Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 9 de Julio de 2010

Principio de la Comunidad de la Prueba; indicios y presunciones

Indica el Tribunal a la parte promovente que ha sido reiterado el criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en considerar que no es un medio de prueba, sino la solicitud de aplicación del principio de la comunidad de la prueba, o de adquisición, que rige en todo el sistema probatorio venezolano y que el Juez está obligado a aplicarlo de oficio, sin necesidad de alegación de las partes, conforme al cual una vez constan en autos dejan de pertenecer a la promovente para tener como finalidad el esclarecimiento de la controversia, independientemente de la parte a la que favorezcan . Y ASÍ SE ESTABLECE.

Asimismo, en cuanto a los indicios y presunciones, se indica que conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, serán utilizados los auxilios probatorios para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de éstos; así como también las presunciones iuris et de iure. Asimismo, tendrá este Tribunal en consideración los hechos ciertos y verificados, a partir de los cuales se puede llegar a la conclusión, por vía del razonamiento lógico, o de la experiencia o del razonamiento científico, de que existe otro hecho, no probado en los autos; ello, a través de los indicios. Advierte quien decide que la valoración de los indicios la realiza libremente el Juez, para saber si son necesarios o contingentes graves, precisos y concordantes, y en fin, cuál será el mérito que deberá reconocérseles para su convicción respecto a la existencia o no y características de los hechos alegados y controvertidos en el proceso. Todo lo anterior será aplicado a la controversia de marras. Y ASÍ SE ESTABLECE.

DOCUMENTALES

2.1 En un folio útil marcado con la letra “B” (folio 128) CONTRATO DE PRUEBA, a los fines de demostrar que no era trabajador fijo de la empresa. Se desecha del debate probatorio por cuanto no aporta elementos para la solución de lo controvertido, ya que la procedencia o no de las indemnizaciones reclamadas no dependen de la condición de fijo o no del trabajador. Y ASI SE DECIDE.

2.2 Acompaña marcada con la letra “C” (folio 129) C.D.E.D.E.D.P. el cual se encuentra debidamente suscrito por el trabajador con sus huellas digitales, tiene fecha 10-2-09. Se desecha del debate probatorio por cuanto no aporta elementos para la solución de lo controvertido. Y ASI SE DECIDE.

2.3 Marcada con la letra “D” PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES (folio 130), en el cual se deja constancia de la fecha de ingreso, egreso, tiempo de reposo, causa de retiro, conceptos y montos cancelados debidamente y recibidos.- Se le da valor probatorio.- ASI SE DECIDE.-

DOCUMENTOS

3.1.- Planilla 14-02 del IVSS, marcado con la letra E cursa al Folio 131, con el mismo se demuestra que el actor se encuentra debidamente inscrito en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.- ASI SE DECIDE.-

3.2.- Marcada con la letra F cursa al folio 132, contentivo de DECLARACION FORMAL DE ACCIDENTE LABORAL, a los fines de probar el cumplimiento por parte de la empresa. Se le da valor probatorio.- ASI SE DECIDE.-

3.3.- En tres folios útiles marcado “G” que cursa al folio 133 al 135 declaración del actor ante INPSASEL, se le da valor probatorio. ASI SE DECIDE.-

INFORMES:

A la Organización Médica Integral del Centro C.A. cuyas resultas cursan al folio 160, donde dejan constancia que en fecha 06 de Febrero de 2009, se realizó una evaluación a Yedison Alvarado para su reintegro a sus actividades laborales posterior a un año de reposo por accidente de tránsito, siendo autorizada su reincorporación por encontrarse en aparentes buenas condiciones generales.- Se le da valor probatorio a dichas resultas.- ASI SE DECIDE.-

TESTIMONIALES: Ciudadano R.J.O. a los fines de que rindiera su declaración, el cual no compareció, por lo que se declaró desierto y nada hay que valorar.- ASI SE DECIDE.

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Una vez analizadas las pruebas; se hacen las siguientes consideraciones:

Observa esta juzgadora que la parte actora alega en su escrito libelar y en el de subsanación que en fecha 26 de Febrero de 2008, el ciudadano YEDISON D.A.G., como a las 6:30 a.m. cuando de disponía a trasladarse a la empresa en su vehículo (moto) y un compañero, por la Avenida INTERCOMUNAL Turmero Maracay cuando fueron impactados por una gandola siendo despedidos contra un objeto fijo (poste de la luz), quedando tendido en el pavimento hasta que llegó una comisión policial y la ambulancia y los trasladó al Hospital Central de Maracay donde se ingresa con Fractura Oblicua 1/3 Proximal de Fémur Derecho como se evidencia del Informe Médico que cursa a los autos ( folios 6, 40, y 72).- y de la Certificación de INPSASEL (folios 16 y 50) por lo que reclama el pago de lo establecido en el Artículo 130 de la LOPCYMAT y 1.185, 1196 del Código Civil.-

Se desprende las pruebas aportadas por las partes, entre las cuales se encuentra el Informe Médico del Hospital Central de Maracay, la Declaración Formal de Accidente Laboral y la Certificación de INPSASEL donde se evidencia que el accidente ocurrió en la Avenida INTERCOMUNAL TURMERO-MARACAY aproximadamente a las 6:30 de la mañana.-

Ahora bien, para que una acción o pretensión por accidente de trabajo se haga procedente es necesario en primer lugar demostrar que la ocurrencia del hecho a la luz de lo establecido en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Trabajo tenga tal carácter, lo cual ha así lo ha establecido la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, donde se han establecido los requisitos necesarios que nos permitan catalogar el accidente como un accidente de trabajo.-

Siendo ello así debemos comenzar por deslindar o definir si el accidente se produjo “en el trabajo” o “con ocasión del trabajo”, para luego poder concluir que el caso bajo estudio es un accidente de trabajo. Por lo que en el primer supuesto se entiende que no es solo el tiempo y la labor o actividad realizada durante la jornada efectiva de trabajo, sino también aquella en la cual el trabajador, se encuentra bajo la responsabilidad y a las órdenes del patrono.-

En el segundo supuesto o sea “con ocasión del trabajo, debe tomarse en cuenta que el accidente de trabajo, no se produce solamente en el trayecto de la residencia del trabajador a su sitio de trabajo y en el trayecto de regreso, antes y después de que se haya iniciado la jornada de trabajo con independencia de que se encontrara a la disposición del patrono, que es lo que hoy en día conocemos y así lo titular la doctrina como accidente “in itinere”, pero para que este tipo de accidente prospere es necesario que reúna dos requisitos. A) que el recorrido habitual no haya sido interrumpido, es decir concordancia cronológica y b) que ese recorrido habitual no haya sido alterado por motivos particulares, o sea que exista concordancia topográfica.

Quedó establecido en la Audiencia de Juicio que el trabajador se trasladaba a la empresa demandada todos los días a sus labores en una moto de su propiedad. Igualmente se evidenció y así fue manifestando en la audiencia, que el trabajador fue impactado por una gandola lanzándolo contra un objeto fijo como lo es un poste de luz y la acera quedando tendido en el pavimento, como se evidencia de la Declaración Formal de Accidente laboral y la Certificación emitidas por INPSASEL, con lo cual se trata de un accidente en el trayecto o itinere por cuanto existe concordancia cronológica, o sea que no se demostró que el recorrido habitual haya sido interrumpido; e igualmente existe concordancia topográfica, no demostrándose que ese recorrido habitual haya sido alterado por motivos particulares. Y ASI SE DECIDE.

Corresponde al Tribunal pronunciarse sobre los conceptos reclamados:

INDEMNIZACIÓN ART.130 DE LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO; Y POR LAS SECUELAS O DEFORMACIONES PERMANENTES: La responsabilidad subjetiva del patrono, prevista en el referido texto legal, obliga al patrono a indemnizar al trabajador por las discapacidades ocasionadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, cuando dichos infortunios se produzcan como consecuencia del incumplimiento de las normas de prevención; por lo cual el empleador responde por haber actuado en forma culposa, con negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que en caso de reclamación el trabajador demuestre que el patrono conocía de las situaciones riesgosas.

En la causa que nos ocupa, considera esta Juzgadora que la misma no es procedente, toda vez que consta de las pruebas aportadas, que el patrono cumplió con su deber de asegurar al trabajador, de hacerle entrega de implementos de seguridad, etc; y que el accidente acaecido, si bien tiene la connotación de accidente in itinere, no obedece a la configuración del hecho ilícito de la empresa, condición sine qua non para que el patrono sea condenado por responsabilidad subjetiva; entendiéndose doctrinaria y jurisprudencialmente que en materia de infortunios de trabajo (accidente o enfermedad), el hecho ilícito está configurado por cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho o inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente), que tiene por contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (víctima o perjudicado), por una conducta contraria a derecho. Así, resulta forzoso para quien decide declarar la improcedencia de las indemnizaciones reclamadas con fundamento en dicha Ley especial, en acatamiento al criterio contenido en la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrado Dra. C.E.P. deR., en el procedimiento de indemnización por enfermedad profesional y daño moral instaurado por el ciudadano G.R. BALLESTERO GIL contra la sociedad mercantil CARBONES DEL GUASARE, S.A. Y ASÍ SE DECIDE.

LUCRO CESANTE y DAÑO EMERGENTE

En relación al LUCRO CESANTE, en atención al reiterado criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y evidenciándose que el trabajador reclamante percibió sus salarios, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar improcedente este concepto demandado. ASI SE DECIDE.

Respecto al DAÑO EMERGENTE que según el Diccionario Jurídico Elemental de G.C. deT., es el detrimento, menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los efectos patrimoniales o de otra índole que el mal origina, según lo ha considerado la Doctrina en general, se indica que si el demandante amerita otras intervenciones quirúrgicas, el pago de este concepto corresponde al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), por cuanto el patrono cumplió con la obligación de inscripción del trabajador ante el Organismo.

En tal sentido, considera oportuno señalar esta sentenciadora, lo que ha dejado establecido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia:

(…) En caso que el trabajador que sufrió un accidente de trabajo o padece una enfermedad profesional, esté cubierto por el seguro social obligatorio, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social Obligatorio, quien pagará las indemnizaciones debe ser el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, cuya responsabilidad está prevista en el Título III, de las Prestaciones en Dinero, concretamente en los artículos 9 al 26 eiusdem (…)

. (Sentencia N° 722 del 01 de Julio de 2004, Expediente 04-383, caso: J.G.Q.H. vs. Costa Norte Construcciones, C.A. y otra, bajo la Ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo).

En consecuencia, es forzoso declarar la improcedencia de esta reclamación, toda vez que el accionante estaba debidamente inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el momento de ocurrencia del infortunio laboral, tal y como se evidencia del cúmulo probatorio, hecho además aceptado por ambas partes; correspondiéndole a ese Organismo cancelar la referida Indemnización, ya que el empleador se subroga en el Sistema de Seguridad Social. Y ASÍ SE DECIDE.

DAÑO MORAL

Finalmente, pretende el demandante que la empresa accionada indemnice el daño moral sufrido con ocasión de la enfermedad ocupacional derivada de la prestación de servicios; conforme a lo cual observa esta sentenciadora, de acuerdo con la reiterada doctrina jurisprudencial establecida sobre la responsabilidad objetiva del patrono en casos de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, que aún cuando no sea posible establecer que los daños experimentados en la salud o integridad física del trabajador estén ligados causalmente a una conducta culposa o dolosa del empleador, éste queda obligado a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la prestación de servicios, en virtud de que el daño –en el caso que nos ocupa la enfermedad profesional- constituye la materialización de un riesgo introducido por el empresario en el tráfico jurídico mediante la explotación de una actividad económica que le reporta un lucro.

Respecto de la procedencia de la indemnización por daño moral, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 1788 de fecha 9 de diciembre de 2005 (caso: E.R.M.), determinó:

“(…) Es en virtud de la satisfacción de este interés particular del empresario, y de la correlativa creación de riesgos sociales derivada de la actividad económica que realiza, así como de la extrema dificultad de probar el elemento subjetivo que fundamenta la noción clásica de responsabilidad civil por daños -fundamentada en la existencia de la culpa en sentido amplio-, que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia se ha visto en la necesidad de establecer una imputabilidad a priori de los daños sufridos por el trabajador durante la prestación del servicio, reconociendo una responsabilidad objetiva del patrono que hace nacer en su patrimonio una obligación indemnizatoria sin necesidad de establecer el vínculo causal entre su conducta culposa o dolosa y la producción del daño.

Se aplica el anterior criterio al caso que nos ocupa, y establecido como fue que el Organismo competente CERTIFICÓ el infortunio como ACCIDENTE DE TRABAJO que le ocasionó una discapacidad parcial y permanente para el trabajo, pasa quien decide a considerar los parámetros que conforme a la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social de Nuestro M.T. deben tenerse en consideración para tarifar el mismo (sentencia del 03 de noviembre de 2004, bajo la Ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, (caso: Germinia S. deU. y otra vs. S.H. Fundiciones, C.A.), a saber:

LA ENTIDAD DEL DAÑO, TANTO FÍSICO COMO PSÍQUICO: Accidente de trabajo (in itinere) que produjo discapacidad parcial y permanente para el trabajo.-

EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL ACCIONADO O SU PARTICIPACIÓN EN EL ACCIDENTE O ACTO ILÍCITO QUE CAUSÓ EL DAÑO: No quedó demostrado en la causa el hecho ilícito.

LA CONDUCTA DE LA VICTIMA: No quedó demostrada la culpabilidad de ésta.

GRADO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL RECLAMANTE: Por el cargo desempeñado se deduce que es básico.

POSICIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL RECLAMANTE: Se evidencia que la posición social y económica del trabajador es precaria, en atención al salario devengado.

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE ACCIONADA: Se trata de empresa que realiza actividad mercantil que le permite disponer del capital necesario a los fines de cubrir la indemnización bajo estudio.

LOS POSIBLES ATENUANTES A FAVOR DEL RESPONSABLE: No quedó demostrado el hecho ilícito de la empresa; el trabajador está debidamente inscrito ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; la empresa canceló las prestaciones sociales.

EL TIPO DE RETRIBUCIÓN SATISFACTORIA QUE NECESITARÍA LA VICTIMA PARA OCUPAR UNA SITUACIÓN SIMILAR A LA ANTERIOR DEL ACCIDENTE O ENFERMEDAD: En cuanto a este elemento, la retribución para el trabajador debe evidenciarse en una suma de dinero, tomándose en consideración que el trabajador padece enfermedad con ocasión del servicio prestado.

REFERENCIAS PECUNIARIAS ESTIMADAS POR EL JUEZ PARA TASAR LA INDEMNIZACIÓN QUE CONSIDERA EQUITATIVA Y JUSTA PARA EL CASO CONCRETO: Las referencias pecuniarias están reflejadas en diversas decisiones de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en casos análogos al de marras, que esta sentenciadora acoge.

Como consecuencia del precedente análisis, debe aplicarse la Garantía Constitucional de Igualdad ante la Ley prevista en el artículo 21, numeral 2, de Nuestra Carta Magna, el cual señala:

Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: (…) 2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva (…)

.

Igualmente, debemos ceñirnos en apego al Principio de Equidad y de la prudencia que debe caracterizar al Juez en todos sus actos, de acuerdo a la cual deben medirse las consecuencias de las distintas decisiones, teniendo como norte el fin justicia (darle a cada uno lo suyo), sin desmejorar las condiciones de ninguna de las partes y sin desnaturalizar el verdadero sentido del In Dubio Pro Operario, por cuanto en el presente caso se debaten dos bienes jurídicos: por una parte el bienestar del trabajador, quien merece una indemnización por el daño sufrido, y por otra parte el patrimonio de la empresa, que no puede resultar afectado por encima de los parámetros establecidos por reiterada Jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, esta sentenciadora considera justa para la parte demandante una indemnización por concepto de DAÑO MORAL por la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00). Y ASI SE DECIDE.

Finalmente, se acuerda la indexación del DAÑO MORAL, desde la fecha en que se proceda a la ejecución forzosa de la sentencia definitivamente firme; por lo que en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En razón de lo antes expuesto, esta juzgadora declara: Parcialmente Con Lugar la demanda incoada. Y ASI SE DECIDE.

VII

DECISIÓN

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA INCOADA por el Ciudadano YEDISON D.A.G., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-18.552.456, de este domicilio; en contra de la sociedad mercantil C.A. COMERCIAL GRÁFICO L.W.G., sociedad mercantil originalmente inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 13 de Mayo de 1963, bajo el N° 28, Tomo 66-A, Sgdo; y en consecuencia SE CONDENA a la demandada a cancelarle a la parte actora la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 10.000,00) por concepto de indemnización por daño moral derivado de accidente de trabajo (accidente in itinere). Y ASI SE DECIDE. SEGUNDO: No se condena en costas a la demandada, por no haber resultado totalmente vencida. Y ASI SE DECIDE.

Publíquese, regístrese, déjese copia y una vez transcurran los lapsos para la interposición de recursos en contra de esta Decisión, remítase el presente asunto al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, a los fines de su ejecución. LIBRESE OFICIO.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay a los 09 días del mes de Julio de 2010. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

LA JUEZA,

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DRA. N.H.R.

LA SECRETARIA,

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ABOG. BETHSY RAMIREZ

En esta misma fecha, siendo la 1:10 p.m. se publicó y registró la anterior sentencia.

LA SECRETARIA,

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ABOG. BETHSY RAMIREZ

NHR/BR.-