Decisión de Juzgado Superior Quinto Agrario de Monagas, de 6 de Noviembre de 2012

Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2012
EmisorJuzgado Superior Quinto Agrario
PonenteMarvelys Sevilla Silva
ProcedimientoQuerella Funcionarial

JUZGADO SUPERIOR QUINTO AGRARIO, CIVIL -BIENES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATI VO DE LA REGION SUR ORIENTAL.-

Maturín, 06 de noviembre de 2012

202º y 153º

Expediente N°: 3995

En fecha 08 de diciembre de 2009, se recibió la presente Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo), interpuesta por el ciudadano P.V.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°: V.- 3.327844, y de este domicilio, asistido por el Abogado J.G.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el N° 97.773, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS.

En fecha 01 de febrero de 2010, se le dio entrada y se admitió en fecha 4 de febrero del mismo año, ordenándose las notificaciones correspondientes.

En fecha 03 de noviembre de 2010, se efectuó Audiencia Preliminar, bajo ponencia de la Jueza Provisoria S.E., presente ambas partes, de este proceso, donde solicitaron que el juicio se abriera a pruebas, siendo acordado por este Tribunal.; estando dentro del lapso probatorio, las partes consignaron las pruebas que ha bien consideraron pertinentes, siendo admitidas en la oportunidad de Ley.

En fecha 30 de junio de 2011, se dictó auto de abocamiento de la Jueza Temporal a cargo de este Juzgado, Abogada L.T., ordenándose las notificaciones correspondientes para la continuación del juicio. En fecha 22 de marzo de 2012, se dictó auto de abocamiento de la Jueza Provisoria a cargo de este Juzgado, Abogada Marvelys Sevilla Silva.

En fecha 19 de octubre de 2012, se realizó la audiencia definitiva fijada en la presente causa, en presencia de la parte querellante, se dejó constancia de la no comparecencia de la parte querellada, este Tribunal dictó dispositivo del fallo declarando Parcialmente Con Lugar la presente querella funcionarial intentada por el ciudadano P.V.G. contra la Alcaldía del Municipio Piar del estado Monagas.

DE LA QUERELLA FUNCIONARIAL

Arguye la parte querellante en su libelo de demanda lo siguiente:

Manifiesta que “… en fecha 01 de septiembre de 2003, ingreso a la Alcaldía del Municipio Piar del estado Monagas, ocupando el cargo de Perito Agropecuario, adscrito al Instituto de Crédito Agrícola Piar…”

Alega que “…en fecha 15 de octubre de 2009, le cancelaron su última quincena de pago que le correspondía como funcionario de ese organismo.”

Señala que “…en fecha 10 de septiembre de 2009, le notifican de la Resolución N° AMP-DA-132-2009, mediante la cual se ordena el retiro de la administración del ciudadano G.P.V..”

Indica que “…la actuación tomada por el Alcalde del Municipio Piar del estado Monagas, plasmada en la Resolución N° AMP-DA-132-2009, de fecha 07 de septiembre de 2009, no esta ajustada a derecho ya que no se cumplió con el procedimiento establecido en la Ley.”

Fundamenta la presente querella en “ …los artículos 2, 3, 25, 49, 89, 93, 95, 96, 137, 139, 141, 144 y 146 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en los artículos 3, 30, 78, 92 y 93 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y en los artículos 9.11 y 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.”

Solicita que “…se declare la nulidad absoluta de la Resolución N° AMP-DA-132-2009, de fecha 07 de septiembre de 2009, en consecuencia se ordene el reenganche al cargo que venia desempañando como Técnico de Campo y el pago de los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir desde el momento de la desincorporación de su cargo hasta el reenganche efectivo del mismo.”

La parte querellada Municipio Piar del estado Monagas, no dio contestación a la demanda.

Este Tribunal, antes de pasar a pronunciarse con respecto a la controversia puesta a su conocimiento, pasa a declarar los siguientes términos:

I

Competencia

Vista la presente Querella Funcionarial (Nulidad de Acto Administrativo), que puso fin a la relación de empleo público que mantuvo el querellante con la Alcaldía del Municipio Piar del Estado Monagas, en este sentido, la Ley del Estatuto de la Función Pública, en su artículo 93 señala que corresponderá a los Tribunales Contenciosos Administrativos Funcionarial, conocer las reclamaciones que formulen los Funcionarios o Funcionarias Públicos o aspirantes a ingresar a la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública.

En este mismo orden de ideas, establece la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25 ordinal 6 lo siguiente:

Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:

Ordinal 6: Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública, conforme a lo dispuesto en la ley

. (Negrillas y Cursiva de este Tribunal).

Ahora bien, estando involucrados en el recurso un derecho reconocido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley del Estatuto de la Función Pública y que deriva de la terminación de la relación funcionarial, no cabe duda para esta Juzgadora, que el Tribunal competente para conocer de dicho asunto es el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes, de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, por ejercer su competencia territorial en los Estados Monagas y D.A., razón por la cual declara su competencia. Así se decide.

Estando la presente sentencia dentro del lapso establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Tribunal pasa a dictar la sentencia de la siguiente forma:

II

De la Condición Funcionarial de la Recurrente

Arguye el querellante, que comenzó a prestar sus servicios en la Alcaldía del Municipio Piar del estado Monagas, desde el 01 de septiembre de 2003 hasta el 10 de septiembre de 2009, desempeñando el cargo de Perito Agropecuario adscrito al Instituto Municipal de Crédito Agropecuario Piar (INCAPIAR), tal y como se desprende de original de constancia de trabajo, emanada del Instituto de Crédito a.P., de fecha 29 de octubre de 2009, inserta al folio (09).

Es importante señalar que nuestra Constitución en su artículo 146, señala que los cargos en los órganos de la Administración Pública son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros y los demás que determine la Ley que al efecto se dicte. Añade el mencionado artículo, que el ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a la carrera es por concurso público.

Por su parte la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 3, establece que “el funcionario público será aquel que en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente” y en el artículo 19 los clasifica como funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, los primeros serán quienes habiendo ganado el concurso y superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente; y los segundos son aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en la referida ley.

El Tribunal en este sentido comprueba que es necesario examinar si el hoy recurrente puede ser tenido como funcionario de carrera.

Anteriormente quedó establecido que la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece en consonancia con el artículo 146 Constitucional que serán funcionarios y funcionarias públicos quienes habiendo ganado el concurso y superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente. Por tanto, nadie podrá ingresar a la carrera administrativa sino en virtud de estos requisitos, siendo indispensable el concurso público.

Ahora bien, desde el año 2003, hasta esta fecha, este Tribunal en consonancia con dictámenes emanados de nuestra Alzada, vale decir, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sostuvo que no era posible considerar el derecho de estabilidad en estos funcionarios que no habían sido ingresados a la Administración mediante concurso.

Sin embargo, previo a ese criterio, definido de alguna manera por la Corte Contencioso Administrativo, este Tribunal sostuvo, que era posible considerar algún tipo de estabilidad a estos funcionarios, basado en las consideraciones que de seguida se trascribe:

Considera este tribunal que si bien es cierto que el artículo 146 constitucional, establece como requisito del ingreso a la Administración Pública como funcionario de carrera, la realización de un concurso pública, no es menos cierto que tales concurso públicos han de ser propiciados y realizados por la Administración, quien debe ser la primera interesada en hacer cumplir el precepto constitucional, pues obviamente, a las personas que ocupan los cargos de carrera, sin la realización del concurso previo, no se les puede atribuir responsabilidad alguna en su forma de ingreso.

Ahora bien, esto no significa de manera alguna que tales funcionarios en ejercicio de cargos de carrera sin la celebración del concurso público establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pueda adquirir una estabilidad definitiva como la que se establece en el artículo 30 de la Ley del Estatuto, cuyo significado es el de permanecer en la carrera, hasta que sea debidamente separado de ella por causa legal de las prevista en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En ese orden de ideas, si bien es igualmente cierto que la parte final del artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública señala que “ serán absolutamente nulos los actos de nombramientos de funcionarios o funcionarios de carrera, cuando no se hubiesen realizado los respectivos concursos de ingreso, de conformidad con esta Ley”, ello de ser entendido en el sentido estricto de la referencia normativa, que se refiere a la designación de funcionarios como de “carrera” y esto es así por dos razones fundamentales: la primera: existe una prohibición constitucional de dar categoría de funcionario de carrera a un funcionario público, sin la realización previa del concurso y segundo: la Administración, en muchas ocasiones necesita del recurso humano con acelerada prontitud para el desempeño que son propias de funcionarios que ocupan cargos de carrera y no le es posible en cada ocasión hacer el llamado a concurso, es entonces cuando, sin darle la categoría de funcionarios de carrera, puede realizar designaciones para que se cumpla la función administrativa necesaria para el cumplimiento de sus fines, sin que ello implique que al funcionario designado para ocupar el deferido cargo sin la realización previa del concurso pueda ser considerado funcionario de carrera, por lo que el nombramiento debe contener necesariamente la advertencia que tal nombramiento se realiza hasta la celebración del concurso público para el mencionado cargo y de no contenerla, debe considerarse implícita en el nombramiento realizado al defecto. Este proceder, sería idóneo para no obstaculizar el que hacer administrativo, pero queda supeditado el ingreso definitivo del funcionario a la realización del concurso previsto en la Constitución.

Por otra parte, es necesario acotar que el régimen que tendrían estos funcionarios, sería el de una estabilidad provisional hasta la realización del concurso, pudiendo ser retirados de la Administración luego de superado el período de prueba, sólo mediante las causas establecidas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, mediante la debida evaluación del desempeño establecido en la Constitución y como causa adicional, si una vez sea celebrado el concurso no lo ganare. Tal determinación se hace, porque el funcionario público, para el mejor desarrollo de su actividad, debe tener garantizada su estabilidad aún cuando esta sea provisional, porque no es su responsabilidad la falta de realización del concurso, siendo en este caso el débil jurídico sometido a la merced de la Administración, el cual en un Estado Social de Derecho y de Justicia debe gozar de la protección con la finalidad de nivelar las opciones de igualdad ante la ley y finalmente porque es la primordial finalidad del Estado, el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y la inestabilidad en el ejercicio del cargo de manera indefinida, sin normas que la regulen, estando sólo a la merced de la voluntad del jerarca administrativo, es atentatorio contra los derechos de la persona, lo cual se ha propuesto respetar y defender el estado Venezolano como su primera finalidad, definida en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual este Tribunal concede a la recurrente el derecho de estabilidad, pudiendo permanecer en el cargo hasta la celebración del respectivo concurso público o hasta que sea retirada de la Administración, por alguna de las causales establecidas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública

. (Sentencia del Juzgado Superior Quinto Agrario Civil – Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur oriental de fecha 13 de Febrero de año 2.003).

El criterio antes trascrito, encuentra hoy asidero en la sentencia de la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo, de fecha 14 de agosto del año 2008, que al respecto señala lo siguiente:

…De manera tal que a los fines de lograr lo que igualmente nuestra Carta Magna propugna, la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, es necesario no sólo el concurso como única forma de ingreso a ésta, sino la procura de un cuerpo de funcionarios plenamente capacitados y contestes con los principios que nuestra N.F. le ha atribuido a la Administración pública y ello se logra precisamente a través de la figura de la evaluación del desempeño de todos los funcionarios públicos al servicio de los distintos órganos de la Administración, circunstancia ésta que se encuentra regulada en los artículos 57 y siguientes de la Ley del estatuto de la Función Pública, dentro del capítulo IV (Evaluación del desempeño) del título V (Sistema de Administración de Personal), constituyendo ello un mandato legal de obligatorio acatamiento para la Administración Pública.

De acuerdo a las consideraciones planteadas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo concluye:

PRIMERO: Que el estado Social de Derecho y de Justicia propugna la protección estatal de determinados grupos de la población del país, a quines se reconoce no están en igualdad de condiciones (en este caso, los funcionarios públicos) con las otras personas con quienes de relacionan en una específica actividad (en este caso, los distintos órganos que componen la Administración pública), disminuyendo en lo posible la existencia de discriminaciones a los débiles jurídicos dentro de la sociedad o un determinado grupo;

SEGUNDO: Que el personal que labora actualmente en las distintas administraciones públicas tienen la confianza o expectativas legítima de acceder a la función pública y de hacer carrera administrativa, y que, en consecuencia, les sea respetada la estabilidad absoluta consecuencia de ello;

TERCERO. Que el Juez Contencioso Administrativo tiene la potestad de restablecer las situaciones jurídicas infringidas como consecuencia de la actividad administrativa lesiva, aunque ello implique ir más allá de lo ha sido planteado por las partes;

Como colorario de lo anterior, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo establece como criterio que el funcionario que, una vez en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública, mediante designación o nombramiento a un cargo calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido concurso público, gozarán de estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el correspondiente concurso público. Es derecho a la estabilidad provisional nacerá una vez superado el período de prueba.

Esta estabilidad supone, en criterio de esta Corte, que aquel funcionario que se encuentre en la aludida situación de transitoriedad no podrá ser removido, ni retirado de su cargo por causa distinta a las contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 78), hasta tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto mediante el correspondiente concurso público.

En síntesis, considera este Órgano Jurisdiccional que, en atención a los principios derivados del Estado Social de derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, debe reconocerse el derecho a la estabilidad provisional o transitoria, en los términos antes expuestos, al funcionario que haya ingresado por designación o nombramiento a un cargo de carrera, sin haber superado previamente el respectivo concurso.

De igual forma, no quiere dejar de precisar esta Corte que , a tenor de lo dispuesto no podría establecerse que los actos de designación y nombramiento de los funcionarios que se encuentren en esta situación, deban reputarse nulos, de conformidad con el artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. A juicio de esta Corte, lo que prohíbe dicha norma con el establecimiento de esa sanción de nulidad a que alude es que, mediante esa designación o nombramiento, se confiera el status definitivo de un funcionario de carrera a quien ingrese a un cargo igualmente de carrera sin haber superado previamente el referido concurso. En consecuencia, los actos de nombramiento o designación de los funcionarios que, desde la entrada en vigencia de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, se reputan válidos, mientras ese acto no contradiga lo expuesto previamente, es decir, mientras no le otorgue a través del mismo una condición de funcionario de carrera que no ostenta por no cumplir con el requisito del concurso público…

Esto así, el Tribunal, para considerar conjuntamente con la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, la existencia de una estabilidad transitoria o provisional en los funcionarios públicos que hayan sido designados, mediante nombramientos ajustados a derecho, pero sin la realización del concurso público a que se refiere el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

III

De la Reubicación.

Solicita la parte querellante se declare la nulidad absoluta de la Resolución N° AMP-DA-132-2009, emanada de la Alcaldía del Municipio Piar del estado Monagas, de fecha 07 de septiembre de 2009, publicada en Gaceta Municipal N° PPO199707MO57, de fecha 07 de septiembre de 2009, por medio del cual se resuelve lo siguiente:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: por razones de limitaciones o emergencia financiera, se ordena el retiro de la administración, al ciudadano G.P.V., titular de la cédula de identidad N° V- 3.327.844 TÉCNICO DE CAMPO ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CRÉDITO AGROPECUARIO PIAR (IMCAPIAR).

ARTICULO SEGUNDO: la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio Piar, del Estado Monagas, queda encargada de notificar esta Resolución y deberá velar por la disponibilidad que concede la ley al funcionario o funcionaria antes de su retiro.

ARTICULO TERCERO: en fiel cumplimiento a lo establecido en el Articulo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia a lo tipificado en la Ley del Estatuto de la Función Pública, se podrá recurrir por ante la Jurisdicción Especial en el lapso establecido en el articulo 94 ibidem…

Se observa que el punto fundamental a resolver por este Juzgado en la presente querella se circunscribe al procedimiento legalmente previsto para el retiro de los funcionarios por reducción de personal, en este sentido, el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé el retiro de la Administración Pública por reducción de personal en varios supuestos, reza:

El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:

(omisis)

5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente o Presidenta de la República en C.d.M., por los consejos legislativos en los estados, o por los concejos municipales en los municipios.

(omisis)

Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este artículo no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal.

Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que sean objeto de alguna medida de reducción de personal, conforme al numeral 5 de este artículo, antes de ser retirados podrán ser reubicados. A tal fin, gozarán de un mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación. En caso de no ser ésta posible, el funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado al registro de elegibles

(Destacado añadido).

De las normas transcritas, se desprende que aquellos funcionarios de carrera que hayan resultado afectados por una reducción de personal o hubiesen sido removidos de un cargo de libre nombramiento y remoción, pasarán a un período de disponibilidad de un mes, durante el cual, la Oficina de Personal respectiva deberá realizar las gestiones tendentes a la reubicación del funcionario en un cargo similar o superior nivel y remuneración, o en el cargo de libre nombramiento y remoción.

En este mismo sentido y reiterando en esta oportunidad las pautas establecidas en sentencia N° 376 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, el 26 de marzo de 2001, conviene destacar que un Organismo, Ente o Institución cuando es objeto de un proceso de reestructuración que apareja la modificación, alteración o cambio en su organización administrativa de una dependencia u organismo público, puede tener como consecuencia: i) disminución cuántica del registro de cargos; ii) convertibilidad del registro de cargos ajustándolo a la nueva estructura a través de reasignación de tareas o labores y; iii) aumento cuántico en el registro de cargos.

Así, y según refiere la sentencia supra, la ejecución de un proceso de reestructuración exige la verificación de ciertos pasos metodológicos, aún y cuando alguno de esos pasos no se constituyan en requisitos o extremos mínimos legales de imprescindible cumplimiento, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del acto por el cual se materialice el retiro o la separación del cargo.

A los fines de garantizar el derecho a la estabilidad del funcionario de carrera la Administración Pública debe agotar todas las instancias necesarias para reubicarlo, así ha sido el criterio de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo contenido en sentencia N° 2009-751 de fecha 06 de mayo de 2009:

(…) En casos de disponibilidad, la Administración Pública está en la obligación de agotar todas las instancias y las vías posibles para reubicar al funcionario, es decir, para situar al funcionario en otro cargo de carrera, a fin de que este no pierda su profesionalización funcionarial.

(omissis)

siendo que no basta que se realicen actos tendientes a la realización de las gestiones reubicatorias por parte de la administración, sino que debe constar en actas las respuestas dadas por estos de no poseer un cargo de igual o de superior jerarquía en los cuales reubicar a la querellante, para declarar que tales gestiones han sido infructuosas.(…)

Así pues, se verifica de la revisión de las actas que conforman la presente causa que la Representación Judicial de la parte querellada, Alcaldía del Municipio Piar del estado Monagas, junto a su escrito de promoción de pruebas –las cuales fueron admitidas y sustanciadas en su oportunidad de ley- presentó una serie de pruebas documentales tendientes a demostrar el pago de prestaciones sociales del ex funcionario, copia certificada de comprobantes de egresos contentivo de pago de la última quincena laborada por el querellante, Copia Certificada de Ordenanza de Presupuesto, publicado en Gaceta Oficial Municipal N° PPO199707MO57, de fecha 28 de abril de 2009, y Decreto N° AMP-DA-04-2009, publicado en Gaceta Oficial Municipal N° PPO199707MO57, de fecha 28 de abril de 2009, a los cuales se les otorgó pleno valor probatorio por no ser contrarias a derecho ni haber sido impugnadas por la parte querellante.

Ahora bien, observa esta Juzgadora, que la Administración Publica no procedió a la reubicación efectiva del ciudadano P.V.G., por cuanto se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la causa, que no se realizaron las diligencias pertinentes para tales fines, así pues, no consta expediente judicial, aunado al hecho de que la Administración no consignó los antecedentes administrativos que le fueron solicitados por el Tribunal, no consignó en autos durante la etapa procesal correspondiente ningún elemento que permita a quien aquí juzga determinar que efectivamente se realizaron los tramites tendientes a la reubicación del hoy querellante y conforme con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil aplicado supletoriamente de conformidad con el articulo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

En ese orden, el pronunciamiento del juez queda sujeto a los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos o extender su decisión sobre excepciones o argumentos no formulados en el proceso, pues de no ser así, incurría en los vicios de incongruencia negativa o positiva, respectivamente y acarrearía la nulidad de la sentencia de conformidad con el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo antes expuesto, se constata de las actas que conforman la presente causa y específicamente del acto en cuestión la inexistencia del iter procedimental para la ejecución de la reestructuración administrativa decretada en virtud de la Emergencia Presupuestaria y, menos aún se verifica que una vez notificado el querellante de la cesación de sus funciones o separación del cargo, se le haya dado cumplimiento al mes de disponibilidad, y consecuente gestión reubicatoria a lo cual tenía derecho por ser funcionario.

En conclusión a lo anterior, y visto que no se cumplió con el procedimiento de reubicación, pues, la sola cancelación del sueldo por parte del Municipio Piar del estado Monagas, no demuestra que se hayan realizado y por ende verificados los tramites de reubicación del querellando, y, además por ser violatorio del derecho a la disponibilidad a favor del querellante, es que se declara su nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, numeral 1º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia, se declara Parcialmente Con Lugar la presente querella funcionarial. Así se decide.

En virtud de la declaratoria anterior, se ordena al ente querellado reincorporar al actor al cargo que ejercía dentro del organismo querellado o a uno de similar jerarquía, a fin de otorgarle el lapso de disponibilidad al querellante por el periodo de un (01) mes, con el objeto de gestionar su posible reubicación en cualquier ente u organismo de la Administración Pública Municipal, con el consecuente pago del sueldo que estuviere vigente para el momento de su reincorporación y sólo por el mes de disponibilidad, así como su incorporación en el registro de elegibles, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y si las mismas resultaran infructuosas, entonces se proceda al retiro definitivo del funcionario. Así se decide.

IV

Del pago de salarios y demás beneficios.

En cuanto a la solicitud del actor referida al pago de “…al pago de los salarios dejados de percibir, desde del acto ilegal hasta la reincorporación al mismo y demás beneficios que contempla la ley…”, en este sentido, este Tribunal, visto que los Administrados no se le puede imputar la carga de la Administración Pública, cuando no cumpla con los tramites y requisitos que debe efectuarse para este tipo de situación, se ordena a la Administración Pública Municipal, a cancelar al querellante el consiguiente pago de los salarios dejados de percibir, complementos y demás beneficios socio-económicos asignados al mismo, más los aumentos decretados por el Ejecutivo Municipal y asignados al mencionado cargo durante ese lapso de tiempo, contado desde su remoción en fecha 10 de septiembre de 2009, hasta el inicio de su reingreso a la administración para el cumplimiento del mes de disponibilidad, dichos salarios se determinarán mediante una experticia complementaria del fallo, practicada por un experto contable designado por este Tribunal para tales fines, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

DECISIÓN

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil Bienes de Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, Impartiendo Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR el presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo, intentado por el ciudadano P.V.G., asistido por el abogado J.G.S., ambos identificados, contra LA ALCALDÍA MUNICIPIO PIAR DEL ESTADO MONAGAS.

SEGUNDO

SE ORDENA a la Administración Pública realizar durante el periodo de un (01) mes, gestionar la posible reubicación en cualquier ente u organismo de la Administración Pública Municipal; sólo por el mes de disponibilidad, así como su incorporación en el registro de elegibles, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, con el consecuente pago del sueldo que estuviere vigente para el momento de su reincorporación por el mes de disponibilidad. Así mismo, si resultaren infructuosas tales gestiones, entonces se proceda al retiro definitivo del funcionario.

TERCERO

SE ORDENA nombrar experto contable a los fines de realizar el cálculo de todos los beneficios que el querellante dejó de percibir desde el momento que fue retirado de su cargo hasta el inicio de su reingreso a la administración para el cumplimiento del mes de disponibilidad, tal como se expresa en la parte motiva del presente fallo.

No hay Condenatoria en Costa por la naturaleza del recurso.

Notifíquese de esta decisión al Sindico Procurador Municipal del Municipio Piar del estado Monagas y la ciudadano Alcalde del Municipio Piar del estado Monagas, ello en conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA.-

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental a los seis (06) días del mes de noviembre del Dos Mil Doce (2.012). Año: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza,

Marvelys Sevilla Silva.

El Secretario,

J.F.G..

En esta misma fecha, 06 de noviembre de 2012, siendo las 10:35 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia Conste.

El Secretario,

J.F.G..

MSS/JFJ/jpb.-

Exp. No. 3995

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