Decisión de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Portuguesa (Extensión Acarigua), de 29 de Abril de 2015
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2015 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | Ignacio Herrera |
| Procedimiento | Cobro De BolÃvares Por Intimación |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL T.D.S.C. DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA
Acarigua, 29 de abril de 2015
Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación
En el escrito de demanda de cobro de bolívares por el procedimiento monitorio, presentada mediante endosatarios en procuración por WILDA J.B.R., quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliada en Acarigua y titular de la cédula de identidad V 7.598.740, contra M.A.R.V., venezolana, mayor de edad, soltera, domiciliada en Los Rastrojos, Municipio Palavecino del Estado Lara y titular de la cédula de identidad V 15.272.181, se pide se condene a la antedicha demandada a pagar lo siguiente:
La cantidad de OCHOCIENTOS TRECE MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 813.000,00) monto de la letra de cambio.
La cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 203.250,00) por concepto de costos y honorarios, calculados a la rata del veinticinco por ciento (25%).
Luego se estima la demanda en UN MILLÓN DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 1.016.250,00) afirmando que comprende la suma del giro cuyo pago se demanda y las costas, costos y honorarios calculados al veinticinco por ciento (25%).
Al expresarse en la demanda que se demanda una cantidad por el monto de una letra de cambio, luego de fundamentar que se procede por la vía del procedimiento por intimación, evidentemente se intenta una acción cambiaria, mediante el procedimiento monitorio previsto en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, como ya quedó dicho, también el actor pide que se condene a la demandada a pagar la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 203.250,00) por concepto de costos y honorarios, calculados a la rata del veinticinco por ciento (25%).
Sobre lo anterior, el Tribunal observa:
En el procedimiento monitorio, de conformidad con lo que dispone el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil el decreto intimatorio entre otros conceptos, expresará las costas que debe pagar el intimado y según el artículo 648 eiusdem, el Juez las calculará prudencialmente, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante, una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda.
Como consecuencia, al demandarse de manera expresa en el libelo la cantidad de DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 203.250,00) por concepto de costos y honorarios, se está intentando una acción de cobro de honorarios de abogado y además de costas, diferente de la fijación de los honorarios y costas que debe pagar el intimado que en el procedimiento por intimación, corresponde al Juez, según los ya mencionados artículos 647 y 648 del Código de Procedimiento Civil y hay por lo tanto una acumulación de acciones en el libelo de la demanda. Así se establece.
Seguidamente se analizan estas acciones acumuladas:
En el procedimiento por intimación, el deudor debe ser intimado para que pague dentro de los diez días siguientes o formule oposición, en cuyo caso el acto de contestación de la demanda tendrá lugar dentro de los cinco días siguientes.
La fijación de costas y honorarios en el decreto intimatorio, tiene carácter provisional, ya que queda sin efecto con el decreto intimatorio de que forma parte, al formular oposición el demandado, según el artículo 652 eiusdem, debiendo continuar el procedimiento por los trámites del juicio ordinario o del breve, según la cuantía.
Al quedar sin efecto como consecuencia de la oposición del demandado el decreto intimatorio y con éste, la fijación provisional de costas y honorarios del que forma parte como está explicado, puede el abogado de la parte que resultó gananciosa, reclamar sus honorarios a la parte vencida, en procedimiento separado y en caso de que se declare que tiene derecho a tales honorarios, puede incluso el reclamado acogerse al beneficio de retasa y puede también la misma parte gananciosa, solicitar la tasación respecto de las costas causadas además de los honorarios, tales como emolumentos de peritos, prácticos, expertos, jueces asociados, así como gastos de publicación de carteles y otros en que incurran con motivo de la causa y durante su transcurso y que además sean útiles y necesarios para sus fines.
La tasación de costas está prevista en los artículos 33, 34 y 35 la Ley de Arancel Judicial y tiene carácter incidental y solamente pueden reclamarse, una vez concluido el proceso, contra quien resulte condenado al pago de las costas.
La reclamación de honorarios de abogado, debe seguirse mediante el procedimiento del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en el caso de los honorarios causados judicialmente, mientras que en el caso de los causados extrajudicialmente, debe seguirse mediante el procedimiento breve, como quedó establecido en sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, del 27 de agosto de 2004 con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ (HELLA M.F. y L.A.S., contra BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A.).
En el procedimiento del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, la otra parte debe contestar en el siguiente día a su citación y hágalo o no, el Juez debe decidir al tercer día siguiente a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho en cuyo caso se abrirá una articulación probatoria de ocho días y la decisión debe dictarse en el noveno.
En el procedimiento breve, el demandado debe contestar en el segundo día siguiente al de su citación y el lapso probatorio es de diez días y la sentencia debe dictarse dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio.
En consecuencia, tanto el procedimiento del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, como el procedimiento breve de reclamación de honorarios profesionales de abogado, son incompatibles con el procedimiento monitorio por el que el demandante también pretende el pago de una letra de cambio.
Con respecto a la acumulación de acciones incompatibles, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 2458 del 28 de noviembre de 2001 (Mayolis del Valle Suárez, Nayle C.H.V., C.d.C.V.P. y R.M.C.N.V., contra AEROEXPRESOS EJECUTIVOS, C.A. y AEROEXPRESOS MARACAIBO, C.A.) con relación a demandas laborales acumuladas de diversos demandantes con pretensiones diferentes y con distintas causas, en contravención a lo dispuesto en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, dispuso que debe negarse la admisión de las demandas indebidamente acumuladas y en el caso de las demandas indebidamente acumuladas que hayan sido admitidas dispuso que debe declararse la nulidad de todo lo actuado en el ámbito del procedimiento respectivo, desde el mismo auto de admisión, inclusive.
En dicha sentencia, se ordenó que las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República apliquen, de inmediato, los criterios acogidos y dispuestos en la misma para todos los procedimientos en curso, laborales o no.
La acumulación de pretensiones cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí, está igualmente prohibida de manera expresa, en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, por lo que debe negarse la admisión de la demanda. Así se establece.
En consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del T.d.S.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa NIEGA LA ADMISIÓN DE LA demanda de cobro de bolívares derivada de una letra de cambio, de honorarios profesionales y de costas, intentada por mediante endosatarios en procuración por WILDA J.B.R. contra M.A.R.V. ambas identificada.
Deposítese en la caja de seguridad del Tribunal, el instrumento que como letra de cambio se acompañó a la demanda, previa su certificación en autos.
El Juez
Abg. Ignacio José Herrera González
La Secretaria
Abg. Nancy Galíndez de González
