Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 2 de Julio de 2007

En sus informes de alzada, la intimada solicitó la declaratoria de nulidad del fallo recurrido según lo previsto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que en éste se había incurrido en vicio de inmotivación por cuanto no explanó los fundamentos de hecho y de derecho respecto de los cuales se soportó el dictamen judicial, además de no haber valorado las planillas de depósito consignadas para evidenciar el pago efectuado a la actora, lo que implica transgresión de lo dispuesto en los ordinales 4º y 5º del artículo 243 eiusdem, así como al derecho a la defensa y debido proceso consagrados en nuestro Texto Constitucional.

Con relación a la falta de motivación, ha determinado la doctrina que la obligación de expresar los motivos de hecho y de derecho que deben fundamentar una decisión judicial a tenor de lo expuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cumple dos propósitos esenciales: uno político y otro procesal. El primero, consiste en permitir a las partes y a la comunidad entender las razones de la decisión de manera tal que la sentencia pueda cumplirse, no sólo por el peso de la autoridad de la cual emana, sino también para que convenza con la fuerza de la razón.

Sobre el contenido de la sentencia, ha señalado la doctrina judicial, que al dictarse sentencia debe el sentenciador cuidar el cumplimiento de las exigencias que sobre la misma hace el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece los requisitos que debe contener toda sentencia, prescribiendo que:

Artículo 243. Toda sentencia debe contener:

1. La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2. La indicación de las partes y de sus apoderados.

3. Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4. Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5. Decisión expresa, positiva y lacónica con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6. La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.

La carencia de cualquiera de estos requisitos, anula la sentencia, tal como prescribe el artículo 244 del mismo Código, cuando expresa:

Artículo 244. Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.

El objetivo procesal determinante para el examen de casación, consiste en permitir que la Sala de Casación pueda controlar la legalidad, porque ésta al resolver el recurso por infracción de ley debe limitarse a lo expresado en el fallo de alzada, salvo los casos de excepción en los cuales puede extender su examen al establecimiento y apreciación de los hechos.

Igualmente, se ha establecido que en virtud del principio de la unidad del fallo, los motivos pueden estar contenidos en cualquier parte del mismo; incluso puede suceder que el juez se percate de que un determinado punto del fallo ha quedado sin sustento y realice esta labor al final, en el dispositivo, sin que por ello su decisión quede nula. (La Casación Civil, A.A.B.- L.A.M.A., 2000).

Por su parte, la Sala de Casación Civil tal y como anteriormente se dijera, ha establecido la forma como se configura el vicio de inmotivación, indicando que:

...La motivación, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que lo demuestran; y las segundas, por la aplicación a éstas de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

La inmotivación, por el contrario, es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos esenciales de la sentencia que impone el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, cuando ordena que todo fallo debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

Igualmente, ha establecido la doctrina pacífica y reiterada de la Sala, que la inmotivación consiste en la falta absoluta de fundamentos, mientras que los motivos exiguos o escasos o la motivación errada no configura el vicio de falta de motivación, sino un error de derecho que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil...

(Sala de Casación Civil, sentencia Nº 695 de fecha 27 de julio de 2004).

Establecido lo anterior, corresponde a este Juzgador analizar la sentencia objeto de apelación, con el fin de determinar si efectivamente se produjo o no tal vicio alegado por el recurrente, en ese sentido, se evidencia lo siguiente del contenido de la sentencia apelada, que nuevamente se transcribe:

…Planteados los hechos, pasa este Tribunal a pronunciarse sobre la oposición planteada y al respecto observa esta Juzgadora, que nuestro Código Adjetivo en su artículo 67, señala: En cualquier estado del juicio, el apoderado o el abogado asistente, podrán estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados

y dicha Ley en los artículos 22 y 23 expresa: El ejercicio de la profesión de derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes” y “Las costas pertenecen a la parte , quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores…”, por lo que considerando este Tribunal, que el abogado tiene derecho al cobro de honorarios, si no hay acuerdo sobre los mismos, y siendo que no se evidencia en autos prueba en contrario, esta Juzgadora considera que la parte intimante tiene derecho a estimar e intimar honorarios. Y ASI SE DECIDE…”

Ahora, bien del escrito de oposición consignado por la parte intimada se desprende que la misma hace oposición formal a la pretensión de su contraparte con ocasión al juicio por resolución de contrato de arrendamiento seguido contra la empresa INVERSIONES BANTRAB, S.A., expediente 91-944 nomenclatura de la recurrida, e igualmente alegó la prescripción de la acción con base a que la parte actora en su libelo confiesa y admite, todas las actuaciones cumplidas en el expediente, desde la pieza 1 a la pieza 7, arguyendo que desde tales actuaciones ha transcurrido dos (02) años a partir de la sentencia proferida en el año 1994, por lo que consideró que la acción se encuentra prescrita. También, que había pagado honorarios profesionales de abogado con ocasión de dicho juicio, para lo cual acompañó planillas de depósito signadas 56831664, 5683164, 89161438 y 45099063, fechadas respectivamente 13-08-96, 19-12-96 y 12-07-96, por la cantidad de Bs. 600.000,00 cada una, hechas en la cuenta corriente No. 03714480W, Banco Provincial a nombre de C.S.d.B. con el fin de demostrar el pago de los honorarios pretendidos en la presente litis e igualmente impugnó la cuantía de la estimación al considerarla exagerada por cuanto el monto ordenado a pagar en la sentencia judicial producida es inferior al monto estimado por la intimante, peticiones estas que -alegó- no fueron a.p.e.a.q.e. su tarea valorativa de las pruebas aportadas.

Ahora bien, luego del análisis exhaustivo realizado tanto de la sentencia recurrida, como en las alegaciones del recurrente formuladas en el escrito de oposición en primera instancia, así como en sus informes de alzada, observa quien aquí decide que, efectivamente el sentenciador a quo no emitió pronunciamiento en atención a las defensas esgrimidas por la parte intimada en el escrito de oposición, limitándose a invocar normas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico que consagran el derecho de los abogados a cobrar honorarios por las actuaciones judiciales y extrajudiciales que realicen y a expresar que en razón de ello, es que a la actora le nace el derecho a cobrar los mismos. Igualmente, se desprende de los autos que dicho operador de justicia se limitó a pronunciarse con respecto a la prescripción alegada, pero en los términos antes indicados, es decir, sin fundamento de hechos y derecho, observándose con ello que existe por parte de dicho juzgador una omisión o falta de decisión, expresa, positiva y precisa sobre lo alegado, así como ausencia de análisis con respecto a las pruebas acompañadas a su escrito de oposición por la recurrente.

En consecuencia, forzosamente debe esta superioridad declarar la nulidad del fallo recurrido, por haber incurrido en el vicio de inmotivación arriba aludido y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En atención a lo previsto en el artículo 209 eiusdem, quien aquí decide procede a sentenciar los asuntos sobre el fondo del litigio.

La parte intimada al realizar su oposición al derecho de cobrar honorarios de la reclamante, se excepcionó a su pago arguyendo la prescripción de los derechos reclamados a tenor lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 1.982 del Código Civil, respecto a las actuaciones cumplidas en las piezas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del expediente No. 91-944 que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial llevaba, por cuanto éstas fueron realizadas en más de dos (2) años contados a partir de la fecha de la sentencia proferida en dicho juicio durante el año de 1994. En cuanto a las actuaciones cumplidas en la pieza 7 del referido expediente, también alegó la prescripción aludida salvo respecto a aquellas cumplidas en cuanto a las diligencias fechadas 14 de agosto de 1997 y 27 de octubre de 1997. En cuanto a la intimante de los honorarios profesionales estimados, ésta arguyó en su libelo que dicho juicio aun no estaba terminado pues se encontraba en fase de ejecución, habiendo actuado al respecto ante la entonces Corte Suprema de Justicia para ello, así como haber patrocinado los derechos e intereses de la parte intimada en los diversos procesos de oposición y apelación intentados en su contra sobre las medidas cautelares acordadas.

El ordinal 2° del citado artículo 1.982 del Código Civil, establece textualmente lo siguiente:

… Se prescriben por dos años la obligación de pagar:

…Omissis…

2°.- A los abogados, a los procuradores, y a toda clase de curiales, sus honorarios, derechos, salarios y gastos.

El tiempo para estas prescripciones corre desde que haya concluido el proceso por sentencia o conciliación de las partes, o desde la cesación de los poderes del Procurador, o desde que el abogado haya cesado en su ministerio.

En cuanto a los pleitos no terminados, el tiempo será de cinco años desde que se hayan devengado los derechos, honorarios, salarios y gastos…

En primer lugar, establece quien aquí decide, que ha quedado como un hecho admitido por las partes que dicho juicio ya había sido sentenciado y, no obstante, que posterior a ello, la intimante seguía cumpliendo actuaciones judiciales relativos a la ejecución de la sentencia; específicamente durante el año de 1997. Tanto así, que cuando la parte intimada se opone al derecho de ésta para estimar e intimar honorarios profesionales de abogado, opuso prescripción breve respecto a todas las actuaciones cumplidas salvo las aludidas diligencias contenidas en la pieza 7 del expediente en cuestión. Ello lleva a concluir que, en efecto, se trató de actuaciones judiciales en un juicio ya sentenciado pero no concluido por cuanto se encontraba en etapa de ejecución de sentencia. Así se establece.

Se entiende que el lapso de prescripción para el cobro de honorarios profesionales no comienza a correr mientras el abogado esté actuando en el juicio, cualesquiera que sea el tiempo de su duración. El lapso de prescripción comienza a correr cuando el abogado cesa en sus funciones, bien porque el proceso termine o bien porque el abogado se separe por propia iniciativa o sea separado del mismo antes de su terminación. Y es obvio, porque de lo contrario, en el caso de que un juicio se prolongue por más de dos años en tramitación, tal circunstancia obligaría al abogado, en resguardo de sus intereses, a estimar e intimar honorarios antes del vencimiento de los dos años de su primera actuación, lo que provocaría una ruptura no deseada de las relaciones entre el profesional y el cliente, lo que constituye un absurdo.

Por tanto, el presente caso judicial trata de una acción autónoma de cobro de honorarios profesionales devenidos de actuaciones judiciales cumplidas; por tanto, se trata de reclamos por servicios judiciales. Al respecto, el artículo 22 de la Ley de Abogados, señala:

…El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice…

Siendo ello así, tratándose de un pleito terminado pero aun en etapa de ejecución de sentencia –habiendo actuado judicialmente la reclamante en el juicio de resolución contractual desde el 30 de enero de 1991 hasta el día 27 de octubre de 1997- se determina claramente que al respecto existe continuidad y unicidad, por lo que el cobro de los honorarios profesionales nacidos a favor de la reclamante, prescribe a los dos (2) años contados a partir de la última actuación del abogado actuante. En tal sentido, consta en los autos que de la última actuación realizada el 27 de octubre de 1997 por la reclamante, y que las partes admiten, para la fecha en que la presente demanda quedó admitida -04 de agosto de 1999- y notificado el intimado en fecha 27 de septiembre de 1999, aun no había transcurrido tal lapso fatal, por lo que es obligatorio para quien aquí decide, declarar la no consumación de la prescripción extintiva así como su improcedencia, respecto a todas las actuaciones cumplidas en cada una de las piezas que conforman el expediente No. 91-944 que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas llevó en el juicio seguido por la hoy parte intimante y patrocinado por la hoy reclamante, en contra de la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ BK, C.A. Así se declara.

Objetó la accionada que se le intimase por una cantidad superior –Bs. 10.470.000,00- a lo que en la sentencia proferida en el año de 1994 se condenó y que asciende a la suma de Bs. 3.184.288,17, por lo que arguyó que tal pretensión resultaba ilegal y exagerada, dado que la abogada no podía pretender un monto mayor a lo tramitado en su ministerio.

Tal alegato debe ser dirimido por los jueces retasadores quienes son los que en definitiva y luego de declarado el derecho que le asiste a la reclamante a estimar e intimar sus honorarios profesionales, van a ajustar cada una de sus actuaciones dentro los parámetros que éstos declararán aplicables para su estimación, habida cuenta que algunas actuaciones judiciales cumplidas pueden resultar de mayor estimación dadas su naturaleza y características.

En consecuencia, esta superioridad declara no admisible tal impugnación en el presente estado de la causa y, así se declara.

Despejado lo anterior, corresponde entonces resolver en esta sentencia la procedencia o no del derecho que le asiste a la reclamante de cobrar o no los honorarios intimados, para lo cual cumple quien aquí decide con la tarea valorativa de las pruebas que han quedado válidamente aportadas al presente proceso, habiendo argüido la parte intimada en su defensa, que en todo caso efectuó pagos parciales de honorarios profesionales. A saber:

PARTE ACTORA:

• Reprodujo el mérito favorable de autos, especialmente el escrito de estimación e intimación, de las actuaciones contenidas en el expediente signado con el No. 91-944, y de las demás actuaciones contenidas en el referido expediente y realizadas ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; ante los Juzgados Superiores Tercero, Sétimo, Noveno y Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito; ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y ante al Juzgado Cuarto de Municipio; todos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El mérito favorable de los autos no constituye promoción probatoria alguna, dado que los jueces están obligados a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, a apreciar y valorar todas las probanzas válidamente aportadas al proceso judicial y, así se establece.

• Reprodujo el mérito favorable de lo siguiente: Escrito de demanda por Resolución de Contrato de Sub-arrendamiento; redacción y consignación de poder; escrito de promoción de pruebas; viajes y actuaciones a Tribunales del interior del país; escrito de informes; recusaciones; asistencia a la práctica de medida de embargo y entrega material; informes al superior; observaciones a los informes; escrito de impugnación; escrito de contrarréplica; procedimiento de embargo ejecutivo; solicitud de remate; solicitud, pago y consignación de planillas de arancel, etc. Al respecto, cabe el mismo señalamiento que en el presente fallo se ha hecho en cuanto a la promoción de méritos favorables. Sin embargo, la promovente señaló en este particular que tales actuaciones constan en forma autentica en el expediente No. 91-944 que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial llevaba, el mismo tribunal de primera instancia que conoció de este juicio autónomo de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, dándolos a éstas “…por reproducidas…”. Además con los informes en primera instancia fueron consignadas copia certificada del aludido expediente No. 91-944. Asimismo, se debe indicar que todas las actuaciones judiciales cumplidas en dicho juicio fueron descritas en el escrito libelar y, por cuanto la parte intimada en su escrito de oposición a la intimación de honorarios decretada alegó la prescripción de dichas actuaciones, admitiendo expresamente que, en efecto, la profesional del derecho accionante sí patrocinó sus derechos e intereses en dicho juicio, y tal como así ha quedado establecido, no han quedado controvertidas tales actuaciones judiciales por lo que se establece que son las que expresamente señaló la intimante en su escrito libelar. Así se declara.

• Reprodujo el mérito favorable que se desprende del escrito de ratificación de la estimación e intimación de honorarios profesionales, consignado en fecha 25 de noviembre de 1999. El mérito favorable de los autos no constituye promoción probatoria alguna, dado que los jueces están obligados a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, a apreciar y valorar todas las probanzas válidamente aportadas al proceso judicial y, así se establece.

• Marcada con la letra “A”, promovió copia certificada del documento de compra-venta hecha al ciudadano L.M.G.N. de un lote de terreno distinguido como Franja R1, ubicado en la intersección de la Carretera Nacional Valencia-Caracas, Tramo Los Guayos-Guacara, 2da. Avenida de entrada a la Urbanización Ciudad A.M.G. del Estado Carabobo, y que perteneció a la comunidad conyugal BOLÍVAR-SÁNCHEZ, “…y por cuyo concepto se libraron letras de cambio para el pago del precio, cuyos montos se corresponden con los depósitos hechos en la Cuenta Corriente No. 037-14480-W del Banco Provincial perteneciente a C.S.d.B. y que el intimado acompañó marcados “B”, “C” y “D” para enervar la presente acción…”. Habiendo la parte intimada objetado el cobro de honorarios judiciales profesionales de abogado, alegando el pago parcial por tal concepto, de la cantidad de Bs. 1.800.000,00 mediante los aludidos depósitos bancarios, resulta evidente que ésta promoción probatoria se hace con el propósito de desvirtuar tal alegato, aludiéndose que tales pagos se hicieron con respecto a la negociación contenida en el aludido documento y no con ocasión de las actuaciones judiciales cumplidas en el expediente No. 91-944 que se llevó en el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. Por tanto, esta documental promovida en copia certificada y que riela del folio 35 al folio 40 del expediente, se aprecia y valora a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.384 del Código Civil, evidenciándose de dicho instrumento público que, en efecto, existió una negociación de compraventa inmobiliaria entre la profesional del derecho y su cónyuge con el ciudadano L.M.G.N., pero que dicha operación se llevó a cabo de contado y por la suma de Bs. 5.000.000,oo para el 09 de diciembre de 1996. Por tanto, no existe relación alguna entre dicha negociación inmobiliaria con el juicio respecto del cual se reclama el pago de honorarios profesionales y, en consecuencia este medio probatorio en modo alguno puede desvirtuar el pago parcial argüido por la parte intimada y, así se declara.

• Marcado con la letra “B”, promovió copia simple de parte del expediente No. 17.439 que cursa por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en donde la accionante está intimando honorarios por otro juicio llevado y decidido por ese Tribunal a favor por el intimado. Tal legajo riela del folio 41 al folio 47 del expediente, y por cuanto no fue impugnado por la parte intimada, se declara fidedigno a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, apreciándose a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.357 del Código Civil. Del mismo se evidencia que, en efecto, ya las partes han dirimido judicialmente otros cobros de honorarios de abogado, demostrándose en los autos y en el presente juicio el alegato actor que la accionante fue la abogada de la hoy intimada en otros casos judiciales. Así se declara.

Para decidir se observa:

La acción interpuesta es de estimación e intimación de honorarios profesionales, a los que se les conceptualiza como indemnizaciones a las que tienen derecho los abogados, por actuaciones que se corresponden a aquellas actividades adelantadas o gestionadas por el abogado en beneficio de su cliente.

Los honorarios, como lo dice J.J Faría De Lima, se denominan a:

…las remuneraciones, estipendios o sueldos a que tienen derecho los abogados por la prestación de sus servicios profesionales, percepciones éstas que tienen el carácter de frutos civiles...

A su vez, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “…En cualquier estado y grado del juicio el apoderado o abogado asistente, podrá estimar sus honorarios y exigir su pago de conformidad con las disposiciones de la Ley de Abogados… Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda…”.

Se le otorga ese derecho a todo profesional de la abogacía que se considere acreedor de honorarios, pudiendo accionar contra su cliente o directamente contra la parte contraria condenada en costas.

Ahora bien, tal y como ya ha quedado establecido en el presente fallo judicial, no consta en autos que la parte intimada en el lapso de pruebas haya aportado en juicio medio probatorio alguno, aun habiendo producido junto con el escrito de oposición y respectivamente marcados “B”, “C” y “D”, las planillas de depósito Nos. 56831664 (fechada 13.08.1996, por Bs. 600.000,00), 89161438 (fechada 19.12.1996, por Bs. 600.000,00) y 45099063 (fechada 12.07.1996, por Bs. 600.000,00), todas para ser acreditados en la cuenta corriente No. 03714480W que posee la parte intimante en el Banco Provincial, y que la intimada alegó correspondía al pago de honorarios judiciales profesionales de abogado respecto al juicio seguido en el expediente No. 91.944.

Tales recaudos que constituyen tarjas ex artículo 1.383 del Código Civil, evidencian el hecho del depósito, más no prueban el pago de los honorarios reclamados al no constar en los mismos la causa o finalidad de su reclamo, por lo que quedan desechados del presente proceso, amén de que igualmente al no haber promovido la intimada prueba alguna en respaldo de sus alegatos de fondo, en modo alguno se puede adminicular tales depósitos bancarios al pago parcial de honorarios judiciales de abogado por dicho sujeto procesal argüido y, así se declara.

También arguyó la parte intimada, que había pagado parcialmente los honorarios judiciales profesionales de abogado estimados, por cuanto la abogada intimante en fecha 12 de agosto de 1994 solicitó la entrega de la cantidad embargada -Bs. 495.035,00- que ésta recibió y nunca entregó a la hoy accionada. Este alegato igualmente no quedó demostrado en juicio, por cuanto la parte intimada no demostró que dicha suma dineraria fue recibida por la actora.

Así pues, ha quedado evidenciado de los autos y de los hechos que han quedado admitidos por las partes, que sí le asiste a la reclamante el derecho a cobrar los aludidos honorarios profesionales judiciales de abogado respecto a las actuaciones judiciales por ella cumplidas en el expediente N° 91.944 llevado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por resolución de contrato y cobro de bolívares intentó la reclamante en nombre y representación de la intimada, en contra de la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ B.K, C.A., cuyas actuaciones se señalan a continuación, según se describe en el libelo de demanda: 1) PIEZA I: Escrito de demanda por resolución de contrato de subarrendamiento presentado el 30-01-91 y estimado por la actora en Bs. 200.000,00; Redacción del poder, estimado por la actora en Bs. 20.000,00; Escrito de subsanamiento voluntario de defectos y omisiones procesales de fecha 14-05-91, estimado por la actora en Bs. 50.000,00; Diligencia de fecha 30-09-91 dándome por notificada de la decisión solicitando la notificación de la otra parte, estimado por la actora en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 21-10-91 pidiendo notificación de la empresa CENTRO AUTOMOTRIZ BK C.A., indicando su domicilio, estimado por la actora en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 04-11-91 solicitando al tribunal copias certificadas, estimados los honorarios en Bs. 50.000,00; Escrito de fecha 25-02-92 dándose por notificada de la suspensión del curso de la causa, subsanando el defecto de forma opuesto y solicitando al tribunal desestimar la solicitud de extinción del proceso, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Escrito de fecha 26-02-92 ratificando todos y cada uno de los alegatos esgrimidos en el escrito de fecha 25-02-92 y solicitando nuevamente la desestimación de la solicitud formulada por la demandada en su escrito de fecha 24-02-92, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 09-03-92 ratificando el escrito de fecha 25-02-92 e ilustrando al tribunal para que no sea confundido en su buena fe por el abogado de la contraparte; estimados los honorarios en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 23-04-92 para consignar escrito de promoción de pruebas, estimados los honorarios en Bs. 100.000,00; Escrito de PROMOCIÓN DE PRUEBAS, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 28-04-92 consignando sendas publicaciones del Diario EL NUEVO PAIS, estimados los honorarios en Bs. 100.000,00; Escrito de fecha 14-07-92 solicitando al tribunal en la persona del alguacil, la consignación de constancias de los despachos y Oficios N° 514 al 518 emitidos todos en fecha 20-05-92, estimados los honorarios en Bs. 150.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 13-10-92 solicitando al juzgado a quo oficiara al Juzgado del Distrito Caripe, Estado Monagas, para que informara sobre la Comisión de Testigos, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 02-11-92 solicitando expedición de copias certificadas, estimados los honorarios en Bs. 50.000,00; Viajes a cada una de las ciudades a cuyos tribunales fueron enviadas las Comisiones para evacuar los testigos, estimados los honorarios en Bs. 150.000,00; Diligencia de fecha 12-11-92 consignando Comisión devuelta del Juzgado del Distrito Caripe, participación de la llegada de las demás Comisiones y solicitud de oportunidad para informes, estimados los honorarios en Bs. 150.000,00; Diligencia de fecha 17-11-92 solicitando expedición de copias certificadas, estimados los honorarios en Bs. 50.000,00; Escrito de INFORMES ante Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de caracas, consignado en fecha 18-11-92, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 24-05-93 solicitando al tribunal procediera a la ejecución forzosa del fallo, estimados los honorarios en Bs. 100.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 24-07-93 donde fueron expuestas las razones por las cuales debía declararse extemporánea la recusación planteada y fijarse oportunidad para la entrega material y medida de embargo, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 07-06-93 solicitando expedición de copias certificadas, estimados los honorarios en Bs. 50.000,00; Escrito de fecha 14-10-93 ante la Sala de Casación Civil del hoy Tribunal Supremo de Justicia, solicitando sea declarado improcedente el recurso de casación ejercido contra los actos de ejecución de sentencia, estimados los honorarios en Bs. 500.000,00. 2) PIEZA II, (CUADERNO DE MEDIDAS): Acompañar el traslado y constitución del tribunal en fecha 28-02-91 en el domicilio de la sociedad mercantil SERVICIOS DE VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTOS GRANADILLO C.A., para la práctica de la medida de secuestro del inmueble sub-arrendado y aceptación del cargo de depositario, estimados los honorarios en Bs. 300.000,00; Diligencia de fecha 08-04-91 consignando escrito de pruebas en la incidencia, estimados los honorarios en Bs. 100.000,00; Escrito de pruebas fechado 08-04-91, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00. 3) PIEZA 3: Diligencia de fecha 10-11-92 consignando escrito de informes ante el Juzgado Superior, estimados los honorarios por Bs. 100.000.00; Escrito de informes ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, relacionado con el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria, estimados los honorarios por Bs. 200.000,00; Diligencia de fecha 19-11-92 consignando escrito contentivo de observaciones a los informes, estimados los honorarios por Bs. 100.000,00; Escrito de observación a los informes, estimados los honorarios por Bs. 200.000,00; Consignación de copias certificadas emanadas del Juzgado Primero de Parroquia, estimados los honorarios por Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 26-01-93 solicitando al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, la devolución de las actuaciones al tribunal a quo; estimados los honorarios por Bs. 100.000,00. 4) PIEZA 4: Escrito de fecha 08-03-94 ante el a quo solicitando de conformidad con lo previsto en los artículos 527 y 528 del Código de Procedimiento Civil, mandamiento de ejecución sobre bienes del deudor, entrega material del inmueble y resguardo del expediente en la caja fuerte del tribunal, estimados los honorarios en Bs. 200.000,00. 5) PIEZA 5: Diligencia de fecha 22-06-93 consignando escrito de pruebas en la incidencia de recusación ante el Juzgado Noveno Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Escrito de pruebas recibido el 22-06-93, estimado por la actora en su libelo en Bs. 200.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 29-06-93 ratificando sus argumentos ante la temeraria incidencia de recusación, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Diligencia de fecha 04-10-93 ante Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, solicitando copia certificada del expediente N° 2750, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia-Escrito de fecha 01-11-93 donde señaló los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, para oír, por vía excepcional, el recurso de casación en la recusación o inhibición, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Escrito de impugnación ante la Sala de Casación Civil de nuestro M.T. en fecha 31-01-94, estimado por la actora en su libelo en Bs. 400.000,00; Escrito de CONTRARREPLICA de fecha 21-02-94 ante la Sala de Casación Civil del hoy Tribunal Supremo de Justicia, estimado por la actora en su libelo en Bs. 400.000,00; Escrito de fecha 06-06-94 solicitando mandamiento de ejecución para la entrega material del inmueble y cancelación de multa, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Asistencia el 22-06-94 con ocasión a la medida de EMBARGO de la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ B.K. y entrega material del inmueble sub-arrendado con ciento dieciséis (116) vehículos, que previa identificación, quedaron en depósito, estimado por la actora en su libelo en Bs. 400.000,00; Diligencia de fecha 27-06-94 solicitando oficiar a la Depositaria MONAY C.A., el retiro de los bienes embargados, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Escrito de fecha 28-06-94 informando que el día 27-06-94 la empresa impidió el retiro de los bienes embargados, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 06-07-94 solicitando se oficiara al Tribunal Comisionado para la continuidad del embargo, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Escrito de pruebas de fecha 27-07-94 en el procedimiento de oposición al embargo ejecutivo, estimado por la actora en su libelo en Bs. 200.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 28-07-94 solicitando pronunciamiento sobre la oposición por vencimiento articulación probatoria, estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,00; Escrito-Diligencia de fecha 02-08-94 solicitando decisión sobre la oposición y ratificando el embargo ejecutivo practicado, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 31-10-94 solicitando remate de los bienes embargados, porque los gastos ocasionados a la Depositaria exceden del valor de los bienes en depósito, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 02-11-94 ratificando solicitud del Remate sobre los bienes que no son objeto de oposición, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 22-11-94, con vista a la decisión del 15-11-94 solicitando que los bienes objeto de oposición fueran también rematados, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia del 05-12-94 para que se oficiara a la depositaria e informara si los bienes embargados ingresaron a sus depósitos, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 27-04-95 solicitando copias certificadas para la apelación interpuesta, estimado por la actora en su libelo en Bs. 50.000,00; Diligencia de fecha 10-05-95 ante Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial solicitando la devolución del expediente al tribunal a quo, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00. 6) PIEZA 6: Diligencia de fecha 14-06-95 por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia de igual grado de conocimiento, solicitando la remisión del expediente al tribunal de la causa, estimado por la actora en su libelo por Bs. 100.000,00. 7) PIEZA 7: Diligencia de fecha 21-09-95 ante el Tribunal Superior Séptimo en lo Civil, mercantil y Transito de esta Circunscripción Judicial, consignando escrito de informes, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Escrito de informes en la oposición al embargo, estimado por la actora en su libelo en Bs. 200.000,00; Acompañamiento el 13-07-94 al Juzgado Cuarto de Municipio para la entrega material de los bienes embargados el 22-06-94, estimado por la actora en su libelo en Bs. 300.000,00; Diligencia de fecha 22-07-94 solicitando al a quo copias certificadas, estimado por la actora en su libelo en por Bs. 50.000,00; Asistencia al embargo ejecutivo el 02-08-94 en Banco Unión, Agencia Nueva Granada, entregado a Depositaria DEFICA, estimado por la actora en su libelo en Bs. 300.000,00; Diligencia de fecha 04-08-94 negando la solicitud de un vehículo al ciudadano Landaeta Laya, por no probar su propiedad, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 12-08-94 solicitando al tribunal a quo la entrega de la cantidad embargada (Cheque por Bs. 495.035,00), estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 25-03-96 solicitando al Tribunal Comisionado se remitiera el expediente al juzgado de la causa, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia de fecha 10-10-96 solicitando original del mandamiento de ejecución, estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Acompañamiento al funcionario ejecutor de la entrega material y embargo ejecutivo sobre diez (10) vehículos el 06-12-96, estimado por la actora en su escrito libelar en Bs. 300.000,00; Diligencia de fecha 14-08-97 solicitando original del mandamiento de ejecución contra la empresa CENTRO AUTOMOTRIZ B.K., estimado por la actora en su libelo en Bs. 100.000,00; Diligencia-Escrito de fecha 27-10-97 solicitando entrega de la consignación hecha por la Depositaria MONAY C.A., estimado por la actora en su libelo en Bs. 150.000,oo. ASÍ SE DECLARA.

En sintonía con lo anterior, tal y como ha sido doctrina reiterada tanto del M.T. de la República Bolivariana de Venezuela, como de tratadistas patrios, siendo un proceso especial autónomo y no una incidencia la estimación e intimación de honorarios, existen pues dos etapas bien diferenciadas, siendo la primera una etapa declarativa en virtud de la cual los jueces resuelven respecto a la existencia o no del derecho de cobrar tales honorarios y, la segunda, una etapa ejecutiva, que comienza luego de que quede definitivamente firme la sentencia que al respecto aquí se dicte, o cuando el intimado haya ejercido su derecho de retasa. En el sub lite consta que la parte intimada ejerció tal derecho, para el caso de no prosperar su oposición, por lo que habiéndose declarado procedente el derecho de la actora para cobrar honorarios judiciales profesionales de abogado respecto a las actuaciones judiciales por ella cumplidas en el expediente N° 91-944 que el juzgado a quo también llevó, corresponde entonces a los jueces retasadores una vez que el presente fallo quede definitivamente firme, a valorar cada una de dichas actuaciones a los efectos de determinar los honorarios profesionales judiciales procedentes, quienes serán nombrados en la oportunidad que fije el tribunal a quo al respecto.

Congruente con lo antes dicho, resulta forzoso para esta superioridad declarar improcedente la oposición y prescripción formulada y ha lugar el derecho de la actora de cobrar honorarios profesionales de abogado. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

V

DISPOSITIVO DEL

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 31 de julio de 2002 por la apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil SERVICIOS DE VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTOS GRANADILLO C.A., contra la decisión dictada en fecha 19 de junio de 2002, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se declara nula.

SIN LUGAR la oposición formulada por la accionante en contra de la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales sigue en su contra la abogada C.S.d.B. e improcedente la prescripción alegada por la parte intimada de conformidad con lo previsto en el artículo 1.982 del Código Civil.

CON LUGAR el derecho que le asiste a la accionante de cobrar honorarios judiciales de abogado a la parte intimada SERVICIOS DE VEHÍCULOS Y ESTACIONAMIENTOS GRANADILLO C.A., por las actuaciones ut supra indicadas efectuadas en el juicio de resolución de contrato y cobro de bolívares incoado por la reclamante en nombre y representación de la intimada, contra la sociedad mercantil CENTRO AUTOMOTRIZ B.K, C.A., en el expediente N° 91-944 llevado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

CUARTO: SE ACUERDA la retasa de honorarios judiciales de abogado causados y señalados en el particular anterior, acogida de forma subsidiaria por la intimada en su escrito de oposición, para lo cual a los fines del nombramiento de los jueces retasadores luego del recibo del presente expediente y de la notificación de las partes por parte del tribunal de primera instancia a quien corresponda conocer la presente causa, se fijara oportunidad por auto expreso.

Por la naturaleza del procedimiento, no hay especial condenatoria en costas.

Expídase por Secretaría copia certificada del presente fallo, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias definitivas que lleva este juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil siete (2007).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

ABG. M.C.F.

En esta misma fecha, siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), se publicó, registró y agregó al expediente la anterior decisión, constante de veintidós (22) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente N° 07-9945

AMJ/MCF/ag.-