Decisión nº 083-2015 de Tribunal Superior Contencioso Tributario de Zulia, de 21 de Mayo de 2015
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2015 |
| Emisor | Tribunal Superior Contencioso Tributario |
| Ponente | Helen Nava de Urdaneta |
| Procedimiento | Decaimiento Del Objeto |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN ZULIANA
Expediente Nro. 508-06
Vista la designación efectuada por la Comisión Judicial en fecha 20 de abril de 2015 de la Dra. H.N., titular de la cédula de identidad Nro. 7.793.574 y juramentada el día 29 del mismo mes y año ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, como Jueza del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, con ocasión de la falta absoluta del titular de este Juzgado Dr. R.L.B.; la mencionada Jueza asume la Rectoría de este órgano Jurisdiccional y con tal carácter se ABOCA al conocimiento de la causa llevada bajo el expediente Nro 1596-14 de la nomenclatura de este Tribunal, contentiva del A.C. interpuesto por el ciudadano A.J.R.C., titular de la cédula de identidad Nro. 12.330.907 actuando en su carácter de presidente de la sociedad de comercio VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONTRUCTION COMPAÑÍA ANONIMA (VENESC, C.A.,) inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el Nro. J-30726564-7 contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
En fecha 23 de febrero de 2006, se recibió oficio Nro. 84-2006 de fecha 20 de febrero de 2006 emanado del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, anexo al cual acompaño recurso de A.C., se le dio entrada y se abrió expediente y se le asignó el Nro. 508-06.
El 20 de marzo de 2006, este Juzgado según sentencia Nro. 058-2006 se declara incompetente para conocer el caso y lo remite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
En fecha 19 de enero de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara que el tribunal competente para conocer la causa de A.C. es el Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Zuliana
En fecha 26 de febrero de 2007, este Juzgado le da entrada al Recurso de A.C. emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
Vistas las actuaciones anteriores, pasa este Tribunal a resolver, previas las siguientes consideraciones:
Competencia
El presente A.C. se interpone contra presuntas actuaciones inconstitucionales por parte de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Z.d.S.N.I.d.A.A. y Tributaria (SENIAT). La contribuyente esta domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Ahora bien, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Resolución publicada en Gaceta Oficial N° 37.622 del 31 de enero de 2003, creó este Tribunal confiriéndole competencia en materia tributaria en todo el Estado Zulia. Encontrándose la empresa contribuyente domiciliada en esta ciudad; por lo que conforme los artículos 262, 337 del Código Orgánico Tributario del año 2001, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 28, 40 y 41 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal se declara competente para el conocimiento de la presente causa. Así se resuelve.
Consideraciones para decidir
El interés constituye un derecho subjetivo actual; vale decir, que esté sufriéndose el daño o perjuicio que se ataca; dicho interés debe persistir al menos, hasta el momento en el cual el Órgano Jurisdiccional decida la causa.
Cuando de manera prolongada, en el curso del proceso decaiga el interés del accionante, es decir, el mismo no realice acto alguno capaz de demostrar al Juez la necesidad de que se decida la causa, la instancia se extingue. Más aún en casos de amparo, por cuanto, se precisa la tutela urgente y preferente de los derecho constitucionales.
Con respecto al decaimiento de la causa por la parte actora o abandono de trámite, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro 982 del seis de junio de 2001 (caso: “José Vicente Arenas Cáceres”), señaló lo siguiente:
..., la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.
(...)
En criterio jurisprudencial mencionado up supra, establece que el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél
(...)
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el p.d.a., en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.
(Destacados del Tribunal).
En cuanto a los efectos en el tiempo de dicha decisión, la Sala precisó:
... por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando, por último, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará –ni lo hará ningún tribunal del país- este criterio a las causas que se encuentren paralizadas en las circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos que sean treinta (30) días contados a partir de dicha publicación –en aplicación analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil-, para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ahora, revela su inactividad. Así se declara.
Ahora bien, establecido lo anterior, se observa que la parte accionante, desde la presentación del escrito contentivo de la acción de amparo, esto es, el catorce (14) de febrero de 2006, como se observa en el comprobante de recepción de documento que se encuentra en el folio tres (3) del expediente judicial hasta el presente, no ha realizado ninguna actuación en el proceso.
La falta de actuación de la parte accionante en el presente caso durante más de nueve (09) años, y quien solicitó la tutela preferente del amparo con miras supuestamente a una solución urgente, encuadra dentro de los extremos expuestos en la sentencia parcialmente transcrita; por ello y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara el abandono del trámite y, en consecuencia, terminado el procedimiento. Así se declara
Dispositivo
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de ley, declara:
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-. TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, en la acción de a.c. interpuesta por el ciudadano A.J.r.C., actuando en su carácter de presidente de sociedad de comercio VENEZUELAN ENGINEERING SUPPLY CONTRUCTION COMPAÑÍA ANONIMA (VENESC, C.A.,) contra la Gerencia de Control Aduanero de la Intendencia de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
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- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en razón de la naturaleza de esta decisión.
Publíquese. Notifíquese a la Procuradora General de la República y la contribuyente. Déjese copia. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, en Maracaibo, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil quince (2015). Año: 204° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Jueza,
Dra. H.N.L.S.
Abg. Yusmila Rodríguez
En la misma fecha se dictó y publicó este fallo interlocutorio, y se registró bajo el Nro. ________________-2015.
La Secretaria,
ICJ/lb Abg. Yusmila Rodríguez
