Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Miranda, de 28 de Septiembre de 2012

Se inicia la presente causa en virtud de la demanda interpuesta por el ciudadano VILERA DURAN P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.085.138, en contra de la sociedad mercantil ANNFELCA SEGURIDAD, C.A., por motivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, presentada en fecha dos (02) de mayo de 2.012, correspondiendo el conocimiento de la misma a este Tribunal, siendo admitida mediante auto en fecha cuatro (04) de mayo de 2.012, en el auto de admisión de la demanda se ordenó emitir carteles de notificación dirigidos a la parte demandada, a los fines de que tuviera lugar la celebración de la Audiencia Preliminar, asimismo se ordenó que la notificación de la demanda se realizara mediante exhorto, en virtud que el domicilio de la empresa señalado por la parte accionante se encuentra ubicado en la ciudad de Caracas, enviándose dicho exhorto mediante oficio a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de su distribución y cumplimiento por el Tribunal que resulte selección de acuerdo a la distribución. En fecha 18 de julio de 2.012, se dictó auto mediante el cual, se agregó a los autos la resulta del exhorto conferido a los fines que se practicara la notificación de la parte demandada, proveniente el Tribunal Tercero de primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, verificándose de las misma la efectividad de la notificación realizada a la empresa accionada Sociedad Mercantil ANNFELCA SEGURIDAD, C.A., practicada en la persona del ciudadano A.M., titular de la cédula de identidad número V- 6.845.379, en su condición de Gerente de RRHH; en tal sentido, el secretario en virtud del cúmulo de notificación por certificar, el día seis (06) de agosto de 2012, dejo expresa constancia de la actuación del Alguacil en cuanto a la notificación de la parte demandada, a los fines que comenzara a computarse a partir de dicha fecha exclusive, el termino de diez (10) días hábiles mas un (01) día concedido como termino de la distancia, para la celebración de la Audiencia Preliminar, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), hora fijada en el auto de admisión y señalada en los carteles de notificación.

Ahora bien, en la oportunidad de la apertura de la Audiencia Preliminar celebrada en fecha veintiuno (21) de septiembre de 2012, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.), en el Acta levantada, se dejo constancia de la comparecencia del ciudadano procurador de trabajadores abogado RICHERT O.G.A., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 42.819, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano demandante VILERA DURAN P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.085.138, quien consigno escrito de promoción de pruebas constante de dos (02) folios útiles y dos (2) anexos constantes de veintitrés (23) folios útiles. La parte demandada que se encontraba valida y legalmente notificada y por tanto a derecho, no compareció en forma alguna, por lo que el Tribunal en aplicación de la consecuencia prevista en el articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declaro la presunción de la admisión de los hechos, al no ser desvirtuados por la representación legal o judicial de la parte demandada, los hechos alegados por la parte actora, todo como consecuencia jurídica de su incomparecencia a la apertura de la Audiencia Preliminar.

Así las cosas, encontrándonos en el lapso fijado en el Acta de Audiencia Preliminar de fecha veintiuno (21) de septiembre de 2.012, para la publicación del texto integro de la sentencia, en aplicación analógica del articulo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de conformidad con el criterio reiterado y sustentando por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha seis (06) de diciembre del 2005, en el expediente número 05-1037, con Ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, y conteste a lo señalado en el Acta de apertura de la Audiencia Preliminar, este Juzgado pasa a decidir en los términos que a continuación se expresan:

HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA

Alegó la demandante ciudadano VILERA DURAN P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.085.138, en el cuerpo libelar, que en fecha seis (06) de abril de 2.011, comenzó a prestar servicios personales, subordinados e ininterrumpidos y constante en el tiempo para la sociedad mercantil ANNFELCA SEGURIDAD, C.A., desempeñándose con el cargo de INSPECTOR DE SEGURIDAD, en una jornada de trabajo de lunes a lunes, de siete de la mañana a siete de la mañana del día siguiente (7:00 a.m. a 7:00 a.m.), laborando veinticuatro (24) horas continuas con descanso las veinticuatro (24) continuas siguientes (24 x 24), devengando como ultimo salario mensual la cantidad de mil quinientos cuarenta y ocho bolívares con veintiún céntimos (Bs. 1.548,21), que se traduce en cincuenta y un bolívares con sesenta céntimos (Bs. 51,60) diarios, culminando la relación laboral por despido injustificado en fecha cinco (05) de diciembre de 2011. Alega igualmente que compareció ante la Inspectoría del Trabajo de Los Valles del Tuy, Sala de Reclamos, en fecha 20 de abril de 2.012, solicitando el pago de prestaciones sociales, siendo infructuoso el intento de llegar a un acuerdo respecto de los montos reclamado, aun cuando la parte demandada compareció al acto que se llevó a cabo en el ente administrativo del trabajo, a los fines de la solución conciliada de la controversia.

Por tanto, demanda la parte accionante el pago de los siguientes conceptos: Antigüedad, Vacaciones Fraccionadas, Bono Vacacional Fraccionado, Utilidades Fraccionadas e Indemnización por Despido Injustificado. Siendo la cuantía de la demanda, la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES BOLIVARES CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS (6.863.,55).

Así las cosas, le corresponde a quien decide formarse convicción con relación a la legalidad de la acción, la cual supone que la misma este tutelada por el ordenamiento Jurídico y no se encuentra prohibida por la Ley, y de pronunciarse consecuencialmente sobre la pertinencia jurídica, o en contrario sobre la contrariedad de la pretensión con el derecho, todo en el marco de la presunción de la admisión de los hechos acaecidos como consecuencia de la incomparecencia de la parte demandada a la Apertura de la Audiencia Preliminar. Así se deja Establecido.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

La admisión de los hechos en esta etapa del proceso solo procede cuando aunado al hecho de la incomparecencia del demandado a la instalación de la Audiencia Preliminar, se conjugan los requisitos de no ser contraria a derecho la petición del accionante y que no existan en los autos elementos probatorios susceptibles de enervar su petición.

De lo anteriormente planteado, siguiendo los lineamientos del artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral, así como de la reiterada doctrina de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en casos análogos, y constatado por esta Juzgadora que la parte actora aporto a los autos, escrito de promoción de pruebas y anexos. En este sentido advierte esta Juzgadora que la falta de pruebas por parte de la demandada imposibilita desvirtuar los alegatos de la demandante, y revisadas como han sido tanto las actas que conforman el presente expediente como los conceptos y montos reclamados, pasa de seguidas a constatar si en este caso estamos en presencia de pedimentos contrarios a derecho y en tal sentido observa que quedó demostrado, y deben tenerse como admitidos los siguientes alegatos: la existencia de la relación de trabajo; su fecha de inicio seis (06) de abril de 2.011; su fecha de culminación cinco (05) de diciembre de 2.011; el cargo desempeñado por el accionante como Inspector de Seguridad; el despido alegado; el ultimo salario diario de cincuenta y un bolívares con sesenta céntimos (Bs. 51,60), así como la procedencia en derecho de los conceptos reclamados, que no fueron pagados en la oportunidad que le nació el derecho al trabajador demandante, para el cobro del mismo. ASÍ SE ESTABLECE.-

En consecuencia, pasa de seguidas el Tribunal a determinar conforme a derecho los montos que corresponden al demandante con ocasión a cada concepto reclamado, por efecto de la admisión de hechos en que incurrió el accionado.

PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD E INTERESES SOBRE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:

Establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo hoy derogada, pero aplicable al presente caso, puesto que la relación de trabajo tuvo lugar bajo la vigencia de las normas en ella contenidas, que el trabajador después del tercer mes ininterrumpido de servicios tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a 5 días de salario por cada mes, y después del primer año de servicio tendrá derecho a 2 días adicionales de salario por cada año o fracción superior a 6 meses; siendo que el ingreso del demandante se produjo en fecha seis (06) de abril de 2011, hasta el cinco (05) de diciembre de 2011, se trata de una relación de trabajo de siete (07 meses y veintinueve (29) días, en consecuencia tiene derecho de conformidad con la norma en comento al pago de cuarenta y cinco (45) días de salario integral por este concepto por el primer año de servicio prestado, que si bien no fue laborado en su totalidad, la fracción efectivamente laborada supero los seis meses de servicios, por tanto le corresponde cuarenta y cinco (45) días completos de salario integral de conformidad con el parágrafo primero de la norma en comento.

El salario integral está conformado por el salario diario normal, más las incidencias de alícuota de Utilidades y alícuota de Bono Vacacional. Se evidencia del escrito libelar en el capitulo relativo al salario que los distintos salarios devengados durante la relación de trabajo, los cuales serán computados a la prestación de antigüedad con la adición de las alícuotas de bono vacacional y utilidades correspondientes.

En virtud de la admisión de los hechos habida en la presente causa, por la actitud contumaz de la parte demandada de incomparecer a la Audiencia Preliminar, se tienen como ciertos los salarios alegados en el escrito libelar y por tanto deben computarse a los meses laborados por el demandante en los años respectivos a la prestación de antigüedad. En consecuencia de acuerdo a los cálculos obtenidos por este Tribunal, el salario integral para el cómputo de la antigüedad reclamada en la presente causa, así como el computo de los días efectivos de servicio prestados por el demandante a la parte demandada en concordancia con lo establecido en el primer aparte y parágrafo primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y los intereses sobre prestación de antigüedad generados desde el tercer mes de servicio hasta la culminación de la relación de trabajo, le corresponde al demandante, el pago de los montos arrojados por las siguientes operaciones aritméticas:

Periodo salario normal mensual salario normal diario alícuota de bono vacacional alícuota de utilidades salario integral mensual salario integral diario días por mes a cancelar prestación acumulada (5 días por mes) Tasa Anual Tasa Mensual Intereses

Abr. 2011 1.407,47 46,92 27,37 58,64 1.493,48 49,78 0,00 16,37 1,36 0,00

May. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 0,00 16,04 1,34 0,00

Jun. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 0,00 16,09 1,34 0,00

Jul. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 0,00 16,09 1,34 0,00

Ago. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 5 273,81 16,09 1,34 3,67

Sep. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 5 547,61 16,09 1,34 11,01

Oct. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 5 821,42 16,38 1,37 22,23

Nov. 2011 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 5 1.095,22 16,25 1,35 37,06

Dic. 2011 PARAGRAFO PRIMERO ART. 108 L.O.T. 1.548,22 51,61 30,10 64,51 1.642,83 54,76 25 2.464,25 16,45 1,37 70,84

En consecuencia se ordena el pago de la cantidad de dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 2.464,25), por concepto de antigüedad y la cantidad de setenta bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 70,84), por concepto de intereses sobre prestación de antigüedad.

VACACIONES FRACCIONADAS

Establece el artículo 219 de Ley Orgánica del Trabajo, hoy derogada, pero aplicable al presente caso, puesto que la relación de trabajo tuvo lugar bajo la vigencia de las normas en ella contenidas, que cuando el trabajador cumpla un (1) año de trabajo ininterrumpido para un patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles. Los años sucesivos tendrá derecho además a un (1) día adicional remunerado por cada año de servicio, hasta un máximo de quince (15) días hábiles, igualmente el articulo 225 eiusdem, señala que si la relación de trabajo termina por una causa distinta al despido justificado antes de cumplirse el año de servicio, el trabajador tendrá derecho al pago equivalente a la remuneración que se hubiere causado en relación a las vacaciones anuales, en proporción a los meses completos de servicios durante ese año como pago fraccionado de las vacaciones que se le hubieren causado.

En el caso que nos ocupa el actor reclama el concepto de vacaciones fraccionadas correspondientes a los meses de abril de 2.011 a diciembre de 2.011, es decir, siete (07) meses completos laborados en el primer y ultimo año de servicio, correspondiendo para este año de servicio quince (15) días de disfrute vacacional, el cual al no haber sido laborado en su totalidad por la accionante, debido a la culminación de la relación de trabajo, deberá calcularse fraccionado de acuerdo a tiempo efectivo de servicio prestado, lo cual emana de dividir los días de disfrute vacacional correspondientes por ese año de servicio, entre doce (12) meses del año calendario y multiplicar el resultado por la fracción de tiempo trabajado. Ahora bien, los días a computar por concepto de vacaciones fraccionadas, deben multiplicarse por el último salario normal diario devengado, operación aritmética que se ilustra de la siguiente forma:

Salario Diario Días Anuales correspondientes Días correspondientes por fracción TOTAL

Bs. 51,60 15 días 8,75 días Bs. 451,50

Total Bs. 451,50

En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 451,50), por concepto de Vacaciones fraccionadas a favor del accionante. ASI SE ESTABLECE

BONO VACACIONAL FRACCIONADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hoy derogada, pero aplicable al presente caso, puesto que la relación de trabajo tuvo lugar bajo la vigencia de las normas en ella contenidas, le corresponde al trabajador por el primer año de servicio 7 días de bono vacacional más un 1 día adicional por cada año laborado, hasta un total de 21 días de salario, asimismo el articulo 225 eiusdem, se señala el pago fraccionado de este bono vacacional en los termino expuestos anteriormente.

En el presente caso el accionante reclama el concepto de Bono Vacacional correspondiente a los meses de abril de 2.011 a diciembre de 2.011, es decir, siete (07) meses completos laborados en el primer y ultimo año de servicio, correspondiendo para este año de servicio el pago de siete (07) días de salario por concepto de bono vacacional, el cual al no haber sido laborado en su totalidad por la accionante, debido a la culminación de la relación de trabajo, deberá calcularse fraccionado de acuerdo a tiempo efectivo de servicio prestado, lo cual emana de dividir los días de disfrute vacacional correspondientes por ese año de servicio, entre doce (12) meses del año calendario y multiplicar el resultado por la fracción de tiempo trabajado. Ahora bien, los días a computar por concepto de vacaciones fraccionadas, deben multiplicarse por el último salario normal diario devengado, operación aritmética que se ilustra de la siguiente forma:

Salario Diario Días Anuales correspondientes Días correspondientes por fracción TOTAL

Bs. 51,60 7 días 4,08 Bs. 210,69

Total Bs. 210,69

En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de doscientos diez bolívares con sesenta y nueve (Bs. 210,69), por concepto de Bono Vacacional fraccionado a favor del accionante. ASI SE ESTABLECE

UTILIDADES FRACCIONADAS

El articulo 174 de La Ley Orgánica del Trabajo, hoy derogada, pero aplicable al presente caso, puesto que la relación de trabajo tuvo lugar bajo la vigencia de las normas en ella contenidas, prevé el pago de 15 días como limite mínimo por concepto de utilidades y de 4 meses como limite máximo, y en los casos que el trabajador no hubiere laborado todo el año, tendrá derecho a la parte proporcional de los meses completos de servicios prestados, en consecuencia, en el presente caso por cuanto el accionante reclama el pago por concepto de Utilidades fraccionadas correspondientes a los meses de abril de 2.011 a diciembre de 2.011, es decir, siete (07) meses completos laborados en el primer y ultimo año de servicio, siendo que se evidencia del escrito libelar que la parte demandada cancelaba a la parte demandante por éste conceptos quince (15) días de salario anual; deberá calcularse la fracción equivalente al tiempo de servicio prestado efectivamente en este año de servicio, lo cual emana de dividir los días de salario por concepto de utilidades anuales que cancelaba el accionando a la parte actora, entre doce (12) meses del año calendario y multiplicar el resultado por la fracción de tiempo trabajado, resultado este que debe multiplicarse por el ultimo salario normal diario devengado, operación aritmética que se ilustra de la siguiente forma:

Salario Diario Días Anuales correspondientes Días correspondientes por fracción TOTAL

Bs. 51,60 15 días 8,75 días Bs. 451,50

Total Bs. 451,50

En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de cuatrocientos cincuenta y un bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 451,50), por concepto de Utilidades fraccionadas a favor de la accionante. ASI SE ESTABLECE

INDEMNIZACIONES PREVISTAS EN EL ART. 125 LOT:

Corresponde verificar la procedencia del pago de la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo hoy derogada, pero aplicable al presente caso, puesto que la relación de trabajo tuvo lugar bajo la vigencia de las normas en ella contenidas, así como la indemnización sustitutiva de preaviso prevista en el mismo artículo, que fueron reclamadas por la parte accionante.

En este orden de ideas, es menester señalar que la parte accionante arguye que la terminación de la relación laboral se produjo en fecha 15 de diciembre de 2011, en razón del despido injustificado del cual fue objeto y que devengó como ultimo salario mensual la cantidad de Bs. 1.548,21; en consecuencia gozaba de inamovilidad laboral especial por encontrarse dentro de los parámetros de aplicación del Decreto número 7.914 publicado en Gaceta Oficial N° 39.575, de fecha 16 de diciembre de 2010, en el cual se prorroga la Inamovilidad Laboral Especial para trabajadores del sector publico y privado conforme a los parámetros allí establecidos .

Por tanto, no encontrándose la ex trabajadora en ninguno de los supuestos de excepción de aplicación del mencionado decreto y habiéndose realizado el despido invocado, gozando éste de la inamovilidad laboral especial antes descrita, debió realizar los trámites pertinentes ante el Órgano Administrativo correspondiente, con el objeto que el Inspector del Trabajo de la jurisdicción calificara su despido, ordenando el reenganche al puesto de trabajo y consecuente pago de los salarios dejados de percibir durante el procedimiento, por lo que al acudir ante este órgano jurisdiccional a reclamar el pago de sus prestaciones sociales y no a la Inspectoría del Trabajo, a los fines de la calificación del despido, renunció así a la posibilidad de ser reenganchado al puesto de trabajo que ocupaban antes del ilegal despido.

Ahora bien, a los fines de abundar un poco más sobre la inamovilidad, es menester señalar que ha sido abundante y reiterada la Jurisprudencia por parte de nuestro más alto Tribunal, en las cuales se ha tratado lo atinente a la inamovilidad, de la cual es importante destacar que constituye una protección que otorga el Estado al trabajador, cuando está investido de un fuero especial, bien sea (entre otros) por estar amparado por un Decreto del Ejecutivo Nacional, relativo a la inamovilidad laboral especial, que tiene su génesis, específicamente en el caso de marras, que el trabajador devenga menos de tres salarios mínimos, en este supuesto lo que se protege es el puesto de trabajo para aquel trabajador que devengue menos de tres salarios mínimos, que le garantice tanto su manutención como su núcleo familiar, lo que redunda en beneficio del colectivo, de la sociedad. si fuere un trabajador que goza de fuero sindical, tal protección será para el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y si por ejemplo se tratare de una mujer embarazada, el bien tutelado sería el nasciturus y una vez nacido el niño el objeto de la tutela será garantizarle el puesto de trabajo a la madre, hasta después de un (1) año de nacido el niño, para que la misma pueda brindarle la manutención a su hijo y que no se vea impedida de brindar tal manutención, en virtud de un despido del cual pueda ser objeto por parte de su empleador; es menester señalar que en estos casos nos encontramos ante una inamovilidad absoluta y nunca puede soslayarse la protección que brinda el Estado a estas personas (entre otras) que gozan de la misma, es decir el trabajador debe hacerla valer a través de los mecanismos que contempla el ordenamiento jurídico. Es así, que si un trabajador es despedido gozando de la mencionada estabilidad absoluta debe acudir ante la Inspectoría del Trabajo, Órgano Administrativo pertinente para solicitar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos y en el caso de que el trabajador incurriere en alguna causal de despido gozando de esta inamovilidad absoluta, el patrono no podrá despedirlo sin haber obtenido una decisión de calificación de falta de haber incurrido el trabajador en alguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo hoy derogada pero aplicable ratione temporis.

Es así que si se despide a un trabajador que goza de estabilidad absoluta, sin haberse agotado el procedimiento pertinente, tal despido, se considerará irrito y se ordenará el reenganche del trabajador a su puesto de trabajo, y en ningún momento el patrono puede persistir en el despido, porque no le es dable tal situación como si lo puede hacer en la estabilidad relativa, así como no le es dable al trabajador renunciar a ese fuero por inamovilidad de la cual goza y en el caso de renunciar a ese derecho, no podrá reclamar indemnización alguna, porque contravendría el eminente carácter de normas de orden público previstas en la Ley sustantiva del Trabajo. Y ASI SE ESTABLECE.

Habida cuenta, que la accionante, se encontraba amparada por una estabilidad absoluta, vale decir, la inamovilidad laboral especial, en razón del Decreto Presidencial supra señalado, y como quiera que tal inamovilidad es materia de orden público, que no puede ser relajada por convenio de los particulares, ya que el espíritu y propósito del Legislador, es el de protección al hecho social trabajo, en consecuencia tal protección está destinada tanto al trabajador, como a su grupo familiar y a la sociedad de la cual forma parte dicho trabajador; en el entendido que la protección para el trabajador estriba en mantenerlo en su puesto de trabajo, en total conformidad con el postulado constitucional previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De tal forma, que siendo la INAMOVILIDAD ABSOLUTA materia de ORDEN PUBLICO, no es susceptible de ser relajada por las partes, ni por convenio entre los particulares, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es así que nunca puede ser reclamada por el despido del trabajador amparado por la inamovilidad absoluta, una indemnización de carácter pecuniario y en modo alguno puede ser acordado por el Juzgador resarcimiento pecuniario a manera de indemnización, prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo hoy derogada, ya que se atentaría contra el estricto orden público en comento; en consecuencia se NO PROCEDE lo peticionado. ASI SE DECIDE

RESUMEN DE MONTOS CONDENADOS

Antigüedad articulo 108 Ley Orgánica del Trabajo:

Bs. 2.464,25

Intereses sobre Prestación de Antigüedad:

Bs. 70,84

Vacaciones fraccionadas: Bs. 451,50

Bono vacacional fraccionado: Bs. 210,69

Utilidades Fraccionadas: Bs. 451,50

Total Bs. 3.648,78

INTERESES DE MORA:

Se ordena el pago de los intereses de mora generados por la cantidad condenada a pagar de tres mil seiscientos cuarenta y ocho con sesenta y ocho céntimos (Bs. 3.648,78), los cuales serán calculados a partir de la fecha de la terminación de la relación laboral, cinco (05) de diciembre de 2011, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación, a la tasa de interés establecida por el Banco Central de Venezuela, para los intereses sobre prestaciones sociales. ASÍ SE ESTABLECE.-

CORRECCIÓN MONETARIA

Se ordena al pago de la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar, por la parte accionada, es decir; tres mil seiscientos cuarenta y ocho con sesenta y ocho céntimos (Bs. 3.648,78), calculada desde la notificación de la demandada, ocho (08) de junio de 2012, hasta la sentencia definitiva, debiéndose excluir de dicho calculo, si fuere el caso, el tiempo que la causa estuvo suspendida o paralizada por motivos no imputables a las partes, así como los lapsos por inactividad procesal, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vacaciones judiciales y huelgas de funcionarios tribunalicios o por acuerdo entre las partes, de conformidad con lo establecido en la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, caso J.S., contra la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A.. Adicionalmente a ello y en caso que la demandada no de cumplimiento voluntario a la decisión, se realizará el cálculo de dicha corrección monetaria desde el mandamiento de ejecución hasta el efectivo cumplimiento de la obligación conforme al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DECISIÓN

Por todos los razonamientos anteriores, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, con sede en Charallave, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales incoada por el ciudadano VILERA DURAN P.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V- 12.085.138, en contra de la sociedad mercantil ANNFELCA SEGURIDAD, C.A. SEGUNDO: Se condena a la sociedad mercantil ANNFELCA SEGURIDAD, C.A. al pago de la cantidad condenada de tres mil seiscientos cuarenta y ocho con sesenta y ocho céntimos (Bs. 3.648,78), más el monto correspondiente a los intereses de mora y la corrección monetaria en los términos anteriormente expuestos. TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del fallo. Se le advierte a las partes que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la norma del artículo 131 de la Ley adjetiva del Trabajo, podrá ejercer el derecho a apelar contra la presente decisión, por ante este mismo Tribunal a los fines de su decisión por el Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, contados a partir de la presente fecha exclusive.

En cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable supletoriamente, por obra de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el Archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la pagina web del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Miranda.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial de los Valles del Tuy, de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda – Charallave.

Charallave, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012).

ABG. K.A.S.A.

LA JUEZA

ABG. R.I.M.E.

EL SECRETARIO

Nota: En esta misma fecha, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se dictó y publicó la anterior decisión.

ABG. R.I.M.E.

EL SECRETARIO

Exp. 3577-12

KASA/RIME/kasa