Decisión nº PJ0032011000066 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 3 de Mayo de 2011

“DEL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN”. Efectivamente durante su exposición oral, el apoderado judicial de la demandante apelante, denuncia el a quo infringió el criterio establecido por la sala de Casación Social al invertir la carga probatoria hacia el trabajador para demostrar que efectivamente la empresa Mercado de Alimentos C.A., (Mercal), posee mas de veinte trabajadores para hacer procedente el beneficio de la ley programa de alimentación.

Ahora bien, leídos, escuchados y analizados los alegatos del presente motivo de apelación, este Tribunal observa en la sentencia recurrida que efectivamente, tal y como lo expuso la parte apelante recurrente, el a quo erró en la consideración de que era una carga procesal que la parte demandante la demostración de que la empresa demandada tenia más 20 trabajadores para que procediera el pago del beneficio de alimentación. Finalmente, sobre este aspecto, que este beneficio debía pagarse considerando la Unidad Tributaria vigente para el momento del pago efectivo de dicho beneficio, como lo dispone el último aparte del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores.

Así las cosas, considera quien suscribe que es oportuno y útil transcribir el contenido del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores, el cual es del siguiente tenor:

Artículo 36. Cumplimiento retroactivo.

Si durante la relación de trabajo el empleador o empleadora no hubiere cumplido con el beneficio de alimentación, estará obligado a otorgarlo retroactivamente al trabajador o trabajadora desde el momento en que haya nacido la obligación a través de la entrega de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, independientemente de la modalidad elegida.

En caso de terminación de la relación de trabajo por cualquier causa, sin que el empleador o empleadora haya cumplido con el beneficio de alimentación, deberá pagarle al trabajador o trabajadora, a título indemnizatorio lo que le adeude por este concepto en dinero efectivo.

En ambos casos el cumplimiento retroactivo será con base en el valor de la unidad tributaria vigente al momento en que se verifique el cumplimiento

. (Subrayado y Negritas del Tribunal).

Asimismo conviene destacar, que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha fijado posición en relación con este asunto, disponiendo al respecto la procedencia de pagar al trabajador el beneficio de alimentación, aplicando la Unidad Tributaria vigente al momento de hacerse efectivo el pago, cuando el patrono no ha pagado dicho beneficio oportunamente, es decir, al momento de generarse. Así lo ha dispuesto, entre otras, la Sentencia No. 1.343, de fecha 18 de Noviembre de 2010, por cierto, también citada por el actor y apelante adherente, la cual comparte este jurisdicente y es del tenor siguiente:

Por otra parte, la actora reclama igualmente las comidas no pagadas. Al respecto, … la Sala declara de igual forma la procedencia de su pago, debiendo calcularse mediante experticia complementaria del fallo, cuya realización se ordena a tal efecto, conforme al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentos para los Trabajadores –publicado según Decreto No. 4.448 de fecha 25 de Abril del año 2006, publicado en Gaceta Oficial No. 38.426 del 28 de Abril del año 2006

. (Subrayado de este Tribunal).

En consecuencia y luego, del análisis de la norma transcrita y del criterio jurisprudencial citado, es por lo que esta alzada procede a declara con lugar el primer motivo de apelación, y se ordena modificar la sentencia recurrida en lo que respecta al pago del beneficio de alimentación, el cual deberá pagársele al trabajador con la Unidad Tributaria vigente para la fecha en que se produzca efectivamente dicho pago, como indemnización establecida a favor del trabajador, quien no recibió oportunamente este beneficio, todo ello, por disposición del último aparte del artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores. Y así se establece.

“DEL QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO LABORAL EN CUANTO A LA INDEXACIÓN O CORRECCIÓN MONETARIA”. Denunció el apoderado judicial de la parte demandante apelante, que la recurrida quebranta el orden público laboral, por cuanto estableció que la indexación o corrección monetaria sobre los montos condenados a pagar, debe considerarse a partir de la fecha de la interposición de la demandada y no como lo estableció el Tribunal de Juicio, a partir del decreto de ejecución, conforme lo dispone el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, analizada como ha sido la sentencia recurrida, observa este juzgador que efectivamente, en dicha decisión el a quo dispuso que, “conforme a las previsiones del artículo 185 de la Ley orgánica procesal del trabajo, en su parte in fine, procede la indexación sobre los montos condenados a pagar, calculados desde la fecha del decreto de ejecución” (subrayado de este Tribunal), disposición que resulta contraria a la doctrina reiterada y pacífica de la Sala de Casación Social del M.T. de la República, el cual ha dispuesto que la indexación o corrección monetaria, debe ser calculada desde la notificación de la accionada sobre el juicio incoado en su contra.

Seguidamente se transcribe un extracto de la Sentencia No.: 1.841 del 11 de Noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado Dr. L.E.F.G., la cual resulta sumamente ilustrativa sobre el punto bajo estudio, además de constituir para el momento de su publicación, una nueva doctrina jurisprudencial sobre este tema:

Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deudor de la obligación, activa los órganos de administración de justicia, deberá esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación del proceso –pese a que el nuevo p.l. destaca frente al anterior por haber acortado significativamente su duración, al inspirarse en principios de brevedad, celeridad y concentración, constituye una actividad dinámica que se desarrolla en el tiempo- para obtener un pronunciamiento judicial. Así, la fase de cognición de la causa podría implicar una demora en el cumplimiento del patrono, y, ante la improcedencia de la corrección monetaria durante ese lapso, es el trabajador quien soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en razón de la inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste con la consolidada jurisprudencia de este M.T.–, porque en definitiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto de vista de su poder adquisitivo y no nominal.

En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.

En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda-, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

… en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales

. (Subrayado y negritas de este Tribunal).

Así las cosas, con fundamento en los razonamientos expresados en la decisión parcialmente transcrita, lo ajustado a Derecho es declarar Sin Lugar el segundo motivo de apelación interpuesto por el representante judicial del demandante apelante. Y así se declara.

II.4) DE LA CONFIRMACIÓN DE LOS MONTOS CONDENADOS A PAGAR POR EL A QUO

El Tribunal de Primera Instancia de Juicio condenó a Mercados de Alimentos, C.A., (MERCAL) (parte demandada), a pagarle al ciudadano W.J.V. (parte demandante), los montos que a continuación se indican, los cuales son absolutamente confirmados por esta Alzada:

1. ) En relación con la Prestación de Antigüedad de conformidad a lo establecido en el articulo 108 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde el día 17-05-2007 al 30-08-2008, le corresponden 60 días de salario integral, a razón de Bs. 69,77; para un total Bs. 4.186,20.

2. ) En relación con la Prestación de Antigüedad de conformidad a lo establecido en el articulo 108 y 146 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde el día 01-09-2008 al 12-08-2009, le corresponden 60 días de salario integral, a razón de 74,06; para un total Bs. 4.443,60.

3. ) En relación con la Indemnización por Despido, le corresponden al trabajador de conformidad a lo establecido en el del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo aparte primero, le corresponden 60 días de salarios, a razón de Bs. 74,06; para un total de Bs. 4.443,60.

4. ) En relación a la Indemnización Sustitutivo de Preaviso, le corresponden al trabajador por cuanto la demandada no dio cumplimiento a la P.A.N.. 70-2008, de fecha 18 de agosto de 2008, dictada por la Inspectoria del Trabajo de S.A.d.C., y de conformidad a lo establecido en el literal d) del articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden 60 días de salarios, a razón de Bs. 74,06; para un total de Bs. 4.443,60.

5. ) En relación con los Salarios Retenidos desde el 01 de febrero 2008 al 13 de mayo 2008, los cuales suman 103 días, a razón del salario diario de Bs. 52,33; para un total de Bs. 5.389,99.

6. ) En relación con los Salarios Caídos que le tocan por desacato a la P.A. dictada por la Inspectoría del Trabajo, desde el 14 de mayo de 2008 hasta el 30 de agosto de 2008, que suman la cantidad de 106 días de salarios, a razón de Bs. 52,33; para un tota de Bs. 5.546,98.

7. ) En relación con los Salarios Caidos que corresponden por desacato a la P.A. dictada por la Inspectoría del Trabajo, desde el 01 de septiembre de 2008 hasta el 12 de agosto de 2009, que suman la cantidad de 342 días de salarios, a razón de Bs. 55,55; para un tota de Bs. 18.998,10.

8. ) En relación con las Vacaciones no Disfrutadas de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo y 223 eiusdem, en concordancia con los artículos 95 de su Reglamento; correspondiente al período 2007-2008, del cual se excluye el período de suspensión médica desde el 08 de enero de 2008 al 13 de septiembre de 2008, que suman la cantidad de 15 días de salarios, a razón del último salario diario de Bs. 55,55; para un tota de Bs. 833,25.

9. ) En relación con las Vacaciones Fraccionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; correspondiente al período desde el 21 de enero de 2009, al 12 de agosto de 2009, los cuales suman la cantidad de 08 días de salarios, a razón del último salario diario de Bs. 55,55; para un tota de Bs. 444,40.

10. ) En relación con el Bono Vacacional de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; correspondiente al período 2007-2008, del cual se excluye el período de suspensión médica desde el 08 de enero de 2008 al 13 de septiembre, que suman la cantidad de 30 días pagados anualmente a los trabajadores de la demandada, a razón del último salario diario de Bs. 55,55; para un tota de Bs. 1.666,65.

11. ) En relación con el Bono Vacacional Fraccionado de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; correspondiente al período 2008-2009, desde el 21 de enero de 2009 al 12 de agosto de 2009, que suman la cantidad de 15 días de salarios, a razón del último salario diario de Bs. 55,55; para un tota de Bs. 833,25.

12. ) En relación con el Utilidades Fraccionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo; correspondiente al año 2008, en razón de los 90 días que se pagan anualmente a los trabajadores de la parte demandada, que suman la cantidad de 30 días de salarios, por el salario diario para dicho período de Bs. 52,33; para un tota de Bs. 1.569,90.

13. ) En relación con el Utilidades Fraccionadas de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo; correspondiente al año 2009, en razón de los 90 días que se pagan anualmente a los trabajadores de la parte demandada, que suman la cantidad de 30 días de salarios, por el último salario diario de Bs. 55,55; da un tota de Bs. 1.666,50.

II.5) DEL MONTO TOTAL CONDENADO A PAGAR POR ESTA ALZADA

Debe advertirse que el monto total de las Prestaciones Sociales y otros beneficios laborales del actor, establecidos en la recurrida, suman la cantidad de Bs. 54.466,02, monto que confirma este juzgador.

Finalmente, a dicha cantidad debe sumársele el monto correspondiente al beneficio de alimentación no pagado por el patrono conforme lo establece la Ley y que este Tribunal, ha ordenado que para su cálculo, debe aplicarse la unidad tributaria vigente al momento de hacerse efectivo dicho pago, estimando que en caso de hacerse durante la vigencia de la actual unidad tributaria, que tiene un valor de 0,50% de la Unidad Tributaria vigente a la fecha del cumplimiento efectivo, la cual es de Bs. 76,00, este concepto sumaría la cantidad de Bs. 8.626,00, como se explicará detalladamente en el particular siguiente:

Así las cosas, sumado este monto al anterior, se tiene que la cantidad condenada a pagar a la demandada (incluida la modificación sobre la unidad tributaria aplicable al cálculo del beneficio de alimentación), asciende a la cantidad total de Bs. 66.092,09, la cual resulta de multiplicar 227 días demandándoos por dicho concepto, que multiplicado por la Unidad Tributaria vigente, arroja dicha cantidad. Y así se declara.

Por último, sobre el monto anteriormente definido y expresamente indicado, se condena a la demandada a pagar al actor, los Intereses Sobre las Prestaciones Sociales, los Intereses Moratorios de las mismas y la Indexación o Corrección Monetaria. Estos conceptos se calcularán mediante Experticia Complementaria del Fallo, cuyos parámetros se establecerán más adelante en la presente decisión.

En este sentido, en relación específica con los Intereses Moratorios de las Prestaciones Sociales, establecidos por el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe tomarse para su cálculo la “tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país”, conforme lo prevé el literal c del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, atendiendo a la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone que una vez entrada en vigencia nuestra actual Carta Magna, la tasa de interés aplicable para el cálculo de este concepto, es la indicada por el artículo 108 de la Ley Sustantiva Laboral, literal c. Y así se establece.

II.6) DE LAS MODIFICACIONES PUNTUALES DE LA SENTENCIA RECURRIDA

Finalmente, con fundamento en todas las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior del Trabajo establece que la sentencia recurrida queda modificada en los siguientes términos:

En relación con la Unidad Tributaria aplicable para el pago del bono alimentario (“cesta ticket”), ésta debe ser la Unidad Tributaria vigente para el momento del pago efectivo de este concepto, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores. Todo de conformidad con los razonamientos de la parte motiva de esta sentencia. Y así se modifica.

En consecuencia, se condena Mercado de Alimentos, C.A, (Mercal C.A) (parte demandada), a pagar al ciudadano W.J.V. (parte demandante), el beneficio de alimentación de la siguiente manera: 227 días reclamados, multiplicados por el 0,50% de la unidad tributaria vigente para el ejercicio fiscal presente (año 2011). Luego, si la unidad tributaria actual es de Bs. 76,00, entonces el 0,50% es igual a Bs. 38,00, que multiplicados por 227 días del beneficio de alimentación no pagado por el patrono, suma la cantidad de Bs. 8.626,00. Finalmente, dicho monto corresponde en caso de que el pago ordenado se realice bajo la vigencia de la actual unidad tributaria, no obstante, en caso contrario, deberá ser ajustado el cálculo a la unidad tributaria vigente al momento de hacerse efectivo el pago, tal y como lo dispone el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación Para los Trabajadores y ha sido establecido en las motivaciones de esta sentencia. Y así se decide.

En relación con la fecha de inicio para el cálculo de la indexación o corrección monetaria, ésta se debe calcular a partir de la fecha de notificación de la demandada sobre el presente juicio incoado en su contra y no, desde la fecha del decreto de ejecución, como erróneamente lo estableció la recurrida. Todo ello en atención de los razonamientos de la parte motiva de esta sentencia, especialmente referidos en los Alegatos de la Audiencia de Apelación. Y así se modifica.

II.7) DE LOS PARÁMETROS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL

1. ) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, con sede Coro, que resulte competente por distribución. Ello de conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. ) Se tomará en cuenta para el cálculo de los conceptos condenados, el monto del salario igualmente condenado por el a quo, el cual se encuentra indicado en la parte motiva de la presente sentencia.

3. ) Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales se calcularán tomando en cuenta la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, computados desde cuando la antigüedad comenzó a generarse, es decir, a partir del 19 de marzo de 2003, por cuanto la prestación ininterrumpida del servicio inició el 19 de noviembre del 2002.

4. ) Los Intereses Moratorios de las Prestaciones Sociales se calcularán de la siguiente forma:

   4.1) Por cuanto dichos intereses se han generado después de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los mismos serán calculados conforme a la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, atendiendo al criterio jurisprudencial reiterado y p.d.M.T. de la República, a través de su Sala de Casación Social.

   4.2) Del mismo modo y siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no se tomarán en cuenta para el cálculo de los intereses moratorios de las prestaciones sociales, los períodos en los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tal es el caso del período comprendido desde el Viernes 18 de Junio de 2010 al Domingo 23 de Enero de 2011, en virtud de encontrarse este Tribunal sin su Juez natural, así como los períodos de vacaciones judiciales.

5. ) Para el cálculo de los enunciados intereses de mora e intereses sobre prestaciones sociales, no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, la capitalización de los propios intereses.

6. ) La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, por generarse con posterioridad a la vigencia del texto constitucional. Del mismo modo y siguiendo el criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, no se tomará en cuenta para el cálculo de la indexación o corrección monetaria, los períodos en los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tal es el caso del período comprendido desde el Viernes 18 de Junio de 2010 al Domingo 23 de Enero de 2011, en virtud de encontrarse este Tribunal sin su Juez natural, así como los períodos de vacaciones judiciales.

7. ) El Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente, podrá ordenar al experto designado, que para determinar con precisión el monto de los conceptos antes indicados y condenados a pagar (con excepción de la Corrección Monetaria, ya que sobre ésta se estableció su cálculo), que la experticia se realice desde la oportunidad indicada en esta sentencia para cada concepto, hasta la fecha cuando ese Tribunal declare en estado de ejecución la presente causa y en caso de que la parte condenada a pagar no cumpla voluntariamente con la sentencia, aplique el contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

   III: DISPOSITIVA

   Finalmente, con fundamento en todas las motivaciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: