Decisión nº 35-DEF-CONST de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Febrero de 2006

Con apoyo en la garantía consagrada en el artículo 26 constitucional denuncia, que a través del empleo de diversos y voluntarios mecanismos procesales ilegales, tales como errores judiciales inexcusables, omisiones jurisdiccionales voluntarias y de un fraude judicial ejecutado de manera consciente, el juez de la causa le impidió, y así le coartó a ellos su derecho “de acceso a los órganos de administración de justicia (en este caso Tribunal Superior) para hacer valer sus derechos e intereses”. El presunto agraviante al haber empleado en forma aviesa y notoria ilegales maniobras procesales y obstructivas antes descritas, definitivamente le impidió y le negó a los presuntos agraviados su derecho a recibir “una justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. En abono a la presente denuncia invocó el fallo N° 1.417 de la Sala Constitucional del 02/06/03 con ponencia del Dr. J.E.R..

Con apoyo en la garantía consagrada en el artículo 49 de constitucional denuncia, que cuando el juez de la causa: a) se negó a oír y proveer el recurso de apelación oportunamente interpuesto contra la decisión interlocutoria que declaró la nulidad del auto de admisión de la denuncia de fraude; b) se negó a proveer las solicitudes de ellos para que se les expidieran las copias certificadas con el fin de ejercer el correspondiente recurso de hecho; y c) cuando con tales recursos judiciales ilegales se propuso legitimar sus propios y notorios errores judiciales, al igual que el fraude judicial inexcusable y deliberadamente consumad, ese juzgador desnaturalizó de ilegitimidad manifiesta el proceso al proponerse proteger e ilegalmente encubrir y convalidar el gravísimo fraude procesal consumado en la citación consumado por la demandada. Al obrar de la manera antes indicada y con tales conductas ese juzgador vulnero, de manera grave e indiscutible, el derecho de defensa y la garantía al debido proceso de los agraviados.

Con apoyo en la garantía consagrada en el artículo 257 constitucional denunciamos: Que con las reiteradas y manifiestas maniobras ilegales consumadas en la tramitación del proceso de arbitraje judicial sub iudice, el juez de la causa impidió que en el mismo existiera la simplificación, la uniformidad y la eficiencia que es indispensable preservar en relación los actos procesales que ese juzgador imperativamente estaba obligado a cumplir por mandato expreso de ley y no cumplió; y que por tanto, con tal conducta ilegal el juez de la causa sacrificó la realización de la justicia violentando de manera insensible, irreversible y descarnada el instrumento destinado a alcanzarla.

• DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

6.1.- Que la presente acción de amparo satisface cabalmente los requisitos exigidos por el artículo 6° de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales. Así: 1) la violación de los derechos y garantías constitucionales denunciada no ha cesado y sus efectos son continuados y permanentes en el tiempo; 2) la amenaza es cierta y ha sido consumada por un organismo jurisdiccional que se sindica como agraviante; 3) tales violaciones no constituyen una situación jurídica irreparable; 4) las violaciones a nuestros derechos y garantías en ningún momento han sido consentida o toleradas; 5) la acción propuesta es de carácter sobrevenido (en este punto se observa que la parte reformó señalando que la misma es directa); 6) las omisiones denunciadas no emanan del Tribunal Supremo de Justicia; y 7) los agraviados no hemos interpuesto otra acción de amparo sobre los mismos hechos por ante ningún otro Tribunal.

6.2.- Señaló como agraviante al Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

6.3.- Solicitó que el presente recurso de amparo sea admitido y declarado “con lugar” en su oportunidad, porque las lesiones constitucionales denunciadas se originan en actuaciones materiales, abstenciones u omisiones voluntarias, deliberadas y no existe otro medio procesal breve, sumario y eficaz que pueda brindarnos la protección constitucional que solicita. En ese sentido invocó los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia expresado en numerosos fallos, como por ej., la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: E.M.M.), la sentencia del 16 de noviembre de 2001 (caso: J.C.R.M.) y la más reciente sentencia del 12 de marzo de 2003.

En la audiencia constitucional, la compañía tercero interesada alegó: “La parte presuntamente agraviada se refería al primer escrito de solicitud de a.c. el cual fue reformado. Todo lo relacionado con el fraude procesal no fue admitido en este amparo. Fue admitida la denuncia de fraude procesal y luego proceder inmediatamente en fecha de 19.05.2003 la nulidad de la misma. Existe una verdad a medias, que como todas en falso, pues el auto dictado por el tribunal arbitral fue el primero y luego el segundo corrige el error del tribunal arbitral es el que se desecha. El segundo caso aceptado para que haya estudiado aquí, pues no emitió un pronunciamiento contra un recurso interpuesto contra un día 18 fecha en la cual el A Quo no había dictado ninguna actuación procesal por parte del Tribunal. Simplemente la agraviada no fue diligente en solucionar su problema, apelar sobre el fallo o recurrir de hecho si no le querían oír la apelación.- En el tercer caso, se señala que se les privo del ejercicio del recurso de hecho por no haberles expedido las copias certificadas, y mal puede decidirse que se les privo pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, señala que no se requiere de las copias para tramitar un recurso de hecho. Lo contrario, la parte agraviada no fue diligente y descuido el proceso. Por último la vía de este juicio no esta cerrada, ya que la apelación fue oída y se encuentra en un Tribunal Superior, en tanto tienen todas las vías expeditas y las que no tienen es por que no las ejercieron en tiempo oportuno”.

Y por su parte, la Representación Fiscal explanó su criterio afirmando que la presente acción de a.c. debe declararse parcialmente con lugar por la infracción o violación a la celeridad y al debido proceso en que incurrió el Juzgado presunto agraviante al omitir pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por ella, y con ocasión a la denuncia de fraude procesal señala que la misma debe ser tramitada por el procedimiento ordinario y no por vía de amparo.

3. - De las aportaciones probatorias.

   * Recaudos anexos a la solicitud de A.C..

1. Marcado con la letra “C”, copia certificada de diligencia de fecha 30.04.2003, consignada por el abogado N.J.R.Y., en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos D.C.M. y V.D.P., por el cual consigna escrito de denuncia por fraude procesal (f.24).

2. Marcado con la letra “D”, copia certificada de escrito de fecha 30.04.2003, suscrito por los abogados R.M.R.M. y N.J.R.Y., en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos D.C.M. y V.D.P., solicitando la invalidez del procedimiento de arbitraje judicial por fraude procesal (f.25 al 34).

3. Marcado con la letra “E”, copia certificada de diligencia de fecha 20.11.2002, por la cual la abogada J.C.B. en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil C.A. Seguros Orinoco, se dio por citada en el procedimiento arbitral (f.35).

4. Marcado con la letra “H”, copia certificada de auto de fecha 14.05.2003, emanado del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por la cual ordenó el desglose de escrito de denuncia por fraude procesal que cursa en el expediente de arbitraje que siguen los ciudadanos V.M.D. y D.C., de fecha 30.04.2003, para ser agregado a cuaderno separado (f.40).

5. Marcado con la letra “I” copia certificada de auto de fecha 14.05.2003, emanado del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por la cual se abrió el Cuaderno de Fraude acordado en auto anterior (f.41).

6. Marcado con la letra “J” copia certificada de auto de fecha 19.05.2003, emanado del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por la cual decidió lo siguiente: (i) que el tribunal arbitral en el presente juicio, no tiene competencia para sustanciar ni mucho menos decidir la acción de fraude procesal incoada por la parte actora, debiendo atenerse únicamente a dictar el laudo arbitral en su debida oportunidad, y en consecuencia declaró la nulidad absoluta del auto dictado por el Tribunal arbitral el 09.05.2003 en el que se abre una articulación probatoria por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil a fin de resolver el planteamiento del fraude procesal; (ii) En virtud de lo anterior declaró improcedente la apertura de un lapso probatorio conforme al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la vía idónea para ventilar una acción de fraude procesal es el juicio ordinario; y (iii) negó la admisión de fraude procesal accionado por la representación judicial de la parte actora, de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil (f. 42 al 44).

7. Marcado con la letra “K”, copia certificada de diligencia de fecha 02.06.2003, emanada del abogado N.J.R.Y. quien con su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos V.D. y D.C., APELO “de la decisión dictada en fecha 18 de mayo del año en curso por ésta instancia jurisdiccional y en virtud de la cual, declara inadmisible la solicitud de fraude procesal presentado por el hoy recurrente” (f.45).

8. Marcado con la letra “L” copia certificada de diligencia de fecha 18.06.2003, emanada del abogado N.J.R.Y. quien con su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos V.D. y D.C., solicitó al Tribunal de la Causa, le provea las copias certificadas de todo el expediente, para fundamentar su apelación contra el fallo interlocutorio de fecha 19.05.2003 y de la presente diligencia y del auto que lo provea (f.46).

9. Marcado con la letra “M” copia certificada de diligencia de fecha 07.08.2003, emanado del abogado N.J.R. con su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos V.D. y D.C., solicitó al tribunal se pronuncie sobre el recurso de nulidad interpuesto por ésta (f.47).

10. Marcado con la letra “N” copia certificada de diligencia de fecha 08.08.2003, emanado del abogado N.J.R. con su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos V.D. y D.C., por la cual ratificó su solicitud de diligencia anterior de fecha 07.08.2003 (f.48).

11. Marcado con la letra “Ñ” copia certificada de auto de fecha 05.09.2003, emanado del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por la cual decidió negar el recurso de nulidad interpuesto por los ciudadanos V.D. y D.C., el 17.07.2003 por extemporáneo (f.49).

12. Marcado con la letra “O” copia certificada de decisión de fecha 06.07.2004, dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, por la cual oyendo la apelación interpuesta por la parte actora ciudadanos V.D. y D.C., en fecha 09.09.2003, contra el auto dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial en fecha 05.09.2003, declaró lo siguiente: (i) con lugar la apelación, revocó el auto apelado; (ii) ordenó que se admita el recurso de nulidad interpuesto por la parte actora en fecha 17.07.2003, contra el laudo arbitral publicado en fecha 27.06.2003, para lo cual debería tomar en cuenta el procedimiento que en materia de arbitraje judicial contempla el Código de Procedimiento Civil; (iii) improcedente el alegato de la parte demandada de falta de representación de la parte actora y a la improcedencia del recurso de apelación; (iv) No se condenó en costas y (v) se hizo saber que la decisión dictada salió dentro del lapso de Ley (f.50 al 60).

    En cuanto a estos medios probatorios, enumerados 1 al 12 ambos inclusive, observa este Juzgador que se trata de actuaciones procesales del expediente N° 2.001-7226 (Nomenclatura del Tribunal supuestamente agraviante), con fuerza de documentos públicos, traídos a los autos en copias certificadas permitida su reproducción por éste medio, según el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, este Juzgador les otorga pleno valor probatorio para acreditar que: (i) los hoy presuntos agraviados, consignaron escrito de alegatos por el cual denuncian su supuesto fraude procesal ocurrido en el trámite del juicio principal; (ii) las violaciones que consideran se cometieron en fraude procesal es que se hubiese aceptado que la abogada J.C.B. en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil C.A. Seguros Orinoco, se diera por citada en el procedimiento arbitral, cuando para la referida fecha (20.11.2002), ya la referida sociedad mercantil había fenecido al haber sido absorbida por la sociedad mercantil Seguros Mercantil, .C.A.; (iii) el juzgado hoy presunto agraviante, mediante auto ordenó desglose de denuncia de fraude procesal contenida en el expediente de arbitraje, y abrió cuaderno separado denominado de fraude y mediante auto de fecha 19.05.2003 –declaró la nulidad absoluta del auto dictado por el Tribunal arbitral el 09.05.2003 en el que se abre una articulación probatoria por el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil a fin de resolver el planteamiento del fraude procesal, -y declaró la improcedencia de la apertura de un lapso probatorio, señalando que la vía idónea es el juicio ordinario, y- negó la admisión de fraude procesal accionado por la representación judicial de la parte actora, de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; (v) la parte hoy presuntamente agraviada, apeló de la anterior decisión que aunque equivocó la fecha, se refiere a uno de los particulares que decidió el anterior auto y así lo confirma en diligencia que riela al folio 46 en el cual insistió en el proveimiento de la misma; (vi) que posteriormente la parte hoy quejosa solicitó al tribunal decidiera recurso de nulidad interpuesto contra laudo arbitral en varias oportunidades, y el mismo fue decidido negándosele (05.09.2003), auto que fue apelado y declarada con lugar la apelación interpuesta por ante el Tribunal de Alzada, ordenando entre otras cosas al Tribunal de la causa (hoy presunto agraviante), que decidiese sobre la nulidad interpuesta contra el laudo arbitral . Y ASÍ SE DECLARA.-

13. Marcado con la letra “F”, copia simple de documento poder otorgado por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Chacao del Estado Miranda el 17.12.2001, insertado bajo el N° 36, Tomo 160 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, por el cual apoderado judicial de la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO, confirió poder especial a los abogados P.M.I.B., E.C.O. y J.C. para sostener y defender los derechos e intereses de la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO, en el juicio que por vía de arbitraje judicial intentaran los ciudadanos D.C. y V.M.D. (f.36 y 37).

14. Marcado con la letra “G” copia simple de Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 27.08.2002, N° 37.514, en la cual se resalta la decisión del Ministerio de Finanzas, Superintendencia de Seguros, contenida en Providencia N° 000964, de fecha 22.08.2002 por la cual entre otras decisiones: Autorizó la fusión por absorción de las empresas SEGUROS MERCANTIL C.A. y C.A. DE SEGUROS ORINOCO. La presente autorización surtirá sus efectos desde la notificación del presente acto.

    En lo que se refiere a las pruebas enumeradas 13 y 14, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 1.359 del Código Civil, con ellos quedó demostrado lo siguiente: (i) que los abogados P.M.I.B., E.C.O. y J.C. sostenían y defendían los derechos e intereses de la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO, en el juicio que por vía de arbitraje judicial intentaran, y (ii) que el ente administrativo competente en materia de compañías de seguros, decidió autorizar la fusión entre las sociedades mercantiles C.A. SEGUROS ORINOCO y SEGUROS MERCANTIL C.A.. Y ASÍ SE DECLARA.-

    Con el análisis de los elementos probatorios anteriormente enumerados, ha quedado suficientemente demostrado a criterio de quien sentencia los puntos que son objeto de revisión constitucional, no haciéndose necesario entrar a valorar el legajo de copias certificadas consignadas por el tercero interviniente, cuando de una revisión extensiva de cada una de las copias se observa que guardan relación con las consignadas por la quejosa. Por lo tanto, a la luz de esas pruebas y de lo alegado en autos, pasa este Tribunal Constitucional a revisar la cuestión debatida en este proceso. ASÍ SE ESTABLECE.-

4. - Del mérito.-

   * De los derechos constitucionales acusados de lesionados:

   De acuerdo a la demanda, como se indicó en la narrativa de esta sentencia, los derechos constitucionales denunciados por la accionante en amparo, como supuestamente lesionados, son los siguientes: 1) Acceso a la Justicia; 2) Derecho a la Defensa y al Debido Proceso; y 3) Eficacia Procesal.

   • De la supuesta violación de los derechos constitucionales por fraude procesal –falta absoluta de citación- y del error judicial inexcusable

   La quejosa sostuvo que la acción de a.c. propuesta debe ser declarada “con lugar”, de una parte, porque que el proceso judicial sub iudice está basado en un fraude procesal doloso obvio y manifiesto en cuanto a la citación de la demandada (lo cual se verifica de que se dio por citada en nombre de una sociedad mercantil que había fenecido) y de otra parte, porque el referido proceso judicial no está terminado y no ha concluido por sentencia definitivamente firme, ejecutoriada y con carácter de cosa juzgada. Asimismo que el Tribunal presunto agraviante en su decisión de fecha 19.05.2003 (f.42 al 44), al haber anulado el auto dictado por el Tribunal arbitral del 09.05.2003, conforme al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, incurrió en error judicial inexcusable.

   En materia de fraude procesal la Sala Constitucional ha venido sosteniendo que su planteamiento en a.c. es inadmisible, siendo la vía idónea el reclamo por la vía ordinaria, por permitir ésta un trámite más amplio, con la posibilidad de un debate probatorio que realmente esclarezca la situación de fraude procesal denunciada.

   Al respecto, nuestro M.T.C., mediante sentencia del 04.08.2000, caso Intana C.A. en amparo, señaló lo siguiente:

   La vía del juicio ordinario es la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal adelantado mediante varias causas, ya que es necesario un término probatorio amplio, como el del juicio ordinario, para que dentro de él se demuestre el fraude; y aunque existe la violación constitucional consistente en la eliminación o minimización del derecho de defensa de la víctima (artículo 49 de la vigente Constitución), ella —debido a las formalidades cumplidas— nunca destaca como una violación inmediata de la Constitución, sino que requiere de alegatos y pruebas que no corresponden a un proceso breve como el del a.c..

   Este criterio lo reafirma la Sala Constitucional, en sentencia de reciente data, cuando expresa:

   En este sentido, en sentencia n° 1085, de1 22 de junio de 2001, caso Estacionamiento Ochuna C.A., expediente n° 00-2927, esta Sala estableció:

   "Efectuada esta precisión, debe destacarse que la figura del fraude procesal fue objeto de análisis por parte de esta Sala en su sentencia del 4 de agosto de 2000 (caso H.G.E.D.), citada en el fallo apelado, en la que se dejó establecido que, en principio, no es la acción de a.c. sino la vía del juicio ordinario, en la que existe un término probatorio amplio, la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal, puesto que debido a las formalidades cumplidas y a la apariencia que crea la colusión no se pone de manifiesto la violación directa de la Constitución y resulta necesario, la mayoría de las veces, desmontar el armazón para que emerja la infracción constitucional, de manera que no es posible restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida."

   Esta Sala reitera, una vez más, que la pretensión de a.c., con su correspondiente procedimiento, no es el procedimiento idóneo para aspirar la declaración judicial acerca de la existencia del fraude procesal y subsiguiente inexistencia del juicio en que se fraguó, sino el juicio ordinario. En los supuestos en que se denuncie el acaecimiento de un fraude procesal como causa petendi para reclamar la declaración de inexistencia de un juicio por ese motivo, quien impetra la tutela jurisdiccional debe acudir a la vía del juicio ordinario, conforme a los artículo 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para que se resuelva la concreta controversia entre las partes que emerge del fraude delatado. En consecuencia, la pretensión de a.c. incoada con el propósito de obtener el establecimiento del fraude procesal y la inexistencia del juicio en que se materializó, resulta manifiestamente inadmisible.

   Como se puede inferir de los precedentes judiciales preinsertados, no es la acción de a.c. sino la vía del juicio ordinario, en la que existe un término probatorio amplio, la apropiada para ventilar la acción de fraude procesal. En consecuencia, la pretensión de a.c. incoada con el propósito de obtener el establecimiento del fraude procesal y la inexistencia del juicio en que se materializó, resulta manifiestamente inadmisible. ASÍ SE DECLARA.

   En lo traído a conocimiento de este Juzgado Superior el supuesto fraude está en el hecho de haberse dado por citada la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO, a través de apoderada judicial, y sostener la demandante que la referida sociedad mercantil ya no se encontraba legitimada, en virtud de autorización de fusión del ente administrativo competente con la sociedad mercantil SEGUROS MERCANTIL, C.A.

   Al respecto, lo primero que hay que decir que esto ha debido ser alegado en la primera oportunidad de comparecencia, a tenor de lo dispuesto por el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, de lo contrario se considera subsanado el vicio procesal que pudiera adolecer el acto.

   Y se corresponde la aplicación de dicho dispositivo legal, porque desde la derogatoria en 1986 del Código de Procedimiento Civil, la citación dejó de ser formalidad esencial para la validez del juicio, para tenérsele como una formalidad necesaria para su validez, lo que permisa la convalidación de los vicios en la citación, con la comparecencia oportuna de la parte contra quien obre la falta, toda vez que la convierte en una nulidad que sólo puede declararse a instancia de parte (st. 19.05.1994, Sala Civil).

   Luego, considera quien decide, sin comprometer su criterio, que el Tribunal de la causa sólo hubiera podido declarar la falta de citación, si la actora hubiere concurrido al juicio después de la notificación defectuosa y pedido su nulidad, pues al haber concurrido la demandante sin haber hecho el correspondiente reclamo, hace que la citación supuestamente defectuosa quede, por esa circunstancia, convalidada, aun cuando doctrinalmente, se entienda que lo que subsana el vicio o error en la citación, “no es el consentimiento de la parte, sino su comparecencia en el acto para el cual es convocado, que es cosa distinta. No debe entenderse que él acepta los vicios o las irregularidades sino que, a pesar de sus defectos, la citación cumplió con la finalidad que le atribuye la ley, llevó a conocimiento del demandado la orden de comparecencia y la cumple” (cfr. CUENCA, Humberto: Derecho Procesal Civil, T. II, p. 244), ya que el legislador en el artículo 213 no estableció esa distinción.

   Y asi mismo, es claro que la autorización de fusión que hace la Superintendencia de Seguros no es la que causa efectos frente a terceros, sino la correspondiente inscripción del acta de fusión en el Registro Mercantil, una vez que hayan transcurrido tres meses de su realización. En este caso, la actuación de la abogada Cordero –realizada el 20.11.2003- resulta claro que es legítima al ser realizada en el período de sospecha o agonía. ASI SE DECLARA.

   Por otra parte, ha sido alegado por la quejosa, que en el caso sub examine el fraude judicial se produce, no por el hecho de que el juez de la causa se negara a oír su apelación o porque se negara a proveerle las copias certificadas que le solicitó para ejercer recurso de hecho. Sino, el fraude judicial se consumó por el hecho que el juzgador recurrió a tales omisiones jurisdiccionales de manera voluntaria, deliberada y consciente, con el propósito de impedir que los agraviados pudieran recurrir a la Alzada correspondiente y que esta llegara a conocer y resolviera respecto a la procedencia de su denuncia de fraude procesal en la citación de la demandada. Es por ello que antes ha sostenido que, como lo prevé el ordinal 1° del artículo 328 del Código de Procedimiento Civil, la decisión sobre el fraude procesal denunciado es, por su naturaleza, requisito sine qua non, previo y esencial a la existencia y validez del proceso.

   De lo anterior observa este Juzgador, que la quejosa no probó que el Tribunal presunto agraviante, no proveyó la apelación interpuesta por ésta de forma “voluntaria, deliberada y consciente, con el propósito de impedir que los agraviados pudieran recurrir a la Alzada correspondiente y que esta llegara a conocer y resolviera”, por todo lo anterior, se debe desestimar el referido alegato. ASÍ SE DECLARA.-

   Por lo tanto, al no surgir del expediente elementos probatorios suficientes que hacen inequívoca la existencia del fraude procesal, -en cuyo caso, el Juez que conoce del amparo puede declararlo, aún de oficio-, lo que corresponde a esta Alzada es considerar que el caso de autos se subsume dentro de los supuestos determinados en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que, como lo ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dispone la inadmisibilidad de la acción cuando existen otros medios procesales acordes con la tutela constitucional. ASI SE DECLARA.

   • De la omisión judicial

   La parte presuntamente agraviada, también fundó la presente acción de a.c., en el hecho de que hasta la fecha de interposición de la presente acción de a.c., el recurso de apelación interpuesto por ella el 02.06.2003 (f.45) contra el auto de fecha 19.05.2003 (f.42 al 44), no fue oído por el Juez de la Causa, sea para admitirlo o inadmitirlo, no obstante a su persistentes solicitudes de que se le expidiese copias certificadas pertinentes a fin de interponer el correspondiente recurso de hecho, tales solicitudes jamás fueron oídas, atendidas o proveídas por el juez de la causa.

   El artículo 2 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que la acción de a.c. procede contra cualquier acto, hecho u omisión proveniente de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. Ahora bien, en relación a la omisión que puede ser objeto de a.c., la doctrina y jurisprudencia han sostenido que el amparo procede solo en el caso de que exista una omisión absoluta de pronunciamiento de la Administración Pública.

   Al respecto, el autor patrio R.C.G., sostiene en su obra intitulada “El Nuevo Régimen del A.C. en Venezuela”, que la omisión que puede dar lugar a una acción de a.c. es la genérica y no la específica, pues para esta existe la acción en carencia, la cual sería la vía ordinaria e idónea para combatir este tipo de omisiones.

   La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha 10.04.2002 (caso W.E.B.B., N.M.G.O., L.R.H.G. y otros), delimitó los requisitos para que procediera la acción de amparo contra omisiones administrativas; a saber: a.- La conducta de la Administración debe ser absoluta y total, no procediendo la acción en casos en que se presuma una posible violación; y b.- La acción de amparo debe estar dirigida contra una obligación genérica por parte de la Administración, pero no ante una obligación específica que le haya sido impuesta por la Ley, ya que en este caso lo que sería procedente es el recurso por abstención o carencia.

   Al revisar las copias certificadas acompañadas por la quejosa, como las acompañadas por el tercero interviniente, se debe decir que al no haber proveído positiva o negativamente el Tribunal agraviante en su auto del 01.07.2003 (f. 214) la apelación de la parte agraviada, ya sea negando la apelación u oyéndola en un solo efecto, la dejó en un limbo jurídico, o sea sin forma legal de que se le revise una decisión que considera le causa un gravamen irreparable, violándole así, sin lugar a dudas, su derecho no sólo a una oportuna respuesta, sino también a una doble instancia, ya que el recurso de hecho sólo podrá ejercerse de haber sido negada la apelación u oída ésta en un solo efecto. En consecuencia, el Tribunal cuestionado, con su conducta omisiva le violó el derecho a una justicia eficaz, o sea sin dilaciones indebidas y expedita, principio consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y al derecho a un Debido Proceso consagrado en el artículo 49 eiusdem, al no permitírsele ejercer los recursos que la Ley le confiere en garantía de su derecho a la Defensa. ASÍ SE ESTABLECE.-

   De lo establecido anteriormente y de conformidad con el ordinal 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, éste Tribunal actuando en sede constitucional, ordena reparar la situación jurídica lesionada por omisión injustificada del Tribunal agraviante en perjuicio de los quejosos, al no proveerle sobre la apelación ejercida en fecha 02.06.2003 (f. 45), contra el auto dictado en fecha 19.05.2003 (f.42 al 44), que declaró inadmisible la solicitud de fraude procesal presentada por la parte actora en el juicio que por Arbitraje Judicial siguen los ciudadanos V.M.D. y D.C.M., contra la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO (Exp. Nº 2001-7226). En fuerza de ello, se (i) anula el auto del 01.07.2003 en el que se abstuvo de proveer sobre la apelación; y (ii) se ordena al juzgado cuestionado proveer en el lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la recepción de la copia certificada del presente fallo, sobre la apelación ejercida, negándola u oyéndola de conformidad con las disposiciones legales que al efecto establece el Código Adjetivo Civil. ASÍ SE DECLARA.-

   4. DISPOSITIVA.

   En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en sede CONSTITUCIONAL, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de a.c. interpuesta por solicitud de los ciudadanos V.M.D. y D.C.M., a través de apoderados judiciales, contra las actuaciones del JUZGADO SEXTO DE PRIMERO INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE ESTA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.

PROCEDENTE el alegato de omisión judicial en que ha incurrido el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.e.C.J. al no proveer sobre la apelación interpuesta por la parte actora contra el auto del 19.05.2003. En consecuencia, (i) se anula el auto del 01.07.2003 en el que se abstuvo de proveer sobre la apelación; y (ii) se ordena al juzgado cuestionado proveer en el lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la recepción de la copia certificada del presente fallo, sobre la apelación interpuesta por la parte demandante en fecha 02.06.2003 (f. 45), contra el auto dictado en fecha 19.05.2003 (f.42 al 44), que declaró inadmisible la solicitud de fraude procesal presentada por la parte actora en el juicio que por Arbitraje Judicial siguen los ciudadanos V.M.D. y D.C.M., contra la sociedad mercantil C.A. SEGUROS ORINOCO (exp. Nº 2001-7226), bien sea negándola u oyéndola, de conformidad con las disposiciones legales que al efecto establece el Código Adjetivo Civil.

INADMISIBLE los alegatos de violación constitucional fundados en el supuesto fraude procesal –falta absoluta de citación- y del error judicial inexcusable, de conformidad con el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión y tratarse de una acción interpuesta contra una decisión judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se ordena, de conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales, que el presente mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desacato.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional. En Caracas, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil seis (2.006). Años 195° de la Independencia y 147° de la Federación.-

EL JUEZ

DR. F.P.D.C.

LA SECRETARIA

ABOG. FLOR CARREÑO AGUIAR

Exp. N° 05-9394

Definitiva/A.C.

FPD/fca/cf

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo la una de la tarde. Conste,

La Secretaria