Sentencia nº 099 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 26 de Febrero de 2016
| Fecha de Resolución | 26 de Febrero de 2016 |
| Emisor | Juzgado de Sustanciación - Sala Plena |
| Ponente | Marjorie Calderón Guerrero |
| Procedimiento | Recurso de control de la legalidad |
SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, veintiséis (26) de febrero de 2016. Años: 205° y 157°.
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros concepto laborales sigue el ciudadano V.M.P.Á., titular de la cédula de identidad N° V-15.758.893, representado por los abogados F.M., Jullis Maileth Mancera Camelo y H.J.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 47.162, 95.871 y 142.510, respectivamente, contra la sociedad mercantil WAGON REFRIGERADO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 30 de agosto de 2009, bajo el N° 61, tomo 49-A-Pro, representada por los abogados H.L.M., L.A.S.G. y Durman R.S., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.129, 37.122 y 60.006, en su orden, el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo por apelación de la parte demandada, en sentencia publicada el 16 de julio de 2015, declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 24 de octubre de 2014, que declaró parcialmente con lugar la demanda.
Contra esa decisión de Alzada, la parte demandada interpuso el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha 27 de octubre de 2015, se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia a la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero.
En fecha 23 de diciembre de 2015, mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.816, de la misma fecha, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, designó como Magistrado de esta Sala de Casación Social al Dr. J.M.J.A., quien tomó posesión de su cargo, quedando conformada la Sala de la siguiente manera; Presidenta Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, Vicepresidenta Magistrada Mónica Misticchio Tortorella y los Magistrados, E.G.R., D.A.M.M. y J.M.J.A..
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta Sala de Casación Social a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso en los siguientes términos:
CONTROL DE LA LEGALIDAD
Conviene observar que, siendo el recurso de control de legalidad un medio de impugnación excepcional, deben cumplirse, a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en la norma contenida en el artículo 178 de la Ley Adjetiva Laboral; a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación y; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral sustantivo o procesal.
Esta Sala de Casación Social en decisión N° 692 de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público”.
Por tanto, se refiere la Sala a que la admisibilidad del recurso se restringe a situaciones donde la violación o amenaza es de tal entidad, que resulte alterada la legalidad de la decisión o proceso sujeto a revisión. De allí, que se trate entonces, de violaciones categóricas del orden legal establecido, que en definitiva, transgredirían el Estado de Derecho.
De manera que, el recurso de control de la legalidad, no debe ser entendido como una nueva instancia, por tanto el recurso en cuestión se admitirá sólo cuando existan graves indicios de la violación de preceptos de orden público. El control de la legalidad no se cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de gravamen o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese entonces, definitiva.
Antes bien, el hecho configurador de este recurso no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique la indebida aplicación de una norma de orden público, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios del ordenamiento jurídico laboral, tanto sustantivo como adjetivo. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede el control de la legalidad.
En el caso concreto, la solicitante señala que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social, por cuanto el Juez no tomó en consideración el recurso de nulidad ejercido en tiempo útil, contra la P.A. que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos, violando con ello el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva.
Aduce que la Alzada sacrificó la justicia al pasar por alto la comisión de una serie de errores de procedimiento que pudieron ser subsanados mediante la declaratoria de la cuestión prejudicial invocada y delatada, toda vez que está en trámite otra controversia ante otro tribunal, cuyas resultas incidirían de manera directa en el presente asunto.
Al respecto, luego de un examen exhaustivo de los autos que conforman el expediente, la Sala en uso de la potestad discrecional que le confiere el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no estima pertinente admitir el recurso, pues ello en nada contribuye a la preservación del orden público laboral
Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 16 de julio de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas.
No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La Presidenta de la Sala y Ponente,
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M.C.G.
La-
Vicepresidenta, Magistrado,
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MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA E.G.R.
Magistrado, Magistrado,
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D.A. MOJICA MONSALVO JESÚS M.J.A.
El Secretario,
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M.E. PAREDES
C.L. N° AA60-S-2015-001131
Nota: Publicada en su fecha a las
El Secretario,
