Decisión nº PJ0582012000107 de Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 25 de Septiembre de 2012
| Fecha de Resolución | 25 de Septiembre de 2012 |
| Emisor | Tribunal Superior Tercero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes |
| Ponente | Yunamith Medina |
| Procedimiento | Apelación De Sentencia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y
NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL.
Caracas, veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012).
Años: 202º y 153º
RECURSO: AP51-R-2012-015636.
ASUNTO PRINCIPAL: AP51-V-2011-014275.
MOTIVO: APELACIÓN.
PARTE RECURRENTE: V.C.O.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.975.
ABOGADO DE LA PARTE RECURRENTE: Abg. M.M.R.D.C., inscrita en el Inpreabogado, bajo el N° 7.936.
I
Conoce este Tribunal Superior Tercero del recurso de apelación interpuesto por la abogada M.M.R.D.C., inscrita en el Inpreabogado, bajo el N° 7.936, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandada ciudadana V.C.O.V., titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.975, en contra de la decisión dictada en la Audiencia Preliminar de la Fase de Sustanciación, en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), por la Juez del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacionales de Adopción Internacional, Dra. NURYVEL A. PEÑA GONZALEZ, mediante la cual no admitió las pruebas aportada por la parte demandada.
II
Ahora bien, estima pertinente este Tribunal Superior, analizar la susceptibilidad o no del acto recurrido, resultando oportuno determinar la naturaleza jurídica del mismo, y en tal sentido, se observa del Sistema Documental Juris 2000, lo cual se hace a través del hecho notorio judicial, que la decisión apelada tiene claramente las características de ser una sentencia interlocutoria, toda vez que no resuelve el fondo de la controversia, ni pone fin al procedimiento, por ello, dada su naturaleza es pertinente señalar el contenido del artículo 488 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece lo siguiente:
Artículo 488: “De la sentencia definitiva se admitirá apelación libremente, salvo disposición especial en contrario. Si la sentencia definitiva es sobre acción de protección, colocación familiar y en entidades de atención, Régimen de Convivencia Familiar, Obligación de Manutención y Responsabilidad de Crianza, se admitirá apelación únicamente en el efecto devolutivo. Si la sentencia definitiva es sobre establecimiento de un nuevo acto del estado civil no tendrá apelación, a menos que haya habido oposición, caso en el cual la sentencia será apelable.
Al proponerse la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en ella las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en las mismas. De la sentencia interlocutoria que ponga fin a la controversia, se oirá apelación en ambos efectos…”. (Destacado y Subrayado de ésta Alzada)
Igualmente, es pertinente destacar que, en la exposición de motivos de nuestra Ley Especial, el legislador refiere expresamente lo siguiente: “el régimen de recursos también fue reformado, ya que en primer lugar se prevé como regla general que se admite apelación en ambos efectos, sólo contra la decisión definitiva o interlocutoria que ponga fin al proceso, por lo tanto, el resto de las interlocutorias no tienen apelación autónoma e inmediata sino diferida o reservada y como consecuencia quedan comprendidas en la apelación que pone fin al juicio…” (Negrillas de ésta Alzada).
En orden a lo anterior, resulta pertinente señalar el criterio que ha establecido este Tribunal Superior Tercero en relación a las actuaciones que tiene apelación diferida, lo cual quedó asentado en la sentencia dictada en fecha 24/03/2011, en el recurso de apelación signado con el número AP51-R-2011-002772, el cual se transcribe a continuación:
“(…) Si el legislador estableció expresamente que la decisión del juez de mediación y sustanciación es recurrible a un solo efecto y remite al procedimiento para el recurso de apelación establecido en el procedimiento ordinario previsto en el capítulo IV de esta Ley, el mismo se refiere al contenido en el artículo 488, el cual dispone:
…Omisis…
Si observamos la primera disposición, notamos que se refiere a las sentencias definitivas, las cuales, salvo disposición en contrario, serán oídas en ambos efectos, por lo que, la sentencia de medida cautelar, al no ser una sentencia definitiva, no debe oírse en ambos efectos.
Si observamos la segunda disposición, sobre si la sentencia definitiva es sobre acción de protección, colocación familiar y en entidades de atención, Régimen de Convivencia Familiar, Obligación de Manutención y responsabilidad de Crianza, se admitirá apelación únicamente en el efecto devolutivo, tampoco se encuentra incursa la sentencia de medida cautelar dentro de esta disposición.
Si observamos la tercera disposición, sobre si la sentencia definitiva es sobre el establecimiento de un nuevo acto del estado civil, no tendrá apelación, a menos que haya habido oposición, caso en el cual la sentencia será apelable, tampoco es subsumible la sentencia interlocutoria de medida preventiva dentro de esta disposición.
La cuarta disposición del artículo señala:
Al proponerse la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en ellas las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en las mismas. Interpreta esta juzgadora del sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras dispuestas por el legislador en esta cuarta disposición, que su intención fue considerar que las sentencias interlocutorias que han producido un gravamen no reparado en la sentencia definitiva, quedan comprendidas en la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio.
Finalmente, la última disposición del artículo se refiere a que: “…De la sentencia interlocutoria que ponga fin a la controversia, se oirá apelación en ambos efectos…”(subrayado nuestro).
Ciertamente que suena duro a los oídos de los juzgadores el recurso de apelación diferido de las sentencias interlocutorias que causan un gravamen, pero que no ponen fin al juicio, en especial, las interlocutorias sobre medidas preventivas, por el principio de la autonomía de éstas con relación a la causa principal, al extremo que se llevan por cuaderno separado, como lo dispone el último aparte del artículo 466-D, pero no le está dado al intérprete dejar de aplicar la norma que el legislador ordena de manera expresa, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, los jueces somos los primeros llamados a garantizar su cumplimiento.
Al respecto, bueno es traer a colación la opinión e interpretación de uno de los miembros de la comisión redactora del Proyecto de reforma, el Dr. E.D., en relación al recurso de apelación en el nuevo procedimiento, veamos:
Para aumentar la concentración procesal, se eliminó la apelación inmediata de las interlocutorias, porque la mayoría de las veces el trámite era tan lento, que llegada la oportunidad para decidir el mérito, todavía no se había emitido pronunciamiento sobre la incidencia, lo cual además se prestaba a ciertas inconsistencias entre las decisiones, cuando no a contradicciones, por el hecho de que la decisión correspondía a jueces superiores distintos. Para ello se adoptó un sistema idéntico a la casación reservada o diferida, que va a permitir que al proponer la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en ellas, las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en la misma, sin necesidad de que el recurrente tenga que indicarlo al interponer su apelación, pues se presume que el recurso las comprende a todas, teniendo sólo que indicar en su formalización, los motivos que tiene para cuestionar cada decisión y dejando a salvo, claro está, la apelación contra las interlocutorias con fuerza de definitiva, las cuales conservan su apelación inmediata….
En cuanto a las sentencias recurribles en casación, el dr. E.D. manifiesta:
Por supuesto que, dentro de las sentencias recurribles, se encuentran las interlocutorias con fuerza de definitiva, que son decisiones dictadas para resolver inconvenientes procesales y que al hacerlo, ponen fin al proceso. En tanto que las interlocutorias stricto sensu, es decir, aquellas cuyo gravamen pueden o no ser reparado por la definitiva, ya señalamos que solo tienen apelación reservada con la definitiva y en cuanto al recurso de casación, tienen la misma suerte, sólo tienen casación reservada con la definitiva, pues la comisión decidió adoptar el mismo sistema de acumulación del recurso de casación que rige en el Código de Procedimiento Civil y que ha demostrado dar excelentes resultados.
Otras decisiones, como las Interlocutorias en materia de medidas preventivas cuando ponen fin al procedimiento cautelar tienen recurso de casación
.(…)”
En este mismo tenor, resulta necesario concluir, que en estricto apego a los principios que informan nuestro proceso, tales como el de celeridad y concentración, el legislador previó un especial tratamiento al procedimiento del recurso ordinario de apelación, en el cual se eliminó la apelación inmediata de las interlocutorias, a objeto de evitar dilaciones innecesarias, que se prestaban a ciertas inconsistencias y desorden procesal, adoptando en cambio, un sistema idéntico a la casación reservada o diferida que va a permitir que al proponer la apelación contra la sentencia que puso fin al juicio, queden comprendidas en ella las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en la definitiva, sin necesidad de que el recurrente tenga que indicarlo al interponer su apelación, pues se presume que el recurso las comprende a todas, teniendo sólo que indicar en su formalización los motivos que tiene para cuestionar cada decisión y dejando a salvo, claro está la apelación contra las interlocutorias con fuerza de definitiva, las cuales conservan su apelación inmediata.
Ahora bien, en el caso de marras el a quo procedió a oír la apelación y ordenó la remisión del presente recurso de apelación a fin de que el mismo fuera resuelto por el Tribunal Superior, situación ésta que le está vedada por disposición expresa de Ley, por cuanto, como anteriormente se estableció -estamos en presencia de una interlocutoria que no pone fin al juicio ni impide su continuación-, la cual no tiene apelación autónoma o inmediata, sino que sólo es recurrible mediante apelación diferida al atacar el fallo que resuelva el mérito de la controversia y ponga fin a la misma, siempre y cuando no se hubiere subsanado el posible gravamen que la sentencia interlocutoria pudiere haber causado.
Del mismo modo observa esta Juzgadora que la Juez a quo procedió a oír la apelación ejercida en un solo efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, lo cual como se dijo anteriormente, le esta prohibido al Juez hacer uso de una normativa legal ajena a la Ley especial que rige su competencia, cuando dentro de esta se encuentre dispuesta la norma aplicable, en virtud de que la supletoriedad prevista en el artículo 452 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual procede únicamente a falta de normativa legal en nuestra materia, y siendo que en el caso de marras, nuestra Ley tiene sus propias disposiciones al respecto, estableciéndose en esta norma los principios rectores que informan el proceso a través del cual debe conducirse la actividad jurisdiccional en materia de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, cuya preeminencia se sitúa por encima de la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil, a fin de garantizar la uniformidad, oralidad, celeridad, concentración y ausencia de ritualismo en su desenvolvimiento, no siendo posible entonces, jurídicamente hablando, suplir lo que ya existe, por lo que considera quien aquí suscribe que el Juez a quo yerra al hacer uso de la precitada ley adjetiva.
Al hilo de lo expuesto y siendo que la procedencia de una causa se refiere a un análisis del fondo del asunto, suponiendo una confrontación entre la pretensión aducida y el derecho aplicable, resulta evidente la falta de empatía entre ambos en el presente recurso de apelación, por cuanto dicha apelación es recurrible mediante apelación diferida al atacar el fallo que resuelva el mérito de la controversia y ponga fin a la misma, y no como apelación autónoma, como se señaló ut supra, por lo que resulta evidente para quien aquí suscribe la Inadmisibilidad del mismo. En consecuencia, se ordena la devolución del presente asunto a la Jueza Sexta de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial, debiendo considerarse como oída la presente apelación de manera diferida. Y así se decide.
III
En mérito de las anteriores consideraciones, este TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCION INTERNACIONAL, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA INADMISIBILIDAD del presente recurso de apelación interpuesto por la abogada M.M.R.D.C., inscrita en el Inpreabogado, bajo el N° 7.936, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandada ciudadana V.C.O.V., titular de la cédula de identidad Nº V-6.917.975, en contra de la decisión dictada en la Audiencia Preliminar de la Fase de Sustanciación, en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), por la Juez del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 488 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia, se ordena la devolución del presente Recurso a su Tribunal de origen, de conformidad con los alegatos expuestos en la presente decisión, debiendo ser considerado como oído el recurso, como en efecto lo fue, pero quedando comprendido en la apelación que ponga fin al juicio, si se ejerciere dicho recurso, y así se decide.
Publíquese y Regístrese
Dada, firmada y sellada en este Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR
LA SECRETARIA,
DRA. YUNAMITH Y. MEDINA
ABG. Y.G.
En la misma fecha, se publicó, registró y diarizó la anterior sentencia, siendo la hora establecida en el Sistema de Documentación, Gestión y Decisión Juris 2000.
LA SECRETARIA,
ABG. Y.G.
YYM/YG7LIZ
AP51-R-2012-015636
