Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 13 de Febrero de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXP. Nº 05715.

Mediante escrito presentado en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil siete (2007) ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) y recibido por este Tribunal el día veintiuno (21) del mismo mes y año, la ciudadana V.C.R.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.235.345, debidamente asistida en este acto por la abogado M.C., inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.910, interpuso recurso contencioso administrativo funcionarial contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, dictada por el Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.. D.C.R., mediante la cual se removió del cargo de Abogado IV, Código de Cargo Nº 35.124, así como contra el Acto de Retiro Nº CR-651-6, de fecha 09 de abril de 2007, suscrito por el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, actuando bajo Delegación de Actos y firmas conforme Resolución Nº 0002, de fecha 02 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial Nº 0062, Extraordinario, de fecha 12 de enero de 2006.

En fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil siete (2007), de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Juzgado admitió la querella interpuesta cuanto ha lugar en derecho.

En fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil siete (2007), el Tribunal ordenó emplazar al Procurador General del Estado Miranda, de conformidad con el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Asimismo, se le solicitó la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Igualmente, se ordenó notificar al Gobernador del Estado Miranda.

Cumplidas las fases procesales y celebrada la audiencia definitiva en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil ocho (2008), la causa entró en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa por exigirlo así el artículo 108 eiusdem.

I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con fundamento a los argumentos presentados por la accionante, pasa de seguida este Juzgado a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, en tal sentido observa que el objeto de la presente querella es obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución Nº 18-122, de fecha 08 de febrero de 2007, dictada por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Ing. D.C.R., en la que se le remueve del cargo de Abogado IV, Código de Cargo Nº 35.124, adscrita nominalmente a la Prefectura del Municipio Autónomo Sucre de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, y el Acto de Retiro Nº CR-651-6, de fecha 09 de abril de 2007, suscrito por el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, actuando bajo delegación de actos y firmas, conforme a Resolución Nº 0062, Extraordinario de fecha 12 de enero de 2006.

A tal efecto, comienza la querellante señalando que ingresó a la Gobernación del Estado Miranda, hoy Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda en fecha 16 de marzo de 1996, en el cargo de Abogado IV, adscrita a la Prefectura del Municipio Autónomo Sucre de la Gobernación del Estado Miranda. Continúa señalando, que en fecha 05 de marzo de 2007, se le hizo entrega del Oficio Nº CR-651, de fecha 23 de febrero de 2007, suscrito por el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, actuando en su condición de Director General de Administración de Recursos Humanos, conforme a la Resolución Nº 0002, de fecha 7 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial Nº 0001 Extraordinario de fecha 08 de noviembre de 2004, y delegación de actos y firmas según Resolución Nº 0002 de fecha 02 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial Nº 0062 Extraordinario de fecha 12 de enero de 2006, en el que se le notificaba de la Resolución Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, dictada por el Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.. D.C.R. y refrendada por el Secretario General de Gobierno Dr. A.M.G., donde se le participó que había sido removida de su cargo de Abogado IV, informándole que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 78, último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, se procedería a realizar la gestión reubicatoria en otros entes de la Administración Pública Regional, por lo que gozaría de un (1) mes de disponibilidad, siendo informada posteriormente que habían resultado infructuosas las gestiones para su reubicación y que se procedería a su retiro de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

Alega la querellante, que en fecha 28 de septiembre de 2006, fué publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Nº 0091 Extraordinario, el Decreto Nº 0626 de esa misma fecha suscrito por el Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.. D.C.R., mediante el cual se ordenó la reestructuración de la Dirección General de Política y Seguridad Pública y de la Dirección General de Participación Ciudadana, en virtud que las figuras de los Prefectos y Jefes Civiles no se adaptaban a la realidad social actual del país, por cuanto las mismas se encontraban en un estado de ineficacia a nivel operativo, en razón a las necesidades actuales de esa Entidad Regional, por lo que se acordó la reorganización administrativa y funcionarial de las mismas y se creó la Comisión de Reestructuración.

Continúa indicando la querellante, que de la lectura del Decreto Nº 0626, de las Actas de Sesiones del C.L.d.E.B. de Miranda; y del Proyecto de Reestructuración, se desprende que los procedimientos y estudios técnicos, no cubren los extremos legales que estipulan los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, violando normas contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública; en lo que respecta al resumen del expediente de cada funcionario que debe acompañarse a la solicitud de reducción de Personal, señala que en el procedimiento llevado por la Administración, se indica única y exclusivamente los números de cédula de identidad, apellidos y nombres, denominación del cargo, dependencia, unidad administrativa y fecha de ingreso, sin tomar en consideración la fecha de nacimiento de cada funcionario a los fines de determinar si es o no acreedor del beneficio de jubilación.

Aduce la parte actora, que el acto administrativo, que la remueve del cargo de Abogado IV, está viciado de nulidad absoluta por inmotivación, por cuanto no se evidencia que la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda haya precisado las causales en que se fundamentó para afectarla con la medida de remoción, ni señaló la norma jurídica en que se basó para dictarla, colocándola en una situación de indefensión.

Alega la querellante, el vicio de falso supuesto por cuanto en la Resolución Nº 18-122, de fecha 08 de febrero de 2007, cita un conjunto de normas con las que la Administración pretende atribuirse competencias para dictar el acto de remoción, pero que nada tienen que ver con el caso que nos ocupa, más grave aún, el pretender aplicar el artículo 76 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuando nunca en ningún momento ha sido llamada a ocupar cargos de Alto Nivel dentro de la Administración Pública, encontrándose el mismo viciado por “ERRONEA MOTIVACIÓN”, por no estar ajustado a derecho los fundamentos legales invocados por La Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Igualmente, alega la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, al no tener exactitud de la razón o causa que diera origen a la remoción, colocándola en una situación de indefensión.

En este mismo orden de ideas, continúa señalando que el Dr. A.M.G., en su carácter de Secretario General de Gobierno del Estado Bolivariano de Miranda, no debió refrendar su acto administrativo de remoción Nº 18-122, por haber participado previamente en el proceso de aprobación de la medida de reestructuración de la Dirección General de Política y Seguridad Pública; y de la Dirección General de Participación Ciudadana, cuando se desempeñaba como Secretario General del C.L.d.E.B. de Miranda, razón por la cual solicita su inhibición.

Igualmente, señala el vicio de notificación personal, por la incompetencia del órgano que la notificó de la Resolución Nº 18-122, de fecha 08 de febrero de 2006, a través de la cual se le removió del cargo de Abogado IV, por cuanto el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, sólo puede actuar en la medida que le es transferida la función, a los fines de la validez de los actos, resultando de manera clara que el ciudadano Gobernador del Estado Miranda, delegó fue la firma, más no la atribución de adoptar la decisión de retirar de la Administración Pública a los funcionarios de carrera, cuando habiéndose concedido el mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación, esta haya resultado infructuosa, ni se delegó la firma de notificar la remoción de los citados funcionarios de carrera, razón por la cual el Oficio Nº CR-651, de fecha 23 de febrero de 2007, suscrito por el antes identificado Director General de Administración de Recursos Humanos, quien actuó bajo la “delegación de Actos y firmas, según Resolución Nº 0002 de fecha 02 de enero de 2006,publicada en Gaceta Oficial Nº 0062, Extraordinario de fecha 12 de enero de 2006”, en el que se le notifica de la Resolución Nº 18-122, de fecha 08 de febrero de 2007, se encuentra viciado de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 19 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En lo que respecta al Acto Administrativo de Retiro, alega la incompetencia del órgano que lo dicto, por cuanto el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, actuó fuera del ámbito de su competencia, atribuyéndose facultades que no le fueron conferidas, en virtud que en el Contenido del Acto de Retiro, se observa que el Director General de Administración de Recursos Humanos, señala que actúa en ejercicio de “las atribuciones” que le confiere el numeral 5 del Decreto de Delegación de Firmas y Documentos Nº 0002, de fecha 02 de enero de 2006, conferido por el Ing D.C.R. en su carácter de Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, cuando lo cierto es que en el Decreto en cuestión, no se le están delegando atribuciones, sino única y exclusivamente, la firma de ciertos actos y documentos. Igualmente alega el vicio de inmotivación, ya que la administración se limita a señalar el artículo 78 último aparte de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que a su vez remite al numeral 5 eiusdem.

Por su parte la representación judicial del ente querellado, niegan, rechazan y contradicen todos y cada uno de los alegatos plasmados en la querella funcionarial, señalando que es improcedente la petición de nulidad de los Actos Administrativos recurridos, la solicitud de reincorporación de la querellante, el consecuente pago de los salarios dejados de percibir, así como, otros beneficios, remuneraciones especiales e indexación y cualquier otro que pretendiere.

Niegan, rechazan y contradicen lo alegado por la querellante en el Sentido de que el Acto Administrativo Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, dictado por el Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.. D.C.R., mediante el cual se removió del cargo de Abogado IV a la ciudadana V.C.R.G., adolezca de algún vicio, ya que la misma no establece claramente el supuesto vicio que afectaría al ya citado Acto Administrativo, por el contrario sólo manifiesta algunas supuestas diferencias genéricas sobre el mismo, al señalar una serie de alegatos, contradictorios, imprecisos y poco claros, para establecer que el Acto Administrativo Nº 18-122, estaría viciado, alegando en forma insólita que supuestamente no se cubrieron los extremos legales, tratándose de un argumento sin fundamento en virtud que la misma querellante hace una narrativa y descripción que evidencia que el proceso de reestructuración posterior remoción y retiro, estuvo totalmente ajustados a derecho, razón por la cual niegan, rechazan y contradicen el alegato de la querellante, por cuanto el procedimiento y los estudios técnicos efectuados cumplieron con lo dispuesto en los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, así como lo estipulado en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Asimismo, niegan, rechazan y contradicen, el alegato de la querellante al señalar que aunque en el Decreto de Reestructuración Nº 0626, publicado en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda, se indica que las figura de Prefectos y Jefes Civiles no se adaptan a la realidad social del país, siendo que en el mencionado informe, se constata que en el listado de cargos susceptibles a ser eliminados no se encuentran los de Prefectos y Jefes Civiles, expresando en forma clara y precisa que las Prefecturas y Jefaturas dejaron de tener eficacia y operatividad en virtud de que las competencias por mandato constitucional y legal perdieron la mayoría de sus competencias, siendo que el cargo de Abogado IV, si aparece señalado en el informe de reestructuración aprobado por el Órgano Legislativo, no correspondiendo lo alegado con su situación funcionarial personal, ya que no se está discutiendo si los cargos de Prefectos y Jefes Civiles fueron incluidos en el informe técnico o no, en vista de que lo que se esta atacando es el Acto Administrativo Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, mediante el cual se removió a la hoy querellante del cargo de Abogado IV, Código Nº. 35.124.

En este mismo orden de ideas, niegan, rechazan y contradicen la presunta falta de justificación de las razones para eliminar un grupo de cargos y no otros, así como la supuesta creación de esos mismos cargos, ya que la única obligación del Ente Administrativo es justificar porque se eliminaron específicamente los cargos detallados en el informe de reestructuración, siendo absurdo e insólito pretender colocar la carga a la Administración de justificar porqué cualquier otro cargo no entra en el proceso de reestructuración, por cuanto el ya tantas veces mencionado informe de reestructuración justifica plena y cabalmente las razones para la reorganización administrativa decretada y la consecuente reducción de personal. Así como, lo alegado por la actora en cuanto a la presunta remisión incorrecta del resumen del expediente de cada funcionario, siendo que cada ficha especificó la persona directamente afectada por la medida, haciendo un análisis completo, profundo y detallado de cada uno de los expedientes de las personas afectadas por el proceso de reestructuración.

Niegan, rechazan y contradicen el argumento de la parte querellante en el sentido de que en el Acto Administrativo de remoción antes identificado, no se precisaron las causales en que se fundamentó la Administración para la remoción, resultando evidente que el Ejecutivo Regional, fundamentó adecuadamente el mencionado Acto, razón por la cual no existe vicio de inmotivación, más aún cuando la jurisprudencia ha sido reiterada en afirmar que dicho vicio solo se configura cuando hay ausencia total y absoluta de las razones de hecho y de derecho que dieron lugar al Acto, siendo que en el presente caso abundan los fundamentos y bases legales para dictarlo.

Asimismo niegan, rechazan y contradicen el presunto vicio de falso supuesto en el Acto de Remoción, por cuanto la recurrente se contradice en sus alegatos, al establecer primeramente que no se le permitió conocer la norma jurídica que sirvió de base al acto invocando la inmotivación del mismo, y posteriormente afirma que hay errónea motivación en el acto, no identificando cual es el supuesto que le imputó la Administración para dictar dicho acto, solo se limita a indicar que se mencionó el artículo 76 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y que no tiene que ver con su caso particular.

En cuanto a la supuesta violación del derecho a la defensa y al debido proceso, la representación judicial del ente querellado, niegan, rechazan y contradice, lo alegado por la querellante en el sentido que, no se le respetó la estabilidad laboral que la amparaba como funcionario público de carrera violándose el debido proceso, ya que supuestamente no sabría la razón o causa que dio origen a su remoción, por cuanto la Administración cumplió con todos los actos y pasos establecidos en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, notificándole motivadamente a la actora, de su remoción y posterior retiro.

Asimismo niegan, rechazan y contradicen lo alegado por la querellante en lo referente al presunto supuesto de inhibición por parte del Secretario General de Gobierno, por cuanto se evidencia del Acta Nº 03 de fecha 05 de octubre de 2006 de Sesión del C.L.d.E.B. de Miranda, que el Secretario del C.L. no aprueba ninguno de los actos de ese ente, ni aprobó ninguno de los actos o acuerdos relacionados con el proceso de reestructuración en cuestión, ya que no estaban dentro de sus funciones como secretario, siendo que su participación en la misma tal y como lo expresa la propia querellante, se limitó a anunciar el quórum reglamentario y a suscribir el acta, además de recoger las votaciones y comunicar al Presidente del C.L. los resultados, entre otras, por lo tanto la participación del Secretario del Consejo no fue decisiva, razón por la cual, la actuación del actual Secretario General de Gobierno, no fue decisoria y no influyó en el Acto de aprobación de la medida de reestructuración, por lo que no habría ninguna razón ni fundamento para que se inhibiera, tal y como lo alega la querellante.

En cuanto al supuesto vicio en la notificación personal del acto de remoción, la representación judicial del ente querellado, niega, rechaza y contradice tal alegato, por cuanto la Resolución Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, emanada de la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda, notificación que se realizó por medio de oficio Nº CR-651-6 de fecha 23 de febrero de 2007, suscrito por el Lic. F.G.G., Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, se debe establecer que en el Artículo Cuarto de la Resolución Nº 18-122, el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda encargó a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos como una de las direcciones para darle cumplimiento a la misma, en segundo lugar mediante Resolución Nº 0009 de fecha 30 de mayo de 2005, dictada por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, se delegó al ciudadano antes mencionado, las firmas de ciertos actos y documentos, quedando plenamente facultado para notificar de los actos administrativos relacionados con el egreso de los funcionarios o trabajadores, por distintas causas entre las cuales se encuentra la remoción, tal y como lo indica el artículo 1, numeral 1º de la mencionada Resolución.

En cuanto a la presunta incompetencia del órgano que efectuó la notificación personal del Acto Administrativo de retiro Nº CR-651-6 de fecha 09 de abril de 2007, señala la representación judicial del ente querellado, que dicho retiro se efectuó con fundamento en la Resolución Nº 0002 de fecha 07 de noviembre de 2004, mediante la cual nombran al ciudadano F.G.G., en su carácter de Director General de Administración de Recursos Humanos, y en Resolución de Delegación de actos y firmas Nº 0002 del 02 de enero de 2006 Publicada en Gaceta Oficial Nº 0062 Extraordinario de fecha 12 de enero de 2006, mediante la cual se faculto al referido ciudadano para “retirar de la administración pública a los funcionarios de carrera, cuando habiéndose concedido el mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación haya resultado infructuosa”.

Por último, niegan, rechazan y contradicen la supuesta presencia del vicio de inmotivación en el acto administrativo, al indicar que la administración sólo se limitó a señalar el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y el artículo 88 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, siendo que el acto no sólo se fundamentó en las normas antes señaladas, sino que se hizo referencia expresa a cinco (05) gestiones reubicatorias con el nombre de las instituciones a las cuales fueron dirigidas, asimismo en el acto de retiro se hizo mención a que las mismas resultaron infructuosas, razón por la cual el acto de retiro si estuvo suficientemente motivado.

Ahora bien, visto los alegatos expuestos resulta necesario para este Juzgador, determinar bajo que supuesto se llevó a cabo la reducción de personal señalada en los actos administrativos impugnados, efectuada por la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, y si la misma se efectuó conforme a las normas que regulan la materia, y con base a ello establecer si los actos administrativos por medio del cual se decidió la remoción y retiro de la accionante se ajustan a derecho o no. Al efecto se observa:

El retiro de un funcionario público de carrera fundamentado en la reducción de personal es un procedimiento administrativo constitutivo integrado por una serie de actos, como por ejemplo la elaboración de informes que justifiquen tal actuación administrativa; opinión de la oficina técnica; presentación de la solicitud y su respectiva autorización y aprobación; y por último la remoción, pase a disponibilidad y posterior retiro del funcionario. Esto quiere decir, que aunque el Ejecutivo Estadal, Municipal, el C.M. o el Contralor Municipal en virtud de su autonomía administrativa, introduzcan modificaciones presupuestarias y financieras o acuerde la modificación de los servicios o cambios en la organización funcional del cuerpo administrativo, para que las decisiones administrativas dispongan el retiro de un funcionario del cargo que ocupaba, como consecuencia de un proceso de reducción de personal, sean válidas no pueden apoyarse únicamente en las autoridades legislativas o, en los decretos ejecutivos, sino que en cada caso debe cumplirse con el procedimiento establecido en los artículos 118 y 119 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa.

Igualmente considera este Tribunal, que es necesario individualizar el cargo o cargos a eliminar y los funcionarios que lo desempeñen, es decir, que el organismo esta en la obligación de señalar el porque ese cargo y no otro, es el que se va a eliminar, precisamente para evitar que la estabilidad especial a las formas funcionariales como derecho fundamental de los funcionarios públicos de carrera, se vea afectada por un listado que contenga simplemente los cargos a eliminar, sin ningún tipo de motivación, todo esto previendo que los requisitos de un proceso tan delicado y de consecuencias tan dramáticas para los funcionarios, puedan convertirse en meras formalidades.

Por otra parte y a tono con lo precedentemente expuesto, es preciso señalar que los Tribunales no conocen el mérito de las razones en que se fundamenta la reducción de personal, ya que esto solo le corresponde al ámbito interno de la política administrativa, es decir, no se emite opinión acerca de cual de las partidas la administración debió aplicar los reajustes presupuestarios para salvaguardar lo correspondiente al gasto del personal, o si es conveniente una reorganización administrativa, o en que forma debió reestructurarse un organismo público, a fin de no afectar la situación de los funcionarios.

El control realizado por los Juzgados Contenciosos Administrativos, se limita a la revisión de la legalidad de la reducción de personal, esto es, si en la misma se cumplieron o no los extremos exigidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública y en el Reglamento General de la Ley de Carrera Administra, por lo que en ningún momento se juzgan las razones de oportunidad, mérito y conveniencia involucradas en las causales en que se fundamentan la medida.

Siguiendo este orden de ideas, tenemos que la reducción de personal que afecta a un gran número de funcionarios debe cumplir con el mínimo sentido de motivación y justificación probatoria, siendo ello una limitación a la discrecionalidad del órgano o ente administrativo del que se trate, pues la distancia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad viene dada por la motivación o justificación de cualquier conducta, sobre todo si dicha conducta afecta los intereses legítimos de los administrados. En conclusión, para que la Administración lleve a cabo una reducción de personal, la misma deberá estar motivada y legalmente justificada, cumpliendo cabalmente el procedimiento para tal fin.

Ahora bien, el ordinal 5º del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que el retiro de un funcionario público procederá en los siguientes casos: por reducción de personal debida a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas a lo supresión de una dirección, división o unidad administrativa.

Como puede observarse, no se consagra una causal única, sino que comprende cuatro situaciones totalmente diferentes, que no se deben confundir o asimilarse en una sola causal, por el hecho de que todas den origen o concluyan a la reducción de personal. Ciertamente, cuatro son los motivos que justifican el retiro de reducción de personal, a saber: 1) limitaciones financieras, 2) cambios en la organización administrativa, 3) razones técnicas, y 4) supresión de una dirección, división o unidad administrativa. Los dos primeros son objetivos, y conforme a la jurisprudencia reiterada, para su legalidad basta que haya sido autorizada y aprobada la reducción de personal por el órgano respectivo, es decir, por el Concejo Legislativo del Estado Miranda tal y como lo establece el antes citado artículo 78 en su ordinal 5º de la Ley del estatuto de la Función Pública, al ocurrir modificaciones en la ejecución de los respectivos presupuestos fiscales; los dos últimos, si requieren una justificación y comprobación de los respectivos informes, además de la presentación y solicitud para tales efectos al Concejo Legislativo de ser el caso, anexar a la misma el listado de los funcionarios afectados, además de la aprobación de la reducción de personal por la autoridad correspondiente.

Como puede apreciarse, en cualquiera de los supuestos de reducción de personal arriba señalados, se necesita la autorización del órgano respectivo, cual es, en el presente caso el Concejo Legislativo del Estado Miranda, para proceder a la reestructuración del ente objeto bajo la medida de reducción de personal, esto en aras de preservar el derecho a la estabilidad laboral especial propia de los funcionarios públicos de carrera de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, ya que si bien el Ejecutivo Estadal cuenta con autonomía funcional, financiera y administrativa, dicha necesidad de aprobación previa no se dirige a cercenar esa autonomía sino a garantizar el derecho a la estabilidad de los funcionarios públicos como ya se expuso anteriormente, que se vería diezmado al ser unilateralmente decidida la antes mencionada reducción de personal.

Dicho lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en virtud que la reducción de personal debe ser por el C.L.. Al respecto se aprecia:

Del folio (31 al 34) del expediente judicial, cursa inserta Acta Nº 03 de fecha 05 de octubre de 2006, suscrita por el Presidente y Secretario General del C.L.d.E.M., mediante la cual se aprobó por unanimidad la solicitud de aprobación realizada por el Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.. D.C.R. en cuanto al Decreto de Reestructuración de la Dirección General de Política y Seguridad Pública y la Dirección General de Participación Ciudadana. Asimismo se observa al folio (26) comunicación signada bajo el Nº 001 de fecha 23 de enero de 2007, mediante la cual el Presidente y Secretario General del C.L.d.E.M. notifican al Gobernador del Estado Bolivariano de M.I.D.C.R., que ese C.L. en Sesión Ordinaria de Cámara efectuada en fecha 23 de enero de 2007, aprobó por mayoría el Informe emanado del Ejecutivo Regional, contenido del Proyecto de Reestructuración, solicitud de reducción de personal y la ficha resumen detallada de cada uno de los funcionarios que forman parte de las Direcciones Generales de Política y Seguridad Pública y Participación Ciudadana.

En este orden de ideas, se observa que riela a los folios (38 al 74) del expediente judicial, Informe de Reestructuración 2006, en el cual se establece el impacto financiero de la reestructuración y el plan para la administración del cambio organizacional, mediante su reducción, así como los cargos afectados por la referida medida administrativa en el ente querellado, evidenciándose específicamente al folio (57), el cargo de Abogado IV adscrita a la Prefectura del Municipio Sucre, a cargo de la ciudadana V.C.R.G., especificándose la persona directamente afectada por la medida, indicando nombre, cédula de identidad, dependencia, unidad administrativa y fecha de ingreso, siendo ello así, observa el Tribunal, que no se encuentra vulnerado él derecho a la jubilación, menos aún, que el mismo haya sido alegado por la querellante en la presente acción como un objeto pretendido en la presente querella; resultando forzoso para quien aquí decide desestimar la denuncia alegada al respecto, y así se decide.

Por otra parte, con respecto a la violación del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela denunciada por la querellante, el Tribunal observa, que el ya tantas veces mencionado artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece, que el funcionario de carrera afectado por una medida de reducción de personal, antes de ser retirado podrá ser reubicado, y a tal fin gozarán de un mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación y en caso de no ser posible tal reubicación, el funcionario será retirado e incorporado al registro de elegibles. Siendo ello así, resulta necesario revisar las actas contenidas en el expediente, a los fines de verificar si la Administración Estadal cumplió con el debido procedimiento de reubicación de la ciudadana V.C.R.G., y a tales efectos tenemos:

Al folio (110) del expediente administrativo corre inserta comunicación emanada del Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda de fecha 23 de febrero de 2007, mediante la cual se le notifica la remoción del cargo de Abogado IV a la ciudadana V.C.R.G., debido a la medida de reducción de personal por cambios en la organización administrativa, aprobado mediante Resolución Nº 18-122, la cual fue acordada mediante Decreto Nº 0626, publicado en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Nº 0091 Extraordinario de fecha veintiocho (28) de septiembre de 2006, del cual se desprende que la Institución iniciará las gestiones de reubicación en otros entes de la Administración Publica Regional; para lo cual, se deberá otorgar para tal fin, al funcionario un mes de disponibilidad a los efectos de agotar las gestiones reubicatorias, y de ser infructuosa la misma se procederá al retiro.

Así, tenemos que cursa a los folios (111 al 115) del expediente administrativo, comunicaciones de fecha 14 de marzo de 2007, Nros. CR-651-1, CR-651-2, CR-651-3, CR-651-4 y CR-651-5, dirigidas al Presidente del Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Miranda, a la Presidenta de la Corporación Mirandina de Turismo del Estado Bolivariano de Miranda (CORPOMITUR), al Director General de la Corporación de S.d.E.B. de Miranda (CORPOSALUD), al Presidente del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía IAAIM, a la Presidenta del Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (INATUR) y al Presidente de Venezolana de Turismo (VENATUR), respectivamente, mediante las cuales solicita le informen a la brevedad posible si en esas dependencias tienen disponibilidad para la reubicación de la ciudadana V.C.R.G., en el cargo de Abogado IV o en un cargo de carrera de similar o superior nivel y remuneración, y a los folios (129 al 132) del expediente administrativo consta respuesta de la solicitud realizada, de fechas 26, 27, 29 y 30 de marzo de 2007, mediante las cuales los órganos y entes anteriormente mencionados, le comunican al Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda que para ese momento no contaban con cargos disponibles para proceder a la reubicación de la ciudadana antes mencionada.

Asimismo, cursa al folio (27) del expediente judicial comunicación de fecha 09 de abril de 2007, suscrita por el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Bolivariano de M.L.F.G.G. y dirigido a la ciudadana V.C.R.G., mediante la cual le comunican que por haber resultado infructuosas las gestiones reubicatorias en diversos Organismos tanto de la Administración Pública Regional como Nacional, por lo que se procedía a retirarla del cargo de Abogado IV, de la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda.

De lo anterior se puede observar, que la Administración Estadal realizó las gestiones reubicatorias a que se contrae el último aparte del artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Pública cumpliendo de igual forma con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, por lo que, al haber resultado infructuosas las gestiones reubicatorias realizadas, se procedió al retiro de la actora tal como lo mandan las normas anteriormente mencionadas. Ahora bien, considera oportuno acotar el Tribunal en el presente punto, que los funcionarios públicos de carrera que sean objeto de una reducción de personal, se encuentran bajo una “posibilidad” de ser reubicados, situación ésta que debe procurar la Administración, no obstante dicho procedimiento no comporta a criterio de quien decide, la obligatoriedad de realizar una búsqueda en todos y cada uno de los órganos y entes que conforman la Administración Pública, razón a ello considera este Juzgador que para dar cumplimiento a dicho mandamiento basta, que las referidas gestiones reubicatorias se realicen en más de uno de los órganos u entes públicos. Siendo así, y en razón de la aplicación parcial del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, y al no existir actualmente Oficina Central de Personal a que se refiere su artículo 88, podrá concluirse que la búsqueda para tal reubicación recae en el Organismo u Ente que realizare dichas gestiones administrativas, razón por la cual este Juzgado rechaza las denuncias presentadas al respecto, y así se declara.

En cuanto al vicio de inmotivación alegado, en el sentido que, el acto administrativo de remoción no precisa las causales en que se fundamentó la Administración para la remoción, así como tampoco se indicó la norma jurídica bajo la cual dicto el referido acto. Al respecto,observa este Juzgador, que al alegarse simultáneamente los vicios de inmotivación y falso supuesto, se produce evidentemente una incoherencia en la fundamentación de los supuestos expresados que no permite comprobar la existencia de uno u otro, en razón que se tratan de conceptos mutuamente excluyentes. Tanto es así que la inmotivación supone la omisión de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no resulta aplicable al caso concreto. Siendo así, cómo podría alegarse que un mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación errada en cuanto a los hechos o el derecho. En efecto, al darse una expresión en los términos antes expuestos, sin duda alguna para quien aquí decide, representa un preocupante desconocimiento de los elementos que acompañan al acto administrativo y los efectos que se producen cuando adolecen de los vicios indicados. Abundando en lo anterior y respecto al caso en particular, se puede observar que el acto impugnado se encuentra debidamente fundamentado, al llenar los requisitos establecidos en el artículo 78 numeral 5º de la Ley del Estatuto de la Función pública, por cuanto el mismo le explica a la querellante que se le removió del cargo de Comisario de Casería, por determinarse una reducción de personal debido a una reorganización administrativa, razón por la cual este Tribunal debe desechar; por infundado el alegato en cuestión y así se declara.

Con relación al vicio de falso supuesto denunciado por la actora, en la Resolución Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, en cuanto a que nunca a ocupado un cargo de alto nivel dentro de la administración pública de conformidad a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, encontrándose el mismo viciado a su decir por “ERRÓNEA MOTIVACIÓN” por no estar ajustado a derecho los fundamentos legales invocados por la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, cabe destacar que el Acto de Remoción impugnado basa su argumento en los artículos 160, 164 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 61 y 70 numeral 4 de la Constitución del Estado Bolivariano de Miranda; 1, 3, 4, 10, 14 y 16 numeral 11 de la Ley de Administración del Estado Miranda, concatenados con los artículos 4 segundo aparte, 5 numeral 3, 76 y 78 numeral 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con los artículos 1, 3 literales a) y c) y 5 del Decreto Nº 0626; por cuanto los mismos le atribuyen al Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, como m.J.d.P.E., la competencia para decidir en materia de administración de personal, razón por la cual, mal podría decirse que las mismas no son aplicables al caso, por cuanto se evidencia el poder que tiene el Gobernador para proceder en dichos casos; en cuanto a lo referente a la invocación del antes citado artículo 76 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, resulta inoficioso pronunciarse al respecto, en virtud que el artículo 78 numeral 5º eiusdem, establece los requisitos para proceder al retiro de los funcionario de la administración pública, por reducción de personal, no pudiendo alegarse por esa razón, el falso supuesto de hecho. Así se decide.

Con respecto al deber que tiene el Secretario General de Gobierno Dr. A.M.G. de inhibirse, alegado por la querellante, por cuanto el mismo refrendó el acto de remoción, toda vez que suscribió el Acta Nº 03 de fecha 05 de octubre de 2006, donde el Concejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda aprobó el Decreto de Reestructuración de la Dirección General de Política y Seguridad Pública de la Dirección General de Participación Ciudadana, en la cual fungía de Secretario General del Cuerpo Legislativo, observa el Tribunal, que su participación en la misma se limitó a anunciar el quórum reglamentario, a suscribir el acta, además de recoger las votaciones y comunicar al Presidente del Concejo Legislativo las resultas del mismo, por lo que se aprecia y concluye que su participación en el Acto de remoción no fue decisiva; razón por la cual observa este Tribunal, que dicha remoción y reestructuración fue tomada por la autoridad competente para ello, quien era el Gobernador del Estado Bolivariano de M.L.. D.C.R., siendo aprobada por el C.L.d.E.B. de Miranda y la participación del Dr. A.M.G., al firmar el acta en cuestión fue en razón al ejercicio de sus funciones propias, por lo que mal puede alegarse la inhibición de dicho funcionario. Así se decide.

Por otra parte, observa este Juzgado que la querellante impugna por incompetencia la Resolución Nº 18-122 de fecha 08 de febrero de 2007, dictada por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, mediante la cual se removió del cargo de Abogado IV, Código de Cargo Nº 35124, mediante Decreto Nº 0002 de fecha 02 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Nº 0062 Extraordinario de fecha 12 de enero de 2006, alegando que el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, delegó en dicho Decreto al Director General de Recursos Humanos del Estado Miranda la firma de ciertos actos y documentos, en los que se encuentra el retiro de la administración publica a los funcionarios de carrera y no la remoción. Al respecto se evidencia, que el acto administrativo Nº 18-122 que riela a los folios (23 al 25) del expediente judicial, mediante el cual fue removida la hoy querellante según su Artículo Primero, fue dictado por el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda ciudadano D.C.R., haciendo uso de sus atribuciones legalmente establecidas, tal y como se expone en la parte motiva del referido acto administrativo, competencia ésta establecida en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así, se observa al folio (19) del expediente judicial acto administrativo Nº CR-651 de fecha 23 de febrero de 2007, mediante el cual el Lic. F.G.G., en su carácter de Director General de Administración de Recursos Humanos, le notifica a la ciudadana V.C.R.G., el contenido de la antes mencionada Resolución Nº 18-122 de fecha 8 de febrero de 2007, mediante la cual el Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, resolvió Removerla del cargo de Abogado IV, función esta que le correspondía a la mencionada Dirección, en virtud que la ejecución de la gestión de la función pública corresponde a las oficinas de recursos humanos de cada órgano o ente de la administración pública, los cuales deben hacer cumplir las directrices, normas y decisiones del órgano de dirección y de los órganos de gestión en materia funcionarial, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el numeral 1º del artículo 10 eiusdem, en consecuencia se rechaza el alegato en cuestión, y así se declara.

Ahora bien, en lo referente a la incompetencia del Acto administrativo de Retiro Nº CR-651-6, de fecha 09 de abril de 2007, suscrito por el Lic. Francisco Vicente Garrido Gómez, actuando bajo Delegación de Actos y firmas conforme Resolución Nº 0002, de fecha 02 de enero de 2006, publicada en Gaceta Oficial Nº 0062, Extraordinario, de fecha 12 de enero de 2006. Observa el Tribunal, que riela a los folios (76 al 95) Gaceta Oficial del Estado Miranda, contentiva del Decreto Nº 0002, mediante la cual se le delegan al ciudadano F.G.G., en su carácter de Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, en base a las instituciones de delegación establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la atribución de retirar de la administración pública a los funcionarios de carrera, cuando habiéndose concedido el mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación, esta haya resultado infructuosa, así lo establece específicamente el numeral 5º del antes mencionado Decreto, por lo que el Director General de Administración de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Miranda, actuó apegado a derecho y así se decide

Visto lo anterior, este Sentenciador observa que los efectos de los actos administrativos impugnados deben conservarse, pues el fin jurídico perseguido fue alcanzado, no siendo procedente la pretensión de la querellante de declarar la nulidad de los mismos, razón por la cual, debe este Sentenciador declarar SIN LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.

II

DECISIÓN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana V.C.R.G., debidamente asistida por la abogado M.C., antes identificadas, contra LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Notifíquese la presente decisión al Procurador General del Estado Miranda y al Gobernador del Estado Miranda de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

DR. A.G.

EL JUEZ

ABG. E.M.

EL SECRETARIO

En esta misma fecha siendo las 3:00 pm., se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.

ABG. E.M.

EL SECRETARIO

Exp. Nº 05715

AG/nrm.