Decisión de Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de Bolivar, de 31 de Mayo de 2012

Los actos procesales relevantes para la resolución de la controversia que trae la presente causa son los siguientes:

I.1. De la pretensión. Mediante demanda presentada el veintiocho (28) de abril de 2010 la demandante fundamentó su pretensión condenatoria contra el Municipio Padre P.C.d.E.B., demandando el pago de la prestación de antigüedad complemento de antigüedad, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación, intereses sobre la prestación de antigüedad, indemnización sustitutiva de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria, derivados de la prestación de servicios en el cargo de Recaudadora de Impuestos Municipales.

I.2. De la admisión. Mediante sentencia dictada el tres (03) de mayo de 2010 se admitió la demanda interpuesta, ordenando su tramitación por el procedimiento establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se ordenó la citación del Síndico Procurador y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B..

I.3. Mediante auto dictado el tres (03) de junio de 2010 se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de practicar el emplazamiento del Síndico Procurador y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B..

I.4. El veintiséis (26) de julio de 2010 se recibieron las resultas proveniente del Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentivas del emplazamiento del Síndico Procurador Municipal y la notificación de la Alcaldesa del Municipio Padre P.C.d.E.B., debidamente cumplida.

I.5. De la Audiencia Preliminar. El veintiuno (21) de marzo de 2011 se celebró la audiencia preliminar con la comparecencia del abogado J.D., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante y la abogada Orinana Gutiérrez, en su carácter de coapoderada judicial de la parte recurrida. Se dio inicio al lapso probatorio.

I.6. Mediante escrito presentado el veinticinco (25) de marzo de 2011 la representación judicial de la parte demandante promovió documentales, prueba de informes y de exhibición.

I.7. Mediante escrito presentado el veintiocho (28) de marzo de 2011, la representación judicial de la parte demandada invocó el mérito favorable de autos y promovió prueba de informes.

I.8. De la admisión de las pruebas. Mediante auto dictado el primero (1º) de abril de 2011 se admitieron las pruebas promovidas por las partes y se inadmitió el mérito favorable de autos promovido por la parte demandada.

I.9. Mediante auto dictado el ocho (08) de agosto de 2011, la Jueza Temporal de este Juzgado se abocó al conocimiento de la presente causa, asimismo, se ordenó comisionar al Juzgado de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de practicar la notificación del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), asimismo, se ordenó comisionar al Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de la práctica de la notificación de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B. y del Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

I.10. El seis (06) de octubre de 2011 se recibieron las resultas provenientes del Juzgado de los Municipios Piar y Padre P.C.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentiva de la notificación a la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C. y al Director de la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, debidamente cumplida.

I.11. El seis (06) de octubre de 2011 se recibió oficio OAUPT/ Nº 618-2011, suscrito por el Jefe de la Oficina Administrativa del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante el cual remitió información solicitada por este Juzgado Superior.

I.12. Mediante acta levantada el catorce (14) de octubre de 2011, se dejó constancia de la no comparecencia de la Coordinadora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B. al acto de exhibición.

I.13. El veintisiete (27) de octubre 2011 se recibió oficio Nº SIB-DSB-CJ-PA-34330 fechado veinticuatro (24) de octubre de 2011, proveniente de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante el cual notifica que giró las instrucciones pertinentes al Banco Caroní C.A.

I.14. El primero (1º) de noviembre de 2011, se recibieron las resultas provenientes del Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la notificación del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), debidamente cumplida.

I.15. El ocho (08) de diciembre de 2011, se recibió oficio proveniente del Banco Caroní mediante el cual remiten la información requerida.

I.16. De la audiencia definitiva. El diez (10) de mayo de 2012 se celebró la audiencia definitiva con la comparecencia del abogado J.D.L., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante y el abogado Á.L., en su carácter de apoderado judicial de parte recurrida. Se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo.

I.17. Mediante auto dictado el diecisiete (17) de mayo de 2012, se dictó el dispositivo del fallo declarándose parcialmente con lugar la demanda interpuesta.

2. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

   II.1. En el caso subjudice la ciudadana V.R.D. ejerció demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos contra el Municipio Padre P.C.d.E.B., alegando que prestó servicios desde el veintisiete (27) de marzo de 2009, en el cargo de Recaudadora de Impuestos Municipales, que la prestación de servicios concluyó por despido el cinco (05) de marzo de 2010, se cita la argumentación esgrimida al respecto:

   En fecha 27 de Marzo de 2.009, nuestra representada, ciudadana, V.R., arriba identificada, comenzó a prestar servicio como RECAUDADORA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, en el órgano ejecutivo del Poder Público Municipal, como lo es la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C., (…), hasta el día 05 de Marzo de 2.010, fecha en la cual termino (sic) la relación de trabajo por despido injustificado, teniendo para la fecha un tiempo acumulado de servicios de 11 meses y 6 días.

   Es el caso ciudadana Juez, que al asumir el cargo de Alcaldesa, la ciudadana S.R., las nuevas Autoridades Municipales de la Alcaldía del Municipio Autónomo Padre P.C. decidieron poner fin a la relación laboral que mantenía nuestra representada con dicha Alcaldía, despidiendo injustificadamente a nuestra mandante y sin haber sido notificada de manera escrita sobre dicha destitución y sin haberse producido acto administrativo alguno sobre el caso.

   Ahora bien, durante el tiempo que duro (sic) la relación laboral, mi representada se desempeño (sic) como Recaudadora de Impuestos Municipales, en la referida Alcaldía; devengando un salario básico diario de Cuarenta Bolívares con 33 Cts. (Bs. 40,33) y un Salario Integral diario Cincuenta y cuatro Bolívares con 90 Cts. (Bs. 54,90), que fue obtenido al sumarle al salario básico diario la alícuota correspondiente a Noventa (90) días de aguinaldo a Cuarenta (40) días de bono vacacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Estatuto de la Función Pública

   .

   En relación a la pretensión incoada, la representación judicial del Municipio opuso la caducidad de la acción en la oportunidad en que se celebró la audiencia definitiva alegando que transcurrió el lapso de tres (03) meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción.

   En este orden de ideas, destaca este Juzgado que el lapso de caducidad para la interposición de las querellas funcionariales se encuentra regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuyo artículo 94 establece que sólo podrá ejercerse el recurso contencioso administrativo funcionarial dentro de un lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho generador o que el interesado fue notificado del acto, el referido artículo es del siguiente tenor:

   Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto

   .

   Aplicando la norma citada al caso de autos, observa este Juzgado Superior que la demandante alegó que la prestación de servicios concluyó el cinco (05) de Marzo de 2010, hecho no desvirtuado por el Municipio querellado e interpuso la presente demanda el veintiocho (28) de abril de 2010, dentro del lapso de los tres meses previstos legalmente, en consecuencia, este Juzgado desestima el alegato de caducidad de la acción invocado por el Municipio, porque el demandante ejerció su pretensión dentro del lapso legal respectivo. Así se establece.

   II.2. En relación al fondo de la pretensión, observa este Juzgado Superior que la parte querellante reclama el pago de la prestación de antigüedad, complemento, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año, bono de alimentación, indemnización prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, intereses sobre la prestación de antigüedad, intereses moratorios y corrección monetaria, a los fines de demostrar su pretensión promovió los siguientes instrumentos:

   1) Copia simple de la nómina superior de la Alcaldía del Municipio Padre P.C., correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2010, suscrita por la Coordinadora de Recursos Humanos y el Director de Administración y Finanzas, de la cual se desprende que la ciudadana V.d.V.R.D. se desempeñaba en el cargo de Recaudador, que ingresó a prestar servicios el veintiséis (26) de marzo de 2009 y que percibía un salario de mensual de Bs. 1.210,00 y diario de 40,33, promovida por la parte demandante con el escrito de promoción de pruebas cursante del folio 50 al 52.

   2) Mediante informe presentado en oficio OAUPT/ Nº 618-2011, suscrito por el Jefe de la Oficina Administrativa de Upata del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se informó que la demandante reingreso por órdenes del Municipio demandado al mencionado Instituto el 26 de marzo de 2009 y fue egresada el 01 de marzo de 2010, cursante del folio 94 al 95.

   3) El Banco Caroní mediante oficio recibido el ocho (08) de diciembre de 2011, informó que el veintiséis (26) de marzo de 2009 fue aperturada una cuenta nómina a nombre de la ciudadana V.d.V.R.D. por solicitud del la Alcaldía del Municipio Padre P.C.d.E.B. y remitió estados de cuenta del mes de marzo a diciembre de 2009 y de enero a febrero de 2010, cursante del folio 126 al 144.

   En razón que el Municipio querellado no contestó la demanda, ésta se entiende contradicha en todas sus partes, de conformidad con el privilegio procesal establecido en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, no obstante en la oportunidad en que promovió pruebas negó la prestación de servicios de la demandante, alegato este último que se desestima en razón que del documento administrativo promovido por la parte demandante y de los informes del Banco Caroní y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quedó demostrado la prestación de servicios de la demandante en el cargo de Recaudadora de Impuestos Municipales, ingresando el 27 de marzo de 2009 y egresando en el 05 de marzo de 2010. Así se establece.

   En concordancia con la pretensión de condena formulada contra el Municipio al pago de prestación de antigüedad generada desde el veintisiete (27) de marzo de 2009 hasta el cinco (05) de marzo de 2010, que alega estar constituidos por la cantidad de Bs. 2.146,02, observa este Juzgado que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la fecha de terminación de la relación, dispone que después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.

   El cálculo de la prestación de antigüedad se efectuará conforme al salario integral mensual percibido por la parte actora, el cual está conformado por el salario base y las alícuotas de bono vacacional y de bonificación de fin de año, al respecto, observa este Juzgado que la representación judicial de la parte demandante realizó dicho cálculo en el cuadro que a continuación se detalla:

   Meses

   Trabajado Salario Salario Alícuota 90 Alícuota Salario Integral Días Total

   Básico Normal Días Por

   Diario Diario A.B.V.D.M.P.S..

   Mar-09 33,33 33,33 8,33 3,70 45,37 0 0

   Abr-09 33,33 33,33 8,33 3,70 45,37 0 0

   May-09 36,67 36,67 9,17 4,07 45,37 0 0

   Jun-09 36,67 36,67 9,17 4,07 45,37 0 0

   Jul-09 36,67 36,67 9,17 4,07 45,37 5 249,54

   Ago-09 36,67 36,67 9,17 4,07 45,37 5 249,54

   Sep-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,49

   Oct-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,50

   Nov-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,50

   Dic-09 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,50

   Ene-10 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,50

   Feb-10 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 5 274,50

   Mar-10 40,33 40,33 10,08 4,48 54,90 0 0

   TOTAL BOLIVARES 40 2.146,02

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado cancelar a la demandante la cantidad reclamada de Bs. 2.146,02, por concepto de prestación de antigüedad. Así se establece.

   Asimismo se observa que la parte querellante pretende que el Municipio demandado le cancele Bs. 274,49, por concepto de complemento de antigüedad de conformidad con el parágrafo primero literal b) del artículo 108 eiusdem, observa este Juzgado que la referida disposición jurídica establece que si la relación de trabajo termina por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 45 días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, en tal sentido, la parte actora detalló dicho concepto en el siguiente cuadro:

   Periodo Días Salario Total

   5 54,90 274,49

   Total Bs. 274,49

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el parágrafo primero literal b) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado a pagar a la actora por concepto de complemento de antigüedad la cantidad de doscientos setenta y cuatro bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 274,49). Así se establece.

   II.3. Igualmente, demanda la parte actora el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, al respecto, este Juzgado Superior ordena al Municipio querellado el pago de tal concepto, generado durante el tiempo de prestación de servicios por el actor, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, a tales fines, se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

   II.4. Igualmente, la parte querellante reclama por concepto de vacaciones fraccionadas 13.75 días equivalentes a la cantidad de Bs. 554,58 y bono vacacional fraccionado de 36.66 días equivalentes a la cantidad de Bs. 1.478,62, causados durante once (11) meses y seis (06) días de servicios, contados a partir del veintisiete (27) de marzo de 2009 al cinco (05) de marzo de 2010, totalizando la cantidad de Bs. 2.033,2, se citan los cálculos de los montos demandados:

   Vacaciones Fraccionadas

   Periodo Días Salario Total

   2.009-2.010 13,75 40,33 554,58

   Total Bs. 554,58

   Bono Vacacional Fraccionado

   Años Días Salario Total

   2.009-2.010 36,66 40,33 1.478.62

   Total Bs. 1.478.62

   Observa este Juzgado que el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios y de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

   Al respecto, observa este Juzgado que los cálculos realizados por la representación judicial de la parte demandante se encuentran ajustados a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia, se ordena al Municipio querellado a pagar a la actora por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo 2009-2010 la cantidad reclamada de Bs. 554,58 y 1.478,62 respectivamente. Así se establece.

   II.5. Equivalentemente la querellante demanda el pago de la bonificación de fin de año fraccionada correspondiente a dos (02) meses de servicio del año 2010, por la cantidad de Bs. 823,47, al respecto, este Juzgado observa que el artículo 25 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que los funcionarios o funcionarias públicos al servicio de la Administración Pública, tendrán derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente, de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral, en consecuencia, se ordena al Municipio demandado cancelar a la parte actora el referido concepto por la cantidad reclamada de Bs. 823,47. Así se establece.

   II.6. Por otra parte, la querellante demandó el pago de Bs. 841,25 por concepto de bono de alimentación no cancelado durante 21 días de noviembre de 2009, 13 días de diciembre de 2009, 18 días de febrero de 2010 y 5 días del mes de marzo, en relación con esta pretensión observa este Juzgado que el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras establece que el beneficio de alimentación no podrá ser inferior a 0,25 unidades tributarias ni superior a 0,50 unidades tributarias, en tal sentido, el demandante señaló que el valor de la cesta ticket se encuentra constituido por 0,25 unidades tributarias, calculando este Juzgado los montos correspondientes de la siguiente manera:

   FECHA DIAS TRABAJADOS VALOR U.T. VALOR CESTA TICKET

   0,25 U.T. CESTA TICKET NO CANCELADAS

   Nov-09 21 55 13,75 288,75

   Dic-09 13 55 13,75 178,75

   Ene-10 0 55 13,75 0

   Feb-10 18 55 13,75 247,5

   Mar-10 5 65 16,25 81,25

   TOTAL: 796,25

   Conforme al cuadro que antecede, este Juzgado Superior ordena al Municipio demandado cancelar al demandante la cantidad de Bs. 796,25, por concepto de bono de alimentación durante los meses reclamados. Así se establece.

   II.7. En relación a la pretensión de condena de pago de indemnización sustitutiva de antigüedad por la cantidad de tres mil doscientos noventa y tres bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 3.293,89), de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, observa este Juzgado que la demandante ejercía el cargo de Recaudadora de Impuestos Municipales, es decir, ostentaba la condición de funcionario público y de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública está sometida a dicho régimen, el cual establece en el artículo 28 eiusdem que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción, de la mencionada disposición jurídica se desprende el carácter supletorio de la Ley Orgánica del Trabajo, solamente en lo que se refiere a la prestación de antigüedad y no de otros derechos.

   En este orden de ideas el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, establece que si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle una indemnización adicional computada según su antigüedad, en consecuencia, el supuesto de hecho previsto en la citada norma para que surja el derecho a la indemnización laboral respectiva no se aplica a los funcionarios públicos, dado que no estamos en presencia de una relación laboral ni de la figura del despido injustificado que solamente se aplica a dicha relación, por ende, se desestima la pretensión invocada por la parte actora. Así se establece.

   II.8. Igualmente demanda los intereses moratorios generados por la cantidad condenada a pagar, al respecto este Juzgado destaca que de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que constituyen deudas de valor y que toda mora en su pago genera intereses, en consecuencia, se ordena el pago de los intereses moratorios generados por el monto total condenado a pagar a la parte actora de seis mil setenta y tres bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 6.073,43), más la cantidad que arroje la experticia por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad, desde el 05 de marzo de 2010 hasta la fecha en que se decrete la ejecución del presente fallo, en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha de terminación de la relación, a tales fines, se oficiará al Banco Central de Venezuela estimándole practicar experticia complementaria al fallo. Así se establece.

   II.9. Finalmente, con relación a la solicitud de corrección monetaria, se destaca que la jurisprudencia contencioso administrativa ha establecido que en materia de funcionarios públicos no es posible condenar al pago de los intereses moratorios y adicionalmente de la corrección monetaria, por el carácter sui generis que comportan las relaciones de la Administración Pública y sus empleados y que ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados implicaría una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser desestimada. Así se establece.

3. DISPOSITIVA

   En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la DEMANDA FUNCIONARIAL incoada por la ciudadana V.D.V.R.D. contra el MUNICIPIO PADRE P.C.D.E.B..

   Se ORDENA cancelarle a la demandante la cantidad de seis mil setenta y tres bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 6.073,43), por concepto de prestación de antigüedad, complemento, vacaciones y bono vacacional fraccionado, bonificación de fin de año fraccionada, bono de alimentación y la cantidad que resulte de la experticia complementaria del fallo por concepto de intereses sobre la prestación de antigüedad e intereses moratorios.

   De conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se ordena la notificación de la presente sentencia al Síndico Procurador del Municipio Padre P.C.d.E.B. y una vez que conste en autos la práctica de su notificación se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación.

   Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice de Copiador de sentencias.

   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012). Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación.

   LA JUEZA

   B.O.L.

   LA SECRETARIA

   ANNA FLORES FABRIS