Decisión nº PJ0032012000138 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 17 de Septiembre de 2012

“El A quo no condenó el concepto de Preaviso que fuera demandado por el actor y rechazado por la representación legal de la demandada en su escrito de contestación, violentando el contenido expresado en el artículo 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil”. Ciertamente, durante su exposición oral, el apoderado judicial del actor indicó que dada la omisión de la recurrida al no pronunciarse de forma alguna sobre el Doble Preaviso reclamado por el actor y negado por la empresa demandada, había infringido el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y que lo procedente era declarar la nulidad absoluta de la sentencia recurrida.

Pues bien, en relación con este primer motivo de apelación del demandante recurrente, esta Alzada, al realizar una revisión exhaustiva de las actas procesales evidenció que dicho concepto fue expresamente demandado por el actor en su escrito libelar, específicamente contenido en el folio 7 y su vuelto de la Pieza I de este expediente. También se constató que la representación judicial de la parte demandada, expresamente rechazó la procedencia de dicho concepto en su contestación, tal y como se evidencia al folio 360 de la Pieza I del expediente. Finalmente, también se evidencia del estudio de la sentencia recurrida, que la misma no se pronunció en forma alguna acerca del concepto indicado, por lo que esta Alzada observa que es cierto que la recurrida presenta el vicio denunciado, por falta de pronunciamiento expreso, positivo y preciso con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, toda vez que omitió realizar pronunciamiento alguno sobre el concepto de Indemnización Doble de Preaviso reclamado por la parte actora y desconocida su procedencia por la apoderada judicial de la parte demandada en su escrito de contestación de la demanda Y así se declara.

Sin embargo, pese a la declaración precedente, igualmente observa este Sentenciador de Alzada que dicha omisión no hace procedente bajo ninguna óptica la nulidad absoluta de la sentencia recurrida, como infructuosamente lo solicita el apoderado judicial del actor recurrente, sobre todo si se considera que conforme al artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, los Jueces debemos procurar “la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal” y siendo que corresponde a esta Alzada la revisión de la sentencia recurrida, así como la facultad de corregir las eventuales faltas u omisiones cometidas por los Juzgados de Primera Instancia en su fase de juzgamiento, a juicio de quien suscribe la omisión declarada puede ser corregida como en efecto lo será más adelante, ya que constituye un motivo expreso de apelación, sin necesidad de declarar la nulidad absoluta del fallo recurrido. Y así se establece.

En consecuencia, siendo declarada la existencia de una omisión de la recurrida por falta de pronunciamiento sobre una pretensión controvertida y siendo expresamente negada la solicitud de nulidad absoluta de la misma sentencia con fundamento en la omisión delatada, es forzoso para esta Alzada declarar parcialmente procedente este primer motivo de apelación de la parte demandante recurrente. Y así se decide.

“Insistimos en la procedencia de la Indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, con base en el numeral 1 de la Cláusula 20 y el numeral tercero de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008”. En efecto, durante su intervención en la Audiencia de Apelación, el apoderado judicial de la parte demandante recurrente se alza en relación con este aspecto de la sentencia apelada y solicita sea modificada, en razón de haber sido negada dicha pretensión por el Tribunal de Juicio, indicando para ello que su procedencia está basada en la interpretación del artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, en forma concatenada con el numeral 1 de la Cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, lo que en su opinión obliga a la empresa demandada a satisfacer dicho pago.

En relación con este segundo motivo de apelación de la parte accionante, este Tribunal de Alzada pudo constatar que efectivamente, tal y como fue denunciado, el Tribunal A Quo negó dicho pedimento. Luego, a juicio de quien aquí decide, tal decisión está completamente ajustada a derecho, ya que en reiterada e inveterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se ha establecido el carácter supletorio de la responsabilidad del empleador, en relación con el pago de las indemnizaciones contenidas en el Título VIII (De los Infortunios en el Trabajo), de la Ley Orgánica del Trabajo, conforme lo dispone expresamente el artículo 585 ejusdem.

De modo que, conforme a la indicada norma y al criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, expresado a través de su Sala de Casación Social, solamente será exigible al patrono el pago de las indemnizaciones derivadas de un infortunio laboral por responsabilidad objetiva (como es el caso de la indemnización contemplada en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo), si el trabajador discapacitado no disfruta del Sistema de Seguridad Social.

Ahora bien, constando en las actas que integran el presente asunto que el trabajador accionante gozaba de los servicios asistenciales del Seguro Social Obligatorio, tal y como se evidencia de la fotocopia simple del Certificado de Incapacidad inserto al folio 110 de la Pieza I de este expediente, no hay dudas para este Sentenciador que el pretendido concepto en el presente asunto resulta improcedente, como acertadamente lo declaró el Juez de Primera Instancia de Juicio. Y así se declara.

Para mayor abundancia de la declaración que antecede, se transcribe a continuación un extracto de la Sentencia No. 254, de fecha 17 de marzo de 2011, emanada de la Sala de Casación Social del M.T. de la República, con ponencia del Magistrado Dr. O.A.M.D., en la cual se estableció lo que a continuación se indica:

“Para decidir, la Sala observa:

Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

La Sala procede a reproducir el criterio establecido por el Juzgado de Primera Instancia y del Juzgado Superior, para descartar las indemnizaciones previstas en artículo 571 y 575 de la Ley Orgánica del Trabajo y reproduce también, lo referente al daño moral e indemnizaciones previstas en el artículo 130 parágrafo tercero de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, bajo los siguientes términos:

La responsabilidad objetiva para indemnizar los daños y perjuicios así como por vida útil, demandados por el actor, corresponde por subrogación legal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tal como lo ha establecido la Sala de Casación Social, al considerar supletoria la aplicación de la legislación laboral solo en el caso que el trabajador no esté protegido por el sistema de la seguridad social

.

Así pues, admitida la ocurrencia del accidente de trabajo al actor, en fecha 15 de agosto de 2005, y que por tanto este hecho no es objeto de controversia, y al observar esta Sala que el accionante estaba amparado por el sistema de seguridad social, lo cual consta de las resultas de la prueba de informes que corre inserta al folio 221 de la pieza principal del expediente -valorada plenamente-, y del que se desprende que el actor fue pensionado por invalidez desde octubre 2007 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), es forzoso declarar improcedente ambos conceptos reclamados. Así se decide”. (Subrayado de este Tribunal Superior).

Adicionalmente conviene advertir que el apoderado judicial del actor ha insistido en que la procedencia de tal indemnización (artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo), procede en virtud de que es la misma Convención Colectiva de CADAFE la que dispone que este pago sea responsabilidad de la empresa demandada. A tales efectos, resulta muy oportuno citar la opinión de la Dra. Lanor H. H.Z., quien en el No. 19 de la Colección de Estudios Jurídicos, titulado “Ensayos Sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social”, publicó un trabajo muy completo denominado “Responsabilidad Patrimonial del Patrono en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo” y sobre el tema específico bajo estudio, afirma lo siguiente:

De lo antes expuesto se desprende que las indemnizaciones por enfermedad ocupacional o accidente de trabajo de responsabilidad objetiva previstas en la LOT, así como también las indemnizaciones previstas en los Convenios Colectivos de Trabajo, sólo procederán a favor de aquellos trabajadores no inscritos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

. Página 378. (Subrayado del Tribunal).

En otras palabras, en opinión de esta autora y como conclusión de su estudio sobre el tema, basado en fuentes legales y jurisprudenciales, en los casos de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad objetiva patronal, como es el caso del tipo de indemnización a que ase contrae el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, la obligación del patrono de pagar tales indemnizaciones corresponde únicamente en casos en los cuales el trabajador afectado no esté amparado por el Seguro Social Obligatorio, pero en el caso de marras, como quedó demostrado, siendo que el trabajador reclamante goza de los servicios asistenciales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la satisfacción de dicha reclamación le corresponde honrarla al mencionado Instituto y hacía él debe dirigir su reclamo el accionante. Y así se declara.

Por tales motivos, forzoso es establecer que este segundo motivo de apelación de la parte actora, resulta improcedente. Y así se declara.

“No estamos de acuerdo con la negación del Pago Doble de la Prestación de Antigüedad”. Ciertamente durante su exposición oral en la Audiencia de Apelación, el apoderado judicial de la parte demandante recurrente, alegó que el A Quo negó la procedencia doble de este concepto, basado en que no se había determinado el carácter ocupacional de la enfermedad que padece el actor y especialmente, porque desconoció el Certificado de Incapacidad emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), por lo que solicitó a esta Alzada que sea evaluado dicho aspecto de la decisión recurrida, ya que a su juicio si corresponde al actor este concepto, de conformidad con el numeral 5 de la Cláusula 60, el numeral 3 de la Cláusula 19 y el numeral 1 de la Cláusula 20, todos de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008.

Al respecto, del estudio pormenorizado de la sentencia recurrida, encuentra esta Alzada que, tal y como lo ha denunciado el apoderado judicial da la demandante recurrente, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio fundamentó de forma errada la negativa del concepto de Pago Doble de la Prestación de Antigüedad, ya que en efecto basó su improcedencia en el desconocimiento de la Certificación emanada del INPSASEL, que determinó el carácter ocupacional de la incapacidad del actor, la cual puede apreciarse en las actas procesales al folio 111 de la Pieza I de este expediente. Luego, a juicio de quien aquí decide, la recurrida presenta una errada motivación al no considerar el referido Certificado de Incapacidad, razón por la cual, en este sentido se considera parcialmente procedente este tercer motivo de apelación, puesto que existen documentos que demuestran el origen ocupacional de la enfermedad del demandante. Y así se declara.

Sin embargo, debe advertirse que a pesar de la declaración anterior, esta Alzada llega a la misma conclusión de la sentencia recurrida, es decir, igualmente se concluye que es improcedente el Pago Doble de la Prestación de Antigüedad reclamado por el actor, pero con fundamento en otros motivos. Y en este orden de ideas observa este Tribunal que no obra en las actas procesales el requisito de procedencia que establece el numeral 1 de la Cláusula No. 18 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, la cual establece lo siguiente:

CLÁUSULA No. 18. CASOS DE HERNIAS POR ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.

1. La Empresa conviene en reconocer como enfermedad ocupacional toda hernia que sufran los Trabajadores a consecuencia de las labores que realizan en ella, siempre y cuando el certificado médico del facultativo de la Empresa haya determinado que, para el momento de ingresar el Trabajador al servicio de la misma, no padecía de ninguna hernia.

2. Omissis…

3. Omissis…

. (Subrayado del Tribunal).

Ahora bien, se observa que el mencionado Certificado Médico del Facultativo de la Empresa a que se contrae el numeral 1 de la Cláusula 18 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, que demuestre el buen estado de salud previo al vínculo laboral que unió a las partes, no obra en las actas procesales de forma alguna, de tal modo que siendo ésta una condición para la procedencia del concepto pretendido por el actor, tal y como fue expresamente pactado por las partes en la Convención Colectiva que las rige, esta Alzada lo considera improcedente, por no estar establecido o determinado debidamente que el actor, al momento de iniciar la prestación de su servicio para la demandada de autos (CADAFE), no padecía de hernia alguna. En consecuencia, por tal razón, al no estar debidamente probada dicha situación, forzoso es para esta Alzada llegar a la misma conclusión del Tribunal de Primera Instancia, declarando improcedente el Pago Doble de la Prestación de Antigüedad. Y así se declara.

Por último, siendo que en efecto la recurrida erró en la motivación que negó la procedencia del concepto bajo análisis y siendo que, aún así esta Alzada ha establecido bajo otros motivos igualmente su improcedencia, en consecuencia, este tercer motivo de apelación se declara parcialmente procedente. Y así se decide.

“Insistimos en la procedencia del Pago Doble del Preaviso”. Ciertamente, durante su exposición oral en la Audiencia de Apelación, el apoderado judicial de la parte demandante recurrente indicó que por cuanto el Tribunal de Primera Instancia no se había pronunciado sobre la procedencia o no del Doble Preaviso, insistió en que dicho concepto, en el caso de su representado es absolutamente procedente.

En relación con este cuarto motivo de apelación de la parte demandante recurrente, considera útil y oportuno este Juzgador transcribir las normas delatadas, con el objeto de determinar el alcance de las mismas y la interpretación que de ellas se deriva, aplicadas a los hechos de autos, habida consideración de los alegatos expuestos por la representación judicial del demandante. En este orden de ideas, se observa que el numeral 3 de la Cláusula 19 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, dispone lo siguiente:

“CLÁUSULA No. 19. DISCAPACIDAD PARA EL TRABAJO Y ACCIDENTE DE TRÁNSITO.

Cuando un Trabajador quede discapacitado permanentemente, en forma total o parcial, a causa de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, o por una enfermedad común o accidente no laboral, y esta discapacidad, total o parcial le impida continuar desempeñando sus funciones habituales, la Empresa y el Sindicato respectivo signatario de la Convención Colectiva de Trabajo convienen en lo siguiente:

1. Omissis…

2. Omissis…

3. Cuando un Trabajador, a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, accidente o enfermedad común, sufra una discapacidad absoluta permanente o gran discapacidad para cualquier tipo de actividad, que lo inhabilite para realizar cualquier tipo de oficio o actividad laboral, el contrato de trabajo con la empresa se extinguirá, procediéndose en este caso a su finiquito con el pago de sus indemnizaciones, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 20 de esta Convención y/o los artículos 2, 10 y 11 del Plan de Jubilaciones que como Anexo “D” forma parte integrante de esta Convención, según fuere el caso”. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Por su parte, el numeral 5 de la Cláusula 60 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, establece:

CLÁUSULA No. 60. OPORTUNIDAD Y FORMA DE PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES Y/O PRESTACIONES CON OCASIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

1. Omissis…

2. Omissis…

3. Omissis…

4. Omissis…

5.- Cuando la relación de trabajo termine por fallecimiento o discapacidad total y permanente del Trabajador a consecuencia de una enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones correspondientes se pagarán de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Nro. 20 de esta Convención Colectiva de Trabajo

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Finalmente, la Cláusula 20 de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, es del siguiente tenor:

CLÁUSULA No. 20. PAGOS POR DISCAPACIDAD TEMPORAL O ABSOLUTA A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O POR MUERTE DEL TRABAJADOR.

La Empresa conviene en pagar al Trabajador que sufra un accidente de trabajo, que lo discapacite absoluta y permanentemente para el trabajo, además del Seguro Colectivo de Vida previsto en la Cláusula 46 de esta Convención, las prestaciones sociales que puedan corresponderle calculadas como si se tratara de un despido injustificado y la indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo; así como gestionar los pagos correspondientes ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), por concepto de discapacidad

. (Subrayado y negritas del Tribunal).

Ahora bien, se observa que entre los hechos no controvertidos en el presente asunto destaca que la relación laboral entre las partes terminó con ocasión del Beneficio de Jubilación concedido al trabajador, con ocasión de una enfermedad ocupacional, la cual le originó al trabajador demandante una discapacidad permanente de un 67%.

Luego, analizadas las reclamaciones efectuadas por la parte demandante recurrente, en lo que se refiere a la reclamación del pago Doble del Preaviso, pasa este Tribunal a estudiar ¿si el concepto de preaviso (inicialmente reclamado en el libelo como “doble preaviso” y más recientemente esgrimido como motivo de apelación, toda vez que la sentencia del Juez de Juicio, no se pronunció sobre dicho pedimento), es un concepto de las prestaciones sociales que correspondía pagar al trabajador demandante ciudadano ROJAS W.J. o por el contrario, no le correspondía? Desde luego, conteste con los razonamientos precedentes, si la respuesta a esta interrogante es positiva, entonces el pago de este concepto de las prestaciones sociales (el preaviso), debía realizarse “como si se tratara de un despido injustificado”, pero si la respuesta a esta pregunta es negativa, entonces no sólo no corresponde el pago de este concepto “como si se tratara de un despido injustificado”, sino que tampoco corresponde, ni correspondía el pago del concepto mismo, bajo ninguna forma, ni siquiera en su más simple y llana expresión.

Ahora bien, estudiada esta figura jurídica se tiene que el preaviso es un concepto que corresponde al trabajador única y exclusivamente cuando la relación de trabajo ha terminado por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”, conforme lo establece el encabezamiento del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. En otras palabras, la procedencia del preaviso como parte de las prestaciones sociales de un trabajador es privativa de los casos de finalización de la relación de trabajo por “despido injustificado o basado en motivos económicos o tecnológicos”.

Luego, se observa de autos como un hecho no controvertido inclusive, que la relación de trabajo entre las partes en juicio terminó por “enfermedad ocupacional” del trabajador, la cual no es una de las causas de terminación de la relación de trabajo contempladas en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo y por tanto, a este motivo de terminación de la relación de trabajo no le corresponde el preaviso.

En consecuencia, resulta forzoso declarar que al trabajador demandante, dado el motivo por el cual terminó la relación de trabajo (“enfermedad ocupacional”), no le correspondía el concepto de preaviso al momento de pagarle sus prestaciones sociales y por tal razón, dicho concepto, llamado por su representación judicial “doble preaviso”, como erróneamente lo ha solicitado en su demanda y sobre el cual, la recurrida no hizo pronunciamiento alguno, esta Alzada lo considera absolutamente improcedente. Y así se declara.

Por tanto, igualmente improcedente resulta este cuarto motivo de apelación. Y así se decide.

QUINTO: “Debe modificarse la fecha de inicio para el cálculo de los Intereses por Diferencia de Prestaciones Sociales condenados por la recurrida”.

Ciertamente, al realizar un análisis de la sentencia recurrida, observa esta Alzada que el Tribunal A Quo condenó la cantidad de Bs. 11.450,03 por concepto de Diferencia de Prestación de Antigüedad. Sin embargo indicó, que dichos intereses se calcularían desde la terminación del vínculo laboral el 31 de julio del 2007, siendo incorrecta tal determinación, por lo que observa esta Alzada que, forzosamente debe declararse procedente este quinto motivo de apelación, toda vez que los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, al igual que los intereses con ocasión de su diferencia, deben ser calculados desde cuando comenzaron a generarse, es decir, a partir “del tercer mes ininterrumpido de servicio”, conforme lo dispone el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, hasta la oportunidad del pago efectivo. Y así se declara.

Debe advertirse que para el cálculo de dichos intereses no debe tomarse como monto inicial la cantidad total que será condenada por esta alzada, pues dicho monto es el resultado de toda la Diferencia de Antigüedad acumulada del trabajador y desde luego que, resulta contrario a derecho pretender que los intereses de su prestación de antigüedad se calculen partiendo del monto total acumulado al término de su relación de trabajo y no paulatinamente como se fueron generando, mes a mes, a partir del tercer mes ininterrumpido de la prestación de su servicio, como deben calcularse en su proporción diferencial. Y así se establece.

“Debe modificarse la condenatoria de la Corrección Monetaria”. Ciertamente, el apoderado judicial del demandante recurrente alegó como sexto y último motivo de apelación que el Tribunal A Quo condenó la Indexación o Corrección Monetaria, pero que lo hizo únicamente en fase de ejecución de la sentencia, por lo que debe este Sentenciador Superior (según sus afirmaciones), corregir este desatino.

Al respecto, observa este Tribunal Superior que en efecto, la recurrida condenó la Indexación solicitada exclusivamente en caso de negarse a pagar la demandada voluntariamente durante la fase de ejecución de la sentencia, conforme lo dispone el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así las cosas, resulta forzoso declarar procedente este sexto y último motivo de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante. Y así se declara.

En consecuencia, se procede a modificar este concepto, toda vez que siendo que en la presente causa se demandó y fue acordado por la recurrida el pago de la diferencia de Antigüedad establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, concepto éste que luego de realizado un análisis sobre los puntos objeto de apelación es modificado por esta Alzada, se acuerda la Indexación o Corrección Monetaria sobre dicho concepto desde la fecha de terminación de la relación de trabajo el 31 de julio de 2007, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia, para la cual se deberán tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela. Del mismo modo se establece que, a los fines del cómputo de la Indexación acordada, se deberán excluir los lapsos de paros y vacaciones tribunalicias, así como los lapsos en los que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, en casos fortuitos o de fuerza mayor. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.d.R.. Y así se declara.

II.4.2) MOTIVO DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

UNICO: “La fecha de terminación de la relación de trabajo establecida por la recurrida, no se corresponde con la realidad”. En efecto, durante su exposición oral la representante de la demandada recurrente expuso un único motivo de apelación, indicando que la fecha de terminación del vínculo laboral establecido por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio, no es la correcta, por cuanto obran en actas procesales (según sus afirmaciones), evidencias de que el trabajador demandante comenzó a disfrutar del beneficio de jubilación contractual a partir del 01 de agosto de 2007, por lo que la fecha de finalización de esta relación de trabajo es el 31 de julio del mismo año y en consecuencia no existe diferencia alguna que reclamar por concepto de antigüedad.

En relación con este único motivo de apelación de la demandada recurrente, observa este Tribunal Superior que se desprende del Memorando No. 1793.2000.453, de fecha 26 de diciembre de 2007, el cual riela al folio 112 de la Pieza I de este expediente debidamente valorado, que la empresa demandada le notificó al trabajador que gozaba del beneficio de jubilación desde el 01 de agosto del 2007, lo que supone el término del vínculo laboral.

En este orden de ideas se observa que, tal y como lo alegó la parte demandada recurrente, el demandante de autos ciudadano W.J.R. comenzó a disfrutar del beneficio de jubilación a partir del 01 de agosto de 2007, es decir, que desde entonces cobra la correspondiente Pensión de Jubilación, a tenor del único aparte del artículo 2 del Anexo “D” (Plan de Jubilaciones) de la Convención Colectiva de CADAFE 2006-2008, por lo que mal podría esta Alzada condenar a la demandada a realizar un “pago doble” por cualquier concepto prestacional, basado en una supuesta diferencia en el cálculo de las prestaciones que reclama el actor entre el 01 de agosto de 2007 (fecha ésta desde la cual goza efectiva y económicamente del beneficio de jubilación) y el 26 de diciembre del 2007 (fecha ésta en la cual fue notificado de haber sido aprobado el referido beneficio). De hecho, constituye criterio reiterado de esta misma Alzada que la fecha de terminación de la relación de trabajo en estos casos, la cual se deberá tomar para realizar el cálculo de la prestación de antigüedad, es aquella cuando el trabajador comienza a disfrutar del beneficio de jubilación y por consiguiente, del pago de su pensión por dicho concepto (jubilación), toda vez que en caso contrario, se estaría en presencia de un pago indebido, el cual sería, el cobro del salario con sus respectivos beneficios prestacionales y simultáneamente, el cobro de la pensión por jubilación.

En consecuencia, difiere este Sentenciador de Alzada acerca de la fecha de terminación de la relación de trabajo entre las partes y por tanto, se declara procedente este único motivo de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandada, estableciéndose expresamente que, la fecha de finalización de la relación de trabajo entre las partes fue el 31 de julio del año 2007. Y así se decide.

II.5) DE LAS CONCLUSIONES EN RELACIÓN CON LOS HECHOS CONTROVERTIDOS Y DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS CONDENADOS A PAGAR POR ESTA ALZADA.

Pues bien, vista la resolución de todos y cada uno de los motivos de apelación planteados por las partes, los hechos controvertidos en este asunto quedan resueltos del siguiente modo:

En relación con el primer hecho controvertido, esta Alzada ha establecido al resolver el único motivo de apelación de la parte demandada que, la fecha de terminación de la relación de trabajo es el 31 de julio de 2007 y en consecuencia, siendo que la fecha de inicio de esa relación laboral no está en disputa y es el 05 de mayo de 1980, no hay dudas para este Tribunal Superior que, el tiempo efectivo de servicio es de 27 años, 2 meses y 26 días. Y así se decide.

Sobre el segundo hecho controvertido en esta Alzada, consistente en determinar si corresponde al actor el pago de la Indemnización prevista en el artículo 571 de la Ley Orgánica del Trabajo, es evidente, de conformidad con las razones expuestas al resolver el segundo motivo de apelación de la parte demandante recurrente, que la empresa accionada no está obligada a pagar al actor la indemnización a que se contrae el artículo 571 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se confirma.

Por su parte, en lo que respecta al tercero y cuarto hechos controvertidos, referentes a la petición del actor sobre la indemnización doble de antigüedad y la indemnización doble de preaviso, esta Alzada concluyó que no corresponde al actor la indemnización doble de antigüedad, tal y como se explicó detalladamente al resolver el tercer motivo de apelación de la parte demandante recurrente. Asimismo, no corresponde al actor la indemnización doble de preaviso, por las razones expuestas al resolver el cuarto motivo de apelación de la parte actora apelante. Y así se confirma.

Y en relación con el quinto hecho controvertido, acerca de los intereses sobre prestaciones sociales, intereses moratorios y la indexación sobre la diferencia reclamada, este Tribunal de Alzada los declara procedentes en los términos que más adelante se establecen. Y así se decide.

Ahora bien, resueltos como han sido todos y cada uno de los motivos de apelación de las partes y con ellos, resueltos los hechos controvertidos en el presente asunto, pasa esta Instancia Superior a condenar a la parte demandada los conceptos y montos que a continuación se establecen:

En lo que respecta al cálculo de la diferencia que se genera con ocasión del pago de la antigüedad acordada, este Tribunal toma como salario base de cálculo de dicho monto, la cantidad de Bs. 7.236,80, tal y como fue declarado precedentemente por el A Quo y siendo que, dicha base de cálculo no es un hecho controvertido en esta Segunda Instancia, esta Alzada la toma para realizar las operaciones aritméticas correspondientes. Luego, dicho salario llevado a su expresión diaria es de Bs. 241,22, monto éste obtenido de dividir aquél salario mensual entre los treinta días del mes, operación aritmética que se expresa así: Bs. 7.236,80 / 30 días = 241,22 Bs./día.

Luego, establecida como ha sido la fecha de terminación de la relación de trabajo el 31 de julio del 2007 y siendo que la fecha de inicio de la prestación de servicio no es un hecho controvertido (05/05/1980), se observa que el trabajador laboró 27 años, 2 meses y veintiséis 26 días. Así, multiplicado el salario diario integral de Bs. 241,22, por 810 días (sobre esta cantidad de días de antigüedad no hay controversia en esta Segunda Instancia, ya que una vez establecida en la sentencia recurrida no fue objetada por ninguna de las partes), se obtiene como resultado la cantidad de Bs. 195.388,2, operación ésta que aritméticamente se expresa así: Bs. 241,22 X 810 días = Bs. 195.388,2. Luego, a dicha cantidad obtenida debe restársele el monto de Bs. 191.180,65, que es la suma de dinero pagada al actor por la empresa demandada por concepto de prestación de antigüedad específicamente y que es considerada por esta Alzada como un adelanto de tal prestación, sobre la cual no hay controversia y aparece reflejada en documentos que promovidos por el propio actor y reconocidos por la accionada, obran insertos al folio 113 de la I pieza de este expediente, lo que produce una diferencia a favor del actor de Bs. 4.207,55. Dicha operación se expresa aritméticamente así: Bs. 195.388,2 – Bs. 191.180,65 = Bs. 4.207,55.

En consecuencia, se condena a la empresa demandada, la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), a pagar al actor, ciudadano W.J.R., la cantidad de BOLÍVARES CUATRO MIL DOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 4.207,55), por concepto de diferencia de prestaciones sociales, generada dicha diferencia específicamente por concepto de antigüedad. Y así se declara.

Debe recordarse que en lo que respecta al 5% adicional por cada año de servicio, solicitado en el escrito libelar, se observa que en la celebración de la Audiencia de Juicio celebrada ante el Tribunal A Quo, el apoderado judicial de la parte demandante desistió formalmente de dicho concepto, por lo que ese Juzgado procedió a impartirle su aprobación, criterio este que es compartido por esta Alzada, como antes se había establecido. Y así se confirma.

Igualmente se CONDENA a la parte demandada a pagar al actor los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, los cuales se pagarán de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, sobre los montos condenados a pagar, a partir “del tercer mes ininterrumpido de servicio”, hasta la oportunidad del pago efectivo. Debe advertirse que para el cálculo de dichos intereses, no debe tomarse como monto inicial la cantidad total condenada (Bs. 4.207,55), pues dicha cantidad es el resultado de toda la antigüedad acumulada del trabajador demandante y desde luego, que resulta contrario a derecho pretender que los intereses de su prestación de antigüedad se calculen partiendo del monto total acumulado al término de su relación de trabajo y no paulatinamente como se fueron generando, mes a mes, a partir del tercer mes ininterrumpido de la prestación de su servicio, como debe calcularse y como anteriormente se expresó. Y así se establece.

Asimismo, se condena a pagar sobre dicha cantidad, los Intereses de Mora de las Prestaciones Sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser éste un concepto que se generó por el retardo en el cumplimiento de la obligación de pagar oportunamente las prestaciones sociales completas, una vez culminada la relación de trabajo. Los mismos deberán ser calculados desde la fecha en que terminó la relación laboral, hasta la fecha de su pago definitivo. Del mismo modo, en caso de incumplimiento voluntario del presente fallo por la demandada, se ordena adicionalmente el pago de los Intereses de Mora a que se contrae el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Todo ello conforme a lo establecido por la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras decisiones, en la Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, con Ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.d.R.. Y así se decide.

Del mismo modo se establece que, a los fines del cómputo de la Indexación acordada, se deberán excluir los lapsos de paros y vacaciones tribunalicias, así como los lapsos en los que el proceso haya estado suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, en casos fortuitos o de fuerza mayor. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de Noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada Dra. C.E.P.d.R.. Y así se decide.

Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales, los Intereses Moratorios y la Indexación, se calcularán mediante Experticia Complementaria del Fallo, siguiendo los parámetros que se indican a continuación:

1. - Será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de S.A.d.C. que resulte competente, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

2. - Siendo que quedó establecido que la relación de trabajo entre las partes terminó el 31 de julio de 2007, la cual es una fecha posterior a la entrada en vigencia de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el perito se servirá de la tasa promedio entre la activa y la pasiva fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente.

3. - Los Intereses Sobre Prestaciones Sociales se calcularán tomando en cuenta la tasa promedio entre la activa y la pasiva, fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, computados desde cuando comenzó a generarse la antigüedad, hasta su definitivo pago.

4. - Para el cálculo de los enunciados Intereses de Mora e Intereses Sobre Prestaciones Sociales, no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, la capitalización de los propios intereses.

5. - La Corrección Monetaria o Indexación de los conceptos condenados a pagar, se determinará tomando en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor fijada por el Banco Central de Venezuela.

6. - El Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente, podrá ordenarle al experto designado, que para determinar con precisión el monto de los conceptos antes indicados y condenados a pagar (con excepción de la Corrección Monetaria, por cuanto ya se estableció su cálculo), que la experticia se realice desde la oportunidad indicada en esta sentencia para cada concepto, hasta la fecha que ese Tribunal declare en estado de ejecución la presente causa y en caso de que la parte condenada a pagar no cumpla voluntariamente con la sentencia, aplique el contenido del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se decide.

III) DISPOSITIVA:

Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicables al caso, los criterios jurisprudenciales expresados y todas las razones y motivos expuestos en la parte motiva de esta sentencia, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado A.A., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 103.204, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, contra la Sentencia de fecha 24 de noviembre de 2010, emanada del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en el juicio que por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales tiene incoado el ciudadano W.J.R., contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE).

CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la abogada R.G., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 89.768, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, contra la precitada sentencia.

SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA en lo que respecta a la fecha de inicio para el cálculo de los intereses por diferencia de prestaciones sociales, la fecha de terminación de la relación de trabajo, el monto condenado por diferencia de prestaciones sociales y la fecha de inicio para el cálculo de la corrección monetaria.

SE ORDENA NOTIFICAR LA PRESENTE SENTENCIA al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C..

SE ORDENA REMITIR EL PRESENTE ASUNTO a la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C., a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial para su prosecución procesal.

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese y agréguese. Notifíquese a las partes y a la ciudadana Procuradora General de la República.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 17 de septiembre de 2012, a las nueve de la mañana (09:00 a.m.). Se dejó copia certificada en el Copiador de Sentencias de este Tribunal Superior. Conste, en S.A.d.C. en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

(JPAR/lv)