Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 18 de Mayo de 2007
| Fecha de Resolución | 18 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Fanisabel Gonzalez Maldonado |
| Procedimiento | Medida Cautelar Sustitutiva A La Privación De Libe |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas
Barinas, 18 de Mayo de 2007
197º y 148º
ASUNTO PRINCIPAL : EP01-P-2007-000179
ASUNTO : EP01-P-2007-000179
AUTO OTORGANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD
Vista la solicitud presentada por el Abg. H.A., defensor público de la imputada R.M.A.R., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.191.281, de 20 años de edad, nacida el 02-07-86, natural de Barinitas Estado Barinas, de estado civil soltera, ocupación u oficio oficios del hogar, hija de I.R. (V) y R.Á. (V), residenciada en el Barrio la Macarena, calle 09, carrera 09 y 10, Barinitas Estado Barinas , mediante la cual solicita a este Tribunal se le otorgue una medida cautelar menos gravosa que la privación judicial preventiva de libertad por cuanto la misma tiene veinticinco (25) semanas de embarazo, dicha solicitud la hace en base al principio de Maternidad y por cuanto en los centros de reclusión no existen condiciones de salubridad e higiene que se requieren para el cuidado y protección de una mujer embarazada, así como la imposibilidad de poderse controlar su embarazo; lo que no garantiza la salud de la madre ni la del niño; invocando el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 44 de la ley Orgánico para la protección del niño y del adolescente.
El Tribunal para resolver sobre lo pedido estima conveniente hacer las siguientes consideraciones:
En los artículos 22 y 23 constitucionales está consagrada la fuente constitucional de los derechos fundamentales al señalarse en dichas normas que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos....” Y que “Los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás órganos del poder público”.
Cabe mencionar lo establecido en el artículo 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, suscritas y ratificadas validamente por el Estado Venezolano en las Declaraciones, Tratados, Pactos y Convenios Internacionales, relativos a Derechos Humanos, según el cual: Del Derecho de protección a la maternidad y a la infancia. “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”. Igualmente el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del Hombre, suscrito y ratificado por el Estado Venezolano, el cual regula: “Del Derecho al respeto de la dignidad humana: Dignidad humana en prisión durante el régimen procesal y durante el régimen penitenciario. 1° Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la dignidad inherente….” El caso bajo análisis refiere la condición especial en la que se encuentra la acusada de autos, en virtud de su demostrado estado de gravidez.
Por su parte, el artículo 272 de la Carta Magna señala que “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciariaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las formulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorio. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
De manera que no debe quedar ninguna duda en ninguna persona en cuanto a la protección integral que de todos lo derechos humanos a todas las personas, nuestra Constitución, Pactos y Tratados Internaciones, suscritos y ratificados por Venezuela consagran. Incluidos desde luego los privados de libertad en cuanto son personas iguales a las demás.
Entre esos derechos humanos fundamentales la Constitución señala el derecho a la salud cuando en su artículo 83 dispone que “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. …Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa…”.
Así mismo, el artículo 43 constitucional dice que “El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad...”
El artículo 75 constitucional dice: “El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen…”.
El artículo 76 constitucional a su vez dice:”La maternidad y la paternidad son protegidos integralmente sea cual fuere el estado civil de la madre o el padre…”…“El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio……”. Igualmente el artículo 44 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente dice: “Protección a la maternidad. El Estado debe proteger la maternidad. A tal efecto, debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención, gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres”.
Se observa el Tribunal que a los folios ciento setenta y cuatro (174 al 176) cursa ordenes de examen de HIV, de heces, Hematología completa, Informe del Ecosonograma en el cual consta que la misma tiene un embarazo de 25 semanas para la fecha 17-04-07( folios 180 al 181) expedido por el médico S.D.M., del departamento de obstetricia del Hospital L.R., practicado a la ciudadana R.Á.; lo que demuestra que efectivamente la acusada se encuentra en avanzado embarazo y por cuanto está detenida preventivamente, no es posible que reciba la atención médica necesaria ni el control y los cuidados que debe recibir una mujer embarazada, no garantizando un buen desarrollo del embarazo, un buen parto y el nacimiento de un niño sano, tomando en cuenta el interés superior del niño, por que debe entenderse que lo que se protege es el bienestar de los niños por su incuestionable vulnerabilidad. Por lo que resulta inconcebible, desde luego contrario a estos postulados constitucionales el hecho de obligar a una mujer embarazada y luego a un recién nacido a padecer un régimen carcelario sin condiciones para ello con riesgo a contraer infecciones, contaminaciones que podrían perjudicar seriamente la salud de la madre y la salud del niño. Desde luego que en este caso y siendo la consagración constitucional del interés superior del niño, considera este Tribunal que por justicia y elemental exigencia humana, se impone el deber sagrado de evitar todo el sufrimiento que significa para una mujer y de llegar a ser condenada para un recién nacido el tener que pasar parte de su vida en una cárcel venezolana. Y ello se logra en alto grado concediéndole una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad en la modalidad de detención domiciliario, prevista en el artículo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal para que continúe con su embarazo en una mejor condición, bajo la vigilancia de su padre ciudadano R.N.Á.A., titular de la Cedula de Identidad N° 6.072.075, número telefónico 0414-3736247, en el Barrio La Charca frente a la Picadora vía Barinitas, calle principal de Quebrada Seca, a 5mtrs, de la Herrería Henrry, Barinas Edo. Barinas; consta al folio 194 Partida de Nacimiento donde consta que es su progenitor, así como constancia de residencia al folio 191 y de Buena conducta folio 190, Situación ésta protegida en el trascrito artículo 76 de nuestra Constitución. Si bien es cierto que el artículo 245 del Código Orgánico Procesal Penal establece las limitaciones para decretar la privación judicial preventiva de libertad y entre ellas menciona: “…de las mujeres en los tres últimos meses de embarazo…” observando para el caso en concreto que nos ocupa la ciudadana R.A., tiene VEINTICINCO (25) semanas de embarazo para el momento en que se le realiza el examen medico forense, es decir, SEIS (6) meses de gravidez, también es cierto que el mencionado artículo 76 Constitucional establece que el Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el puerperio, es por lo que considera procedente quien aquí decide otorgar la medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad a la ciudadana mencionada.
Es por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos que este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, OTORGA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD A LA IMPUTADA R.M.A.R., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-19.191.281, de 20 años de edad, nacida el 02-07-86, natural de Barinitas Estado Barinas, de estado civil soltera, ocupación u oficio oficios del hogar, hija de I.R. (V) y R.Á. (V), residenciada en el Barrio la Macarena, calle 09, carrera 09 y 10, Barinitas Estado Barinas; de conformidad con el artículo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en el Barrio La Charca frente a la Picadora vía Barinitas, calle principal de Quebrada Seca, a 5 mtrs, de la Herrería Henrry, Barinas Edo. Barinas, es decir, solo pudiendo salir de su domicilio para atender lo relacionado con su embarazo, es decir su control mensual, lo que tendrá que justificar al Tribunal cada vez que lo haga e igualmente debe presentarse ante el Tribunal cada vez que el mismo así lo requiera, y el ciudadano R.N.Á.A., titular de la Cedula de Identidad N° 6.072.075, número telefónico 0414-3736247, comprometerse a cumplir con la vigilancia de su hija y la imputada a cumplir con las condiciones impuestas en este auto, comparecer a las audiencias preliminares que tiene pendiente para el día 23-05-07 a las 2 pm y a todos los actos que ordene el tribunal. Líbrese boleta de traslado. Notifíquese a las partes de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la sede del Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2007.
La Juez de Control N° 3
La Secretaria
Abg. Fanisabel G.M.
