Decisión de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo de Caracas, de 19 de Octubre de 2012

- Fueron recibidas por distribución, en este Juzgado Superior, las presentes actuaciones en consideración del recurso de apelación interpuesto por la abogada Axa Zeiden López, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra el Acta de Audiencia Preliminar de fecha 30 de julio de dos mil doce (2012), emanada del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

- Recibidos los autos en fecha catorce (14) de agosto de 2012, y enterado el Juez de la causa, mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2012, se fijó la oportunidad para que tenga lugar el acto de audiencia oral para el día jueves once (11) de Octubre de 2012, a las dos de la tarde (2:00 p.m.), de conformidad con lo previsto en el artículo 163, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, oportunidad a la cual compareció la parte apelante.

- Siendo la oportunidad para decidir, una vez efectuada la audiencia en la cual se dictó el dispositivo del fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 163, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Sentenciador, procede a motivar su decisión bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

2. Objeto del presente “Recurso de Apelación”.

El objeto de la presente apelación se circunscribe a la revisión de la decisión de primera instancia, que ordenó remitir el presente asunto a los Juzgados de Juicio, en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la audiencia preliminar fijada para el día 30 de julio de 2012, por ser la empresa demandada del Estado.

- En tal sentido, corresponde a este Juzgador de Alzada, la revisión de la sentencia en la medida del agravio sufrido por la parte demandada recurrente, conforme al principio de la “NO REFORMATIO IN PEIUS”, el cual implica estudiar en qué extensión y profundidad puede el Juez Superior conocer de la causa, es decir, determinar cuáles son los poderes respecto al juicio en estado de apelación. Al respecto, sostiene el maestro CALAMANDREI, en su obra: “Estudios sobre el Proceso Civil”, traducción de S.S.M., lo siguiente:

El Juez de apelación está obligado a examinar la controversia sólo en los límites en que en primer grado el apelante ha sido vencido y en que, es posible en segundo grado, eliminar tal vencimiento; porque si él se determinare a reformar IN PEIUS la primera sentencia, esto es, a agravar el vencimiento del apelante, convirtiéndolo en vencido, allí donde en primer grado era vencedor, vendrá con esto a examinar una parte de la controversia, en relación a la cual faltando al apelante la cualidad de vencido, o sea, la legitimación para obrar, la apelación no habrá tenido ni podrá tener efecto devolutivo

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A).- La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en criterio reiterado, mediante sentencia de fecha cuatro (04) de mayo de dos mil cuatro (2004), con ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, en el procedimiento de cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano J.M.S., contra CERÁMICAS CARABOBO S.A.C.A., estableció sobre el vicio de la REFORMATIO IN PEIUS, y del TANTUM APELLATUM QUANTUM DEVOLUTUM lo siguiente:

“…Dicho vicio (Reformatio in peius), se soporta en la obligación que se impone a los Jueces de alzada de ceñirse rigurosamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, y en tal sentido, las facultades o potestades cognitivas del Juez quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado por el apelante.

La configuración del vicio en referencia se cimienta en la vulneración del principio “tantum apellatum quantum devolutum” y tradicionalmente el Tribunal de Casación ha investido su categorización en el ámbito de los errores in procedendo o vicios de actividad, ello, al lesionar el derecho a la defensa…”

B).- Así mismo, el doctrinario A. RENGEL ROMBERG, en su libro Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano II, Teoría General del Proceso, afirma:

…Nuestro sistema del doble grado de jurisdicción está regido por el principio dispositivo que domina en nuestro p.c., y por el principio de la personalidad del recurso de apelación, según los cuales el Juez Superior sólo puede conocer de aquellas cuestiones que le sean sometidas por las partes mediante apelación (nemo judex sine actore) y en la medida del agravio sufrido en la sentencia de primer grado (Tantum devolutum quantum appellatum) de tal modo que los efectos de la apelación interpuesta por una parte no benefician a la otra que no ha recurrido, quedando los puntos no apelados ejecutoriados y firmes por haber pasados en autoridad de cosa juzgada…

C).- El autor R.R., en su libro DERECHO PROCESAL CIVIL, Doctrina – Jurisprudencia – Legislación Argentina y Comparada, Tomo II, al conceptualizar el principio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, sostiene:

…La regla fundamental es la que el Tribunal de apelación no puede conocer sino de aquellos puntos que hubiere sido objeto del recurso…

D).- En decisión de fecha Siete (07) de M.d.D.M.D. (2.002), dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del magistrado FRANKLIN ARRIECHE G., la cual ratifica la de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil uno (2001), se establece:

…Desde luego que los puntos aceptados adquieren firmeza, y por ello sobre tales puntos el Tribunal de apelación no puede pronunciarse ex oficio; en tal caso la sentencia sería incongruente, por no ajustarse a la pretensión de la parte, agravando la posición del apelante, y excediendo en consecuencia la alzada, los límites de lo sometido a su consideración a través del recurso ordinario de apelación…

En consideración a lo previamente trascrito y aplicando los principios antes referidos, esta Alzada, con el ánimo de no ver afectados los intereses de la parte recurrente, pasa a conocer y pronunciarse sobre el punto de la apelación, referido a verificar la causa de justificación alegada por la parte demandada, con motivo de la incomparecencia a la audiencia preliminar, y de resultar procedente le corresponde a esta Alzada ordenar al A-quo, la celebración de dicha audiencia.

3. De Audiencia ante este Tribunal Superior.

- La representación judicial de la parte demandada apelante, en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral, señalo que: considera que le fue vulnero su derecho ante la falta providencia, en relación a la solicitud de reposición de la causa por falta de certeza jurídica por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; que fue omitido librar el despacho saneador en la presente causa; que la El Archivo General de la Nación es un ente descentralizado, carente de personalidad jurídica, y representada por la Procuraduría General de la Republica, que se llevo a cabo la audiencia preliminar y que esta es provocada por la omisión de los tribunales. Igualmente manifiesta la incompetencia material por el Cargo de Directora del Archivo que ocupaba la trabajadora, y el cargo de alto nivel que se decline por la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

- La representación judicial de la parte actora no apelante, en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral, señalo que: se notifique al Ministerio de la Cultura y la Procuraduría General de la Republica cuando corresponda, en cuanto a la solicitud de reposición de la causa señala que la Procuraduría conoció de la causa desde el 22 de junio de 2012, error material del Tribunal, que se hizo la notificación de la Procuraduría y el ente Ministerial, que el articulo, finalmente expresa que el Archivo General de la Nación no tiene estructura del Cargo y que la Trabajadora era del personal contratado, no un funcionario publico.

CAPITULO SEGUNDO.

De las consideraciones para decidir.

1. En búsqueda de la precisión jurídica, y de la verdad de los hechos; este Juzgador, considera oportuno y necesario identificar, antes de pronunciarse respecto del presente recurso de apelación, que por mandato expreso del artículo 2, de nuestra Carta Magna: …“Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”…, motivos por el cual, el Constituyente del año 1999, al configurar nuestra REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, dentro del modelo de Estado Social, tenía la obligación de constitucionalizar los derechos sociales, tal como se expresa y desarrolla en el artículo 87 y siguientes, constitucionales, ya que la constitucionalización de estos derechos, es lo que fundamentalmente identifica a un Estados Social.

- Siguiendo esta orientación, el constituyente Patrio del 1999; definió el trabajo, como un hecho social, protegido por el Estado y regido por los principios de: intangibilidad, progresividad, primacía de la realidad, irrenunciabilidad, indubio pro operario, entre otros. En particular, la obligación del Estado de garantizar la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos del trabajo. Es así, como la más calificada Doctrina Patria, ha señalado, que las normas sustantivas y adjetivas que regulan el Derecho del Trabajo son de eminente orden público y como consecuencia de ello su aplicación no puede ser relajada por la voluntad de los particulares.

- La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en múltiples sentencias ha reiterado de manera pacífica, que …“las normas de rango legal contenidas en los artículos 3º, 10º y 15º, disposiciones fundamentales de la Ley Orgánica del Trabajo, ratifican el carácter irrenunciable de las normas dictadas en protección de los trabajadores y la obligatoria sujeción de cualquier relación de prestación de servicios personales a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, cualquiera que fuere la forma que adopte, salvo las excepciones establecidas en el texto de la propia Ley. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, desarrolla los siguientes principios de indudable utilidad: el principio de la norma más favorable (o principio de favor) y el principio de la conservación de la condición laboral más favorable (art. 8° del Reglamento de la L.O.T.)”...

- Asimismo, la Sala de Casación Social, ha reiterado que: …“la Ley es imperativa al expresar que en caso de conflicto de leyes, prevalecerán las normas del Trabajo, sustantivas o de procedimiento y si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador en su integridad, en conformidad con lo estatuido en el artículo 59, de la Ley Orgánica del Trabajo, norma ésta fundamental dentro de la especialidad del Derecho del Trabajo”…

2. Este Juzgado, teniendo como norte los referidos mandatos constitucionales, legales y doctrinales, señala lo siguiente: En el caso que nos ocupa en esta oportunidad, la parte demandada apela de la decisión proferida por el A-quo, por cuanto ordenó remitir el presente asunto a los Juzgados de Juicio, en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la celebración de la audiencia preliminar fijada para el día 30 de julio de 2012, por ser la empresa demandada del Estado.

- Consta en autos que en fecha 22 de mayo de 2012, se dicto auto de admisión en la cual se emplaza a las partes para que comparezcan representado o asistido de abogado, a las 09:00 A.M. del Décimo (10°) día hábil siguiente, a que conste en autos la certificación del Secretario de haberse cumplido la notificación, a los efectos de que tenga lugar la Audiencia Preliminar, transcurrido como haya sido el lapso de quince (15) días hábiles, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 81 y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

- De una revisión efectuada a los autos que conforman el presente expediente, se observa al folio 24, que en fecha 13 de julio de 2012, el secretario del Tribunal realizó certificación de la notificación realizada a la institución demandada. En tal sentido el décimo día hábil siguiente fue el 30 de julio de 2012.

- Consta al folio 28, que el Juzgado a quo, en fecha 30 de julio de 2012, dio apertura a la Audiencia Preliminar, dejando constancia que la parte demandada no compareció ni por si misma ni por medio de representante judicial alguno, igualmente dejo constancia de la comparecencia de la ciudadana D.P., titular de la cedula de Identidad número 8.589.045, actuando en su condición de parte actora, representado por el abogado G.E. inscrito en el Inpreabogado bajo el número 36.645, en tal sentido dada la incomparecencia de la parte demandada y por tratarse de una empresa del Estado, la Juez a quo ordeno remitir el presente asunto a los Juzgados de Juicio, ordenando igualmente de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, incorporar al expediente las pruebas promovidas por la parte a los fines de su admisión y evacuación por ante el Juez de Juicio.

- Señalado lo anterior, este Tribunal considera oportuno hacer las siguientes consideraciones: Tal y como ha sido establecido en otras decisiones de este Tribunal, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ha traído un cambio muy importante en nuestro sistema procesal, instaurando en un proceso basado en lo que la doctrina denomina “El proceso por audiencias”, el cual se caracteriza en que su desenvolvimiento y tramitación se centra en una o más audiencias próximas, a las que deben comparecer ambas partes, con la presidencia del Tribunal, y que tienen contenido distinto de acuerdo a la fase correspondiente.

- Asimismo es importante tener claro que en este tipo de modelo procesal el trámite permite a los sujetos intervinientes oportunidades determinadas en las cuales estos se reúnen a discutir sus posiciones, a plantear sus problemas en la búsqueda de soluciones ya sea a través de la utilización de los medios alternos de composición procesal o a través de una decisión que imparta un tercero. Ese encuentro se debe llevar a cabo en un lugar específico que en este caso es la Sala del Tribunal y mediante un acto fijado a una hora especifica al que se debe acudir por una carga procesal cuyo incumplimiento acarrea unas consecuencias jurídicas previstas en la propia Ley.

- Debe igualmente entenderse que sobre las partes recae la carga de comparecencia instituida en el artículo 130, y 131, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues, cualquier afirmación en contrario, socavaría las bases filosóficas de la audiencia, que son lograr fundamentalmente la resolución del conflicto sirviéndose de los medios alternos de resolución de conflictos, como los principios que la presiden, de concentración, inmediación y unidad del acto.

- En base a ello, se observa que el artículo 130, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su parágrafo segundo establece:

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, el Tribunal Superior del Trabajo decidirá oral e inmediatamente la apelación, previa audiencia de parte, pudiendo ordenar la realización de una nueva audiencia preliminar, cuando a su juicio existieren fundados y justificados motivos o razones de la incomparecencia del demandante por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del Tribunal

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- La Doctrina, al tratar sobre la noción de caso fortuito y la fuerza mayor enseña, que el caso fortuito es aquel que proviene de accidentes naturales o es ajeno a la voluntad humana o como aquel acontecimiento que normalmente no puede preverse ni evitarse y por fuerza mayor se entiende aquel acontecimiento irresistible que ni el padre de familia mas prudente puede evita, circunstancias estas que se han flexibilizado a través de las decisiones proferidas por la Sala de Casación Social, en las cuales se ha tratado el tema.

- En este sentido, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, por Sentencia dictada en fecha 25 de marzo de 2004, (Sindicato Nacional de Trabajadores Caballericeros, Aprendices, Capataces, Serenos de Cuadra, Similares y Conexos de Venezuela contra el Instituto Nacional de Hipódromos), ha mantenido que deben incluirse dentro de los supuestos de causa de justificación aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas irregulares que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia, las cuales impidan al deudor cumplir con la obligación adquirida.

- Asimismo en sentencia de fecha 05 de abril de 2005, la Sala Ratificando el criterio asentado en la decisión del caso Vepaco, y establece:

…Asimismo, esta Sala de Casación Social, según sentencia de fecha 17 de febrero del año 2004 se ha pronunciado y ha establecido expresamente las condiciones necesarias para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor como causas no imputables al demandado en caso de incomparecencia a la celebración de la audiencia preliminar, en los siguientes términos:

Tales causas extrañas no imputables que configuran el incumplimiento involuntario del deudor (obligado) las adminicula el legislador en correspondencia con la norma transcrita en el caso fortuito y la fuerza mayor, y ante tal categorización, debe la Sala necesariamente aclarar las condiciones necesarias para su procedencia y consecuente efecto liberatorio.

Toda causa, hecho, obstáculo o circunstancia no imputable que limite o impida el cumplimiento de la obligación, debe necesariamente probarse. Tal condición limitativa o impeditiva debe resultar de orden práctico.

Asimismo, tal imposibilidad plena en ejecutar la obligación necesariamente debe instaurarse como sobrevenida, es decir, que se consolida o materializa con posterioridad a contraerse legítimamente la obligación.

De otra parte, la causa externa (no imputable) generadora del incumplimiento no puede resultar previsible, y aun desarrollándose en imprevisible, la misma debe ser inevitable, a saber, no subsanable por el obligado.

Igualmente y de manera conclusiva, debe especificarse que la causa del incumplimiento no puede responder a una actitud volitiva, consciente del obligado (Dolo o intencionalidad).

- Resulta oportuno traer a colación la sentencia dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha diecinueve (19) días del mes octubre de dos mil cinco, con ponencia del magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien en cuanto a la carga de comparecencia, estableció que:

…Conforme con el referido principio procesal de legalidad de los actos procesales a que se hizo referencia anteriormente, y sin perjuicio del criterio flexibilizador del patrón de causa extraña no imputable adoptado por esta Sala, quiere apuntar la misma que la realización en las audiencias (preliminares, de juicio, de apelación, de casación o de control de la legalidad) deben cumplir con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley, y su inobservancia comporta la efectividad de las consecuencias establecidas en la ley, por lo que el requisito de la puntualidad en las audiencias es una obligación procesal de las partes, y particularmente de los abogados que las representan, constituyendo un imperativo de conducta que las partes deben satisfacer, en virtud de ser fundamental para la consecución de los fines para los cuales están concebidas las respectivas audiencias que integran la estructura del juicio del trabajo

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- En base a las decisiones antes señaladas, y transcritas parcialmente, se evidencia que la Sala ha querido establecer que todas estas causas, deben ser ponderadas por el Juez Superior, quien determinará, en su criterio, si resultan suficientes para revocar la decisión y ordenar la continuación de la audiencia. Ahora bien, una vez oída la exposición de la parte demandada recurrente y visto los autos que conforman el presente expediente, se observa que la parte demandada señaló que le fue vulnero su derecho ante la falta providencia, en relación a la solicitud de reposición de la causa por falta de certeza jurídica por el Tribunal Noveno de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; que fue omitido librar el despacho saneador en la presente causa; que el Archivo General de la Nación es un ente descentralizado y carente de personalidad jurídica, y representada por la Procuraduría General de la Republica, que se llevo a cabo la audiencia preliminar y que esta es provocada por la omisión de los tribunales. Igualmente manifiesta la incompetencia material por el Cargo de Directora del Archivo que ocupaba la trabajadora, y el cargo de alto nivel que se decline por la Jurisdicción Contencioso Administrativo. ASI SE ESTABLECE.

- En tal sentido, pasa este Tribunal de Alzada a pronunciarse sobre los alegatos formulados por la parte recurrente de la siguiente forma: Luego de una revisión exhaustiva realizada a las actas procesales que conforman el presente asunto se pudo observar que el Tribunal Sustanciador de la causa, cumplió con todas las formalidades de Ley en relación a la notificación de la parte demandada, así como a la Procuraduría General de la República, asimismo, como también se cumplieron puntualmente todos y cada uno de los lapsos procesales previstos en nuestra Ley adjetiva, a los fines que se lleve a cabo la celebración de la audiencia prelimar, y de acuerdo a los alegatos expuesto por la representación judicial de la parte demandada, se pudo evidenciar que la misma no presentó argumentos o elementos de convicción que puedan justificar su incomparecencia a la celebración de la audiencia preliminar. ASI SE ESTABLECE.

- En cuanto a la incompetencia del Tribunal para conocer de la presente causa, se evidencia a los folios (5) y (6) del expediente que cursa contrato de trabajo suscrito por ambas partes en el cual quedó demostrado que la trabajadora forma parte del personal contratado de la demandada, en tal sentido, corresponde a esta Jurisdicción laboral conocer de la presente causa, tal como lo ha expresado la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social, de la Sala Política Administrativa, y del texto contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, motivos por el cual quien decide considera que los argumentos formulados por la representación judicial de la parte demandada recurrente no fueron suficientes para establecer la justificación de su incomparecencia a la audiencia preliminar. Más aún, la demandada recurrente, no promovió ningún otro medio de prueba que pudiera justificar su incomparecencia. ASI SE ESTABLECE.

- Ahora bien, por cuanto en el presente caso la demandada se trata de un órgano desconcentrado del Estado, la cual goza de privilegios y prerrogativas judiciales, y en vista de su incomparecencia a la celebración de la audiencia, este Juzgador en acatamiento al criterio sustentado en la sentencia Nº 810, de fecha 18 de abril de 2006, dictada por la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ordena remitir el presente asunto al Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que una vez recibido el expediente conceda a la parte demandada el lapso de cinco (5) días hábiles siguientes para que de contestación a la demanda, conforme a lo previsto en el articulo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASI SE ESTABLECE.

- Precisado lo anterior, revisado y a.l.a.y. elementos probatorios que cursan en autos considera este Juzgador que en el presente caso no fue expuesto ningún hecho que justifique fehacientemente la inasistencia de la accionada a la audiencia preliminar, motivo por el cual es forzoso para este Tribunal Superior declarar sin lugar la apelación interpuesta y en tal sentido, ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los fines que deje transcurrir íntegramente el lapso de cinco (5) días hábiles para que la parte demandada de contestación a la demanda y una vez vencido dicho lapso remita el expediente a los Juzgados de Juicio, previa distribución por Secretaria. Así se establece.

CAPITULO CUARTO.

DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, interpuesto por la abogada Axa Zeiden López, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra el Acta de Audiencia Preliminar de fecha 30 de julio de dos mil doce (2012), emanada del Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se Confirma la decisión apelada. TERCERO: Se ordena remitir el presente asunto al Juzgado Tercero (3°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. CUARTO: No hay condenatoria en costas.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA y REMÍTASE

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de dos mil doce (2012).

DR. J.M.F.

JUEZ

SECRETARIA

ABG. EVA COTES

NOTA: En la misma fecha y previo el cumplimiento de las formalidades legales, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.

SECRETARIA

ABG. EVA COTES