Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 8 de Enero de 2010

Valor y mérito jurídico de las actas procesales, especialmente del Contrato Preparatorio de Venta, acompañado con el Libelo de la demanda marcado “B”, autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Mérida, en fecha 17 de abril de 1.998.

Este Tribunal observa que el referido Contrato Preparatorio de Venta se encuentra a los folios 6 y 7 del presente expediente, en original, debidamente Autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Mérida, en fecha 17 de abril de 1.998, inserto bajo el Nº 23, Tomo 19 de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría. De dicho documento se evidencia en la cláusula Tercera: “…Se acuerda entre las partes que la fecha para la firma del documento definitivo de compra venta es dentro de los primeros cinco meses del año Mil Novecientos Noventa y Nueve…”. Documento que no fue tachado de conformidad con lo establecido en los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1380 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.-

Análisis y Valoración de las Pruebas promovidas por la parte demandada (folios 67 al 70):

Valor y mérito jurídico de todas y cada una de las actas procesales en cuanto favorezcan a mi representada.

Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, hace las siguientes consideraciones: que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte demandada, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas. Y ASÍ SE DECIDE.-

Valor y mérito jurídico del Documento Estatutario de la Asociación Civil Pro Vivienda La Serranía, que corre inserto a los folios 56 al 63 del expediente, protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida bajo el N° 35, Protocolo Primero, Tomo 52, Trimestre Cuarto, de fecha 23 de diciembre de 1.997, en la cual se establecen cuáles son las causales de exclusión de los miembros de la misma, cuando estos incurren en el incumplimiento de las normas estatutarias que rigen las relaciones de los directivos con los miembros y de estos entre sí…”

Este Tribunal observa que a los folios 55 al 63, copia debidamente certificada del documento constitutivo de la ASOCIACIÓN CIVIL PRO VIVIENDA LA SERRANÍA, el cual no fue tachado ni impugnado por la contraparte de conformidad con lo establecido en los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 1.380 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 1.357 y 1.359 ejusdem Y ASÍ SE DECIDE.-

Valor y mérito jurídico del Contrato Preparatorio de Venta, agregado al libelo de la demanda y corre a los folios 6 y 7 del expediente, suscrito en fecha 17 de abril de 1.998 en la Notaría Pública Cuarta del Estado Mérida, anotado bajo el Nº 23, Tomo 19 de los Libros llevados por esa Notaría, específicamente las cláusulas tercera, cuarta, quinta y sexta. Documento que no fue tachado de conformidad con lo establecido en los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1380 del Código Civil, razón por la cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 1.357 y 1.359 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.-

Cuarta y

Invoca el valor y mérito jurídico del oficio mediante el cual la Junta Directiva fija los cronogramas de pago de los apartamentos de la Torre “B” del Conjunto Residencial Serranía Torres Residenciales, de fecha 03 de noviembre de 1.997… y el valor y mérito jurídico del Plan de ventas fijado por la Junta Directiva de la Asociación, solicitando la exhibición de su original por la ciudadana L.M.M. y solicitando igualmente al Tribunal fije oportunidad legal para que los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Civil Pro Vivienda La Serranía reconozcan el contenido y firma del mismo.

En relación a las pruebas promovidas en los prenombrados numerales 4° y 5° del escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, este Tribunal observa que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito, Del Trabajo, Estabilidad Laboral y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión de fecha siete (07) de mayo de dos mil uno (2001), vista la apelación interpuesta por el Abogado P.I.G., en representación de la parte demandante, ordenó a este Tribunal desechar o no admitir dichas pruebas, razón por la cual no se le otorga valor probatorio alguno Y ASÍ SE DECIDE.-

Promueve el valor y mérito jurídico de los recibos de ingreso otorgados por la Asociación Civil La Serranía a la demandante, de los cuales consignó copias marcadas “3” y “4” y original marcado “5”.

Este Tribunal observa que a los folios 74, 75 y 76, rielan tanto copias fotostáticas simples como la copia original al carbón de los recibos mencionados, y es de advertir que la copia del recibo que obra al folio 74, fue emitido a nombre del ciudadano O.E.I.P., quien no es parte en el presente juicio y, de acuerdo a la decisión emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito, Del Trabajo, Estabilidad Laboral y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión de fecha siete (07) de mayo de dos mil uno (2001), vista la apelación interpuesta por el Abogado P.I.G., en representación de la parte demandante, al no haber sido promovido el mencionado ciudadano como tercero que es, tal pretensión fue desechada, motivo por el cual, quien aquí decide no le otorga valor probatorio alguno Y ASÍ SE DECIDE.-

En relación a los recibos que rielan a los folios 75 y 76 del presente expediente, este Tribunal observa que los mismos fueron emitidos a nombre de la ciudadana MIDESXY YAGUA DE INFANTE, por parte de la empresa Asociación Civil Provivienda La Serranía, y al folio 94, se llevó a cabo el Acto de Exhibición de Recibos originales de Ingresos otorgados por la mencionada Asociación Civil, los cuales, de acuerdo a la decisión proferida por el Juzgado Superior Primero señalada anteriormente, dichos documentos se concluyen que se encuentran en poder de la demandante y visto que del Acta de Exhibición levantada por este Tribunal en fecha 01 de febrero de 2001, el apoderado de la parte demandante, abogado P.I.G., los mismos no fueron exhibidos, razón por la cual este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 436, tercer aparte, se tiene como exacto el contenido de los mencionados recibos, tal como aparece en las copias consignadas Y ASÍ SE DECIDE.-

Valor y mérito del bauche bancario, donde consta que la demandante, ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y., canceló la primera cuota por la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 1.560.000,00) y solicitó la exhibición del original por parte de la demandada.

Este Tribunal observa que al folio 77 del presente expediente, obra copia simple de bauche del Banco Mercantil de fecha 04/08/1998, en el cual se evidencia que en la mencionada fecha la ciudadana MIDESXY DE INFANTE realizó un depósito por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 1.560.000,00) a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL LA SERRANÍA. En atención a la referida prueba, este juzgador hace las siguientes consideraciones: El Dr. Valmore A.A., en su libro “Los Depósitos Bancarios”, indica lo siguiente: “Se entiende por depósito bancario, el acto por el cual una persona entrega a un banco una suma de dinero con la obligación para el banco de restituirla a la primera solicitud o en la fecha que se hubiere convenido”. (Valmore A.A., Los Depósitos Bancarios, Universidad Central de Venezuela, Sección de Publicaciones, Caracas 1955).

Más adelante señala que “…Si bien los actos bancarios por su naturaleza especial no presentan la configuración típica de los contratos tradicionales, se los asimilaba a ellos y así se aplicaban a estas operaciones bancarias las disposiciones sobre el mutuo, sobre el depósito o sobre el mandato (…). Esto explica que a una operación de Banco sea necesario aplicar disposiciones referentes a diversos tipos de contrato. No se trata de dos operaciones distintas reguladas por sus respectivos modos contractuales, sino de una única operación que por su complejidad participa de las características de diversas categorías contractuales…”

Es por esto, que los depósitos bancarios no son documentos que se forman de manera unilateral por parte de un tercero, los bancos. En su formación participan el depositante y el banco, quien recibe el dinero en nombre de su mandante –el titular de la cuenta- y certifica el depósito mediante símbolos y validación propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma.

Esto permite concluir, considerando que la demandada es la titular de la cuenta y la demandante la depositante, que el depósito bancario que cursa en autos no son documentales propiamente emanadas de un tercero; por el contrario, los mismos encuadran dentro de los medios probatorios llamados tarjas, los cuales por encontrarse incluidos en el Capítulo V, Sección 1 del Código Civil, en su artículo 1.383, encuadran en el género de prueba documental, es así como de la revisión hecha este Tribunal observa que al folio 77, obra copia fotostática del bauche promovido, el cual no fue tachado, impugnado ni desconocido en su debida oportunidad, razón por la cual se le da todo el valor probatorio previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil Y ASÍ SE DECIDE.-

Valor y mérito jurídico del telegrama con acuse de recibo enviado por mi representada en fecha 24 de febrero de 2000… En relación a esta prueba promovida en el numeral Octavo del escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, este Tribunal observa que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito, Del Trabajo, Estabilidad Laboral y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión de fecha siete (07) de mayo de dos mil uno (2001), vista la apelación interpuesta por el Abogado P.I.G., en representación de la parte demandante, desechó la mencionada prueba por no haber cumplido la parte promovente con lo establecido en el artículo 1.375 del Código Civil, razón por la cual no se le otorga valor probatorio alguno Y ASÍ SE DECIDE.-

“Valor y mérito del Acta de Asamblea de Junta Directiva N° 66, celebrada en fecha 21 de febrero de 2000, que acompaño en copia marcada “9”, en la que se acordó por unanimidad excluir a la ciudadana Midesxy de las M.Y.d.I. (parte demandante en la presente causa), como miembro de la Asociación Civil Provivienda La Serranía…”

Este Tribunal observa que para la evacuación de dicha prueba se abrió el acto para la Exhibición de Documentos y Reconocimiento de Contenido y Firma, acta de fecha 01 de febrero del 2001, que obra al folio 95 del presente expediente, en la misma se evidencia que el mencionado acto quedó desierto por no encontrarse presente la parte promovente de la prueba, ni las partes que deben reconocer, razón por la cual no le otorga valor probatorio alguno a la referida Acta Nº 66 Y ASÍ SE DECIDE.-

“El valor y mérito jurídico de la carta misiva, dirigida por la ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y.D.I., de fecha 14 de febrero del 2000, a la Asociación Civil Provivienda La Serranía, que consignó marcada “10”…”

Este Tribunal observa que la mencionada comunicación obra a los folios 82 al 84 del presente expediente, suscrito por la parte demandante en el presente juicio, y la misma constituye un documento privado que no fue tachado de falsedad por la parte actora, razón por la cual se le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil Y ASÍ SE DECIDE.-

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada como ha quedado la controversia, este Tribunal para decidir hace las siguientes consideraciones:

En el presente caso, la parte actora, ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y.D.I., demanda el Cumplimiento del Contrato denominado “Convención Preparatoria de Venta”, celebrado con la demandada en fecha 17 de abril de 1.998, en el sentido que le sea otorgado el documento definitivo de compra venta de un apartamento con un área aproximada de 80 metros cuadrados, de tres (03) habitaciones, dos (02) baños, sala, cocina-comedor, pisos de cerámica y un puesto de estacionamiento, ubicado en la Avenida Las Américas, Sector El campito, Municipio Libertador del Estado Mérida. Por su parte la Asociación Civil Provivienda La Serranía, al momento de contestar la demanda admitió la celebración del referido contrato, sin embargo alegó que la demandante incumplió el cronograma de pago establecido por la Asociación Civil antes mencionada.

Ahora bien, es menester destacar que el artículo 1.133 del Código Civil Venezolano, establece que “el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico”. Por su parte, el artículo 1.159 ejusdem, dispone que: “Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.” Por tanto, al tratarse de una convención que se hace ley entre las partes, la propia ley sustantiva civil general señala como efecto de los contratos: Artículo 1.160: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.” Artículo 1.167: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.”

En el desarrollo del presente juicio, la parte demandada, tenía la carga de demostrar que se había liberado de la obligación asumida en la Cláusula Tercera del Contrato N° 037 “Convención Preparatoria de Venta”, objeto de la presente demanda, es decir haber otorgado el documento definitivo de venta dentro de los primeros cinco meses del año 1999, tal como había sido establecido por las partes, sino que por el contrario alega el incumplimiento de un cronograma de pago que no aparece reflejado en el mencionado contrato N° 037 “Convención Preparatoria de Venta”, el cual, no fue siquiera parte del debate probatorio de acuerdo a decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito, Del Trabajo, Estabilidad Laboral y A.C. de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión de fecha siete (07) de mayo de dos mil uno (2001), vista la apelación interpuesta por el Abogado P.I.G., en representación de la parte demandante, ordenó a este Tribunal desechar o no admitir dichas pruebas, de lo cual y en virtud de las normas anteriormente transcritas, deja con plena vigencia el precitado contrato; no trayendo a los autos elementos probatorios que demostraran dicho cumplimiento. Observando quien aquí decide, de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la parte demandada, no desplegó actividad alguna, para honrar el compromiso por ella asumido. Por el contrario, al haber sido demostrada por la parte actora, la existencia de la relación contractual, sin que haya sido controvertida o desvirtuada por la parte demandada y reconociendo el hecho de haber cancelado los TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,00), establecidos y habiendo existido adicionalmente otros pagos, ponen en evidencia no sólo la intención de la demandante de honrar la obligación asumida con la Asociación Civil, sino pruebas palpables de haber cumplido con la misma. Adicionalmente, nos encontramos con la explicación ofrecida por la parte demandante a través de misiva dirigida y recibida por la demandada en fecha 14 de febrero del año 2000, en la cual manifestó que la misma se encontraba en la ciudad de La Habana, Cuba, en tratamiento médico, significando para este Juzgador injusto el hecho que al haber recibido la comunicación con las excusas dadas por la demandante y su intención de querer cumplir el resto de la suma adeudada, la Asociación Civil en fecha 21 de febrero del referido año, proceden a excluirla de la misma, de acuerdo a lo alegado por la propia parte demandada al contestar la demanda, sin embargo dicha exclusión no fue legalmente probada, al no haberse presentado las personas que debían reconocer su firma en el Acta de Asamblea Nº 66, de fecha 21 de febrero de 2000, razón por la cual al no haber la parte demandada ni desvirtuado lo alegado de la parte actora y no haber probado sus afirmaciones, resulta plenamente procedente la solicitud de cumplimiento del contrato Nº 037 de Convención preparatoria de venta en referencia, y debe ser estimada como fundada en derecho la pretensión de la actora, como será expresado en la dispositiva del fallo y Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara:

CON LUGAR LA DEMANDA que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE VENTA incoara la ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y.D.I., a través de su co-apoderado judicial, Abogado H.J.R.I., representación que consta en Instrumento Poder Especial que le fuera otorgado por ante la Notaría Pública

Segunda del Municipio Maracaibo, en fecha 17 de marzo del año 2000, anotado bajo el Nº 44, Tomo 35, de los Libros de Autenticaciones llevados en esa Notaría, contra la ASOCIACIÓN CIVIL PROVIVIENDA LA SERRANÍA, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, debidamente inscrita en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Libertador del Estado Mérida, en fecha 14 de noviembre de 1.995, bajo el Nº 27, Protocolo Primero, Tomo 24, Cuarto Trimestre del referido año, en la persona del ciudadano G.A.V.J., en su condición de Presidente de la demandada. Y ASI SE DECIDE.

En consecuencia, se ordena a la parte demandada, ASOCIACIÓN CIVIL PROVIVIENDA LA SERRANÍA, a dar cumplimiento al Contrato Nº 037 “Convención Preparatoria de Venta”, en su cláusula Tercera, en el sentido de formalizar la venta de un apartamento con un área aproximada de 80 metros cuadrados, constante de tres (03) habitaciones, dos (02) baños, sala, cocina-comedor, pisos de cerámica y un (01) puesto de estacionamiento, ubicado en la Avenida Las Américas, Sector El Campito del Municipio Libertador del Estado Mérida, con la ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y.D.I..

Se ordena a la parte actora, ciudadana MIDESXY DE LAS M.Y.D.I., a dar cumplimiento al resto de la suma adeudada con la Asociación Civil Provivienda La Serranía.

Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado totalmente vencida en la incidencia, de conformidad con el artículo 274 del Código de procedimiento Civil Y ASÍ SE DECIDE.

Por cuanto la presente decisión se pública fuera del lapso legal, de conformidad con el artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil se ordena notificar a las partes o en su defecto a sus apoderados judiciales de la presente decisión definitiva, haciéndole saber que el lapso legal para interponer los recursos que sean procedentes contra la decisión dictada en el presente juicio, acogiendo doctrina de casación sentada en fallo de fecha 22 de junio de 2001, proferida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, comenzará a computarse pasados que sean diez días consecutivos siguientes a aquél en que conste en autos la última notificación. Produciendo todos sus efectos legales una vez que quede firme la presente decisión. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los ocho días del

mes de enero del año dos mil diez. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

EL JUEZ, ABOG. J.C.G.L..

LA SECRETARIA TITULAR ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN