Decisión nº 123 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 12 de Junio de 2008
| Fecha de Resolución | 12 de Junio de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas |
| Ponente | Yacquelinne Silva Fernández |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR TERCERO
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Cabimas, doce (12) de Junio de dos mil ocho (2008).
198º y 149°
ASUNTO: VP21-R-2008-000033.
PARTE DEMANDANTE: L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números: V-7.819.215, V-7.707.714 y V-7.742.963 domiciliadas en el municipio Lagunillas del estado Zulia.-
APODERADO JUDICIAL: N.J.P., M.T.P.T., L.H., J.C. BARRETO, NAYIBELL URDANETA, M.A.N., A.E.G., A.J.V., MARIANGEL MARVAL, MARIANLY PEROZO, JANMAIRE RAMÍREZ, B.Á., M.M. y D.V. inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo la matriculas Nos. 56.945, 108.141, 108.119, 56.691, 114.950, 59.847, 108.520, 103.301, 114.139, 87.890, 114.740, 13.940, 123.023 y 51.754, respectivamente, domiciliados en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.-
PARTE DEMANDADA: PDVSA PETRÓLEO S.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el Nro. 26, Tomo 127-A-Segundo, varias veces modificados sus estatutos sociales, siendo la última de dichas modificaciones la que consta en asiento inscrito por ante el mencionado Registro Mercantil el día 17 de junio de 2003, bajo el Nro. 11, Tomo 14-A-Segundo, domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Metropolitano.
APODERADO JUDICIAL: D.R.G., Y.P.G. y EGLIS MARCANO GONZÁLEZ inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo matricula No. 46.616, 72.686 y 65.180, respectivamente, domiciliados en la ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.-
PARTE RECURRENTE: PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G..-
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.-
SENTENCIA DEFINITIVA
Inició la presente causa por demanda incoada por los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., contra la empresa PDVSA, PETRÓLEO S.A., la cual fue admitida en fecha 02 de junio de 2005 por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, ordenando la notificación del Procurador General de la República.
El día 14 de Febrero de 2008 el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, dictó sentencia en la presente causa declarando IMPROCEDENTE la demanda en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES siguieron los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.
Contra dicha decisión la parte demandante ejerció Recurso de Apelación en fecha 26 de Febrero de 2008, en consecuencia estando dentro de la oportunidad legal para decidir, esta superioridad observa:
OBJETO DE APELACIÓN
El día fijado para que tuviera lugar la audiencia de apelación la parte demandante recurrente señaló que su apelación se fundamenta en la denuncia por error de interpretación de la norma jurídica en cuanto a la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que según su criterio el juzgador incurrió en un grave error al momento de aplicar la norma jurídica que fue invocada y que se hizo valer en el procedimiento de Primera Instancia en la figura referente a la intermediación laboral contemplada en el articulo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, que sus representados al momento de presentar su escrito libelar hicieron valer y a los efectos de prestar sus servicios al INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, el cual es un instituto que prestaba servicios de educación a los trabajadores de la empresa PDVSA PETRÓLEO, quien viene a ser beneficiaria del servicio prestado por el mismo Instituto, a tales efectos se invocó que el servicio era prestado en las instalaciones propias de la empresa y que el mantenimiento de esas instalaciones eran por cuenta de la empresa y que todos los enceres y útiles que se utilizaban para impartir clases a los alumnos eran dotados por la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., y que el personal obrero, administrativo y técnico era formado por dicha empresa, y hasta existía una obligación por parte de dicha empresa de suministrar esa educación a sus trabajadores, tanto desde el punto de vista legal como contractual, debido a que esta establecido en la Convención Colectiva del Trabajo, inclusive que sea de beneficio de la empresa que tenga cumplimiento esa obligación a través de esta figura, razón por la cual señaló que todas estas circunstancias quedaron demostradas en el proceso, ante la actividad probatoria que se desarrollo. Señalo que el juzgador al momento dictar la recurrida hizo una correcta interpretación de la intermediación laboral y estableció los elementos que correctamente deben existir cuando exista la dicha intermediación y la fundamento en el articulo 54, y que así mismo existía autorización que dejaba constancia de que el servicio era prestado en la misma empresa, y ese otro punto versa en que a pesar de que lo hacia en nombre propio el intermediario no tiene la gestión del negocio propiamente dicho por lo que no consume los riesgos de una contratista o de un empleador porque se basa en traer medios de beneficiario, como se demostró en el presente procedimiento, a pesar que se determino lo que era el concepto de intermediación y cumplimiento constitutivo, se incurrió en error al momento de aplicarlo en el caso concreto ya que el juez señalo que no existe intermediación en el presente caso, la primera razón fue que se determino que todo lo que era la administración del personal obrero, administrativo y técnico del Instituto de Educación Lagunillas era realizado directamente por este, sobre lo cual PDVSA, no tenia ningún tipo de función en esa administración del personal ya que esta no contrataba, pero el juez considero que como lo hizo en nombre propio no aplicaba la figura de la determinación cuando debió establecer todo lo contrario, y en vez de considerarlo un elemento de exclusión debió considerarlo un elemento constitutivo de la figura, adicionalmente a los efectos de rechazar esta figura el juez señalo que PDVSA, no subsidiaba completamente esos gastos de la prestación de servicios, sino que lo hacia subsidiando el 94 % de su nomina mayor y el 50 % de su nomina contractual, es decir que PDVSA subsidiaba un 94 % de sus gastos, por lo cual esta debe ser solidariamente responsable ante esas obligaciones laborales en esa misma medida por lo que aquí se logra demostrar que hay una relación indirecta de trabajo, por lo que decidió cerrar el Instituto Educacional Lagunillas y abre un nuevo Instituto en esas mismas instalaciones, por lo cual solicitó se revocara dicha sentencia.
Tomada la palabra por el apoderado judicial de la parte demandada expuso sus alegatos señalando que en el libelo de demanda los demandantes no expresan por quienes fueron contratados, en este caso el demandante y el Juez señalan el articulo 54 el cual ni siquiera fue señalado por la parte actora en su libelo de demanda, como se puede demostrar en el expediente las pruebas no demuestran la intermediación siendo la Ley muy clara al señalar los requisitos para que esta este presente lo cual no se logro evidenciar, por lo cual señalo que la sentencia del juez estaba ajustada a derecho ya que como se dijo anteriormente el actor no señala el articulo 54 en su libelo de demanda y la misma fue ajustada a los niveles jurisprudenciales.
Ahora bien, una vez verificado el objeto de la apelación señalado por la parte demandante recurrente, esta Alzada pasa a analizar los fundamentos de hecho de derecho tanto el libelo de demanda como el escrito de contestación, para luego determinar los hechos controvertidos relacionados con la presente causa y distribuir la carga probatoria entre cada una de las partes, en consecuencia:
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Alegan los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. que comenzaron a prestar sus servicios personales para la Asociación Civil Instituto Educacional Lagunillas, quien ha sido una asociación con personalidad jurídica propia que se desempeñó como intermediaria de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. de la siguiente forma: La ciudadana L.M.Z.V. desde el día 02 de mayo de 1994, la ciudadana M.A.M. desde el día 18 de mayo de 1998 y el ciudadano L.A.C.G. desde el día 03 de enero de 1986 todas hasta el día 30 de septiembre de 2003 cuando fueron despedidos; acudiendo al efecto al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución en el municipio Cabimas del estado Zulia para interponer un procedimiento de calificación de despido con lo cual interrumpió la prescripción de la acción laboral acumulando un tiempo de servicio la primera de diez (10) años, seis (06) meses y tres (03) días; la segunda de seis (06) años, cinco (05) meses y dieciséis (16) días y el tercero de dieciocho (18) años, ocho (08) meses y seis (06) días; Que siempre realizaron sus labores en el INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, siendo el inmueble donde está constituido dicho instituto, propiedad de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., así que, todos los servicios y labores que realizaron para esta última y para el Instituto Educacional Lagunillas se realizaron bajo el control, instrucciones y subordinación de personal directo de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.; dichas labores consistieron en: La ciudadana L.M.Z.V. ocupaba el cargo de docente por hora, para lo cual realizaba actividades como profesora a tiempo completo de la cátedra de literatura en los diferentes años, así como también realizaba labores de coordinadora de proyectos de comprensión lectora proyectos que eran exclusivos de las escuelas de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.; la ciudadana M.A.M. ocupaba el cargo de docente, para lo cual realizaba labores como profesora a tiempo completo en las diferentes cátedras que son dictadas en el INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; y el ciudadano L.A.C.G. quien ocupaba el cargo de docente por hora para lo cual laboraba como profesor a tiempo completo en la cátedra de educación física, organizando diferentes eventos deportivos y recreativos para los alumnos del INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS. Que los muebles y enceres para mantenimiento, así como los gastos de funcionamiento eran proporcionados por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., así mismo, los pagos y reclamos salariales se realizaban ante personal directo de la empresa antes nombrada, y el principal beneficiario de los servicios prestados por el INSTITUTO EUCACIONAL LAGUNILLAS fue precisamente la empresa petrolera por cuanto en su gran mayoría los alumnos eran hijos de empleados directos de la referida empresa que por obligación contractual debe prestar servicios educativos a sus empleados. Que existe un elemento importante que demuestra la intermediación establecida en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo, existente entre el INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS y la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., y lo constituye el hecho que del Acta Constitutiva del primero nombrado se evidencia que estuvo a cargo de representantes de la sociedad mercantil MARAVEN S.A. y MENEVEN S.A. ambas filiales de la ultima nombrada; también el hecho que las ciudadanas L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. asistían talleres, cursos, concursos y jornadas auspiciadas por la empresa petrolera estatal. Por lo tanto, en base a esta intermediación exigen se le aplique a las trabajadoras los beneficios establecidos tanto en el Contrato Colectivo Petrolero como en la Ley Orgánica del Trabajo, considerando que la empresa petrolera es también su patrono beneficiario y por ello se debe tomar en cuenta los salarios devengados por los docentes de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. en tanto sean superiores a la parte actora, porque el trabajo lo realizaron en igualdad de condiciones y eficiencia. Que cumplían una jornada laboral de lunes a viernes de la siguiente manera: La ciudadana L.M.Z.V. desde las siete horas de la mañana (07:00am) hasta la seis horas de la tarde (06:00pm); la ciudadana M.A.M. los días lunes y martes desde las siete horas de la mañana (07:00am) hasta las cuatro horas de la tarde (04:00pm), los días miércoles y jueves desde las siete horas de la mañana (07:00am) hasta las tres y veinte horas de la tarde (03:20pm) y los días viernes desde las siete horas de la mañana (07:00am) hasta las once y veinte horas de la mañana (11:20pm) y el ciudadano L.A.C.G. de lunes a viernes desde las siete horas de la mañana (07:00am) hasta las dos y treinta horas de la tarde (02:30pm) todas con los sábados y domingos como descansos legales y contractuales de conformidad con el Contrato de Trabajo y demás normas legales y contractuales pertinentes. Que todas las trabajadoras devengaban un salario básico mensual de la suma de setecientos dieciocho mil ochocientos bolívares (Bs.718.800,oo); y el salario integral que se obtuvo fue de la siguiente manera: La ciudadana L.M.Z.V. un salario integral de la suma de cuarenta mil dos bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs.40.002,45); la ciudadana M.A.M. un salario integral de la suma de cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y seis bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs.45.846,56) y el ciudadano L.A.C.G. un salario integral de la suma de cuarenta mil trescientos sesenta y un bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs.40.361,88). Que en base a lo antes expuesto y en aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, y en concatenación con la Convenciones Colectivas del Trabajo Petrolero reclaman a la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS en su carácter de patrono intermediario y a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. en su carácter de patrono beneficiario, los conceptos de vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones vencidas, bono vacacional vencido, diferencia de salario de conformidad con la Convención Colectiva del Trabajo Petrolero, salarios caídos de conformidad con la cláusula 69 del Contrato Colectivo del Trabajo Petrolero , preaviso de conformidad con el artículo 104 y 125 de la ley Orgánica del Trabajo, indemnización de comisariato, intereses y antigüedad de conformidad con al artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, liquidación de antigüedad de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y la cláusula 9 del Contrato Colectivo del Trabajo Petrolero e indemnización de antigüedad de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo los cuales alcanzan un total a su favor de la siguiente forma: La ciudadana L.M.Z.V. un total de la suma de noventa y seis millones doscientos noventa y un mil veintiún bolívares con dieciséis céntimos (Bs.96.291.021,16); la ciudadana M.A.M. un total de la suma de setenta y nueve millones seiscientos noventa y un mil novecientos veintiséis bolívares con dieciocho céntimos (Bs.79.691.926,18) y el ciudadano L.A.C.G. un total de la suma de ciento cuarenta y dos millones novecientos cuatro mil setecientos noventa y ocho bolívares con cincuenta y tres céntimos. (Bs.142.904.798,53). Que solamente se reclama el pago de las prestaciones sociales por el tiempo de servicio que discurre desde el día 19 de junio de 1997 hasta el día de la finalización de los contratos de trabajo, aun cuando la empresa (sin especificar si se trata del INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS o la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.) comenzó el cambio de régimen para el pago de las prestaciones sociales a partir del 01 de junio de 1998, señalando por último que cuando en el escrito libelar se señala el tiempo de servicio desde el ingreso es con la finalidad de computar el tiempo total del contrato de trabajo a los efectos de calcular las indemnizaciones que le corresponden por despido injustificado de conformidad con el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Solicitaron se aplique la indexación judicial a las cantidades reclamadas.
FUNDAMENTOS DE DEFENSA DE LA EMPRESA DEMANDADA
La parte demandada PDVSA PETRÓLEO S.A. alegó en su escrito de contestación la falta de cualidad e interés para sostener el presente proceso por cuanto entre las partes demandante y demandada no existió ninguna relación de trabajo, es decir, PDVSA PETRÓLEO S.A. no fue empleadora de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G.. Negó rechazó y contradijo en cada una de sus partes la demanda incoada por los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. por desconocer los hechos alegados, al ser infundada la pretensión e improcedente el derecho invocado. Negó rechazó y contradijo por desconocer los hechos y condiciones del supuesto contrato de trabajo, periodos laborados, lugares de trabajo, periodos laborados, lugares de trabajo y jornadas laborales por cuanto la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. nunca fue su patrono. Negó rechazó y contradijo todo elemento de relación laboral entre los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. y la sociedad mercantil PDVSA PETROLEO S.A., es decir, que haya prestado servicios de forma directa e ininterrumpida, la fecha de inicio y fin, el cago desempeñado, el salario devengado, y por ende, los conceptos reclamados tales como; preaviso de conformidad con el artículo 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, diferencia de salario, salarios caídos, comisariato, intereses de antigüedad, liquidación de antigüedad de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y cláusula 9 del Contrato Colectivo del Trabajo Petrolero, indemnización de antigüedad de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo. Negó rechazó y contradijo las cantidades reclamadas por los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. de la suma de noventa y seis millones doscientos noventa y un mil veintiún bolívares con dieciséis céntimos (Bs.96.291.021,16) la primera; un total de la suma de setenta y nueve millones seiscientos noventa y un mil novecientos veintiséis bolívares con dieciocho céntimos (Bs.79.691.926,18) la segunda y un total de la suma de ciento cuarenta y dos millones novecientos cuatro mil setecientos noventa y ocho bolívares con cincuenta y tres céntimos. (Bs.142.904.798,53) el tercero. Negó rechazó y contradijo que la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. sea responsable solidariamente para cancelar los conceptos derivados de la relación laboral que supuestamente existió entre los trabajadores reclamantes y la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, ya que la actividad comercial que dichas empresas realizan no es inherente, ni conexa con las actividades que realiza la Industria Petrolera Nacional.
Luego de haber analizado los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por ambas parte tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación, esta superioridad pasa a establecer los hechos controvertidos relacionados con la presente causa, para distribuir luego la carga de la prueba, en consecuencia:
HECHOS CONTROVERTIDOS.
En vista de la contestación de la demanda realizada por la empresa demandada el hecho controvertido en la presente causa se centra en determinar si efectivamente existe la figura conocida como intermediación entre la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS como patrono intermediario y la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. como patrono beneficiario; si la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. tiene responsabilidad solidaria para el pago de las prestaciones sociales que le pudieran corresponder a los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G.; y si efectivamente, le corresponde o no a los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. las suma de dinero reclamadas por prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Visto lo expuesto anteriormente, mediante el cual se fijó los límites de la controversia, corresponde seguidamente determinar la carga de la prueba de los hechos controvertidos, en consecuencia y en virtud de lo establecido en el artículo 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, corresponde a los actores demostrar que existe la figura conocida como intermediación entre la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS como patrono intermediario y la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. como patrono beneficiario, y que la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. tiene responsabilidad solidaria para el pago de las prestaciones sociales que le pudieran corresponder a los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G..
PUNTO PREVIO
DE LA FALTA DE CUALIDAD E INTERES
La parte demandada PDVSA PETRÓLEO S.A., alegó en su escrito de contestación de la demanda la falta de cualidad para ser llamado a juicio por cuanto no se cumplen con los preceptos establecidos en los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, en cuanto a la solidaridad, ya que, la actividad principal de la demandada principal ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS no es la misma a la que se dedica PDVSA PETRÓLEO S.A.
En tal sentido quien juzga debe señalar que la cualidad o interés para obrar en juicio se refiere al motivo jurídico particular que induce al demandante a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, a fin de que mediante sentencia resuelva sobre las pretensiones invocadas en la demanda; al demandado, a contradecir esas pretensiones si no se halla conforme con ellas, y a los terceros, a que intervengan luego en el juicio a coadyuvar las pretensiones de aquel o de éste, es decir, debe ser un interés jurídico serio y actual.
La cualidad procesal para obrar y para contradecir surge cuando se verifica en concreto el voluntario incumplimiento del derecho que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no podrá ser ya obtenida sin recurrir a la autoridad judicial, esto es, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable la puesta en marcha de la garantía jurisdiccional; pero también puede nacer el interés, sin que haya incumplimiento, por falta de certeza del derecho, la cual tiene la acción mero declarativa, o también puede surgir en los casos de derechos indisponibles, en los cuales es indispensable un fallo judicial para obtener la cesación o la modificación del estado o relación jurídica; en otras palabras, el interés procesal, en su diversas configuraciones, surge solamente cuando el fin que el solicitante se propone conseguir con la acción o pretensión, no puede ser obtenido sino mediante una providencia del juez, esto es, cuando el recurso a la autoridad judicial se presenta como necesario.
Así las cosas nuestro ordenamiento jurídico laboral venezolano contempla la solidaridad laboral entre diferentes patronos en varias figuras, a saber: 1). En los casos de Sustitución Patronal (artículo 90 L.O.T.), en donde el patrono sustituido es solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de la ley o de los contratos, nacidas antes de la sustitución, hasta por el término de UN (01) año: 2). La que se genera entre el intermediario y el beneficiario (artículo 54 L.O.T.), en los casos en que el primero de los nombrados haya sido expresamente para contratar personal o el beneficiario recibiere la obra ejecutada; 3). Entre las Empresas contratistas y el dueño de la obra o beneficiario del servicio (artículo 55 y siguientes L.O.T.), siempre y cuanto las labores ejecutadas por el contratista sean inherentes y/o conexos con las actividades ejecutadas por el beneficiario; y 4). Entre los patronos que integran un Grupo de Empresas (artículo 22 R.L.O.T.), en los casos en que se encontraren sometidos a una administración o control común y constituyan una unidad económica de carácter permanente.
Ahora bien, en la presente causa los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demandaron en forma solidaria a la firma de comercio PDVSA PETRÓLEO S.A., fundamentado en el hecho de que supuestamente su ex patrono principal ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS se desempeñaba como intermediaria de la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., en un inmueble de su propiedad, por lo que al tenor de lo previsto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo el presunto patrono beneficiario, a saber PDVSA PETRÓLEO S.A., debe responder en forma solidaria por las acreencias laborales adquiridas por la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS. En tal sentido, en virtud de la forma en que fue reclamada la responsabilidad solidaria de la firma de comercio PDVSA PETRÓLEO S.A., resulta a todas luces improcedente la falta de cualidad e interés aducida por la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., en su escrito de promoción de pruebas. ASÍ SE DECIDE.-
Ahora bien, una vez desechada la defensa de fondo relativa a la falta de cualidad e interés alegada por la parte demandada PDVSA PETRÓLEO S.A., quien juzga pasa a valorar las pruebas promovidas por ambas partes en ejercicio de su derecho procesal subjetivo, en consecuencia:
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
• Promovió original de documento denominado “Comunicación” emanada de la abogada L.H.D. dirigida al Gerente de Recursos Humanos de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., ciudadano F.E.d. fecha 06 de julio de 2005. Con respecto a este medio de prueba, la representación judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, impugnó la misma por ser copia fotostática, en tal sentido es de observar que la parte promovente no ratificó válidamente la documental promovida, en consecuencia quien juzga decide desecharla por no tener la convicción o certeza suficiente capaz de sostener su pretensión y por ende, carece de valor probatorio alguno. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copias fotostáticas de documentos relacionados con “Acta de Inspección” de fecha 21 de febrero de 2003 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el municipio Cabimas del estado Zulia. Sobre tal medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Sin embargo, la representación judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, no obstante quien juzga decide desecharla y no otorgarle valor probatorio alguno por considerar que en dicha prueba el Supervisor del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial Ingeniero MERVIS VEGAS en cu condición de funcionario de la Unidad de Supervisión del Ministerio del Trabajo con sede en la Ciudad de Cabimas, dejo constancia de una serie de hechos y afirmaciones señalados única y exclusivamente por el mismo personal docente, administrativo y obrero de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, entre los cuales se encuentran los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., sin haber constatado personalmente o con auxilio de otros medios la veracidad de la información suministrada por los ex trabajadores cesanteados, en consecuencia esta Alzada decide desecharla y no otorgarle valor probatorio alguno por considerar que la información dada por los funcionario no pudo se constatada v.A.S. DECIDE.-
• Promovió copias fotostáticas simples de: a) Acta de Inspección Nro. 0722-03 de fecha 06 de febrero de 2003 levantada por el Ministerio del Trabajo, Inspectoría del Trabajo, Unidad de Supervisión, con sede en la Ciudad de Cabimas; b) C.d.P. de fecha 05 de marzo de 1980, emitida por el ciudadano D.P.L.; c) Acta Constitutiva de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, protocolizada por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Bolívar, Estado Zulia; d) Nomina del Personal Directivo, Técnico y Docente, de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; e) Control de Asistencia del Personal de Apoyo de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; f) Acta de fecha 16 y 17 de enero de 2003; g) Lista de Personal adscrito a la Seccional Nro. 01 de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; h) Orden del día correspondiente al Preescolar, Niveles I, II y II de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS y Control de Clases correspondientes a los Grados 1er., 2do., 3ero., 4to., 5to., 6to., 7mo, 8vo, 9no, secciones A y B de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS. Con respecto a este medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Sin embargo, en ese mismo acto, la representación judicial de las ciudadanas L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, por lo que su oponente, la reconoció en todas y cada una de sus partes, haciéndole la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada. Así las cosas esta Alzada decide otorgarle valor probatorio al Acta de Inspección Nro. 0722-03, pudiendo verificar de su registro y análisis, que la T.S.U. D.M. funcionaria de la Unidad de Supervisión del Ministerio del Trabajo con sede en la Ciudad de Cabimas, dejó constancia de una serie de hechos a través de la percepción directa de los hechos observados en el lugar de la inspección y la documentación que le fue presentada y por los dichos expuestos por un grupo de personas entrevistados, integrado por el personal docente, administrativo y obrero de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, en tal sentido esta Alzada decide otorgarle valor probatorio sólo a aquellos hechos constatados por la funcionaria a través de la documentación que fue presentada, quedando demostrado que la planta física o estructura de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS son propiedad de la firma de comercio PDVSA PETRÓLEO S.A.; que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS cancela o cancelaba los salarios a sus trabajadores en virtud de los ingresos provenientes de los representantes de sus alumnos pertenecientes de la nómina mayor y ejecutiva de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., quienes cancelaban el 5,87% de la mensualidad y el restante 94,13% lo cancelaba la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., como subsidio; los pertenecientes a la nómina contractual a quienes PDVSA PETRÓLEO S.A., le subsidiaba el 50% de la mensualidad y el otro 50% lo cancelaban los representantes; y que existen además ingresos por alumnos representados por particulares que no laboran para PDVSA PETRÓLEO S.A., así como también que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS era la que emitía los Recibos de Pago de sus trabajadores, y era la que efectuaba las deducciones monetarias por concepto de Seguro Social, Paro Forzoso y Ley de Política Habitacional, y en algunos casos cancelaba un Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad privado contratado con una compañía de seguro específica. Con respecto al Acta Constitutiva de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, esta Alzada decide otorgarle valor probatorio quedando demostrado de su contenido que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, era o es una asociación civil sin fines de lucro debidamente constituida y registrada, con personalidad jurídica propia conforme a la ley y con capacidad plena para realizar todos los actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, el cual era la de promover la educación general y especial, impartir enseñanza a nivel de educación primaria y secundaria en un todo, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia, valiéndose para ello de los aportes que con tal fin efectúen sus miembros, de los donativos que reciba y de los pagos que le efectúen por concepto de la instrucción impartida; que la sociedad era administrada por una Junta Directiva constituida por SIETE (07) miembros principales y TRES (03) suplentes, conformada por las siguientes personas: R.C. como Presidente, F.P. como Vice-Presidente, M.N. como Tesorero, H.D. como Secretario, A.A. como Primer Vocal, J.V. como Segundo Vocal, A.V.G. como Tercer Vocal, G.I. como Suplente del Presidente, J.F. como Suplente del Vice-Presidente, L.M. como Suplente del Tesorero, P.A. como Suplente del Secretario, H.D. como Suplente del Primer Vocal, G.P., como Suplente del Segundo Vocal y M.G. como Suplente del Tercer Vocal; quienes actuaban como personas naturales y no como representantes de persona jurídica alguna. En cuanto al Acta de Visita de fecha 16 de enero de 2003 y 17 de enero de 2003, quien juzga debe señalar que a pesar de constituir copia simple de documento administrativo el cual goza de la presunción de veracidad en virtud del órgano del cual emana, de su contenido no se evidencia circunstancia claras que ayuden a dilucidar los hechos controvertidos relacionados con la presente, en consecuencia esta Alzada decide desecharla y no otorgarle valor probatorio. En cuanto a la Nómina del Personal Directivo, Técnico y Docente, de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; Control de Asistencia del Personal de Apoyo de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, Lista de Personal adscrito a la Seccional Nro. 01 de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; Orden del día correspondiente al Preescolar, Niveles I, II y III de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS y Control de Clases correspondientes a los Grados 1er., 2do., 3ero., 4to., 5to. y 6to., 7mo., 8vo., 9no., secciones A y B de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, esta Alzada decide otorgarle valor probatorio quedando demostrado el control administrativo y del personal realizado por la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copias fotostáticas simples de Carteles de Notificación publicados en los diarios “La Verdad” y “El Regional”. Con respecto a este medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Sin embargo, en ese mismo acto, la representación judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, por lo que su oponente, la reconoció en todas y cada una de sus partes, haciéndole la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada, y en ese sentido, son apreciadas y le otorga el valor jurídico que de ella dimanan, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo quedando demostrado que la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. informó a través de publicación en prensa, la participación a la comunidad de padres y representantes de las escuelas propias y asociadas a esta última, sobre la reactivación de todos los planteles vinculados a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., por Resolución acordada con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y donde anuncian que los estudiantes y profesores del INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS ubicados en la unidad educativa A.E. retornarían a su plantel de origen. De este medio de prueba se puede observar también que la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., a los fines de cumplir con su obligación contractual y legal de suministrar educación a los hijos de sus trabajadores, disponía de Escuelas propias y Escuelas asociadas, que las actividades docentes se reiniciarían el día miércoles 05 de marzo de 2003, en todos los centros educativos de PDVSA Occidente y que los alumnos y docentes de la Unidad Educativa “Campo Verde” continuarían asignados temporalmente en la escuela “Carracciolo Parra León”, mientras que los estudiantes y profesores del Instituto “Lagunillas” que estaban ubicados en el “Antonio Esteller” retornarían a su plantel de origen. ASÍ SE ESTABLECE.-
• Promovió copias fotostáticas simples de: a) Informe de Actuación de fecha 01 de octubre de 2003, efectuado por la ciudadana D.M., en su carácter de Supervisora del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial; b) Nóminas del Personal Directivo, Técnico, Docente, Administrativo y Obrero de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS; y c) Acta suscrita por alguno de los padres y representantes de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS. En cuanto a esta promoción la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Sin embargo, en ese mismo acto, la representación judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, por lo que su oponente, la reconoció en todas y cada una de sus partes, haciéndole la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada, y en ese sentido. En cuanto a este alegato quien juzga debe señalar que el Informe de Actuaciones constituye copia simple de documento administrativos en virtud del órgano del cual emanan, en consecuencia a fin de restarle valor probatorio no basta sólo que la parte contraria las impugne, en virtud de lo cual la parte contraria debía atacar su valor probatorio consignando algún elemento de convicción capaz de demostrar que los hechos establecidos en las documentales consignadas resultan contrarios a la realidad de los hechos; no obstante esta Alzada decide desecharlo y no otorgarle valor probatorio alguno en virtud que del mismo no se pudo establecer ningún hecho o circunstancias que contribuya a la solución de la presente controversia laboral, en virtud de que solamente se desprende que las instalaciones de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS se encontraban cerradas por un supuesto cierre técnico por baja matrícula, que para ese momento habían ciertos trabajadores con fueron maternal, etc., hechos estos que en modo alguno permiten a esta Juzgadora establecer la procedencia o no de la Intermediación Laboral aducida por los actores. En cuanto a las Nóminas del Personal Directivo, Técnico, Docente, Administrativo y Obrero de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS quien juzga decide otorgarle valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo quedando demostrado que la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS tenía el control de la asistencia del personal directivo, técnico, docente, administrativo y obrero de la asociación. Con respecto al Acta suscrita por alguno de los padres y representantes de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, quien decide debe señalar que de la misma no se evidencia circunstancias claras que ayuden a dilucidar los hechos controvertidos, en consecuencia quien juzga en virtud de la sana critica establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo decide desecharla y no otorgarle valor probatorio alguno. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copia fotostática simple de Acta Estatutaria de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, protocolizada por ante la Oficina Subalterna de los Registro de los Municipios S.R., Cabimas y S.B.d.E.Z.. En cuanto a esta promoción la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Por otra parte, en ese mismo acto, la representación judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, por lo que su oponente, la reconoció en todas y cada una de sus partes, haciendo la observación que con ella no se demostraba a intermediación invocada en este proceso, en consecuencia quien juzga decide otorgarle valor probatorio en virtud de lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo quedando demostrado que en fecha 27 de diciembre de 1979 se registró una asociación sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia denominada INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios S.R., Cabimas y S.B.d.E.Z., cuyo objeto es promover el desarrollo de la educación general y en especial impartir enseñanza a nivel de educación primaria y secundaria de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia; que tiene por domicilio el municipio Lagunillas del estado Zulia y tendrá una duración de veinticinco (25) años prorrogables por decisión de la asamblea; que la Asamblea General convocada y constituida conforme al Acta Constitutiva representa la voluntad soberana de la asociación, que el Presidente o quien haga sus veces, así como el Secretario y el Tesorero constituyen una Comisión Ejecutiva Permanente y tienen al igual que el Director del Instituto velar por la organización y funcionamiento de todos los asuntos rutinarios, y la Junta Directiva tiene amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la asociación, así como, disponer de sus bienes muebles e inmuebles, celebrar toda clase de contratos, celebrar y recibir donaciones de toda naturaleza, otorgar finiquitos y cauciones, abrir cuentas corrientes y bancarias y de depósito, entre otras actividades de administración, previa autorización de la asamblea; que el Presidente de la Junta Directiva es también de la Asociación, y es, el representante legal con las atribuciones que le delegue la Junta Directiva y lo que señale los estatutos; que la Junta Directiva está conformada por el Presidente, ciudadano R.C., como vicepresidente F.P., como tesorero el ciudadano M.N. y como Secretario el ciudadano H.D.. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copia fotostática simple de Convención Colectiva de Trabajo de la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A. (2002-2004). En cuanto a esta promoción quien juzga acoge el criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha: 18-05-2006, en el sentido de que la Convención tiene un carácter jurídico distinto al resto de los contratos y permite asimilarla a un acto normativo que debido a los requisitos que deben confluir para su formación y vigencia debe considerarse derechos y no simple hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegaciones y prueba que rigen para el resto de los hechos aducidos por las partes, por lo que esta alzada acoge el criterio asumido por la Sala Social y lo asimila al presente caso, motivo por el cual al verificar que dicho medio de prueba no resulta un medio probatorio de ser valorado, esta alzada considera no otorgarle valor probatorio ya que debe ser apreciada como derecho y no como prueba, a fin de verificar el régimen normativo aplicable. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copia fotostática simple de Inspección Judicial de fecha 09 de octubre de 2003 efectuada por el Juzgado del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, folios Nros. 249 al 254. En cuanto a esta promoción la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral, pública y contradictoria, la impugnó por ser copias fotostáticas simples. Sin embargo, en ese mismo acto, la representación judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., demostró la certeza de las mismas mediante la presentación de sus originales, por lo que su oponente, la reconoció en todas y cada una de sus partes, haciéndole la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada, y en ese sentido, son apreciadas y le otorga el valor jurídico que de ella dimanan, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, 86 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Entre los puntos más importantes de este documento respecto al presente caso tenemos: Que los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., entre otras, representadas por la profesional del derecho NILSHY C.S. inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con la matrícula 40.719, solicitaron ante el Juzgado del Municipio Lagunillas de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Inspección Judicial en las instalaciones de la UNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS para constatar la operatividad de la misma, evidenciándose de su evacuación que se encuentran cerradas las aulas y demás departamentos inherentes de la actividad educativa; que no se observó personal docente, alumnos, padres o representantes, ni personal directivo que pudiera brindar información acerca de la asistencia del personal docente y de su permanencia en la referida unidad educativa. Sin embargo, este medio de prueba no es el idóneo para demostrar la ocurrencia de las alegaciones realizadas por los actores en su libelo de demanda. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copias simples de documento denominado “Autorización de Pagos” de fechas 15/10/97, 06/11/97, 08/12/97, 06/11/97, emitido por el INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS a la Institución Financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A. En cuanto a esta promoción la representación judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., en la oportunidad de llevarse a cabo la celebración de la audiencia de juicio oral y público, las impugnó por ser copias fotostáticas simples, en consecuencia es de observar que las documentales tal y como han sido promovidas no pueden ser oponibles a esta última toda vez que no son documentos privados emanados de ella ó de algún causante, tal como lo disponen los artículos 86 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo en concordancia con el artículo 1368 del Código Civil, siendo en consecuencia que estamos frente a documentos cuyo origen proviene de la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, donde consta la autorización dada a la institución financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A, para efectuar pagos por concepto de compra de materiales para el uso de sus alumnos (léase: gastos administrativos), en consecuencia esta Alzada decide otorgarle valor probatorio quedando demostrado que la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, autorizaba la institución financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A, para efectuar pagos por concepto de compra de materiales para el uso de sus alumnos. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copia simple de documento de compra venta realizada por la sociedad mercantil RIONERA C.A., a la sociedad mercantil MARAVEN S.A., autenticado ante el Juzgado del Municipio Lagunillas del Distrito Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 05 de febrero de 1980, quedando anotado bajo el No. 54, Tomo 2, de los libros de autenticaciones llevados por el mencionado órgano jurisdiccional. En relación a este medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada la reconoció haciendo la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada, en consecuencia esta Alzada decide desecharla y no otorgarle valor probatorio alguno en virtud que en dicha prueba sólo se demuestra la venta de mobiliarios pertenecientes a la sociedad mercantil RIONERA C.A., a la extinta sociedad mercantil MARAVEN S.A., para pagar las prestaciones sociales del personal docente y auxiliar y así facilitar la disolución del INSTITUTO LAGUNILLAS C.A., lo cual no incide en nada para la resolución del presente asunto, por tratarse de personas jurídicas totalmente diferentes, la primera, INSTITUTO LAGUNILLAS C.A., tiene un carácter mercantil, y la segunda, Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, un carácter meramente civil sin fines de lucro. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió PRUEBA INFORMATIVA a fin de que tribunal oficiara a la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A., con la finalidad de que informaran sobre los hechos litigiosos en esta causa. Admitida dicha prueba conforme ha lugar en derecho se libró el oficio correspondiente, en tal sentido la misma fue evacuada en el proceso mediante comunicación suscrita el día 26 de abril de 2007 donde informa que los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. tienen en esa Institución Financiera cuentas denominadas como de “fideicomiso” donde reciben pagos de rendimiento anualmente, pero no pudo confirmarse que fueran depositadas por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., siendo movilizadas por sus titulares sin intervención alguna de esta última, dándose el valor probatorio correspondiente. Posteriormente fue ratificada la solicitud en cuestión a la Vicepresidencia de Fideicomiso de dicha institución bancaria, obteniéndose nueva respuesta una vez que ya se había dictado sentencia definitiva en este asunto, en consecuencia debe tenerse como extemporánea por tardía, mas sin embargo, de ella se ratifica lo informado en la comunicación anterior, no aportando nada para la resolución de esta controversia. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió PRUEBA INFORMATIVA a fin de que tribunal oficiara la prueba de informes dirigida al BANCO PROVINCIAL, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A, con sede en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia. Con respecto a ésta prueba de informes la misma fue desistida del proceso por la abogada M.M. en su carácter de representante judicial de los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., según se evidencia del escrito que riela al folio 217 del expediente principal, por lo que no existe materia sobre la cual decidir. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió PRUEBA TESTIMONIAL de los ciudadanos TITO POPOVICCI, DANUTA DE POPOVICCI, H.V., I.L., M.J., A.Q., O.D.E., M.M.F., JUAN CAÑIZALEZ, YALINE DE CAÑIZALEZ, G.T., L.M., Y.S., E.F., F.C., LISBETH DE BRICEÑO, EMILVA MARCANO DE OBEDIENTE, IDALBA ARANGUREN, M.L.R.D.G., N.C.D.T., P.M., YUBELKIS G.D.H., G.R., X.A. y G.D.V.. Con relación a estas testimoniales juradas, este juzgador no tiene nada que valorar habida consideración que no fueron evacuadas en el proceso. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió PRUEBA DE EXHIBICIÓN a fin de que la parte demandada exhibiera: a) Original de documento denominado “Notificación y Autorización de Traslado” de fecha 07 de febrero de 2003 (cuya copia riela en el folio 263 del cuaderno de recaudo); b) Original de documento denominado “Formato de Información Sobre Inscripciones Escolares” periodo 2003-2004” de fecha julio 2003 (cuya copia riela en el folio 264 del cuaderno de recaudo); c) Original de los documentos denominados “Carta de Cobro Extrajudicial” de fecha 01 de junio de 2005 (cuya copia riela en el folio 265 del cuaderno de recaudo); d) Original de los documentos denominados “Comunicaciones Internas” de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.”, (cuya copia riela en el folio 266 al 270 del cuaderno de recaudo). Con respecto a las instrumentales promovidas para su exhibición, la representación judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., manifestó en la audiencia de juicio oral y público que se abstenía de exhibirlas por cuanto no emanaban de su representada y que podían ser elaborados a través de una computadora. En cuanto a estas pruebas quien juzga debe señalar específicamente del documento que riela al folio 263 se pudo constatar que aún cuando posee el nombre de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. no contienen el sello de la empresa intimada para su exhibición, lo que no crea la convicción a este Juzgador que efectivamente provenga de esa empresa, lo mismo ocurre con los documentos que rielan a los folios 264, 266 y 267, de los cuales se pudo constatar que aún cuando poseen el logo de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. no contienen la firma y el sello de la empresa intimada para su exhibición, lo que no crea la convicción a este Juzgador que efectivamente provenga de esa empresa, así como, de los documentos que rielan a los folios 266 al 270 que aún cuando contiene el logo de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., manifiestan expresamente que fueron diseñados por A.A. alumna del quinto grado del INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, por ultimo del documento que riela al folio 265 referido a la comunicación de fecha 01 de junio de 2005 aún cuando no fue exhibido el mismo está referido a un reclamo por concepto de prestaciones sociales en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. que en nada coadyuva para dirimir esta controversia; y en ese sentido, se desechan del proceso, habida consideración que no aportan nada para la solución del presente asunto. ASÍ SE DECIDE.-
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA PDVSA PETRÓLEO S.A:
• Los medios probatorios aportados al proceso por la parte demandada sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., fueron todos desechados del proceso mediante auto de fecha 16 de marzo de 2007, por lo que no tiene existe material probatorio que valorar. ASÍ SE DECIDE.-
PRUEBAS APORTADAS EN LA AUDIENCIA POR LA PARTE DEMANDANTE:
• Promovió copia certificada de Acta de Inspección No.0722-03 de fecha 06 de febrero de 2003 emanada de la Unidad de Supervisión de la Inspectoría del Trabajo del estado Zulia con sede en la ciudad de Cabimas. Sobre tal medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., la reconoció haciendo la observación que con ella no se demuestra la intermediación, y en ese sentido esta Alzada decide otorgarle valor probatorio, pudiendo verificar de su registro y análisis, que la T.S.U. D.M. funcionaria de la Unidad de Supervisión del Ministerio del Trabajo con sede en la Ciudad de Cabimas, dejó constancia de una serie de hechos a través de la percepción directa de los hechos observados en el lugar de la inspección y la documentación que le fue presentada y por los dichos expuestos por un grupo de personas entrevistados, integrado por el personal docente, administrativo y obrero de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, en tal sentido esta Alzada decide otorgarle valor probatorio sólo a aquellos hechos constatados por la funcionaria a través de la documentación que fue presentada, quedando demostrado que la planta física o estructura de la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS son propiedad de la firma de comercio PDVSA PETRÓLEO S.A.; que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS cancela o cancelaba los salarios a sus trabajadores en virtud de los ingresos provenientes de los representantes de sus alumnos pertenecientes de la nómina mayor y ejecutiva de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., quienes cancelaban el 5,87% de la mensualidad y el restante 94,13% lo cancelaba la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., como subsidio; los pertenecientes a la nómina contractual a quienes PDVSA PETRÓLEO S.A., le subsidiaba el 50% de la mensualidad y el otro 50% lo cancelaban los representantes; y que existen además ingresos por alumnos representados por particulares que no laboran para PDVSA PETRÓLEO S.A.; así como también que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS era la que emitía los Recibos de Pago de sus trabajadores, y era la que efectuaba las deducciones monetarias por concepto de Seguro Social, Paro Forzoso y Ley de Política Habitacional, y en algunos casos cancelaba un Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad privado contratado con una compañía de seguro específica. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió copia certificada expedida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS y de documento de compra venta realizada por la sociedad mercantil RIONERA C.A., a la sociedad mercantil MARAVEN S.A., según documento debidamente autenticado ante el Juzgado del Municipio Lagunillas del Distrito Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 05 de febrero de 1980, quedando anotado bajo el No. 54, Tomo 2, de los libros de autenticaciones llevados por el mencionado órgano jurisdiccional. Sobre tal medio de prueba, la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., la reconoció haciendo la observación que con ella no se demostraba la intermediación invocada, y en ese sentido, son apreciadas y le otorga el valor jurídico quedando demostrado que en fecha 27 de diciembre de 1979 se registró una asociación sin fines de lucro y con personalidad jurídica propia denominada INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS ante la Oficina Subalterna de Registro de los Municipios S.R., Cabimas y S.B.d.E.Z., cuyo objeto es promover el desarrollo de la educación general y en especial impartir enseñanza a nivel de educación primaria y secundaria de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia; que tiene por domicilio el municipio Lagunillas del estado Zulia y tendrá una duración de veinticinco (25) años prorrogables por decisión de la asamblea; que la Asamblea General convocada y constituida conforme al Acta Constitutiva representa la voluntad soberana de la asociación, que el Presidente o quien haga sus veces, así como el Secretario y el Tesorero constituyen una Comisión Ejecutiva Permanente y tienen al igual que el Director del Instituto velar por la organización y funcionamiento de todos los asuntos rutinarios, y la Junta Directiva tiene amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la asociación, así como, disponer de sus bienes muebles e inmuebles, celebrar toda clase de contratos, celebrar y recibir donaciones de toda naturaleza, otorgar finiquitos y cauciones, abrir cuentas corrientes y bancarias y de depósito, entre otras actividades de administración, previa autorización de la asamblea; que el Presidente de la Junta Directiva es también de la Asociación, y es, el representante legal con las atribuciones que le delegue la Junta Directiva y lo que señale los estatutos; que la Junta Directiva está conformada por el Presidente, ciudadano R.C., como vicepresidente F.P., como tesorero el ciudadano M.N. y como Secretario el ciudadano H.D.. En relación al segundo documento, la misma se trata de una venta de mobiliarios pertenecientes a la sociedad mercantil RIONERA C.A., a la extinta sociedad mercantil MARAVEN S.A., para pagar las prestaciones sociales del personal docente y auxiliar y así facilitar la disolución del INSTITUTO LAGUNILLAS C.A., lo cual trae como consecuencia jurídica que no incide en nada para la resolución del presente asunto, por tratarse de personas jurídicas totalmente diferentes, la primera, INSTITUTO LAGUNILLAS C.A., tiene un carácter mercantil, y la segunda, Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, un carácter meramente civil sin fines de lucro. ASÍ SE DECIDE.-
• Promovió documento Constitutivo de la Asociación de Carácter Privado INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, autenticado ante el extinto Juzgado del Municipio Lagunillas del Distrito B.d.E.Z. el día 27 de noviembre de 1979 y posteriormente registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio S.R.d.D.B.d.E.Z., en fecha 17 de diciembre de 1979, quedando anotado bajo el No. 34, Tomo 8, de los libros respectivos. Con respeto a esta documental la representación judicial de la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., las reconoció en todas y cada una de sus partes, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se le concede todo el valor y eficacia probatoria, demostrándose que las sociedades mercantiles MARAVEN S.A., y MENEVEN, ambas filiales de PETRÓLEOS DE VENEZUELA S.A., son los socios fundacionales de la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, siendo esta representada como Presidente al ciudadano R.C. y como Vicepresidente al ciudadano F.P.. ASÍ SE DECIDE.-
PRUEBAS APORTADAS EN LA AUDIENCIA POR LA PARTE DEMANDADA:
• Promovió copia certificada de: a) Sentencia proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 15 de enero de 2008 constante de setenta y cuatro (74) folios útiles; b) Copia simple de sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; c) Copia simple de sentencia proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de febrero de 2006 con ponencia del magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO caso PROPERO M.P.. En cuanto a esta promoción quien juzga debe señalar que las mismas se tratan de unas copias certificadas de sentencia, verificándose de su contenido que las mismas constituyen sólo un criterio establecido por el por el el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y por el Tribunal Supremo de Justicia el cual esta Alzada decidirá si acogerá o no en la parte motiva de la presente causa. ASÍ SE DECIDE.-
Una vez valoradas todas las pruebas promovidas por ambas partes en ejercicio de su derecho procesal subjetivo, quien juzga debe señalar que tal como se estableció en líneas anteriores los hechos controvertidos en la presente causa se centraron de determinar si efectivamente existe la figura conocida como intermediación entre la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS como patrono intermediario y la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. como patrono beneficiario; si la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. tiene responsabilidad solidaria para el pago de las prestaciones sociales que le pudieran corresponder a las ciudadanas L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G.; y si efectivamente, le corresponde o no a las ciudadanas L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. las suma de dinero reclamadas por prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
De acuerdo a este orden de ideas se impone esta Alzada establecer algunas consideraciones generales en cuanto al caso de autos:
La Ley Orgánica del Trabajo define en su artículo 54 la figura del Intermediario de la siguiente manera: “A los efectos de esta Ley se entiende por intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o más trabajadores. El intermediario será responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la Ley y de los contratos; y el beneficiario responderá además, solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados directamente por el patrono beneficiario.”
En este mismo orden de ideas una parte de la doctrina patria (Guzmán) señala que el viejo término Intermediario (al que se refiere la doctrina y la mayoría de las leyes suramericanas), es un mandatario con representación del patrono, a quien transmite los efectos del contrato que, en su nombre, celebra con los trabajadores. El patrono, que es quien dirige, organiza, controla y utiliza el trabajo de los empleados u obreros contratados por el Intermediario, es el beneficiario de la labor ejecutada, es decir, el verdadero Intermediario contrata, pero carece del poder jurídico para intervenir en la relación de trabajo que su gestión origina y mucho menos, para modificarla, prorrogarla o extinguirla. Tampoco trabaja en forma subordinada y conjunta con los trabajadores por él contratados, ya que, en tal caso, él mismo devendría trabajador.
De esta manera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo, debemos entender que para que opere la intermediación se requiere el cumplimiento de varios extremos, como son, que el intermediario actúe en su propio nombre pero en beneficio de otro, siendo el intermediario el responsable de la satisfacción de los derechos de los trabajadores, extendiéndose dicha responsabilidad al beneficiario, si éste autorizó expresamente al intermediario para que contratara al trabajador o si el beneficiario hubiese recibido la obra ejecutada
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo de fecha 21 de febrero de 2006, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena Cordero, sentó:
Ahora bien, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra la figura de la intermediación laboral, en los siguientes términos:
A los efectos de esta Ley se entiende por intermediario la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utilice los servicios de uno o más trabajadores.
El intermediario será responsable de las obligaciones que a favor de esos trabajadores se derivan de la Ley y de los contratos; y el beneficiario responderá además, solidariamente con el intermediario, cuando le hubiere autorizado expresamente para ello o recibiere la obra ejecutada. Los trabajadores contratados por intermediarios disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan a los trabajadores contratados directamente por el patrono beneficiario.
Nótese que la situación contenida en la precedente norma transcrita se funda en la persona que en nombre propio y en beneficio de otra utiliza los servicios de uno o más trabajadores, ya que en tal supuesto, el sujeto identificado como intermediario es precisamente el patrono, y en nada interesa la relación material de éste con el beneficiario sino a los fines de establecer la responsabilidad que devendrá por el empleo de tales trabajadores, cuando hubiere autorización para ello.
Así mismo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 94 prevé:
La ley determinará la responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio mediante intermediarios o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El estado establecerá a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral
De las normas constitucionales y legales anteriormente trascritas se desprende meridianamente la responsabilidad de aquel en cuyo beneficio se contrata un trabajador, así pues en el caso de auto los ex trabajadores accionantes ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., manifestaron en su escrito libelar que su Patrono Intermediario lo constituía la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, y que el beneficio de su labor era la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.
En tal sentido a fin de determinar si realmente la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A. era el patrono beneficio de los ex trabajadores reclamantes, se hace necesario señalar que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A. y los Sindicatos FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS y SINUPETROL, dispone que la Industria Petrolera Nacional se encuentra en la obligación legal de suministrar educación a los familiares de sus trabajadores amparados por dicho texto legal (Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor), en tal sentido la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., garantiza a los hijos, sobrinos y nietos de sus trabajadores pertenecientes a la Nómina Diaria y Mensual Menor, el derecho a la Educación contemplado en el artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Según consta en el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales, la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, es una asociación civil sin fines de lucro debidamente constituida y registrada por ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, fundada por los ciudadanos R.C. y F.P., como personas naturales, debidamente autorizados para ello por las Empresas en las cuales prestaban sus servicios personales (MARAVEN S.A. y MENEVEN S.A.), con personalidad jurídica propia conforme a la ley y con capacidad plena para realizar todos los actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, el cual era la de promover la educación general y especial, impartir enseñanza a nivel de educación primaria y secundaria en un todo, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia, valiéndose para ello de los aportes que con tal fin efectúen sus miembros, de los donativos que reciba y de los pagos que le efectúen por concepto de la instrucción impartida; siendo administrada por una Junta Directiva constituida por SIETE (07) miembros principales y TRES (03) suplentes, conformada por las siguientes personas: R.C. como Presidente, F.P. como Vice-Presidente, M.N. como Tesorero, H.D. como Secretario, A.A. como Primer Vocal, J.V. como Segundo Vocal, A.V.G. como Tercer Vocal, G.I. como Suplente del Presidente, J.F. como Suplente del Vice-Presidente, L.M. como Suplente del Tesorero, P.A. como Suplente del Secretario, H.D. como Suplente del Primer Vocal, G.P., como Suplente del Segundo Vocal y M.G. como Suplente del Tercer Vocal; quienes actuaban como personas naturales y no como representantes de persona jurídica alguna.
En consecuencia, del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, se observa que la misma era un Plantel Educativo Privado, que no solo atendía a hijos de los trabajadores de la Industria Petrolera Nacional pertenecientes a la Nómina Mayor, Ejecutiva y Contractual de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., sino que también impartía clases a los hijos de personas totalmente ajenas a PDVSA PETRÓLEO S.A., quienes debían cancelar el 100% de la matricula escolar, valiéndose para ello de los aportes que con tal fin efectúen sus miembros, de los donativo que reciba y de los pagos que le efectúen por concepto de la instrucción impartida.
En tal sentido pasa esta Alzada a analizar cada una a una las características propias de la figura del Intermediario a fin de determinar si en la presente causa existe o no la intermediación alegada por los actores en su libelo de demanda:
En primer lugar cuanto a la actuación de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS como patrono quedó demostrado del Acta de Inspección Nro. 0722-03, que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS cancela o cancelaba los salarios a sus trabajadores en virtud de los ingresos provenientes de los representantes de sus alumnos pertenecientes de la nómina mayor y ejecutiva de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., quienes cancelaban el 5,87% de la mensualidad y el restante 94,13% lo cancelaba la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., como subsidio; los pertenecientes a la nómina contractual a quienes PDVSA PETRÓLEO S.A., le subsidiaba el 50% de la mensualidad y el otro 50% lo cancelaban los representantes; y que existen además ingresos por alumnos representados por particulares que no laboran para PDVSA PETRÓLEO S.A.; así como también que la ASOCIACIÒN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS era la que emitía los Recibos de Pago de sus trabajadores, y era la que efectuaba las deducciones monetarias por concepto de Seguro Social, Paro Forzoso y Ley de Política Habitacional, y en algunos casos cancelaba un Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad privado contratado con una compañía de seguro específica.
En segundo lugar quedó demostrado que de las documentales denominadas “Autorización de Pago” emitido por el INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS a la Institución Financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A., que la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, autorizaba la institución financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL S.A.C.A, para efectuar pagos por concepto de compra de materiales para el uso de sus alumnos.
En tercer lugar en cuanto a la administración de la Asociación quedó demostrado de los Estatutos Sociales de la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS que la Asamblea General convocada y constituida conforme al Acta Constitutiva representa la voluntad soberana de la asociación, que el Presidente o quien haga sus veces, así como el Secretario y el Tesorero constituyen una Comisión Ejecutiva Permanente y tienen al igual que el Director del Instituto velar por la organización y funcionamiento de todos los asuntos rutinarios, y la Junta Directiva tiene amplias facultades para administrar y dirigir los negocios de la asociación, así como, disponer de sus bienes muebles e inmuebles, celebrar toda clase de contratos, celebrar y recibir donaciones de toda naturaleza, otorgar finiquitos y cauciones, abrir cuentas corrientes y bancarias y de depósito, entre otras actividades de administración, previa autorización de la asamblea.
De modo que concluye quien juzga señalar que en la presente causa quedó demostrado que la Empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., no tenía ningún control directo o indirecto sobre las actividades de la asociación; que la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS dependía de los aportes que efectuaban sus miembros, de los donativos que reciba y de los pagos que le efectúen por concepto de la instrucción impartida, no existiendo prueba alguna que demuestre que esos donativos y pagos fueran efectuados por la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A. sino que la Industria Petrolera solamente subsidiaba una parte de las matriculas escolares de los hijos de trabajadores,a saber: 94,13% (Nómina Mayor y Ejecutiva) y el 50% (Nómina Contractual).
Así pues, esta Alzada concluye que la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, no fungía como un mero intermediario, sino que actuaba como un verdadero patrono, por cuanto dirigía, organizaba y controlaba la administración de la asociación, independiente de la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., realizando incluso el pago directo de los trabajadores; existiendo en consecuencia un beneficio directo a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS por la labor educacional brindada.
De hay pues que en la presente causa no se configura el requisito principal para declarar la intermediación, es decir, o se evidencia de la actas procesales que la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. fuera el beneficiario de la labor prestada por la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS, más aún cuando del Acta Constitutiva de la Asociación se evidencia que su objeto social era el de promover la educación general y especial, impartir enseñanza a nivel de educación primaria y secundaria en un todo, de acuerdo con las disposiciones legales que rigen la materia, objeto social éste que no vincula en modo alguno con el objeto social de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A., el cual es la exploración, producción, manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección ambiental.
Así mismo considera oportuno esta Alzada señalar que no se evidencia que la sociedad mercantil PDVSA, PETRÓLEO S.A., hubiese tomado los beneficios de la obra ejecutada, habida consideración que ellos fueron recibidos por los hijos de los trabajadores de la Industria Petrolera Nacional y los hijos de personas totalmente ajenas a ella, como son los de la comunidad de la población de Lagunillas, estado Zulia y sus adyacencias, lo que trae como consecuencia que la Asociación Civil INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS actuaba para sus propios intereses como unidad educativa.
De allí pues, esta Alzada debe señalar que en la presente causa no se encuentran presentes los extremos exigidos de ley para considerarse que entre la ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO EDUCACIONAL LAGUNILLAS fungía como mero intermediario de la empresa PDVSA PETRÓLEO S.A., por lo que se impone DESESTIMAR la acción incoada por los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G. en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. ASÍ SE DECIDE.-
En consecuencia por todos los razonamientos antes expuestos, esta Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la Ciudad de Cabimas declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante recurrente en contra de la sentencia de fecha: 14 de Febrero de 2008 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas. SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A. CONFIRMANDO en consecuencia el fallo apelado. ASÍ SE DECIDE.-
Cabe advertir que en el dispositivo del fallo dictado en fecha cinco (05) de junio de 2008 por error involuntario propio del quehacer humano se obvio ordenar la notificación del Procuraduría General de la República, en consecuencia téngase ampliado el dispositivo del fallo en los siguientes términos:
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Cabimas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante recurrente en contra de la sentencia de fecha: 14 de Febrero de 2008 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas.
SIN LUGAR la demanda incoada por las ciudadanas L.M.Z.V., M.A.M. y L.A.C.G., en contra de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO S.A.
SE CONFIRMA el fallo apelado.
NO HAY CONDENA EN COSTAS a la parte demandante recurrente en virtud de lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
SE ORDENA la notificación del Procurador General de la República del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo todo conformidad con lo establecido en el numeral 3 del articulo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Dada, firmada y sellada en Cabimas, a los doce (12) días del mes de junio de Dos Mil Ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.-
Abg. YACQUELINNE S.F.
JUEZA SUPERIOR DEL TRABAJO
Abg. D.G.A..
LA SECRETARIA JUDICIAL.
Siendo las 10:35 de la mañana la Secretaria Judicial adscrita a este Juzgado Superior del Trabajo deja expresa constancia que se dictó y publicó la presente decisión.
Abg. D.G.A..
LA SECRETARIA JUDICIAL.
ASUNTO: VP21-R-2008-000033.
Resolución Número: PJ0082008000124.-
