Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 13 de Agosto de 2015

Que el treinta (30) de octubre de 2012 el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar dictó auto de apertura de tramitación de investigación interna en contra del actor, que el cuatro (04) de diciembre de 2012 el recurrente fue entrevistado sobre los hechos en que presuntamente incurrió y que dieron origen a la investigación, que el ocho (08) de enero de 2013 el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar recomendó autorizar el inicio del procedimiento disciplinario de destitución en contra del querellante, siendo notificado del inicio el mismo el diecisiete (17) de enero de 2013, que el veinticuatro (24) de enero de 2013 se le formularon los cargos, dejándose constancia en la misma fecha de la presentación del escrito de descargos por parte del actor de autos, según se desprende de los siguientes documentos dotados de valor probatorio dada su no impugnación por las partes:

- Auto de apertura de tramitación de investigación interna emitida el treinta (30) de octubre de 2012 por el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar en contra del querellante de autos, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante al folio 68 de la primera pieza judicial.

- Acta de entrevista realizada al querellante de autos el cuatro (04) de diciembre de 2012 con relación a los hechos en que presuntamente incurrió y que dieron origen a la investigación, producida en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante al folio 70 de la primera pieza judicial.

- Oficio emitido el ocho (08) de enero de 2013 por el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar, mediante el cual recomendó autorizar el inicio del procedimiento disciplinario de destitución en contra del querellante, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante al folio 75 de la primera pieza judicial.

- Oficio emitido el ocho (08) de enero de 2013 por el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar, mediante el cual le notifica al actor sobre el inicio de procedimiento disciplinario instaurado en su contra, siendo suscrito por el actor el 17/01/2013, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante al folio 76 de la primera pieza judicial.

- Acta de formulación de cargos emitida el veinticuatro (24) de enero de 2013 por la Oficina de Control de Actuación Policial, producida en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante del folio 77 al 78 de la primera pieza judicial.

- Auto dictado el veinticuatro (24) de enero de 2013 por el Jefe de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar, mediante el cual dejó constancia de haber recibido en la mencionada fecha escrito de descargos por parte del actor, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante del folio 79 al 85 de la primera pieza judicial.

Que mediante oficio dictado el (04) de marzo de 2013 el Jefe de la Oficina de Asuntos Legales recomendó la destitución del querellante de autos, que mediante acta dictada el dieciocho (18) de marzo de 2013 el C.D. de la Policía del Estado Bolívar resolvió destituir al recurrente del cargo de funcionario policial, dejándose constancia de su notificación el cinco (05) de abril de 2013, según se desprende de los siguientes documentos dotados de valor probatorio dada su no impugnación por las partes:

- Oficio emitido el cuatro (04) de marzo de 2013 por el Jefe de la Oficina de Asuntos Legales, mediante el cual recomendó la destitución del querellante de autos, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante del folio 87 al 94 de la primera pieza judicial.

- Acta emitida el dieciocho (18) de marzo de 2013 por el C.D. de la Policía del Estado Bolívar, mediante la cual resolvió destituir al recurrente del cargo de funcionario policial, producida en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante a los folios 95 y 96 de la primera pieza judicial.

- Oficio emitido el veinticinco (25) de marzo de 2013 por la Jefa de División de Recursos Humanos del organismo demandado dirigido a la parte querellante, mediante el cual le informó sobre el acta emitida el dieciocho (18) de marzo de 2013 por el C.D. de la Policía del Estado Bolívar que resolvió su destitución al recurrente del cargo de funcionario policial, dejándose constancia al pie de la misma que el querellante fue debidamente notificado el 05/04/2013 y que se negó a firmarla, producido en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante del folio 97 al 101 de la primera pieza judicial.

- Acta de diligencia administrativa emitida el cinco (05) de abril de 2013 por el Coordinador de Investigaciones de la Oficina de Control de Actuación Policial de la Policía del Estado Bolívar, mediante la cual dejó constancia conjuntamente con el funcionario investigador de haber notificado al actor sobre el acta emitida el dieciocho (18) de marzo de 2013 por el C.D. de la Policía del Estado Bolívar que resolvió su destitución al recurrente del cargo de funcionario policial y que el mismo se negó a firmarla, producida en copia certificada por la parte recurrida con el escrito de contestación cursante al folio 102 de la primera pieza judicial.

Congruente con los hechos demostrados en el proceso, procede este Juzgado a analizar si el presente recurso fue interpuesto dentro del lapso legalmente establecido, en razón que el querellante fue notificado el cinco (05) de abril de 2013 del acto que decidió destitución al recurrente del cargo de funcionario policial, en tal sentido, destaca este Juzgado que el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece que sólo podrá ejercerse el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial dentro de un lapso de tres (03) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho generador, dicha disposición legal reza:

Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto

(Destacado añadido).

En conformidad con la norma adjetiva, la aplicación del lapso de caducidad de tres (03) meses para el ejercicio válido de toda acción funcionarial fue expresamente establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 2326 de fecha 14 de diciembre de 2006 (caso: R.C.d.P.V.. Gobernación del Estado Táchira), sentó el siguiente precedente:

En efecto, estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex artículo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).

Ello significa que el operador jurídico deberá atender a los aspectos sustantivos de tal derecho adquirido (base de cálculo, acreditación, tasa de interés aplicable y supuestos de anticipo) en las estipulaciones que consagre el legislador laboral sobre la materia, a los fines de revisar la procedencia o improcedencia de aquellas pretensiones que contengan un reclamo de esta naturaleza, sin embargo, ello no comporta la ampliación de los aspectos procedimentales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias surgidas de una relación de empleo público puesto que ello supondría una alteración, por parte del Juez Contencioso Administrativo, de las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial -consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública-, la creación de una desigualdad procesal entre funcionarios públicos fundada en el contenido de la pretensión mas no en la naturaleza de la relación jurídica previa que subyace en este tipo de conflictos, de contenido estatutario, además de crear una situación de inseguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia ante la confrontación de la ley con los criterios jurisprudenciales adoptados sobre tal aspecto.

La Sala considera que la estabilidad de las normas ordenadoras del proceso, vinculada con la especialidad de cada uno de los regímenes procesales establecidos en razón del bien jurídico tutelado por cada materia (constitucional, contencioso-administrativa, militar, civil, penal, laboral, tributario, etc.) forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva postulado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del carácter instrumental del proceso en procura de la justicia predicado por el artículo 257 eiusdem, pues ello presupone el conocimiento previo de aquellas reglas procesales y sus correlativas garantías -p.ej. competencia del órgano y garantía del juez natural, derecho a la prueba y establecimiento del lapso probatorio- que operan para que el ciudadano canalice adecuadamente sus pretensiones ante la jurisdicción bajo formas certeras, en procura de obtener la tutela o el reconocimiento de sus derechos de forma expedita y eficaz. Por tanto, la modificación de estas reglas debe obedecer, en virtud del principio de legalidad procesal, a la voluntad legislativa y no a las modificaciones que hagan los jueces de instancia por apreciaciones particulares que prescinden, incluso, de la técnica de control difuso de la constitucionalidad -ex segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil-...

Finalmente, en virtud del razonamiento efectuado por la Sala en el presente fallo, se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo –tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativa funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(Destacado añadido).

Del citado precedente jurisprudencial se desprende que la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de actos administrativos como el de autos es el lapso de caducidad previsto en el artículo 94 en la Ley del Estatuto de la Función Pública y su cómputo debe realizarse desde la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto, según lo dispuesto por la Sala Constitucional en sentencia Nº 1643 dictada el tres (03) de octubre de 2006, estableció:

Del artículo transcrito se desprende que toda acción intentada con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que allí se establece, aplicable en los casos, donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo. Dicho artículo establece un lapso de tres meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han reiterado de manera pacífica, que la disposición antes transcrita, establece un lapso de caducidad, lo cual indica, necesariamente, que estamos en presencia de un término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente, y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento.

…

En el caso de autos, de un análisis de los alegatos expuestos por el accionante en amparo (los cuales coinciden casi en su totalidad con los de la querella), se puede precisar que el hecho que dio lugar a la reclamación lo constituye el presunto pago incompleto por parte del Ministerio de Educación Superior de sus prestaciones sociales.

Precisado lo anterior, corresponde determinar cuando se produjo ese hecho, para luego computar si efectivamente la querella fue interpuesta oportunamente.

Así pues, a juicio de esta Sala, este hecho se produjo cuando el Ministerio de Educación Superior procedió al pago de las prestaciones sociales del actor. Este hecho se materializó, (tal como lo señala el mismo actor) el 16 de septiembre de 2004, fecha en la cual se le hizo entrega al mismo del cheque de sus prestaciones sociales.

En consecuencia, siendo que en el caso de autos, el hecho que dio lugar a la querella por cobro de diferencia de prestaciones sociales, se produjo el 16 de septiembre de 2004, y que el actor interpuso la misma ante el tribunal respectivo el 8 de marzo de 2005, es evidente que transcurrió sobradamente el lapso de tres meses previsto en el tantas veces nombrado artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo que ocasiona forzosamente la caducidad de la acción y, por ende, su inadmisibilidad; circunstancia esta que demuestra que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, actuó ajustada a derecho aplicando la norma correspondiente a casos como el de autos, esto es la Ley del Estatuto de la Función Pública, por tratarse (según se desprende del expediente) de un funcionario público sujeto a la misma

(Destacado añadido).

Conforme a las premisas sentadas en el citado precedente jurisprudencial se desprende que toda acción intentada con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública deberá ser interpuesta ante los órganos jurisdiccionales en el lapso que establece el artículo 94, aplicable en los casos, donde exista una relación jurídico administrativa funcionarial que vincule a la parte con el órgano administrativo respectivo, el cual prevé un lapso de tres (03) meses para incoar la querella a partir del día en que se produce el hecho que da lugar al recurso; la referida disposición establece un lapso de caducidad, término que no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento.

Congruente con los hechos demostrados, el artículo 94 eiusdem y los precedentes jurisprudenciales anteriormente citados, observa este Juzgado Superior que en el caso de autos el hecho generador a partir del cual debe computarse el lapso de caducidad legalmente previsto para el reclamo judicial provenientes de los servicios prestados por el querellante lo constituye la notificación del acto impugnado que decidió destituirlo del cargo de funcionario policial, efectuada el cinco (05) de abril de 2013, (ver folios 97 al 101 de la pieza judicial), según quedó demostrado a través de los documentos anteriormente analizados, por ende, tal hecho se produjo bajo la vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuya virtud debe aplicarse el lapso de tres (03) meses previsto para el ejercicio de la acción estatutaria para el cobro pretendido; en consecuencia, el demandante podía ejercer válidamente la pretensión de autos desde el cinco (05) de abril de 2013 hasta el cinco (05) de julio de 2013 y habiendo interpuesto la demanda el veintiséis (26) de mayo de 2014, la presentó superado con creces el lapso de los tres (03) meses para su ejercicio válido, es decir, la ejerció una vez operada la caducidad, resultando irremediablemente inadmisible el recurso por haber operado su caducidad de conformidad con el artículo 35.1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decide.

3. DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por el ciudadano YANZO CORDERO JIMÉNEZ contra la averiguación disciplinaria Nº OCAP-EXP-003-13 sustanciada en su contra por la OFICINA DE CONTROL DE ACTUACIÓN POLICIAL de la Policía del estado Bolívar, por haber operado la caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte demandante.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se ordena la notificación de la presente sentencia al Procurador General del Estado Bolívar.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el Índice Copiador de sentencias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2015. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

LA JUEZA TEMPORAL

LULYA ABREU LÓPEZ

LA SECRETARIA

ODEISA VIÑA HERRERA