Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 28 de Noviembre de 2013
| Fecha de Resolución | 28 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Puerto Ordaz |
| Ponente | José Sarache MarÃn |
| Procedimiento | Cobro De BolÃvares Via Intimatoria |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MECANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.
PUERTO ORDAZ, VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DEL 2013
AÑOS: 203° Y 154°
COMPETENCIA MERCANTIL.
Vista la TRANSACCIÓN celebrada por las partes en fecha 22/11/2013, en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, presentado y suscrito por una parte, por el ciudadano Abogado en ejercicio R.D. SOSA C., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-12.050.490, e inscrito en el IPSA bajo el Nº 62.722 y de este domicilio, actuando en su representación de la SOCIEDAD MERCANTIL “IMPSA CARIBE, C.A.”, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 24 de mayo del 2006, bajo el Nº 60 del Tomo 24-A-Pro, e inscrita en el registro de Información Fiscal bajo el Nº J-315852276, PARTE DEMANDADA, y por la otra parte, la ciudadana Abogada en ejercicio V.S.A.S., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.540.284, e inscrita en el IPSA bajo el Nº 33.351 y de este domicilio, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL “SUMINISTRO DE MATERIALES INDUSTRIALES DE VENEZUELA COMPAÑÍA ANÓNIMA, (SIMIVEN, C.A.), debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 03 de noviembre de 1.989, bajo el Nº 40, Tomo 75-A, Vto 271 al 278 y con sucesiva y última modificación el 12 de agosto del año 2013, inserta bajo el Nº 45 Tomo 118-A REGMERPRIBO, RIF-J09514444 PARTE DEMANDANTE, pasa este Tribunal a proveer sobre dicha transacción, previa las consideraciones siguientes:
El Artículo 1.713 del Código Civil establece:
La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual
.
El Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil dispone:
La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada
.
El Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, estatuye:
Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución
.
La doctrina señala que la transacción es un negocio jurídico material que establece una relación contractual cuyo objeto de la causa o relación sustancial (lo que se discute) sometida a beligerancia en el juicio, y que, por solventarla en virtud de mutuas concesiones desaparece por vía de consecuencia la relación procesal continente (la causa misma). En la transacción judicial debe verse una implícita y doble renuncia a las pretensiones procesales. La implícita renuncia a las pretensiones procesales se deduce del Artículo 1.717 del Código Civil, cuando expresa: “Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han designado, sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que la intención parezca como una consecuencia necesaria de los que se haya expresado”.
La Jurisprudencia del M.T. de la República, define, la transacción desde el punto de vista jurídico como el acto bilateral por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o uno eventual y es uno de los modos de autocomposición procesal, lo cual tiene la misma eficacia de la sentencia. Constituye una solución convencional de la litis, mediante el cual las partes se elevan ellas mismas jueces de sus respectivas peticiones y ponen fin al proceso, dejando resuelta la controversia con el efecto de la cosa juzgada propia de la sentencia.
Ahora bien, el legislador exige en todos los actos de autocomposición procesal (desistimiento, convenimiento, transacción), la ulterior p.d.T. que constate la ocurrencia de los requisitos legales necesarios para la validez formal del acto, la disponibilidad de la relación litigiosa y profiera la certeza jurídica sobre la terminación efectiva del proceso, por tanto, la terminación del proceso solo tiene lugar a partir del momento que la homologación adquiere carácter de impugnable.
Como lo señala el procesalista patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, “La p.d.T. tiene por objeto declarar la virtualidad del acto auténtico o hecho evidente para provocar la cancelación del proceso. No se limita la función del Juez al nudo conocimiento de constatar la realización del acto, pues su prueba surge de su mismo carácter auténtico. Al Juez corresponde más bien determinar si el acto se ha realizado en conformidad con la ley procesal; en cuanto al sujeto legitimado para realizarlo, por tener la condición de parte formal demandante o demandada, según el caso, o la representación y la autorización expresa de la parte; en cuanto al carácter disponible de la relación sustancial, por la cilitud del contrato o por ser materia ajena al orden público; y en cuanto a la actividad misma, porque se haya verificado en la oportunidad permitida por la Ley(………) (Cfr. Ricardo Henríquez La Roche. Modos Anormales de terminación del P.C.. P.30-31).
De allí – como lo ha expresado la Jurisprudencia del M.T. de la República – que ante la presencia de los actos de autocomposición procesal, el Juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento (Vid sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de febrero de 2001, en Ramírez & Garay. Jurisprudencia. Tomo 173. Enero - Febrero 2001, p.365.).
El Tribunal al examinar la transacción presentada, observa que dicha transacción es celebrada por las partes con la finalidad de poner término al presente juicio de: COBRO DE BOLÍVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN, incoado por la Sociedad Mercantil ”SUMINISTRO DE MATERIALES INDUSTRIALES DE VENEZUELA COMPAÑÍA ANÓNIMA” (SUMIVEN, C.A.), contra la SOCIEDAD MERCANTIL IMPSA CARIBE, C.A., otorgándose recíprocas concesiones, siendo que el ciudadano Abogado en ejercicio R.D. SOSA C., en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, tiene facultad expresa para transar a nombre de su representado según se evidencia del Poder Judicial Especial autenticado por ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, el 12 de noviembre del 2.013, bajo el N° 44, Tomo 134 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, que cursa a los folios 168 al 171 del Cuaderno Principal; así mismo, se constata que la ciudadana Abogada en ejercicio V.S.A., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.540.284, inscrita en el IPSA bajo el Nº 33.351 y de este domicilio, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandante, tiene facultad expresa para transar a nombre de su representado según se evidencia del Poder Apud Acta, que cursan a los folios 150 al 152 del Cuaderno Principal; advirtiendo el Tribunal que la transacción celebrada versa sobre materia y derechos disponibles en las cuales no están prohibidas las transacciones, por lo que al cumplir la referida transacción con los extremos de ley, y no ser contraria a derecho, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, de conformidad con los Artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil, le imparte su aprobación en todas y cada una de sus partes y la HOMOLOGA con el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, y así se decide en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Conforme a lo solicitado por las partes, se ordena expedir por Secretaría dos (2) juegos de copias certificadas de la presente transacción, del auto de homologación y con inserción del presente auto, previa certificación en autos conforme a lo dispuesto en el Artículo 112 del Código de Procedimiento Civil,
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el Tribunal.
EL JUEZ PROVISORIO,
DR. J.S.M.
EL SECRETARIO,
ABG. J.C.
Publicada en el mismo día de su fecha, previo anuncio de ley, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.)
EL SECRETARIO,
ABG. J.C.
JSM/jc/*astrid
EXP. N° 43.361
