideas, la Sala ha señalado que las normas en que está interesado el orden público, son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada.

   Asimismo, ha establecido que “...la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara contra Banco Nacional de Descuento).

   Se observa que la defensa opuesta por la parte demandada, se encuentra establecida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

   Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas:

   …omissis…

   La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.

   En razón de lo estipulado en el señalado artículo, el demandado puede dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, oponer cuestiones previas y una vez resueltas las mismas y si ello es procedente pasar a contestar al fondo de la demanda; no obstante, en el presente caso se evidencia que la co-demandada de autos: Agropecuaria Guanapa promovió la cuestión previa antes aludida conjuntamente con la contestación de la demanda, siendo esto totalmente improcedente, en virtud que se pueden desarrollar dos conductas procesales por parte del demandado o se oponen cuestiones previas o en su defecto se contesta al fondo de la demanda; y para ello están previstos lapsos distintos, y finalidades también diferentes, las primeras buscan depurar el proceso, en tanto que la contestación de la demanda entraña el ejercicio del derecho a la defensa del demandado en relación a los límites en que ha quedado trabada la litis.

   De lo anteriormente expuesto, se colige que el trámite tanto de las cuestiones previas, como de la contestación de la demanda se encuentra regido por las normas procedimentales que son de estricto cumplimiento tanto para el Juez como para las partes, sin que les esté permitido en modo alguno subvertirlas, y siendo que la parte demandada en el mismo escrito promovió la cuestión previa aludida (Ord. 11° Art. 346), y simultáneamente dio contestación a la demanda, esta Alzada es del criterio que la cuestión previa se considera como no opuesta, en virtud de la aplicación del principio del debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASI SE DECIDE.

   Por otro lado, en atención al alegato esgrimido ante esta instancia en relación a que la prescripción alegada fue interpuesta como defensa de fondo, invocando el principio iura novit curia, cabe resaltar que: “Bajo el aforismo iura novit curia, se esconden dos usos del conocimiento judicial del Derecho diversos: como presunción y como principio jurídico […] En el ámbito del proceso, la distribución de tareas entre partes y el órgano jurisdiccional se sustenta, en buena medida, en la presunción de que este último conoce el derecho aplicable al litigio, circunstancia que exime a las primeras de alegar y probar los materiales jurídicos y que justifica; además que el juez no se encuentre vinculado a las consideraciones de derecho que eventualmente aquellas efectúen.” (Ezquiaga F.J., citado por el profesor: R.Q.M., en su trabajo: “En torno al principio del Iura Novit Curia” http://ecotropicos.saber.ula.ve)

   En resumen, según el principio antes señalado, el juez conoce el derecho y lo aplica, y en ese sentido esta Alzada observa que la co-demandada en su escrito además de titular en mayúsculas el punto dos (2): LA PROHIBICION DE LA LEY DE ADMITIR LA ACCION PROPUESTA, además repetida y enfáticamente señaló: “Es el caso ciudadano Juez que la presente acción no debió ser admitida por cuanto de conformidad con la ley, la presente acción de nulidad se encuentra PRESCRITA”. (Resaltado y mayúsculas del texto original); por lo que el juez se encuentra en la obligación de decidir la causa de acuerdo a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, esto en estricta aplicación del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil vigente.

   Por otro lado, el principio iura novit curia, que invoca la co-demandada ante este Tribunal, tal y como ya ha sido expuesto el mismo es utilizado para referirse al derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, en este sentido; no puede el jurisdicente bajo el amparo del principio antes señalado cambiar una defensa o modificar una excepción, como ejemplo de lo aquí se sostiene puede señalarse que la falta de cualidad e interés para intentar un juicio o sostenerlo constituye una defensa de fondo, sin embargo si el demandado la opone como cuestión previa, el juez no podría cambiar esa defensa y tener la cuestión previa como opuesta al fondo, debido a que esto vendría a suplir excepciones o argumentos no alegados oportunamente, en tal virtud, tal denuncia se desecha por improcedente. Y ASI SE DECLARA.

   DE LA IMPUGNACION DE LA ESTIMACION DE LA DEMANDA

   A continuación se examina el rechazo de la estimación al valor de la demanda realizado por la parte demandada.

   El artículo 38 del Código de Procedimiento Civil señala:

   Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

   El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva.

   En cuanto al rechazo o impugnación a valor de la demanda, el Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que no es posible el rechazo puro y simple del valor de la estimación de la demanda, sino que por el contrario, el demandado al rechazar o contradecir el valor de la demanda, debe necesariamente agregar un hecho nuevo que desvirtué lo exiguo o exagerada de la misma. Así lo dejo establecido entre otras, en sentencia de la Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Carlos Oberto Vélez. Caso: Ernesto D Escriban Guardia, de fecha 30 de noviembre de 2005, en la cual señaló:

   Sobre este asunto, cuando el demandado impugna la cuantía estimada en la demanda, por considerarla exigüa o exagerada, esta Sala, en decisión de fecha 15 de noviembre de 2004, caso: J.M.R.E., A.E.F.G. y N.D.V.B.M. contra P.S.B., L.S.d.B. y J.P.B.S., estableció:

   ...se limita la facultad del demandado a alegar un nuevo hecho, que la cuantía es reducida o exagerada y los motivos que lo inducen a tal afirmación; pudiendo, si lo considera necesario, sostener una nueva cuantía. No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada’.

   Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma

   .

   En consecuencia, se desprende del criterio jurisprudencial cuya transcripción antecede, que cuando el demandado rechace la estimación de la demanda, bien por insuficiente o exagerada, si no es probado ese nuevo elemento, quedará firme la estimación realizada por el demandante en su escrito libelar, que, como se dijo, fue estimada en la cantidad de sesenta y nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil bolívares (Bs. 69.888.000,00), como con acierto lo resolvieron las sentencias de Primera y Segunda Instancia.”

   En el caso bajo estudio se observa que la parte actora estimó la demanda en la cantidad de: Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000, oo), hoy Bs. 5.000.000, oo.

   Por su parte las demandadas: Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa y la Sociedad Civil Agropecuaria Vista Hermosa, a través de sus apoderados judiciales impugnaron por exagerada la cuantía estimada por la parte actora en su escrito libelar.

   Ahora bien, este tribunal para decidir en cuanto a la impugnación efectuada observa lo siguiente:

   De las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que el actor afirmó en su libelo que Agropecuaria Guanapa trata de despojarlo de su única vivienda construida con largos y arduos años de trabajo y sacrificio. Además de ello, consta en los folios del 32 al 35 de la primera pieza del presente expediente, titulo supletorio expedido por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, a favor de V.M., de fecha 27 de junio de 1991, en el que se evidencia que el actor de autos afirmó que invirtió en la construcción de las mejoras, la cantidad de: cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,oo), hoy cincuenta bolívares fuertes (Bs. F. 50,oo),y siendo que el citado titulo supletorio fue solicitado ante el Tribunal “A Quo” en fecha 23 de mayo de 1991, y la interposición de la demanda cabeza de autos fue realizada en fecha 25 de junio de 2.001, resulta irreal e inexacto que las mejoras realizadas por el actor hayan alcanzado el enorme valor de: cinco mil millones de bolívares (Bs. 5.000.000.000,oo), por lo que actúo ajustada a derecho la Jueza “A Quo” cuando estimó que las mejoras han variado su precio o valor en la cantidad actual de: cinco mil quinientos bolívares fuertes (Bs. F. 5.500,oo), por lo que en éste monto se fija la cuantía en este caso. Y así se decide.

   En consecuencia, para esta Juzgadora es forzoso concluir que la estimación del valor de la demanda ha quedado en la cantidad de: cinco mil quinientos bolívares fuertes (Bs.F. 5.500,oo) Y ASI SE DECIDE.

   Seguidamente pasa esta Alzada a analizar y valorar el material probatorio que consta en autos:

   PRUEBAS DE LAS PARTES

   PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

   En fecha 10 de julio de 2007, el abogado en ejercicio J.F.A., en su condición de apoderado judicial del ciudadano: V.M., estando en la oportunidad legal promovió las siguientes pruebas:

   • Reprodujo el mérito favorable de los autos.

   Esta Alzada ha sostenido en múltiples oportunidades, que esta promoción realizada en forma general, sin especificar a que actas procesales se refiere y sin señalar qué pretende probar con ello resulta totalmente improcedente; por otro lado, también ha reiterado este tribunal, que esta promoción pudiera tomarse como la invocación del principio de la comunidad de la prueba, que en todo caso debe ser aplicado por el juez o jueza sin necesidad de ser alegado por las partes; en tal virtud tal promoción se desecha. Y así se declara.

   • Posiciones juradas:

   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 403, 404 y 416 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la citación del ciudadano: C.E.S.E., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 6.911.539, de este domicilio, en su carácter de representante legal y vice-presidente de la codemandada “Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa” para que absuelva las posiciones juradas que le formulará sobre hechos de su conocimiento personal y directo.

   Este medio probatorio no fue evacuado, por lo que no existen elementos probatorios que valorar. Y así se declara.

   • Promovió inspección judicial:

   Solicitó al tribunal que se trasladara y constituyera en el inmueble signado con el N° 10-03, ubicado en el cruce de la avenida L.R.d.T. con calle 3, Barrio Guanapa II, parroquia R.B.d.D.B., para que deje constancia de que en dicho inmueble en su frente que da a la avenida L.R.d.T., existen dos locales comerciales, uno dedicado a la venta de pan (Panadería) y el otro dedicado a la venta de víveres (Abasto).

   Este medio probatorio no fue evacuado, por lo que no existen elementos probatorios que valorar. Y así se declara.

   • Promovió los siguientes testigos:

   • G.M.P.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.956.033, domiciliada en final Avenida Guárico N° 1-36, Barrio Unión Barinas.

   • M.P.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.065.617, domiciliado en la Urbanización J.A.P., vereda 67 N° 5, sector 2, tercera etapa Barinas.

   • J.O.V.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-899.928, domiciliado en final de avenida Industrial N° 430 Barinas.

   Declaración de testigos:

   M.P.P.: primera pregunta: Diga el testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace muchos años al ciudadano V.M.? Resp. Si lo conozco, mas de treinta años tengo de conocerlo. Segunda: Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano V.M., vive en el Barrio Guanapa II, esquina formada por la calle tres y avenida L.R.d.T., Barinas Parroquia Rotulo Betancourt. Resp. Si se y me consta. Tercera: Diga el testigo si sabe y le consta que la vivienda del ciudadano V.M., que ha dicho conocer consta de: Dos (02) locales comerciales en su frente y viviendas en su parte posterior y superior. Resp. Si me consta. Cuarta: Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano V.M. construyó los locales y viviendas que ocupa él y su familia con mucho trabajo y sacrificio durante muchos años. Resp.: si porque V.M. compro unas bienhechurías hace veintisiete años aproximadamente, donde tenía un rancho y eso lo modificó, construyó una vivienda de dos plantas los cuales convirtió en locales comerciales la parte de abajo y construyó vivienda en la parte del fondo, eso lo fue haciendo él poco a poco, porque él no poseía muchos recursos económicos. No fue repreguntado.

   J.O.V.R.: primera pregunta: Diga el testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace muchos años al ciudadano V.M.? Resp. Si lo conozco. Segunda: Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano V.M., vive en el Barrio Guanapa II, esquina formada por la calle tres y avenida L.R.d.T., Barinas Parroquia R.B.. Resp. Si es verdad. Tercera: Diga el testigo si sabe y le consta que la vivienda del ciudadano V.M. que ocupa, que ha dicho conocer consta de: Dos (02) locales comerciales en su frente y viviendas en su parte posterior y superior. Resp. Si. Cuarta: Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano V.M. construyó los locales y viviendas que ocupa él y su familia con mucho trabajo y sacrificio durante muchos años. Resp.: si eso es verdad. No fue repreguntado.

   G.M.P.R.: Primera pregunta: Diga la testigo si conoce suficientemente de vista, trato y comunicación desde hace muchos años al ciudadano V.M.? Resp. Si lo conozco de vista, trato y comunicación desde hace varios años.- Segunda: Diga la testigo si sabe y le consta que el ciudadano V.M., vive en el Barrio Guanapa II, esquina formada por la calle tres y avenida L.R.d.T., Barinas Parroquia R.B.. Resp. Si tiene años viviendo ahí en esa dirección desde que yo lo conozco. Tercera: Diga la testigo, si sabe y le consta que la doctora A.S. como representante de la compañía Agro pecuaria Guanapa demando al ciudadano V.M. para que le entregue el inmueble donde V.M. tiene su domicilio? Resp. Si eso es así ella lo demandó.- Cuarta: Diga la testigo, si sabe y le consta que la demanda de la doctora A.S. causo al ciudadano V.M. y a su esposa e hijos mucho dolor ante el temor de perder su única vivienda que les ha costado mucho sudor y sacrificio? Resp: Si, ellos todos han sufrido mucho por esa demanda que le hizo la doctora Santaella a extremo que los recursos que van haciendo, trabajando lo gastan en abogados para poder contestar a la demanda salvando su techo es decir el techo familiar que una vez fundara junto a su familia.- Quinta: Diga la testigo, si sabe y le consta que el ciudadano V.M., para no perder el juicio que le intento la Doctora Santaella, tuvo que nombrar abogados que lo defiendan y pagar los honorarios correspondientes? R.) si como dije anteriormente eso le han enfermado de imaginarse verse sin casa.- Sexta: Diga la testigo, como conoce todo lo que aquí ha declarado? Resp. Bueno porque tengo muchos años conociendo a Valentín y se y me consta que él ha vivido en esa casa junto a su familia, igualmente se que de un momento a otro le llego esa demanda para expropiarlo de su casa. No fue repreguntado.

   A las declaraciones precedentemente transcritas, se les otorga valor probatorio para dar por demostrado que el ciudadano: V.M. vive en el Barrio Guanapa II, que el mencionado ciudadano construyó un inmueble en el señalado lugar, y que tal construcción la realizó con mucho sacrificio hace muchos años, todo de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

   • Promovió constancia de residencia emitida por la Prefectura del Municipio Barinas, en fecha 26 de junio del 2007, en la que se hace constar que el ciudadano V.M.D., titular de la cedula de identidad N° 3.449.583, tiene su residencia en el Barrio Guanapa II calle 3 Av. L.R.d.T., casa N° 10-03 desde hace 27 años, marcada con la letra “A”, e inserta al folio (1609) de la tercera pieza.

   A esta Instrumental se le otorga valor probatorio, para dar por demostrado los hechos que contiene como documento público administrativo. Y así se declara.

   • Promovió original de registro de comercio denominado “Víveres y Frutería Venceremos”, hecho por su propietario V.M.D., venezolano, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº v3.449.583, de este domicilio, de fecha 8 de junio del año 1992, anotado bajo el Nº 161, folios 222 al 223, tomo III B del Libro Registro de Comercio, llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Transito, del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el que se evidencia que tal fondo de comercio se encuentra ubicado en la avenida Libertador, esquina calle 13, Nº 3-10 del Barrio Guanapa de esta ciudad de Barinas, marcado con la letra “B”, inserto al folio (1610) de la tercera pieza del expediente.

   Se le otorga valor probatorio para dar por demostrado los hechos que contiene, como documento público, no obstante de dicha instrumental no emergen elementos probatorios relacionados con la presente litis. Y así se declara.

   MEDIOS PROBATORIOS DE LA CODEMANDADA

   SOCIEDAD CIVIL AGROPECUARIA VISTA HERMOSA:

   En fecha 11 de julio de 2007, los abogados en ejercicio C.J.G.R. y L.L.M., inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 17.071 y 35.817, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad Civil “Agropecuaria Vista Hermosa” estando en la oportunidad legal promovieron los medios probatorios siguientes pruebas:

   • Promovieron el titulo supletorio evacuado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, de fecha 27 de junio de 1991, que corre inserto a los autos a los folios 32 al 35 de la primera pieza del presente expediente.

   En cuanto a esta instrumental se le otorga valor probatorio, para dar por demostrado los hechos que contiene como documento público de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

   • Promovió del oficio S/N emanado de Sindicatura del C.M.d.M.A.B., con fecha 25 de junio de 1991, donde se autoriza al ahora actor a gestionar la obtención de un titulo supletorio, documento que trajo a los autos el demandante con su libelo de demanda.

   En relación a esta instrumental, se le otorga valor probatorio para dar por demostrado los hechos que contiene como documento público administrativo. Y así se declara.

   • Promovió la confesión espontánea hecha por el actor en la página 1 y 2 de su libelo de demanda, en la que afirma: que “el es poseedor” de un lote de terreno de aproximadamente un mil M2 (1.000 M2) ubicado en el Barrio Guanapa II Municipio Barinas del Estado Barinas.

   En cuanto a las declaraciones realizadas por las partes, ya sea en el libelo o en la contestación de la demanda, este Tribunal es del criterio que las mismas son sólo afirmaciones que deben ser demostradas en el transcurso del proceso, por lo que la declaración o afirmación invocada por la co-demandada de autos no tiene la eficacia establecida en el artículo 1.400 del Código Civil, en atención a que para ser constitutiva de una verdadera confesión debe llevar implícita la intencionalidad o voluntariedad de confesar, vale decir, el “animus confitendi”; por lo que tal promoción se desecha. Y así se declara.

   • Promovió copias simples de los documentos originales que están insertos en la serie Republica de Venezuela Biblioteca de la Academia de las Ciencias Políticas y sociales, Leyes y Decretos de Venezuela 1910, volumen I Caracas/ 1992, del Código Civil sancionado por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 09 de abril de 1904, páginas: 237, 390 y 391; y de la Ley de Registro del 27 de junio de 1910 sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela desde la página 236 al 254, cuyo texto cursa a los folios: 593 al 616. ambos inclusive, del expediente.

   En relación a la promoción de estas leyes nacionales, debe señalarse que de conformidad con el principio iura novit curia ya señalado en el cuerpo del presente fallo, la ley nacional no es objeto de prueba; por lo que tal promoción se desecha. Y así se declara.

   • Reprodujo copia fotostática mecanografiada del testamento que otorgo la ciudadana A.M.C., en fecha 17 de Octubre de 1.832, ante el Escribano Interino Público de Barinas, cuyo original se encuentra inscrito en el Registro principal del estado Barinas, en el protocolo Duplicado numero primero, donde se encuentra el archivo llevado por la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Barinas del estado Barinas, correspondiente al año de 1832, inserto bajo los folios 130 al 134. el referido documento es copia fotostática mecanografiada también se encuentra agregado al cuaderno de comprobantes llevado por ante la oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Obispos y C.P. del estado Barinas, durante el Segundo Trimestre del año de 1972, bajo el N° 24, folios 25 al 28. (folios 582 al 586 de la primera pieza del presente expediente.

   En el documento precedentemente señalado, se lee:

   ….- 9.It. Declaro por mis bienes la hacienda de Cacao en tierras propias en el sitio del Caype, jurisdicción de la Yuca, - Una hacienda de caña en el sitio de la Carabela, jurisdicción de Barinitas.- Iten las tierras de Guanapa conocidas con el nombre de Hatico.- Las de botello poco más áca de quebrada Seca, las de parangula camino real de Barinitas.- It. Tres casas de bahareque y las palmas en la parroquia de Barinitas, una en la esquina de la Plaza, por el Naciente, que mantuvo pulpería J.A.T. y otras que compré a L.R. y habita el señor C.B. y la otra que compré al señor J.V.V. y colinda por el Poniente con la del señor Rafael Ayala….

   En esta instrumental se evidencia que se menciona unas tierras de “Guanapa”, no obstante, no se señalan en modo alguno ni la ubicación exacta de las mismas y mucho menos sus linderos y extensión, por lo que tal medio probatorio se desecha. Y así se declara.

   • Promovió copia fotostática certificada expedida por la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Barinas, en fecha 16 de abril de 2007, del juicio de deslinde de los ejidos de Barinas, intentado por el ciudadano: M.S. contra el Concejo Municipal del Distrito Barinas y P.A.T.; sustanciado en el Juzgado del distrito Barinas, en fecha 09 de Marzo de 1.951. el cual se encuentra registrado bajo el N° 57 folios 87 vto, al 94 del protocolo primero, tomo primero cuarto trimestre del año 1962. (folios 1583 al 1592, 3era pieza)

   A esta instrumental, se le otorga valor probatorio para dar por demostrado los hechos que contiene como documento público, de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.

   • Promovió copia simple del documento Protocolizado ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Autónomo Barinas del estado Barinas, de fecha 23 de Mayo de 2.005, anotado bajo el Nº 13, folios 72 al 74 vto, del Protocolo Primero, Tomo Veinte (20), Principal y Duplicado, Segundo Trimestre del año 2005. (folios 1.595 al 1.598, de la 3era pieza del expediente), en dicho documento la empresa Integradora Comercial Integransa,S.A., cedió en forma gratuita a la Fundación del N.M., un lote de terreno de forma regular constante de 309,40 Mts.2 aproximadamente, ubicado en los terrenos denominados Guanapa, en el Barrio La Paz, Jurisdicción del Municipio y estado Barinas, situado en la avenida 1 en el sector 3, del referido Barrio código catastral 06-04-02-43-05.

   En cuanto a este documento, se le otorga valor probatorio para demostrar los hechos que contiene en virtud de no haber sido tachado o impugnado por la contra parte de quien lo opuso; no obstante en este documento no se evidencian elementos probatorios tendientes a demostrar los hechos controvertidos en el presente litigio. Y así se declara.

   • Promovió copia simple de publicación denominada: “Los Ejidos de Barinas”, autor: A.B.L.. Caracas Imprenta Nacional 1957, paginas de la 37 a la 45.

   En relación a esta instrumental, la misma versa sobre una publicación emanada de un tercero ajeno al presente juicio, y no se evidencia de las actas procesales que la misma haya sido ratificada a través de la prueba testifical, en tal virtud tal medio probatorio se desecha, de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

   • Promovió copia simple de documento autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Barinas, en fecha 05 de Junio de 2.007, anotado bajo el Nº 53, Tomo 94 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría (folios 1.600 al 1.605 de la 3era pieza del expediente. Dicho documento contiene donación realizada por la Sociedad Civil Vista Hermosa de unos terrenos agropecuarios denominados Guanapa a la Procuraduría General del estado Barinas.

   Se evidencia que el mismo se trata de un documento firmado ante una Notaría Pública de esta ciudad de Barinas, sin embargo, cabe resaltar que de dicho documento no emergen elementos probatorios tendientes a demostrar los hechos controvertidos en el presente litigio, vale decir, la validez del documento registrado ante la Oficina de Registro Subalterno de Registro del Municipio Barinas de fecha 28 de julio de 1.913, en tal virtud tal documento se desecha. Y así se declara.

   • Promovieron los documentos que cursan insertos en los folios 28 al 31 y 37 al 97, los cuales constituyen el Tracto Sucesivo o Tradición Legal del derecho de propiedad que tienen de los terrenos de Guanapa.

   En relación a los documentos antes señalados, se observa que los mismos constituyen el documento de venta que le hiciera Ana, J.M., Chiquinquirá Arvelo y J.M. al ciudadano: F.P.L.. Este documento será analizado mas adelante en el cuerpo del presente fallo.

   También se observa que fue promovido documento de venta por parte de Integradora Comercial Integransa, S.A. a la Sociedad Civil Guanapa, de diez hectáreas de terreno en el sitio denominado Guanapa, de conformidad con documento debidamente registrado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Barinas, en fecha 08 de octubre de 1998, bajo el Nº 17, folios 101 al 104, Protocolo Primero, Tomo Segundo, Principal y Duplicado

   Así mismo, se evidencia que promovió documento de venta por parte de Integransa, S.A. a la Sociedad Civil Agropecuaria Vista Hermosa, de varios lotes de terreno, de conformidad con documento debidamente Protocolizado ante la señalada Oficina de Registro Público, en fecha 06 de mayo de 1996, anotado bajo el Nº 34, folios 104 al 140, Protocolo Primero, Tomo 10, Principal y Duplicado; y así sucesivamente otras ventas de terrenos.

   En cuanto a estos últimos documentos cabe reasaltar, que de los mismos no emanan elementos probatorios en relación a los hechos objeto de prueba en la presente controversia, es decir, la validez o no del documento cuya nulidad se solicita. Y así se declara.

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Planteada la presente controversia, cuyo reexamen ha sido sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos que quedaron establecidos, la cuestión a dilucidar por esta Alzada consiste en determinar si la decisión de la Jueza “A Quo” se encuentra o no ajustada a derecho, y en consecuencia determinar si resulta procedente confirmar, revocar o modificar dicho fallo.

   Tal y como se ha señalado en el cuerpo del presente fallo, el presente juicio tiene como pretensión la nulidad de asiento registral y nulidad del negocio jurídico contenido en documento registrado en fecha 28 de julio de 1.913, bajo el Nº 04, folios 06 vto. Al 07 vto., del Protocolo Primero y Duplicado, Tomo Único, Tercer Trimestre de 1.913.

   La pretensión de nulidad antes esbozada, la fundamentó la parte actora en el hecho de que el negocio jurídico contenido en el documento cuyos datos de registro se señalaron precedentemente, no cumplió a cabalidad con varios requisitos que se exigían de conformidad con la ley vigente para la época en que se realizó dicha venta, a saber el Código Civil de 1.904 y la Ley de Registro del año 1.910.

   A tales efectos, el actor alegó que las vendedoras no acreditaron su condición de herederas del ciudadano: P.A., y ni siquiera hicieron mención o al menos señalaron los datos del título inmediato de adquisición del inmueble objeto de la negociación.

   Para una mejor compresión del caso que nos ocupa, este Tribunal pasa a hacer las consideraciones siguientes:

   La doctrina ha señalado que la acción de nulidad es la que emana directa o indirectamente del acto o contrato que se trata de anular, cuando la acción se funda en la nulidad debe pedirse la declaración de la misma, y esa acción (la de nulidad) tiene como finalidad preservar el orden público, la nulidad sea absoluta o relativa debe ser declarada por el órgano jurisdiccional.

   Henri y Jean Mazeud, señalan que un sistema que se fundara únicamente sobre la autonomía de la voluntad y donde el orden público no tuviera que intervenir en el ámbito contractual, se entendería que no existen nulidades generales sino de protección a los contratantes, es decir, sólo la nulidad relativa. (Citados por el autor R.R.M. en su obra: Las Nulidades en el Derecho Civil y Procesal. Ediciones Jurídicas J. Santana. Primera Edición año 2000.Pág. 106)

   Por otro lado, cabe resaltar que los negocios jurídicos son válidos si cumplen con lo establecido por la ley, y se encuentran afines con las normas morales y las buenas costumbres.

   En este mismo orden de ideas, el autor patrio L.S., señala que la acción de nulidad es el medio jurídico por el cual se demanda la anulación de una obligación que no tiene todas las condiciones requeridas por la ley para su validez.

   En relación a la nulidad absoluta algunos doctrinarios afirman que la misma puede ser declarada de oficio por el Juez, y señalan que aunque en nuestra legislación no tenemos una norma que establezca esta facultad al Juez, afirman que este último puede aplicar la declaración de oficio bajo el amparo del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que señala: En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque las partes no lo soliciten.

   Cabe resaltar que los autores M.H.. y Jean Mazeud, convienen que la acción de nulidad absoluta puede ser alegada por cualquier interesado, incluso por un tercero interesado, y en relación al uso del concepto tercero interesado, la doctrina ha respondido manifestando que es aquel que tiene un interés legítimo y actual, esto conlleva a decir un interés en la nulidad, debido a su posición respecto a un acto o situación jurídica. Es lógico que ese interés debe ser actual, es decir, tener una existencia real, debe tener vigencia, debe ser contemporáneo. (R.R.M.. Ob. Cit. Pág. 113)

   Debe además añadirse, que el artículo 1.352 del Código Civil vigente, señala: “No se puede hacer desaparecer por ningún acto confirmatorio los vicios de un acto absolutamente nulo por falta de formalidades.”.

   La parte actora ha invocado la nulidad, bajo el argumento de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos por el Código Civil de 1.904 y la Ley de Registro de 1.910, a la luz de estos cuerpos normativos se examinará el documento cuya nulidad de peticiona.

   Se ha alegado en el presente juicio, que el documento firmado en el año 1.913 adolece de uno de los requisitos exigidos por la ley vigente para la época, vale decir, la no acreditación por parte de las vendedoras de su condición de herederas del ciudadano: P.A.; y ante esta alzada, la co-demandada Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa, esgrimió el alegato de la calificación de la acción.

   En virtud de lo peticionado, resulta importante señalar que el profesor Maduro Luyano define la nulidad absoluta de la manera siguiente: “Cuando un contrato no puede producir los efectos atribuidos por las partes y reconocidos por la ley, bien porque carezca de alguno de los elementos esenciales a su existencia (consentimiento, objeto o causa), o porque lesione el orden público o las buenas costumbres”.

   El cumplimiento de los requisitos, produce la estabilidad y previene las controversias, por argumento en contrario, al no satisfacerse las exigencias de la ley, los actos no pueden producir validez o eficacia, en virtud que de ello derivaría inseguridad e inestabilidad. En este sentido las nulidades protegen intereses generales, vale decir, del colectivo.

   La doctrina ha señalado que las formas de nulidad son: por objeto ilícito, por causa ilícita, por ausencia de consentimiento y por norma imperativa o prohibitiva de la ley.

   En relación a la causa ilícita, la ciencia civilista, ha dicho: “Por definición del comentado artículo 1.141 la causa tiene que ser lícita para que tanga validez y efectos del contrato. Por argumento en contrario, los contratos que contengan obligaciones cuya causa sea ilícita no tienen validez ni efectos y son sancionados con nulidad. También debe indicarse que si la norma in comento exige “causa lícita” se entiende que si no hay causa, en el momento de celebrarse el contrato que es cuando las partes se obligan, el contrato queda afectado de nulidad absoluta.” (R.R.M.. Ob. Cit. Pág. 76 y 77)

   En este orden de ideas, debemos señalar que se evidencia del escrito libelar, específicamente en el folio trece (13) de la primera pieza del presente expediente, que la parte actora alegó que si las vendedoras no eran las propietarias del fundo Guanapa, es una obligación sin causa, y la obligación sin causa o fundada en una causa falsa no tiene efecto, también alegó el incumplimiento de formalidades legales, en este caso alegó la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 26 de la Ley de Registro de 1.910; siendo ello así, tenemos que concluir en el presente juicio, la acción deducida es de nulidad absoluta. Y así se declara.

   La ley de Registro, publicada en la Gaceta Oficial Nº 11-043, de fecha 04 de Julio de 1.910, en su artículo 61, disponía lo siguiente:

   El Registrador y los testigos darán fe de que conocen al otorgante y de que el acto de otorgamiento y cualquiera otra circunstancia concerniente al título o documento, ha pasado en presencia de ellos. En caso de que los Registradores y testigos no conozcan a los otorgantes o a algunos de ellos, les exigirán que acrediten la identidad de sus personas, circunstancia ésta que deberán hacer constar, suscribiendo el acto lo dos testigos que se presentaren para esta comprobación.

   La norma precedentemente transcrita aplicable al caso bajo estudio, demuestra que sólo se exigía como requisito que el Registrador y los testigos si conocían al otorgante debían dar fe de ello, y si por el contrario no lo conocían era obligatorio que acreditara la identidad.

   De la lectura del documento en cuestión, se lee lo siguiente:

   Es copia exacta de su original que para su registro me fue presentado hoy por las otorgantes Ana, J.M., Chiquinquirá Arvelo y T.M.; leído por una de ellas, y firmado por todas los protocolos en mi presencia y la de los testigos vecinos y mayores de edad, ciudadanos H.V. y P.M., quienes como yo d.f.d. conocerlas

   Del párrafo del documento de venta antes transcrito, se evidencia que ciertamente en el mismo se dejó constancia que los testigos que ahí se nombran dieron fe de conocer a las otorgantes vendedoras, de lo que se colige que el funcionario cumplió con la formalidad exigida en el señalado artículo 61 de la Ley de Registro vigente para el momento de la firma del tantas veces señalado documento, por lo que no ha lugar declarar la nulidad por este motivo invocado. Y así se decide.

   También la parte actora alegó o solicitó la nulidad del negocio jurídico contenido en el documento y de igual modo del asiento registral correspondiente en los protocolos, en virtud de que las otorgantes ni siquiera mencionaron o señalaron el título inmediato de adquisición del inmueble objeto de la negociación.

   En este sentido, vale la pena transcribir parte del documento, en el cual se lee:

   La propiedad que tenemos en estos terrenos que hoy vendemos al ciudadano: Parada Leal es la misma que tenía en él nuestro causante el finado P.A. como heredero testamentario de su tía A.M. Castañeda…

   Ahora bien, el artículo 1902 del Código Civil de 1904, señalaba:

   Cuando se registre una escritura en que se renuncie, se rescinda, se resuelva, se extinga, se ceda o traspase algún derecho ó se modifique algún acto, se pondrá en la escritura en que se había declarado ó creado el mismo derecho, ó hecho constar el acto, una nota marginal en que se expresen dichas circunstancias, y la fecha y la oficina en que ha tenido lugar el registro…

   Además, el artículo 26 de la Ley de Registro de 1.910, disponía:

   En el registro de documentos se llenarán las disposiciones del Código Civil. En los documentos traslativos de propiedades, inmuebles y otros derechos, se expresará además del origen inmediato de la propiedad que se traslada; y los Registradores se abstendrán de protocolizar los documentos en que no se expresa esta circunstancia.

   Resulta entonces, muy importante el contenido del dispositivo legal transcrito en atención a que efectivamente esta Ley vigente y aplicable para la época, contemplaba de manera expresa e inequívoca que debía expresarse el origen inmediato de la propiedad que se trasladaba, e imponía a los Registradores que se abstuvieran de protocolizar los documentos si no se expresaba esta circunstancia.

   Es así como de la lectura del documento, se evidencia claramente que no se dio cumplimiento en modo alguno con este requisito, en virtud de que no se expresó el origen inmediato o más cercano de adquisición de la propiedad, sólo se limitaron a señalar que la propiedad que vendían era la misma que tenía en él su causante el finado P.A., y en virtud de ello hubo omisión de expresar los datos de registro del documento que les acreditaba la propiedad del inmueble enajenado, a lo cual estaban obligadas indeclinablemente en atención al contenido del artículo 26 de la Ley de Registro de 1.910, por lo que el Registrador debió abstenerse de protocolizar el documento e inscribirlo en los libros respectivos, por faltar una formalidad necesaria para su protocolización. Y así se decide.

   Revisado el documento cuya nulidad se solicita, y habiéndose detectado que ciertamente en el señalado documento no se cumplió con las formalidades necesarias para su protocolización, vale decir, que el tantas veces señalado documento contiene un vicio que la ley lo califica como causal de nulidad; es por lo que resulta forzoso para quien aquí sentencia declarar con lugar la solicitud de la parte actora de declarar la nulidad de dicho negocio jurídico y como consecuencia de ello, declarar también la nulidad del asiento que lo inscribió en los protocolos de la Oficina de Registro Subalterno del entonces Distrito Barinas. Y así se decide.

   Debe también pronunciarse esta Alzada, en cuanto a lo alegado ante esta instancia por la co-demandada Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa al afirmar que si lo que se solicita es la anulación de venta de la cosa ajena habría que distinguir si se trata de una convención de carácter civil o mercantil, afirmando que si la venta de la cosa ajena es de naturaleza mercantil, la misma es válida de conformidad con el artículo 133 del Código de Comercio. Que el caso de autos en esas catorce convenciones intervinieron sociedades anónimas, es decir, comerciantes, de conformidad con el artículo 200 ejusdem, y por tanto constituyen ventas mercantiles. Que no se pueden declarar de plano las nulidades de las ventas mercantiles.

   En cuanto a este último alegato de las ventas mercantiles, debe resaltar esta Superioridad que esta es una defensa invocada por primera vez ante este Tribunal, y debiendo agregar que ya se señaló en el cuerpo del presente fallo que, la acción deducida no es la nulidad de venta de la cosa ajena, sino, la nulidad absoluta. Y así se declara.

   En consecuencia, en estricta aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 26 de la Ley de Registro de 1910, y el artículo 1.285, y 1902 del Código Civil de 1904, se declaran sin lugar los recursos de apelación interpuestos, con lugar la demanda de nulidad y se confirma la recurrida. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por la motivación precedente, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley dicta sentencia en los siguientes términos:

declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados en ejercicio: C.J.G.R. y L.L.M., con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad Civil Agropecuaria Vista Hermosa y la Sociedad Mercantil Integradora Comercial Integransa S.A., parte co-demandada en el presente juicio, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 26 de febrero del año 2008, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, que declaró con lugar la demanda de Nulidad de Asiento Registral y que se sigue en el expediente N° 20419-01, de la nomenclatura interna de ese Tribunal.

Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio: J.P.M.L., en su carácter de apoderado judicial de la sociedad Civil Agropecuaria Guanapa, parte co-demandada en el presente juicio, contra la sentencia definitiva dictada en fecha 26 de febrero del año 2008, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

Se declara CON LUGAR la demanda de Nulidad de Asiento Registral, incoado por el ciudadano: V.M. contra los ciudadanos: A.A., J.M.A., Chiquinquirá Arvelo, T.M., F.P.L. y a sus herederos causahabientes: A.S., I.H.d.S., E.A.; C.A. Corporación Financiera de Los Llanos “Cofilla”, representada por su presidente, ciudadano M.S., mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.739; C.A. Gran Coliseo Caracas, representada por su presidente, ciudadano A.S., mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 22.773; C.A. Proyecciones, Obra y Urbanismo “Pouca”, representada por su presidente, ciudadano S.H., mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 231.224; A.S.P., Argenia Suárez de Santaella, L.A.S.P., S.S.d.S.; C.A. Integradora Comercial Integransa, representada por el ciudadano R.H.S., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.772.286; Sociedad Civil Agropecuaria Vista Hermosa, representada por la ciudadana C.M.d.H., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.544.850; y la Sociedad Civil Agropecuaria Guanapa, representada por el ciudadano Carlos Santaella Eliozondo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.011.539.

Se declara CON LUGAR la impugnación de la cuantía y se fija como cuantía de la demanda la cantidad de cinco mil quinientos bolívares fuertes (Bs. F. 5.500,00)

Se CONFIRMA la sentencia apelada, en los términos expuestos.

Dada la naturaleza del presente fallo, no se hace especial condenatoria en las costas del juicio.

Se condena en las costas del recurso a las partes apelantes.

Por cuanto esta sentencia se dictó fuera del lapso de diferimiento, se ordena la notificación de las partes y/o sus apoderados judiciales. Líbrense boletas. Cúmplase lo ordenado.

Publíquese, regístrese, certifíquese y devuélvase al Tribunal de la causa en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en Barinas a los nueve (09) días del mes de Marzo del año dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Jueza Suplente Especial,

R.E.Q.A.

La Secretaria,

Abog. A.N.G.

En la misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia. Conste.

La Scría.-

Expediente Nº 08-2880-C.B.