Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 30 de Agosto de 2013
| Fecha de Resolución | 30 de Agosto de 2013 |
| Emisor | Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio |
| Ponente | José Luis Cárdenas Quintero |
| Procedimiento | Sin Lugar La Solicitud Interpuesta |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Juicio de San A.d.T.
San A.d.T., 30 de Agosto de 2013
203º y 154º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2012-003644
ASUNTO : SP11-P-2012-003644
AUTO QUE RESUELVE SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Vista la solicitud de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad efectuada, por el Defensor Privado, Abogado R.E.G.R., en su carácter de Defensor del ciudadano W.G.J., de nacionalidad venezolana, natural de S.A., titular de la cédula de identidad N° V-13.037.133, nacido en fecha 12 de marzo de 1.973, de 39 años de edad, soltero, hijo de Alterio Gámez (f), y M.J. (v); residenciado en la Quiracha del Bloque 29, apartamento 2-02, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
El representante de la defensa alega en su escrito de revisión de medida entre otras cosas lo siguiente:
…A tenor de lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito el Examen y Revisión de la Medida Judicial de Privación Preventiva de libertad, decretada en contra de mi defendido por auto del 5 de Octubre de 2012, por el Tribunal Primero en Funciones de Control Numero Uno de San A.d.T., a los efectos del Otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Preventiva de Libertad…
…Solicito se imponga a mi defendido su detención domiciliaria en la Casa de habitación de su progenitora, ciudadana M.J., lo cual le preemitirá, trabajar en oficios manuales, con los cuales contribuir al sostén de sus hijos. Puede el ciudadano juez, imponer, igualmente, otras medidas cautelares, según su sano criterio, como lo establece el Artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo ello mientras culmina la fase de juicio…
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Este Tribunal para decidir sobre la solicitud de la Defensa, observa:
En fecha 07 de diciembre de 2012, el Juzgado Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensión San Antonio, celebró AUDIENCIA PRELIMINAR CON APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO en la que resolvió: MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA A LA LIBERTAD, decretada por ese Tribunal de Control en fecha 04 de octubre de 2012, al ciudadano W.G.J., manteniéndole a su vez como sitio de reclusión la Sub. Comisaría San Antonio de la Policía del Estado Táchira, dada la entidad de los delitos atribuidos.
En fecha 19 de Noviembre de 2012, la Fiscalía Vigésima Sexta del Ministerio Público, presentó Formal Acusación en contra del ciudadano W.G.J., de nacionalidad venezolana, natural de S.A., titular de la cédula de identidad N° V-13.037.133, nacido en fecha 12 de marzo de 1.973, de 39 años de edad, soltero, hijo de Alterio Gámez (f), y M.J. (v); residenciado en la Quiracha del Bloque 29, apartamento 2-02, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
Se decretó LA APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO, de la presente causa con respecto del ciudadano W.G.J., de nacionalidad venezolana, natural de S.A., titular de la cédula de identidad N° V-13.037.133, nacido en fecha 12 de marzo de 1.973, de 39 años de edad, soltero, hijo de Alterio Gámez (f), y M.J. (v); residenciado en la Quiracha del Bloque 29, apartamento 2-02, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), de conformidad a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal.
Este Tribunal de Juicio, hace las siguientes consideraciones con relación al Derecho a la Libertad y las normas relativas a las Medidas Cautelares.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44, señala, que toda persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
El artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, afirma ese derecho a la Libertad, cuando reza:
Las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que puedan ser impuestas...
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Con relación a la proporcionalidad de las Medidas Cautelares, el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:
No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
Conforme a dicha norma debe haber proporción en las Medidas Cautelares con relación: a) La gravedad del delito; b) Las circunstancias de la comisión del mismo; y c) La sanción probable.
Por otra parte, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, se refiere al examen y revisión de las Medidas Cautelares en los siguientes términos:
El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación
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En atención a dicha norma, el imputado o su defensor tienen el derecho de solicitar la revocación o la sustitución de la Medida Cautelar de Privación Preventiva de Libertad las veces que lo considere pertinente. El Juez deberá examinar la necesidad de mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime procedente las sustituirá por otras menos gravosas.
Ahora bien, el Tribunal observa, que en la oportunidad en que fue decretada por el Juzgado de Control de este Circuito Judicial Penal, en contra del Acusado W.G.J., la Privación Judicial Preventiva de Libertad, analizó que efectivamente se daban los supuestos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y al respecto dejó establecida la existencia de hechos punibles (AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes)), que merecen pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, y como presunto autor o participe de ese hecho al prenombrado acusado. En cuanto al peligro de fuga, dejó asentado que la medida de privación es la que procede a los fines de asegurar las resultas del proceso.
Es por ello que este Tribunal analiza y aprecia que no han variado las circunstancias que dieron lugar a que se decretara en contra del acusado la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ya que hasta la presente fecha, se mantienen los mismos elementos de convicción que motivaron dicha privación, toda vez que al referido acusado se le ordenó auto de apertura a juicio por el delito de AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
Por otra parte, dicha medida cautelar no va en contra del principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal, ya que no es desproporcionada, por cuanto se observa que la misma se corresponde con la gravedad de los delitos atribuidos al acusado W.G.J.; las circunstancias de la comisión y la sanción probable. Del mismo modo, se observa en el presente caso que el delito acusado, prevé una pena que supera los tres años en atención a lo dispuesto en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo atribuyó el Ministerio Público, por lo que se aprecia que la pena que pudiera llegar a imponérsele, para el caso de hallársele culpable al ciudadano acusado de autos, supera dicho termino legal; considerándose asimismo, que mediante este tipo de hechos se afecta el bienestar individual y colectivo en general, siendo necesario salvaguardar el proceso, como única vía para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, en virtud de la garantía social de la instrumentalidad del proceso penal, por tanto, se aprecia la debida proporcionalidad, entre el delito acusado y su sanción probable con la medida privativa decretada, y por ende, la pena probablemente aplicable, desde luego, en el evento de resultar culpable del hecho que se le imputa, debiendo mantenerse la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta. En virtud de las consideraciones señaladas, este Tribunal debe declarar sin lugar la solicitud del Defensor Privado. Así se decide.
En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: Revisa y declara sin lugar la solicitud interpuesta por el Defensor Privado, Abogado R.E.G.R., en su carácter de Defensor del ciudadano W.G.J., de nacionalidad venezolana, natural de S.A., titular de la cédula de identidad N° V-13.037.133, nacido en fecha 12 de marzo de 1.973, de 39 años de edad, soltero, hijo de Alterio Gámez (f), y M.J. (v); residenciado en la Quiracha del Bloque 29, apartamento 2-02, Rubio, Municipio Junín del estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de AMENAZA y VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA previstos y sancionados en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una V.L.d.V. en perjuicio de la ciudadana S.Y.C. y de las adolescentes D. P. H. C., y S. K. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) respectivamente; y CORRUPCIÓN DE MENORES, previsto y sancionado en el artículo 378 del Código Penal en perjuicio de la Adolescente A. C. H. C. (Identidad omitida por disposición de parágrafo segundo del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). En consecuencia, se mantiene con plenos efectos la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, que pesa en contra de la prenombrada acusada, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Líbrese oficio al Director de la Sub. Comisaría San Antonio de la Policía del Estado Táchira, informándole de la presente decisión. Impóngase de la presente decisión al Acusado de Autos, el JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, A LAS 09:00 HORAS DE LA MAÑANA, día fijado para la Apertura del Juicio Oral y Reservado, antes de la celebración del mismo. Hágase como se ordena.
Dada, firmada y refrendada, en San A.d.T., a los treinta días del mes de Agosto de 2013.
ABG. J.L.C.Q.
JUEZ DE JUICIO UNO
ABG. C.A.G.T.
LA SECRETARIA JUDICIAL
SP11-P-2012-003644/JLCQ/.-
