Decisión de Juzgado Décimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo de Caracas, de 21 de Febrero de 2008
| Fecha de Resolución | 21 de Febrero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Décimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo |
| Ponente | Olga Romero |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal 14° de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
Caracas, veintiuno (21) de febrero dos mil ocho
197º y 149º
N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2008-000220
PARTE ACTORA: Y.M.M.P., venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. 11.666.717
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: J.N.N., inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 117.066, en su carácter de Procurador de Trabajadores.
PARTE DEMANDADA: SERVIASCORP SERVICIOS ASISTENCIALES CORPORATIVOS,C.A. Sociedad Mercantil Inscrita por ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha 24 de octubre de 1996, bajo el Nro.47,Tomo 573-A-SGDO.
MOTIVO: Prestaciones Sociales
I
Este Juzgado estando en la oportunidad legal fijada en el acta de fecha 14 de febrero de 2008, para dictar la decisión a que se contrae el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dada la incomparecencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, a la audiencia preliminar fijada en el presente asunto, tal como este Tribunal dejó constancia de la referida acta, suscrita también por la parte actora y su apoderado judicial. Una vez revisada la petición de la demandante y encontrándola que no es contraria a derecho se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante, en este sentido esta Juzgadora pasa a decidir, en los términos siguientes:
II
HECHOS LIBELADOS
De acuerdo a lo expuesto en el libelo de demanda, la actora prestó servicios de manera ininterrumpida para la empresa SERVIASCORP SERVICIOS ASISTENCIALES CORPORATIVOS,C.A., desempeñándose como GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, desde el 01 de noviembre de 2004 hasta 28 de febrero de 2007, fecha en la cual se retira de manera voluntaria de la empresa. Por lo que laboró por espacio de 2 años, 3 meses y 27 días. Devengó como último salario promedio mensual de Bs. 1.600,00 equivalente a un salario diario promedio de Bs.53,33.
Por lo que reclama el pago de prestación de antigüedad; intereses sobre prestaciones sociales, vacaciones y bono vacacional vencidos y fraccionados y utilidades y fraccionadas, intereses moratorios y corrección monetaria.
III
APLICACIÓN DEL DERECHO
Por cuanto la incomparecencia de la demandada a la audiencia preliminar, equivale a la admisión de los hechos alegados por la demandante, o lo que es lo mismo, la admisión de los hechos narrados y que sirven de apoyo de la demanda, correspondiéndole al Juez la aplicación del Derecho, lo cual esta Juzgadora procede a hacer en los términos siguientes:
Queda admitido que la actora laboró bajo subordinación e ininterrumpidamente por espacio de 2 años, 3 meses y 27 días, devengando los salarios siguientes:
PERIODO SALARIO DIARIO
(Bs.) SALARIO INTEGRAL DIARIO
(Bs.)
Del 01/11/2004 al 31/12/2005 Bs. 40,00 Bs. 42,43
Del 01/01/2006 al 31/12/2006 Bs. 46,66 Bs. 49,64
Del 01/01/2007 al 28/02/2007 Bs.53,33 Bs. 56,88
El hecho de la prestación de trabajo subordinado e ininterrumpido hace procedente en derecho los conceptos laborales demandados, por constituir acreencias legales . Así se establece.-
Cabe indicar que la corrección monetaria no fue demandada de manera expresa, no obstante la misma es condenada por este Juzgador por cuanto el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, contempla tal figura y existe jurisprudencia reiterada en relación al deber del juez de aplicarla de oficio. Asimismo, por Sentencia de fecha 16 de junio de 2005, la Sala Social aplicó un nuevo criterio estableciendo que a los nuevos casos se debe acordar la corrección monetaria del Artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; pero por sentencias números 320 y 326 de fechas 21 y 23 de febrero de 2006 vuelve a aplicar el criterio de la corrección monetaria aplicable no solo a la fase de ejecución sino a la fase cognoscitiva del proceso:
..Por último, se acuerda la corrección monetaria desde la notificación de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme y en caso que la parte demandada no cumpla voluntariamente con la sentencia, es decir, para el caso de una ejecución forzosa, se solicitará ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución o éste de oficio ordenará la indexación a partir de la fecha del decreto de ejecución, hasta la oportunidad del pago efectivo, así como los intereses moratorios sobre la cantidad liquidada previamente, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para lo cual se ordena practicar una experticia complementaria del fallo.
Posteriormente, mediante sentencia de fecha 30 de marzo de 2006, N° 551 la Sala de Casación Social en cuanto a la corrección monetaria aplica el criterio de que ésta procede sólo en fase de ejecución, estableciendo lo siguiente:
9.- Corrección monetaria: Esta Sala de Casación Social, modifica el criterio sostenido por el sentenciador de alzada y decide que la misma deberá ser calculada desde el decreto de ejecución, en caso que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y ante tal eventualidad, el cálculo será realizado por un único perito designado por el Tribunal, para lo cual el tribunal de la causa deberá solicitar al Banco Central de Venezuela, un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin que éste se aplique sobre el monto condenado en el presente fallo. Así se decide.
Criterio éste sostenido por la sentencia Nro. 1132 de fecha 22 de Junio de 2007, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señala:
(…) En el fallo citado ut supra, esta Sala reconoció que en aquellos casos -como el de autos- iniciados bajo la vigencia de la derogada legislación adjetiva laboral, la corrección monetaria debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, con exclusión de los lapsos en los cuales el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o por motivos no imputables a ellas (como por ejemplo caso fortuito o fuerza mayor, vacaciones judiciales, huelgas tribunalicias, etc.).
El criterio anteriormente expuesto, ha sido sostenido y reiterado por esta Sala; razón por la cual considera que la decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al haber declarado con lugar la demanda por cobro de prestaciones sociales, acordando el monto a pagar desde el 17 de marzo de 1993 y no desde la fecha en que fue admitida la demanda interpuesta por el hoy solicitante es decir, el 26 de julio de 1984, vulneró los derechos constitucionales denunciados por el solicitante, e inobservó la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social referidas al cálculo de la corrección monetaria en material laboral por el cobro de prestaciones sociales, para los asuntos sometidos a la ley laboral abrogada, así como las interpretaciones vinculantes emanadas de esta Sala Constitucional. (…)
.
Asimismo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2007, indicó:
(…) El criterio sostenido por esta Sala de Casación Social con respecto a la corrección monetaria, es que la misma debe calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquéllos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y huelga de funcionarios tribunalicios, criterio éste dirigido a aquellos casos que se hubieren tramitado antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley Procesal y que recientemente fuera ratificado por este alto Tribunal en sentencia Nro. 111 de fecha 11 de marzo del año 2005.
Ahora bien, la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 185 establece también la procedencia de la condena de indexación con posterioridad a la sentencia definitivamente firme, específicamente, cuando el demandado no cumpliere voluntariamente con lo dispuesto en la misma, debiendo calcularse desde el decreto de ejecución hasta la realización del pago efectivo, que fue la indexación acordada por el sentenciador de la recurrida en el caso que nos ocupa, obviando de esa forma, como lo alega la parte actora recurrente, la indexación ordinaria, calculada sobre la cantidad condenada a pagar en la sentencia definitivamente firme, como lo ha consagrado esta Sala en reiterada jurisprudencia, si el juicio fuere instaurado antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (…)
En consecuencia siendo estos últimos los criterios tanto de la Sala de Casación Social como de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia los vigentes en materia de indexación, y por cuanto el caso que nos ocupa fue instaurado una vez entrada en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado aplicará los anteriores criterios. Así se establece.
IV
DECISIÓN
Por lo expuesto, este Juzgado Décimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la acción intentada y condena a la parte demandada SERVIASCORP SERVICIOS ASISTENCIALES CORPORATIVOS,C.A. a cancelar al ciudadana Y.M.M.P. ambas partes antes identificadas, los siguientes conceptos:
Por prestación de antigüedad de conformidad con el artículo 108, Parágrafo Primero, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo la cantidad equivalente a 135 días de salario integral previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculados con base a salario integral, es decir con las alícuotas de utilidades y bono vacacional, con base a los salarios integrales que aparecen detallados en el Capítulo III del presente fallo.
2 días adicionales de prestación de antigüedad de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, con base al promedio del salario integral devengado en el año respectivo, según los salarios integrales que aparecen detallados en el Capítulo III del presente fallo.
30 días de salario por concepto de todas las utilidades vencidas correspondientes al año 1999, equivalente al mínimo legal de 15 días por año. 2,50 días de salario por la fracción de utilidades último año, calculados con base al salario normal devengado en el año respectivo, deduciendo del salario integral la alícuota de utilidades para no incurrir en recálculo. Todo de conformidad con el artículo 174, Parágrafo Primero de la Ley Orgánica del Trabajo.
46 días de salario por concepto de vacaciones y bono vacacional vencidos equivalente a 15 días de vacaciones y 7 de bono vacacional por el primer año y 16 días de vacaciones y 8 de bono vacacional por el segundo año de servicios, y 5,49 días de salario por la fracción de vacaciones último año. Con base al último salario normal devengado, según lo señalado en el Capítulo III del presente fallo, deduciendo del salario normal la alícuota de vacaciones para no incurrir en recálculo, de conformidad con los artículos 133, Parágrafo Segundo, y 145 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Asimismo, de conformidad con el principio “Iuri Novit Curia” quien decide ordena al experto contable designado incluir en los cálculos el pago de los días de descanso y feriados legales comprendidos dentro de cada período vacacional no disfrutado. Todo de conformidad con el artículo 225 en concordancia con el artículo 95, único aparte del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo.
Se ordena el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, calculado conforme a su literal c), es decir a la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, capitalizándolos anualmente.
Se ordena el pago de los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, computados desde la fecha de terminación de relación de trabajo, es decir, desde 28 de febrero de 2007, hasta la ejecución del fallo calculados conforme a la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, para las prestaciones sociales.
Se ordena el pago de los intereses moratorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, computados desde la fecha de terminación de relación de trabajo, es decir, desde 03 de Agosto de 2007, hasta la ejecución del fallo calculados conforme a la tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, para las prestaciones sociales.
Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado completamente vencida.
Asimismo serán procedentes en caso que el demandado no cumpla voluntariamente la sentencia, los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, los cuales serán calculados a la tasa de mercado vigente establecida por el Banco Central de Venezuela, para los intereses sobre prestaciones sociales, y correrán desde la fecha del decreto de ejecución hasta la materialización de éste. Asimismo procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas la cual deberá ser calculada igualmente desde el decreto de ejecución hasta su materialización. Todo de conformidad con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y las sentencias citadas en la parte motiva de la presente decisión.
Finalmente se ordena una experticia complementaria del presente fallo, a los fines del cálculo de los conceptos condenados en el presente fallo, a realizarse por un solo experto que nombrará el Tribunal de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez que quede definitivamente firme el presente fallo. Se hacen dos (2) ejemplares uno para el Copiador de Sentencias y otro para el expediente. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. 197° y 149°.
La Jueza
Abog. O.R.
La Secretaria,
Abog. Keyu Abreu
Nota: En el día de hoy veintiuno (21) de febrero de 2008, se dictó, publicó y diarizó la anterior sentencia.
La Secretaria,
Abog. Keyu Abreu
N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2008-000220
