Decisión de Juzgado del Municipio Lagunillas de Zulia, de 24 de Abril de 2007

En fecha 21 de agosto del año 2003, la abogada en ejercicio E.P. consigna poder especial otorgado a los ciudadanos Y.J.G.C., N.J.P., MARÍA VILLASMIL VELASQUEZ, NILHSY CASTRO, CRISTINA FANEITE M., C.B.F., M.A.N. y E.P., portadores de las cédulas de identidad personal números 13.878.170, 9.415.420, 12.444.906, 7.860.904, 7.888.584.13.741.052, 9.901.359, 6.750.731, e inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 85.253, 56.945, 75.251, 40.719, 39.433, 91.385, 59.847, y 95.168 respectivamente. (Folio 5).

En fecha 18 de febrero del año 2004, el apoderado judicial de la parte actora Y.G.C., solicita al Tribunal se sirva expedirle copia certificada de las actas procesales. (Folio 6)

En fecha 18 de febrero del año 2004, el apoderado judicial de la parte actora Y.G.C., consigna diligencia. (Folio 7)

En fecha 11 de agosto del año 2004, el Tribunal dicta sentencia Interlocutoria donde suspende la causa hasta que haya constancia de la Notificación del Procurador General de la República. (Folios 8 hasta 12).

En fecha 14 de septiembre de 2004, el ciudadano W.A.A.M. asistido en éste acto por el abogado en ejercicio J.F.V. solicitando al Tribunal expidiera recaudos de Notificación del Procurador General de la República, y sea designado correo especial. (Folio 13 vto 13)

Auto del tribunal de fecha 15 de septiembre de 2004, ordenando expedir copia certificada del presente expediente y designa como correo especial al abogado J.F.V.. (Folio 14).

En fecha 16 de septiembre de 2004, exposición del alguacil haciendo constar que fue notificado, en la misma fecha el Secretario Natural del juzgado del Municipio Lagunillas hace constar que el alguacil entrego el recibo de citación (Folio 17).

En fecha 20 de septiembre del año 2004, el abogado en ejercicio J.F.V. fue juramentado para el cargo de correo especial. (Folio 18).

Nota del Secretario de fecha 22 de septiembre de 2004, haciendo constar que se certificaron copias ordenadas y fueron remitidas mediante oficio. (Folio vto 18).

Alguacil recibe oficio en fecha 23 de septiembre de 2004. (Folio vto 19).

En fecha 27 de septiembre del año 2004, el abogado en ejercicio J.F.V. deja constancia de que recibió de manos del Alguacil oficio dirigido a la Procuraduría General de la República. (Folio 20)

En fecha 30 de septiembre del año 2004, J.F.V. consigna copia fotostática la cual contiene firma y sello húmedo de la notificación que le realizara a la Procuraduría General de la República. (Folio 21).

Se recibió oficio en fecha 03 de diciembre del año 2004, emanado de la Procuraduría General de la República, ratificando la suspensión de la causa por el lapso de noventa (90) días continuos. (Folio 24).

En fecha 22 de abril del año 2005, mediante escrito el abogado en ejercicio J.F.V. solicitando al tribunal se sirviera expedir los recaudos para practicar la citación de la empresa P.D.V.S.A. (Folio 25).

En fecha 26 de abril del año 2005, el ciudadano W.A.A.M., otorga poder APUD-ACTA al abogado en ejercicio FERREIRA VILLEGAS. (Folio 26).

Auto del Tribunal de fecha 15 de junio del año 2005, ordenando librar recaudos de citación de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A. (Folio 27).

En fecha 09 de junio del año 2006, El apoderado de la parte demandante mediante diligencia solicita al tribunal que la citación del juicio sea realizada en la persona del ciudadano: R.C. en su carácter de gerente de occidente de la empresa P.D.V.S.A. (Folio 28).

Auto del Tribunal de fecha 12 de junio del año 2006, ordenando librar los recaudos de citación de la demandada en la persona del ciudadano R.C. en su carácter de gerente de occidente de la empresa P.D.V.S.A. (Folio 29).

Nota del Secretario de fecha 30 de junio del año 2006, hace constar que fueron librados los Recaudos de citación en la forma ordenada. (Folio vto 29).

Auto del Tribunal de fecha 30 de junio del año 2006, ordenando exhortar a la OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ESTADO ZULIA, a fines de que Distribuya al Juzgado que corresponda los Recaudos de Citación. (Folio 31).

Oficio de fecha 30 de junio de 2006, con número 6130-825-6039-2006, dirigido al ENCARGAD DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS (URDD) DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN MARACAIBO. (Folio 32)

En fecha 11 de agosto de 2006, el Apoderado Judicial de la parte actora mediante diligencia solicita al Tribunal le sean entregados los recaudos de citación del ciudadano R.C., en su carácter de gerente de occidente de la empresa P.D.V.S.A. (Folio 34).

Auto del Tribunal de fecha 14 de agosto de 2006, donde se ordena hacer entrega de los recaudos de citación librados por éste Tribunal, para la gestión de la citación de la demandada la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A. (Folio 35).

En fecha 05 de octubre del año 2006, el Apoderado Judicial de la parte actora hace constar que ha recibido de éste Tribunal, los recaudos de citación librados por éste Tribunal, para la gestión de la citación de la demandada la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A. (Folio 36).

Auto del Tribunal de fecha 22 de febrero e 2007, ordenando agregar a las actas las actuaciones emanadas del JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo. (Folios desde 37 hasta el 43).

En fecha 12 de marzo de 2007, el Abogado en ejercicio J.L.R.F., actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada la empresa P.D.V.S.A PETRÓLEO, S.A. presenta escrito con sus anexos. (Folios desde 44 hasta el 49).

Nota del Secretario de fecha 12 de marzo de 2007, donde hace constar que en el día 12 de marzo de 2007 fue presentado por el Abogado en ejercicio J.L.R.F., actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada la empresa P.D.V.S.A PETRÓLEO, S.A. un escrito más sus anexos que contiene CUESTIONES PREVIAS (Folio vto 49).

PUNTO PREVIO.

Según exhorto de fecha 30 de junio del año 2006, donde se exhorta al JUZGADO QUE LE CORRESPONDA POR DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Maracaibo, a fines de que practique la citación de la demandada empresa PDVSA PETROLEO, S.A. en al persona del ciudadano R.C., titular de la cédula de identidad número V.- 3.658.423, en su condición de Gerente de Occidente de la mencionada empresa, con domicilio en el edificio Miranda, piso Sexto, ubicado en la Avenida la Limpia, frente a MAKRO, en Maracaibo, Estado Zulia.

De conformidad con el articulo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo de la Gaceta Oficial No. 4240 extraordinario del 20 de diciembre de 1990, éste Tribunal en el mandato conferido al JUZGADO QUE LE CORRESPONDA POR DISTRIBUCIÓN DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, comisión que fue distribuida al JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, donde se le ordenaba citar a la persona del ciudadano R.C., titular de la cédula de identidad número V.- 3.658.423, en su condición de Representante Legal del patrono, cuestión que no ocurrió, es decir, no sé cumplió la comisión conferida según las instituciones.

Ha de observarse que el JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA realizó las siguientes actividades:

• Ordena darle entrada, numerarse y cumplirse la comisión librada por éste Juzgado, ordenando hacerle entrega al Alguacil temporal de ese Tribunal el ciudadano H.P., de los recaudos de citación para que practique la misma.

• Según exposición del Alguacil J.J.L.C., en fecha 14 de diciembre de 2006, fue citada la empresa PDVSA PETRÓLEO, S.A. en la persona del ciudadano Abog. N.U., Apoderado Judicial , quien se identificó con cédula de Identidad número V.- 12.216.034, Inpreabogado No. 70109, a las 4:25 pm, minutos de la tarde, en Avenida 28 La limpia, Edif. miranda, piso 3, Gerencia de Asuntos Jurídicos.

• La Secretaria del JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA hace constar que le fue devuelto en fecha 15 de noviembre de 2006, por el Alguacil de ese Tribunal recibo de la citación practicada.

• Ordenó darle entrada y agregar el recibo de la citación practicada.

• Remitió las resultas de la comisión cumplida al Juzgado Comitente.

En la actividad desplegada por el comisionado, se extralimita al mandato conferido al citar a la persona del ciudadano Abog. N.U., Apoderado Judicial , no consta en actas la existencia del poder que lo acredita como tal el cual se identificó con cédula de Identidad número V.- 12.216.034, Inpreabogado No. 70109, por cuanto la citación es personalísima y la orden impartida fue citar al ciudadano R.C., titular de la cédula de identidad número V.- 3.658.423, en su condición de Gerente de Occidente, en tal sentido desvirtuó la comisión que consistía en dar cumplimiento a la citación de la empresa PDVSA PETROLEO, S.A. en la persona del ciudadano antes mencionado R.C., con domicilio en el edificio Miranda, piso Sexto, ubicado en la Avenida la Limpia, frente a MAKRO, en Maracaibo, Estado Zulia. Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Es importante señalar lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil el cual precisa:

El Juez comisionado debe limitarse a cumplir estrictamente su comisión, sin diferirla so pretexto de consultar al comitente sobre la inteligencia de dicha comisión.

Es decir, que el Juez comisionado debe limitarse a cumplir única y solamente el mandato conferido sin sobrepasar el límite de dicha comisión, lo que a todas luces es un error del comisionado, por cuanto la comisión fue realizar una citación a una persona determinada esto es el ciudadano R.C. en su carácter de Gerente de Occidente de PDVSA, y la practicó en otra, en el abogado N.O.. Tal actuación origina un desorden y confusión procesal tanto para el actor como para el demandado.

En consecuencia se declara nula la citación practicada el 14 de diciembre del año 2006, por el Alguacil J.J.L.C.d. JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de la empresa PDVSA, practicada en la persona del Ciudadano N.U. por cuanto no es el representante legal de la empresa, debiendo haber sido practicada en la persona del ciudadano R.C. en su condición de Gerente de Occidente por contravención de los artículos 52 de la Ley Orgánica del Trabajo y 218 y 238 del Código Procesal Civil.

Ahora Bien el abogado J.L.R.F., inscrito en el Inpreabogado número 16520 Apoderado Judicial de PDVSA, presenta escrito con fecha 12 de marzo de 2007, alegando:

LA FALTA DE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DE LA PRESENTE CAUSA.

A.- La ley Orgánica Procesal del Trabajo en su articulo 200, le ordena a este Tribunal seguir conociendo de los Procedimientos en curso. Sin embargo la misma Ley en su artículo 197 numeral 10, aclara de que momento; cuando ordena que: Todas las causas en donde no se hubiese dado Contestación al fondo de la demanda serán remitidas al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, las mismas se tramitarán de conformidad con las normas de esta Ley.

También al aplicar supletoriamente, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil que dice: La Ley Procesal se aplicará desde que entre en vigencia…(…); por analogía y remisión expresa del articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aquella nos orienta sobre una supuesta disyuntiva que pudiera existir de las enunciadas normas anteriores de la Ley Procesal Laboral. De suerte que, este Tribunal debe declinar el conocimiento de la presente causa en los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laborales con sede en Cabimas, por no haberse celebrado la Contestación al fondo de la presente demanda y estar derogado el articulo 655 de la Ley Orgánica del Trabajo, amén de carecer este Tribunal de la doble Instancia prevista en el articulo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de los espacios adecuados para la celebración de las Audiencias Preliminares y de juicio, lo que le garantiza al justiciable los derechos consagrados en el articulo 26 de la Constitución por exigencia del mismo texto en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 40 que establece: “Una Ley Orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral, autónoma y especializada”; tal y como fue creada y, sin tener que seguir en este caso un procedimiento caduco y derogado como lo ordena el articulo 194 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como son: el contenido en el articulo 859 del Código de Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo.

B.- El demandante solicita se declare la injusticidad de su despido, condenándose a mi representada a su reenganche y posterior pago de salarios caídos, sobre la base de la existencia de una supuesta inamovilidad laboral absoluta en la cual se ampara.

Ahora bien, es el caso Ciudadano Juez, que el solo dicho del actor, alegando y haciendo valer expresamente una supuesta inamovilidad laboral absoluta que lo protege, implica la ausencia absoluta de jurisdicción en el presente caso frente a la Administración Pública, a quien corresponde, legalmente, la competencia de conocer de todas aquellas causas de despidos en los que el actor ALEGUE estar amparado en una causal de inamovilidad laboral absoluta.

Ahora bien, la declaratoria de falta de jurisdicción solicitada en este acto por parte de este honorable juzgador, en nada prejuzga sobre la eventual existencia o no de dicha inamovilidad, es más, resulta absolutamente irrelevante al fondo del asunto, en cuanto así el demandante está o no amparado por una inamovilidad laboral absoluta, o si la correcta interpretación del articulo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es la previsión o no de una supuesta estabilidad laboral sui géneris (inamovilidad) del trabajador petrolero. Se trata de hacer un juicio de valor formal sobre el propio dicho del autor, que somete el conocimiento de un caso al órgano Jurisdiccional, cuando de su libelo de demanda y su reforma, se desprenden unos hechos que corresponden ser conocidos a la Administración Pública a través de la Inspectoría del Trabajo (configurando así claramente una causa de ausencia de jurisdicción), para entrar a debatir en sede administrativa, primeramente, si esa supuesta causal de inamovilidad laboral absoluta esgrimida por el actor en su escrito de demanda existe o no, y luego las causales que justifiquen su despido.

Así por ejemplo, imaginemos la situación en la cual un trabajador acude ante este Tribunal solicitando la calificación del despido, con la consecuente orden de reenganche y pago de salarios caídos, esgrimiendo haber estado suspendido en la fecha del despido, o que su último salario mensual es la cantidad de Bs, 500.000,00. En ambos casos, el juzgador deberá, declarar, aún de oficio, la falta de jurisdicción suya para juzgar ese caso, por cuanto, DEL PROPIO DICHO DEL ACTOR, se evidencia una situación que corresponde ser conocida a la Administración Pública (Ex articulo 94 de la Ley Orgánica del trabajo y del Decreto Presidencial emitido para darle inamovilidad absoluta que alega el Actor), SIN QUE CON ELLO, EL TRIBUNAL PREJUZGUE SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE LA CAUSA DE INAMOVILIDAD, ES DECIR, SIN QUE ENTRE A ANALIZAR SU EVENTUAL EXISTENCIA O NO.

En consecuencia, sobre la base de todo lo antes expuesto, en este acto comparezco para solicitar respetuosamente, con fundamento en el articulo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la declaratoria de falta de jurisdicción en la presente causa en el que el trabajador demandante alegó una supuesta inamovilidad laboral absoluta con lo cual su pretensión debió someterse al conocimiento de la Administración Pública, a través de la respectiva Inspectoría del Trabajo para debatir allí la existencia o no de la misma.

Es oportuno señalar al Abogado J.L.R.F., que el procedimiento instaurado es de Calificación de Despido regido por la Ley Orgánica del Trabajo, según Gaceta Oficial No. 4240, extraordinario del 20 de diciembre de 1990, aunado al articulo 655 ejusdem, pues el trabajador en su demanda en el capitulo EL DERECHO, expone:

Sin lugar a duda ciudadano Juez, que el despido del que fui objeto por parte de mi patrono es Injustificado, por lo cual de conformidad con lo establecido en el articulo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el articulo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, acudo ante usted muy respetuosamente para solicitarle califique mi despido como injustificado, y en consecuencia, ordene mi reenganche a mis labores ordinarias con el pago de los salarios caídos y demás beneficios económicos, sociales y condiciones de trabajo de que venía disfrutando de acuerdo con las referidas leyes y con las normas internas de la mencionada empresa que me benefician, por cuanto estoy cubierto por la estabilidad absoluta de que disfrutan los trabajadores petroleros en este país concedida anteriormente por la Ley Orgánica que le Reserva al Estado, la industria y el Comercio de los Hidrocarburos, también llamada Ley de Nacionalización Petrolera, hoy reformada en la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

De manera que demandó su calificación de despido, sustentada en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en relación al artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos; sobre éste sentido existe mucha jurisprudencia para analizar donde se ha descrito el fondo del asunto. Sin embargo es necesario dejar claro que el juicio es de Calificación de despido.

La calificación de Despido en su origen fundamenta su conocimiento, competencia y jurisdicción para los juzgados de Municipio como lo dispone la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 655:

Los asuntos contenciosos del Trabajo cuyo conocimiento, sustanciación y decisión no hayan sido atribuidos por esta Ley a la conciliación o arbitraje o a las Inspectorias del Trabajo. Continuaran su tramitación en los Tribunales del Trabajo o Juzgados de Estabilidad Laboral previsto por esta Ley, no obstante, serán competentes además por razón de la cuantía los siguientes Tribunales:

a) De Parroquia o Municipio y Distrito en primera instancia, sobre asuntos de cualquier cuantía, en la jurisdicción donde no existan tribunales especializados; y

b) De Parroquia o Municipio y Distrito en primera instancia, sobre asuntos hasta por el equivalente a la cantidad de veinticinco (25) salarios mínimos, en la jurisdicción donde existan Tribunales de Trabajo.

Según ésta disposición éste Tribunal es completamente competente para conocer de la causa, siendo ésta una Jurisdicción donde no existen Tribunales especializados, para el momento en que se suscitaron los hechos y que fue introducida la demanda en fecha 12 de marzo del año 2003.

Ahora bien, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial No. 37.584, extraordinaria del 13 de agosto de 2002, entró en vigencia a un año de su publicación, es decir, el 13 de agosto de 2003, conforme al articulo 194 y en consecuencia la causa se originó con fecha anterior a la entrada en vigencia de esta Ley.

El titulo IX Vigencia y Régimen Procesal Transitorio establece los mecanismos procesales en la materia para las causas que nacieron antes de entrar en vigencia. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El artículo 200 ejusdem establece:

Los procesos laborales, que cursen en los Tribunales de Municipio, continuarán siendo conocidos por estos Tribunales, hasta su decisión definitiva

Es muy clara y terminante ésta disposición en que la competencia por la materia en Calificación de Despido y del Régimen ordinario laboral de las causas iniciadas antes de la entrada en Vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que cursen por los Juzgados de Municipio, serán conocidos por éstos hasta su total terminación.

Por ende es necesario dejar establecido que:

 La presente causa es por Calificación de Despido, de conformidad al artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 Que al momento del Tribunal comisionado cumplir con el mandato conferido extralimitó sus funciones practicando dicha citación en la persona del ciudadano N.U., anteriormente identificado, desvirtuando así la comisión conferida. La cual es nula según ya se dejó sentado.

 En base a los artículos 116 y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 200 de la Ley Procesal del Trabajo, éste Tribunal es competente para conocer de la causa.

Considera éste Juzgador para garantizar la tutela efectiva de los justiciables; ordenar reponer el proceso, brindando seguridad, y bajo el cumplimiento del mecanismo procesal en la búsqueda de la verdad conforme a lo establecido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resuelve que en virtud de haber sido declarada nula la citación del demandado y haber aclarado al Abogado J.L.R.F., se repone la causa al estado de contestar la demanda. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara NULA LA CITACIÓN practicada el 14 de diciembre del año 2006, por el Alguacil J.J.L.C.d. JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E. LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de la empresa PDVSA, practicada en la persona del Ciudadano N.U. en el juicio que por CALIFICACIÓN DE DESPIDO, que sigue el ciudadano W.A.A.M., contra la empresa PDVSA PETROLEO S.A. Se ordena:

Reponer la causa al estado de la contestación de la demanda, cuyo lapso comienza a contarse a partir del último de los notificados.

No hay condenatoria en costas, por la naturaleza de la Sentencia Interlocutoria, pues no hay vencimiento de ninguna de las partes.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE A LA PARTE DEMANDADA.

Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil, y el artículo 72, numerales 3 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dado, sellado y firmado en la Sala del Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 2.007. Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

EL JUEZ.

DR. C.R.F.

ELSECRETARIO,

ABG. J.R.A.

En la misma fecha se dictó y publicó Sentencia siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.).-

EL SECRETARIO