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La violencia como efecto colateral

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Vincent

Además de las riquezas minerales, el crimen y la inseguridad también abundan en Bolívar y ha sido inevitable que se les asocie con los conflictos de poder que se despertaron con la creación del Arco Minero.En 2017 la región ocupó el cuarto lugar entre los estados con más muertes por esa causa, de acuerdo con el último informe del Observatorio Venezolano de Violencia.El ex senador Alexander Luzardo se cuenta entre quienes consideran que el decreto ha sido un detonante de algunos de los violentos crímenes en los últimos años. Hay una asociación entre la necesidad humana, la explotación minera promovida por el gobierno y la constitución de grupos mafiosos y delictivos, como se ha evidenciado.Dos de los municipios de Bolívar estuvieron entre los diez más violentos del país el año pasado. El Callao ocupó el primer lugar con una tasa de 816 muertes por violencia por cada 100.000 habitantes, mientras que Roscio se situó en noveno lugar, con 306 fallecimientos por esa causa por cada 100.000 habitantes.El municipio Sifontes, cuya capital es Tumeremo, a pesar de no estar incluido en la lista de los 10 más violentos, también aparece en el informe del OVV con una tasa de 274 muertes por cada 100 mil habitantes.Expertos explican que esas locali dades, conocidas por la producción y el contrabando de minería, poseen desde hace años una estructura social y económica en la que los espacios están sitiados y manejados por bandas delictivas que se han hecho con el control del negocio minero.El diputado de Voluntad Popular por el estado Bolívar Francisco Sucre sostiene que esas mafias se han creado bajo el amparo de las propias fuerzas de seguridad del Estado: Nacieron gracias a acuerdos entre los grupos paramilitares y grupos corruptos de la policía del estado Bolívar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Técnica Judicial y la Fuerza Armada Nacional, y a cambio de grandes beneficios económicos.Eligio Rodríguez, coordinador re gional del OVV Bolívar, expone que originalmente el único que debía tener acceso a todos los espacios de explotación minera era el Estado. Sin embargo, la corrupción y el desentendimiento del gobierno regional condujo al esquema en el que se han impuesto esas estructuras al margen de la legalidad que generan grandes negocios, dice. El Estado no ha hecho grandes intervenciones para tratar de evitar la situación, sino que ha permitido esta perversión que puede ser catalogada como delincuencia organizada.Sucre asegura...

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