Decisión de Juzgado Octavo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Febrero de 2008

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial

del Área Metropolitana de Caracas

DEMANDANTE: Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero, Instituto Oficial Autónomo, domiciliado en Caracas, creado por Decreto Ley N° 908 de fecha trece (13) de mayo de mil novecientos setenta y cinco (1975), publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.746, Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de mayo de mil novecientos setenta y cinco (1975), debidamente representado por el ciudadano J.I.P.P., en su carácter de Presidente.

APODERADA

DEMANDANTE: Dres. I.M.M.D. y Raynath D.C.R., abogados en ejercicios e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 77.919 y 128.093.

DEMANDADA: Corporación Urano 2F, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha tres (03) de junio de dos mil tres (2003), bajo el N° 67, Tomo A-9, debidamente representada por el ciudadano F.J.R.G., venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Monagas, titular de la cédula de identidad N° V- 17.721.490 y solidariamente la Universal de Seguros, C.A., empresa domiciliada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, ubicada en la Avenida B.N., Torre Exterior, P.B., Local N° 10, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el N° 7, Tomo 14-A, con una última modificación en el Acta Constitutiva, según documento inscrito por ante el mismo Registro Mercantil en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), anotado bajo el N° 67, Tomo 71-A, e inscrita en la Superintendencia de Seguros, en fecha veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993) bajo el N° 111, debidamente representada por la ciudadana L.L., en su carácter de Presidente.

APODERADO

DEMANDADO: No constituidos en esta etapa procesal.

MOTIVO: Ejecución de Fianza.

- I -

- Antecedentes -

Este proceso se inicia por demanda intentada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero, en contra de la sociedad mercantil Corporación Urano 2F, C.A.

El correspondiente libelo de demanda fue presentado para su distribución en fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil siete (2007), ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien ejerce funciones de Distribuidor y, cumplidas las formalidades de Ley, correspondió el conocimiento a este Juzgado, en el cual es recibido el mismo en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil siete (2007).

En fecha Veintiuno (21) de enero de dos mil ocho (2008), comparece el abogado Raynath D. Cortez R., y a través de diligencia consigna los instrumentos fundamentales de la acción ejercida.

- II -

- Motivaciones para Decidir -

- De la Incompetencia del Tribunal -

Este Tribunal, pasa a emitir su pronunciamiento acerca de su competencia por la materia, para el conocimiento de la presente causa y, al efecto, hace las siguientes consideraciones:

El artículo 60 del Código de Procedimiento Civil establece que, la incompetencia por la materia y por el territorio, se declarará aún de oficio, en cualquier grado e instancia del proceso.

Se observa de las actas que conforman el presente expediente, que la demanda originadora de este procedimiento, es interpuesta por el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero en contra de la Sociedad Mercantil Corporación Urano 2F, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha tres (03) de junio de dos mil tres (2003), bajo el N° 67, Tomo A-9 y solidariamente la Universal de Seguros C.A., empresa domiciliada en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, ubicada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el N° 7, Tomo 14-A, con última modificación en el Acta Constitutiva, según documento inscrito por ante el mismo Registro Mercantil en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000), anotado bajo el N° 67, Tomo 71-A, e inscrita en la Superintendencia de Seguros, en fecha veintinueve (29) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), bajo el N° 111.

En este orden de ideas, considera este Sentenciador que, se hace menester hacer referencia a la sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha Treinta y Uno (31) de agosto de 2.004, en el caso seguido por H.C.R. y otros en contra de Venezolana de Televisión, la cual se transcribe parcialmente a continuación:

…Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este M.T., y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:

1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro Tribunal…

.(Negrillas y subrayado de este Tribunal)

De igual manera, se hace menester hacer referencia a la norma contenida en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece que:

Articulo 68.- Los Jueces de Primera Instancia Civil actuarán como jueces unipersonales en la forma y con la competencia establecida en el Código de Procedimiento Civil y en las demás leyes; o como presidentes de los tribunales integrados con participación ciudadana que se establecieren

.

Como puede apreciarse de la norma antes transcrita, se evidencia claramente que la Competencia atribuida a los Juzgados de Primera Instancia, es la establecida en el Código de Procedimiento Civil, que no es mas que un compendio de normas de índole estrictamente civil, y que no contiene normativas para la resolución de asuntos relacionados con la materia Contencioso-Administrativa o bien, con Actos Administrativos. Así se establece.

En el mismo orden de ideas, se hará referencia a sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en fecha Treinta y Uno (31) de Agosto de 2004, en Ponencia Conjunta de todos los Magistrados, en la cual se expresó lo siguiente:

(…) Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este M.T., y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:

1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

2. Las Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en Caracas, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), hasta setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), la cual equivale a la cantidad de un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares con cero céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), por cuanto la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal.

3. La Sala Político-Administrativa, conocerá de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), lo que equivale actualmente a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 1.729.024.700,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal. (…)

(Subrayado y negritas de este Tribunal).

Se hace necesario, igualmente, hacer referencia a decisión dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en fecha Veintisiete (27) de Octubre de 2004, en Ponencia Conjunta de todos los Magistrados, en la cual se expresó lo siguiente:

(...)Ahora bien, ante el silencio de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la inexistencia de la Ley que regule la jurisdicción contencioso-administrativa, es propicia la ocasión para que la Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, deje sentado mediante el presente fallo, cuáles son los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, y delimite el ámbito de competencias que deben serle atribuidas, en el caso concreto, a los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, siguiendo a tales efectos y en líneas generales, los criterios competenciales de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como las interpretaciones que sobre las mismas fue produciendo esta Sala, todo ello armonizado con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, y los principios contenidos en el texto constitucional vigente.

En este sentido, debe entenderse, que la jurisdicción contencioso-administrativa general, está organizada en tres niveles:

- La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la cúspide de la jurisdicción.

- Las Cortes de lo Contencioso-Administrativo, a un nivel intermedio, y con competencia nacional, creadas mediante la Resolución N° 2003-00033 dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 10 de diciembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.866 de fecha 27 de enero de 2004, y

- Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, a nivel regional.

- Asimismo, son tribunales integrantes de la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Tributario y los demás tribunales que en virtud de la Ley, conozcan de la nulidad de actos administrativos emanados de autoridades públicas nacionales, estadales o municipales.

Establecido el orden de los tribunales que integran la jurisdicción contencioso-administrativa, pasa la Sala a delimitar específicamente, el ámbito de competencias de los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, piezas fundamentales para alcanzar el enunciado constitucional de descentralización judicial, acercando la justicia a la vida local, lo cual a su vez procura la persecución de la garantía constitucional de tutela judicial efectiva.

(...)

De la norma parcialmente transcrita supra puede colegirse, a pesar de que se refiere sólo a las competencia de esta Sala Político-Administrativa, que la jurisdicción contencioso-administrativa, en general, es competente para: a) conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o los Municipios, b) conocer de las reclamaciones contra las vías de hecho imputadas a los órganos del Poder Ejecutivo y demás altas autoridades que ejerzan Poder Público y c) de las acciones de reclamos por la prestación de servicios públicos, teniendo en cuenta que si a la Sala se le ha atribuido el conocimiento de estos casos, en primera instancia o en apelación, cuando se refiera a autoridades de rango nacional, corresponderá a los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo, aquéllas que estén referidas a autoridades locales, esto es, estadales o municipales.

Entonces, puede concluirse, a la luz de lo dispuesto en los numerales 25, 27 y 37 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como en lo dispuesto en la ponencia conjunta de fecha 2 de septiembre de 2004 (caso: Importadora Cordi C.A., contra Venezolana de Televisión), antes transcrita, que:

Los Tribunales Superiores de lo Contencioso-Administrativo serán competentes para conocer:

1. De las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o los municipios, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), y que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal;

(...)

(Negrillas y subrayado de este Juzgado).

En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala, en primer lugar, que deben darse parcialmente por reproducidas las disposiciones que en la materia contenía la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, adaptándolas al nuevo texto que rige las funciones de este Alto Tribunal y con arreglo a los principios antes expuestos. Al respecto, ya se pronunció la Sala en sendas ponencias conjuntas, de fechas 02 y 07 de septiembre de 2004, sobre la competencia para conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, modificando la cuantía establecida en el numeral 2º del artículo 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, e incluyendo como sujetos pasivos de una eventual demanda a los Estados y Municipios, en atención a lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las demandas que interpongan cualesquiera de los entes o personas públicas mencionadas anteriormente contra los particulares o entre sí, estableciendo lo siguiente:

(...)

(Negrillas y subrayado de este Juzgado).

Ahora bien, en razón que la accionada resulta ser el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero y, tomando como base lo expuesto por los Magistrados de la Sala Político Administrativa, en la decisión parcialmente transcrita, este Juzgador considera que, la competencia por la materia para conocer de la presente acción, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya base constitucional se encuentra en el artículo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y que se transcribe a continuación:

La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás Tribunales que determine la Ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos, y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

A mayor abundamiento, en la página electrónica del INAVI a la cual se accede a través de http://www.inavi.gob.ve/, se expresa lo siguiente:

(…) El 3 de septiembre de 2004, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, H.C.F., hizo realidad el anuncio efectuado en julio de ese mismo año en la inauguración de la clínica popular El Espinal, en la ciudad de Margarita, Estado Nueva Esparta: la creación de la Misión Vivienda, luego llamada Misión Hábitat.

El objetivo de la Misión Hábitat es dar repuesta inmediata a las necesidades habitacionales de las comunidades, no sólo en materia de construcción y levantamiento de nuevas edificaciones, sino en la transformación del hábitat en un entorno digno para el ser humano. Esto, a través del establecimiento de complejos urbanísticos que dispongan de todo los servicios básicos en salud, educación, vialidad, esparcimiento y otros ámbitos.

El sustento más importante de la Misión Hábitat es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, se encuentra el Artículo 4°, sobre principios de integridad territorial, solidaridad y corresponsabilidad; Artículo 70°, en cuanto a la participación y protagonismo del pueblo en la autogestión, cogestión y cooperativas; Artículo 75°, que habla de la protección del Estado a la familia como núcleo fundamental de la sociedad; y el Artículo 82°, el cual reza Así: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias…”.

Luego de numerosas discusiones, el 5 de mayo de 2005 la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, que le garantiza casa propia y hábitat digno a todos los venezolanos con la creación del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat y del Ministerio para la Vivienda y Hábitat como órgano rector del sector público en materia habitacional en Venezuela. En la actualidad, el INAVI forma parte del Ministerio para la Vivienda y Hábitat (MVH), despacha desde la Av. F.d.M.d.M.C.d.C. y está presente en el interior del país a través de sus Gerencias Estadales.

Por cuanto consta del Decreto Ley N° 908 de fecha trece (13) de mayo de mil novecientos setenta y cinco (1975), publicado en Gaceta Oficial de la extinta República de Venezuela N° 1.746, Extraordinario, de fecha veintitrés (23) de mayo de mil novecientos setenta y cinco (1975), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero, goza de plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, lo cual constituye un hecho público y notorio comunicacional, quedando demostrado así, que el Estado Venezolano ejerce un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, encuadrando, de esta manera, dentro de los supuestos contenidos en los criterios jurisprudenciales referidos en esta decisión.

En este mismo orden de ideas, se observa que la reclamación dineraria contenida en el escrito libelar alcanza en su conjunto la suma de Doscientos Diez Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta Bolívares con 67/100 Céntimos (Bs. 210.363.170,67) / Doscientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Tres con Diez y Siete Bolívares Fuertes (Bs. F. 210.363,17), lo cual equivale a Cinco Mil Quinientos Ochenta con Treinta y Cinco Unidades Tributarias (U.T. 5.580,35), tomando en cuenta el valor de la Unidad Tributaria vigente a la fecha de presentación del libelo de demanda, que es hasta por la suma de Treinta y Siete Mil Seiscientos Treinta y Dos Bolívares (Bs. 37.632,00) por cada Unidad Tributaria (U.T. 1), siendo que la cuantía referida atribuye conocimiento del presente asunto a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo del Área Metropolitana de Caracas. Así se establece.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal debe declararse incompetente para conocer de este asunto en razón de la materia, como en efecto se declara incompetente, y declina el conocimiento de este litigio en los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso-Administrativo con sede esta ciudad de Caracas, ordenándose la remisión de este expediente original al Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo Distribuidor correspondiente. Así se decide.-

- III -

- D I S P O S I T I V A -

Consecuencia de las consideraciones precedentes, este Juzgado Octavo de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C., administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio que por ejecución de Fianza intentara el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), antes Banco Obrero en contra de la sociedad mercantil Corporación Urano 2F, C.A., partes ya identificadas en esta sentencia, decide así:

UNICO: Este Tribunal se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA para seguir conociendo del presente asunto, y DECLINA LA COMPETENCIA a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso-Administrativo Distribuidor correspondiente con sede en la ciudad de Caracas, y ordena la inmediata remisión del presente expediente en estado original, al Juzgado Superior Distribuidor respectivo, a los fines legales consiguientes.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.Á.M.d.C.. En la ciudad de Caracas, a los doce (12) días del mes de Febrero del año Dos Mil Ocho (2.008). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

El Juez Titular,

Dr. C.S.D.

La Secretaria Acc.,

Abog. L.R.G.

En la misma fecha, siendo las Once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó y registró la decisión anterior, previa el cumplimiento de las formalidades de Ley; dejándose copia certificada computarizada de la misma en el Departamento de Archivo de este Juzgado, conforme lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

La Secretaria Acc.,

Abog. L.R.G.

CSD/lrg/gabyoris.-

Exp. Nº 08-0031.-