Decisión de Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de Anzoategui, de 18 de Octubre de 2012
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo |
| Ponente | Mirna Mas Y Rubi Sposito |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Nulidad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental.
Barcelona, 18 de octubre de dos mil doce
202º y 153º
ASUNTO: BP02-N-2008-000324
PARTE ACCIONANTE: Y.H., Venezolana, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad Nº
10.285.957, y de este domicilio.
PARTE ACCIONADA: Instituto Autónomo de la Secretaria de la
Vivienda de la Gobernación del Estado
Anzoátegui
MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo
de Nulidad
I
Se contraen las presentes actuaciones al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana Y.H., ya identificada, asistida en este acto por los Abogados L.C.L., N.C.B. y Luinnys S.R., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 31.848, 80,581 y 128418, respectivamente, contra el Instituto Autónomo de la Secretaria de la Vivienda de la Gobernación del Estado Anzoátegui.
En fecha 4 de noviembre del 2008, el Tribunal admitió la demanda y ordenó la citación de la parte demandada.
En fecha 25 de noviembre de 2009, la representación judicial de la parte demandada, consignó escrito de contestación de la demanda.
En fecha 17 de febrero de 2012, se realizó Audiencia Preliminar con la presencia de ambas partes.
Abierto el lapso probatorio, ambas partes promovieron pruebas y en su momento el Tribunal se pronunció sobre su admisión. Vencido el lapso probatorio se celebró la Audiencia Definitiva, la cual tuvo lugar en fecha 1º de octubre de 2012.
Ahora bien; de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, el Tribunal pasa a dictar sentencia conforme a las siguientes consideraciones:
II
Alegaciones de las partes
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- De la parte actora
Alegó la parte accionante que en fecha 25 de agosto de 2005, comenzó a prestar sus servicios para el ente recurrido, bajo la figura de contratada, hasta el 1º de febrero de 2007, fecha en la cual ingresa mediante providencia Nº RR-HH-07-009, con el cargo de Analista de Compras. Seguidamente, manifestó que el 15 de agosto de 2008, se dictó p.a. signada con el Nº ANZ-SV-PS-08-035, mediante la cual se resolvió anular, su acto de nombramiento del cargo que venia desempeñando. Mas adelante manifestó que no existiendo supuestos generadores de retiro del cargo que actualmente ocupa, resulta absurdo y desproporcionado, resolver anular la providencia mediante la cual se produjo su ingreso, por cuanto no ha incurrido en ninguna causal de retiro, ni se ha convocado a concurso de oposición alguno para el cargo que ocupa, por lo que dicho acto adolece de nulidad absoluta. De la misma manera adujo que tal actuación constituye una violación de su derecho a la defensa y a la garantía al Debido Proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Asimismo señaló que su retiro constituye una violación a las causales previstas en el artículo 78 de la Ley del Estatuto de la Función Publica y del artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
-
- Contestación de la demanda:
En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la representación judicial de la demandada rechazó, negó y contradijo que la hoy recurrente ostente la condición de funcionaria de carrera, tenga estabilidad provisional, se le hayan violado el derecho a la defensa y el debido proceso. Asimismo adujo que la Administración de oficio esta en la plena facultad de revisar los requisitos exigidos por la Ley del Estatuto de la Función Publica y hacer nulo dicho cargo por presumirse la falta de legitimidad. De igual manera, destacaron que la hoy recurrente, al recibir la totalidad de sus prestaciones sociales que le corresponden con ocasión del reconocimiento de la terminación de la relación laboral esta abandonado la posibilidad de entablar un controvertido. Finalmente, solicitaron se declare sin lugar la pretensión de la recurrente.
III
PRUEBAS PROMOVIDAS:
En la Oportunidad de promoción de pruebas, ambas partes promovieron pruebas:
De la parte accionante:
Capitulo Primero:
Marcado con la letra A, designación del cargo de Analista de Compra de fecha 1º de febrero de 2007, realizado mediante P.A. Nº RRHH Nº 07-009, esta prueba tiene por finalidad demostrar que se cumplieron con los requisitos exigidos por la Institución.
Marcado con la letra B, declaración jurada de patrimonio de fecha 19 de marzo de 2007, emitida por la Contraloría General del Estado Anzoátegui, con el fin de demostrar que cumplió con uno de los requisitos solicitados por el querellado y que aplica para el caso de los funcionarios.
Marcado con la letra C, contratos celebrados desde el 25 de agosto de 2005 hasta el 31 diciembre 2007, esto con el fin de demostrar que estuvo inicialmente contratada y que posteriormente ingresó al cargo de Asistente de Crédito y Cobranza, pasando su periodo de prueba.
Marcado con las letras D, E y F, copias de Nóminas de la Secretaria de la Vivienda del Estado Anzoátegui, nómina 13 de fecha 1º de mayo de 2008 hasta el 15 de mayo de 2008, nómina 14, fecha 16 de mayo de 2008 hasta el 30 de mayo de 2008, nómina 17, de fecha 1º de julio de 2008 hasta el 15 de julio de 2008, donde se evidencia que se desempeñaba con el cargo de analista de compras.
Marcado con la letra G, copia de la relación de pago de bono vacacional de fecha 1º de febrerote 2008, esta prueba tiene como finalidad demostrar que era considerada como personal fijo.
Marcado con la letra H, copia de la Providencia Nº ANZ-SV-PS-08-035, mediante la cual se resuelve anular la P.A. Nº 06-001 de fecha 16 de marzo de 2006.
En este orden de ideas, visto que las pruebas consignadas por la demandada son idóneas y legales y al no haber sido impugnadas en ninguna forma de derecho por la parte recurrente, este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las aprecia y otorga pleno valor probatorio. Y así se declara.
En cuanto a las pruebas promovidas en los capítulos II y III, este Órgano Jurisdiccional mediante auto de fecha 19 de marzo 2012, las declaró inadmisible, por lo que considera quien aquí decide que no hay materia sobre la cual pronunciarse.
De la parte accionada:
Capitulo Segundo
Documento correspondiente a la liquidación de servicio, que riela inserto al folio 24 del presente expediente. Esta prueba tiene por finalidad demostrar que la hoy recurrente recibió conforme el pago de sus prestaciones.
Notificación de la P.A. Nº ANZ-SV-SV-PS-08-035 de fecha 15 de agosto de 2008, esto con el fin de demostrar que la hoy recurrente recibió la notificación de la P.A. antes mencionada, garantizándosele su derecho a al defensa y al debido proceso.
P.A. Nº ANZ-SV-PS-08-035, de fecha 15 de agosto de 2008, en la cual se anula el nombramiento de la hoy recurrente. Esta prueba tiene por finalidad demostrar que la hoy recurrente, no realizó en ningún momento concurso público, para ejercer el cargo de promotora social, y no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Documento de designación y notificación del cargo de Analista de compras de fecha 1º de febrero de 2007, que riela inserto a los folios 30 y 31 del presente expediente. Esta prueba tiene por finalidad demostrar que la hoy recurrente, obtuvo el cargo de Asistente de crédito y cobranza sin haber realizado concurso, como lo establece la Ley del Estatuto de la Función Pública.
En este orden de ideas, visto que las pruebas consignadas por la demandada son idóneas y legales y al no haber sido impugnadas en ninguna forma de derecho por la parte recurrente, este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, las aprecia y otorga pleno valor probatorio. Y así se declara.
En cuanto a las pruebas promovidas en el capitulo I y III, este Tribunal mediante auto dictado en fecha 19 de marzo de 2012, las declaro inadmisibles por cuanto las mismas no constituyen un medio probatorio. Es por lo que considera quien aquí decide que no hay materia sobre la cual pronunciarse.
IV
Consideraciones para decidir
Planteada la presente litis en los términos que anteceden, para decidir la presente causa, este Tribunal observa que en primer lugar es necesario referirse a la condición laboral de la hoy recurrente y al respecto observa este Juzgado que la ciudadana Y.H., ingresó al Instituto Autónomo de la Secretaria de la Vivienda de la Gobernación del Estado Anzoátegui el 1º de febrero de 2007, mediante Providencia Nº RR-HH-07-009, con el cargo de Analista de Compras, es decir bajo la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siéndole aplicable en consecuencia la Ley del Estatuto de la Función Pública, resulta entonces necesario hacer mención al artículo 146, de nuestra Carta Magna el cual señala que:
Los cargos en los Órganos de la Administración Pública son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados, los obreros y los demás que determine la Ley que al efecto se dicte
. (Añade el mencionado artículo que el ingreso de los funcionarios públicos y funcionarias públicas a la carrera es por concurso público).
Por su parte la ley, Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 3, establece que: “el funcionario público será aquel que en virtud del nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente” y el artículo 19 eiusdem los clasifica como funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, los primeros serán quienes habiendo ganado el concurso y superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente y los segundos son aquellos que son nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en esta Ley.
En efecto, el Tribunal observa, que en relación a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública y nuestra Carta Magna, de actas no se evidencian elementos de convicción para que a la recurrente, se le pueda considerar como funcionaria de carrera debido a que su ingreso al Ente recurrido, fue mediante un nombramiento y no se cumplieron los requisitos de Ley para ostentar dicha condición, en consecuencia debe ser considerada como de libre nombramiento y remoción por no tener la condición de funcionaria de carrera. Y así se decide.
Ahora bien, en este punto es necesario hacer referencia a la clasificación que hace la Doctrina que suele clasificar a los funcionarios públicos como de derecho y de hecho; precisando que los funcionarios de derecho son aquellos que
desempeñan su cargo con investidura plena, es decir, han ingresado y se mantiene en el ejercicio de su destino por haber cumplido con todos los requisitos que para ello pautan las leyes y los reglamentos. En cambio, los funcionarios de hecho, son aquellos que no han cumplido con el requisito del concurso público, sino de un simple nombramiento. Este último tipo de funcionario público, por el simple hecho del ejercicio de su cargo no se convierte en un funcionario de carrera; asimismo, es necesario hacer mención que del análisis de la Constitución Nacional y la Ley del Estatuto de la Función Pública, este Juzgado concluye que los funcionarios públicos de hecho por no haber ingresado a la administración mediante concurso no tienen derecho a la estabilidad, por lo que el acto mediante el cual es removida la referida ciudadana del cargo que venia desempeñando, goza de completa validez. Y así se decide.
En vista de todo lo anteriormente decidido, resulta inútil e inoficioso para esta Juzgadora, pronunciarse sobre cualquier otro particular alegado en autos. Y así se declara.-
V
DECISION
En base a las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Sin Lugar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana Y.H., ya identificada, asistida en este acto por los Abogados L.C.L., N.C.B. y Luinnys S.R., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 31.848, 80,581 y 128418, respectivamente, contra el Instituto Autónomo de la Secretaria de la Vivienda de la Gobernación del Estado Anzoátegui.
No hay condenatoria en costas en razón del principio constitucional de igualdad de las partes, ya que si la Administración Pública no puede ser condenada mal podría condenarse al particular.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en Barcelona, a los 18 días del mes de octubre de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
La Juez,
Dra. M.M. y Rubí Spòsito
El Secretario
Abog. J.A.L.
En esta misma fecha, siendo las 10:00 a.m. se publicó y registro la anterior sentencia. Conste.
El Secretario,
Abog. J.A.L.
BP02-N-2008-000324
