Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 27 de Octubre de 2011

La presente causa cursa ante este Juzgado Superior con motivo del recurso de apelación interpuesto por el abogado: F.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.883.834, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 83.730, y de este domicilio, en su condición de apoderado judicial del ciudadano: L.E.I.F., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.562.918 y de este domicilio, parte demandada en el presente juicio, contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 30 de junio del 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, que declaró sin lugar las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6° y 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por el abogado en ejercicio F.J.P.R., en el juicio de reconocimiento de la unión concubinaria, intentado por la ciudadana: Yennys E.M.O., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.564.316, y que se tramita en el expediente signado con el N° 3.679-10 de la nomenclatura de ese tribunal.

En fecha 28 de septiembre del 2010, se le dio entrada y el curso legal correspondiente.

En fecha 18 de octubre del año 2010, venció el lapso legal para la presentación de informes, dejándose constancia que ninguna de la partes hizo uso de tal derecho, el Tribunal se reservó el lapso de treinta (30) días para dictar la correspondiente sentencia.

En fecha 17 de noviembre del 2010, oportunidad fijada para el pronunciamiento de la sentencia, no fue posible dictarla, debido a la competencia múltiple y exclusiva de este tribunal, en virtud de ello difirió su pronunciamiento para dentro de los treinta días siguientes, a esa fecha.

En el lapso de diferimiento tampoco fue posible dictar la sentencia correspondiente, y en esta oportunidad este tribunal pasa a dictar la correspondiente sentencia bajo los siguientes términos:

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Planteada la presente incidencia, cuyo reexamen ha sido sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos establecidos en el recurso interpuesto, la cuestión a dilucidar por esta Alzada consiste en determinar si la decisión de la Jueza a quo de fecha 30 de junio de 2010, según la cual declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas, se encuentra o no ajustada a derecho, y en consecuencia si resulta procedente confirmar, modificar o revocar dicho fallo.

Para una mejor comprensión del caso que nos ocupa, esta Alzada debe realizar las consideraciones siguientes:

El presente juicio versa sobre una acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria, incoada por la ciudadana: Yennys E.M.O., contra el ciudadano: L.E.I.F., ambos plenamente identificados en el cuerpo del presente fallo.

La ciudadana: Yennys E.M.O., debidamente asistida por el profesional del derecho Abg. J.C.L., presentó ante el tribunal a quo, escrito contentivo de la demanda, en el cual expuso:

Que inició una unión concubinaria con L.E.I.F., venezolano, mayor de edad, hábil jurídicamente, y titular de la cédula de identidad N° 10.562.918, que mantuvieron en forma permanente, estable, ininterrumpida, publica y notoria, entre familiares, relaciones sociales y vecinos de los sitios donde establecieron su residencia, que inicialmente convivieron en el sector la jungla de la parroquia San Silvestre, Municipio Autónomo Barinas, estado Barinas, en una casa otorgada por una institución del estado y que le pertenecía desde hace años atrás, que hasta la presente fecha no se le hicieron mejoras, que allí comenzaron a convivir de mutuo acuerdo y a trabajar para ir haciendo juntos un capital que les permitiera mejorar su calidad de vida, él en la industria petrolera y ella en trabajos eventuales como cocinera; que a los pocos años nace su único hijo de nombre E.J.I.M., menor de edad según consta en partida de nacimiento otorgada por la Prefectura de la Parroquia El Carmen, del Municipio Barinas del estado Barinas, acta N° 347, la cual anexó marcada con la letra “A”, que el niño fue criado en un entorno familiar agradable, lleno de amor y respeto, que al año siguiente del nacimiento de su hijo realizaron la compra de una casa para habitación familiar ubicada en la urbanización Llano Alto, manzana I parcela N° D-01R de la ciudad de Barinas, estado Barinas, que fue registrada años más tarde según consta en documento debidamente protocolizado y otorgado por el Registro Público del Municipio Barinas, del estado Barinas, el cual acompañó marcado con la letra “B”; que allí convivieron unos años, que por motivos de remodelación que se le hicieron posteriormente se hacia incomodo seguir ahí, por lo que nuevamente regresaron a vivir en la casa de San Silvestre antes descrita, que en dicho documento aparece como propietario solamente su concubino, que para ese momento el fue quien realizó los tramites del negocio, que durante su convivencia adquirieron también un vehículo automóvil placa N° EAI43E, marca: Fiat, modelo Palio cuatro puertas, año dos mil uno; que igual está a nombre de su concubino; que todo funcionaba bien, que la relación se mantenía en forma cordial, que su hijo iba a la escuela y ella cumplía con sus labores de concubina, que ella estaba afiliada al seguro del trabajo de su concubino (PDVSA Barinas) y que este a su vez se comportaba de forma amorosa con ella, que su hijo y un hijo de ella de una relación anterior al cual su concubino también crió como su propio hijo, que todo era normal, hasta que a finales del año dos mil ocho, la relación fue cambiando, cada vez las discusiones se iban haciendo más frecuentes y la vida en pareja cada vez más difícil por lo que a principios del año dos mil nueve tomaron la difícil decisión de separarse, y que desde entonces ha sido así.

Expuso que el ciudadano L.E.I.F. y su representada han dejado de hacer vida concubinaria, quedándose dicho ciudadano con el carro y viviendo en la casa que con tanto sacrificio adquirieron ambos con dinero de su propio peculio y que por derecho le corresponde a ambos, puesto que los bienes fueron adquiridos durante la unión concubinaria que existió, que dicho ciudadano aduce que los bienes son solo de él y de nadie mas.

Que por todas esas razones es que acude a demandar como en efecto lo hace al ciudadano L.E.I.F., antes identificado, para que convenga o en su defecto así sea declarada por el tribunal, que mantuvieron una relación estable de hecho o concubinato desde el año mil novecientos noventa y siete (1997) hasta principios del año dos mil nueve (2009) cuando se produjo la ruptura de la vida en común, y que los bienes se obtuvieron dentro de ese periodo con la contribución del trabajo de ambos.

Solicitó que por cuanto su ex-concubino ciudadano: L.E.I.F., está habitando el inmueble adquirido durante la unión concubinaria y el documento de propiedad está a su nombre, lo que le causa temor de su venta o cualquier otra artimaña de su parte para apartar el bien mueble de la comunidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 588 numeral 3° del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, se dicte medida de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sobre el inmueble: una casa para habitación familiar ubicada en la urbanización Llano Alto, manzana I, parcela N° D-01R de la ciudad de Barinas, estado Barinas cuyos linderos y medidas con Norte: en línea recta diecisiete metros (17mts) con estacionamiento interno; Sur: en línea recta diecisiete metros (17mts) con parcela D-01-Q; Oeste: en línea recta de nueve metros con veinte y tres centímetros (9,23mts) vereda 1: Este: en línea recta de nueve metros con veinte y tres centímetros (9,23mts) con la parcela D-10-A.

Estimó la presente demanda en cien bolívares fuertes (Bs. F. 100,00).

Dicha demanda fue admitida por el tribunal de la causa, por auto de fecha 03 de marzo de 2010, tal y como se evidencia en el folio 22 del presente expediente.

En fecha 12 de mayo de 2010, la parte demandada ciudadano: L.E.I.F., debidamente asistido por el Abg. F.J.P.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.730, opuso cuestiones previas en el presente procedimiento en los términos que a continuación se expresan:

DE LAS CUESTIONES PREVIAS

Que con respecto a la cuestión previa contenida en el numeral 6º del artículo 346 de la ley adjetiva civil, alegó que la parte actora no cumplió en su libelo de demanda con los requisitos de forma exigidos por dichas normas adjetivas, que en efecto la demandante no identifica a la parte demandada, con los elementos necesarios que indican las formas procesales pues el artículo 340-2º exige el señalamiento de: “…nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen”. Que en este sentido la parte actora omite indicar dichos requisitos.

Afirmó que la actora incumplió la norma contenida en el artículo 340-4º, en cuanto al objeto de la pretensión, ya que en su narrativa, en la primera parte denota la actuación personal de la presunta concubina, pero a partir del único aparte del tercer folio del escrito libelar, sorpresivamente la narrativa se transforma y, entonces habla un o una representante, cual si existiera una formula (sic) de representación en base a poder u otra figura, que puede determinar, lo que arroja duda y confusión al objeto de la pretensión.

Que en cuanto a los fundamentos de derecho y las pertinentes conclusiones regulado por el artículo 340-5º, la parte actora se limita a citar la n.c. contenida en el Artículo (Sic) 77, citando luego el artículo 767 del Código Civil, pero omite expresar las pertinentes conclusiones, es decir, subsumir el caso concreto en las normas substantivas que pretende encontrarse vinculadas con los hechos narrados. Tales conclusiones no existen en el libelo en cuestión.

Finalmente opuso la defensa contenida en el artículo 346 ordinal 11º, por cuanto la estimación de la demanda no solamente debe hacerse en moneda nacional, sino que también debe señalarse su equivalencia en unidades tributarias, conforme lo determina el artículo 1º de la Resolución 2009-0006 de fecha 18 de marzo del año 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.152 de fecha 02 04 2009. En consecuencia el Tribunal ha debido inadmitir la demanda, pero al serle admitida y siendo la incidencia sobre cuestiones previas, resulta conveniente y oportuno depurar este hecho o que el Tribunal se sirva sencillamente declarar con lugar la presente cuestión previa conforme se determinan las normas procesales correspondientes”.

El Tribunal a quo, dictó decisión en la que declaró SIN LUGAR las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6º y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativas al defecto de forma de la demanda y a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, en los términos que parcialmente se transcriben:

LA RECURRIDA

“…Se pronuncia este Tribunal con motivo de la incidencia de cuestiones previas opuestas mediante escrito de fecha: 12 de mayo de 2.010, por el abogado en ejercicio F.J.P.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.730, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, ciudadano L.E.I.F., mediante el cual promueve las cuestiones previas consagradas en los numerales: 6º y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativas al defecto de forma de la demanda y a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, respectivamente.

En fecha 12 de mayo de 2.010, presenta escrito de cuestiones previas, el ciudadano L.E.I.F., en su carácter de parte demandada, debidamente asistido por el abogado en ejercicio F.P.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 83.730, señalando respecto a la cuestión previa contenida en el numeral 6º del artículo 346 de la ley adjetiva civil, lo siguiente:

(omissis) La parte actora no cumplió en su libelo de demanda con los requisitos de forma exigidos por dichas normas adjetivas, en efecto (…) la demandante no identifica a la parte demandada, con los elementos necesarios que indican las formas procesales pues el artículo 340-2º exige el señalamiento de: “…nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen”. En este sentido la parte actora omite indicar dichos requisitos.

La actora incumple la norma contenida en el artículo 340-4º, en cuanto al objeto de la pretensión, ya que en su narrativa, en la primera parte denota la actuación personal de la presunta concubina, pero a partir del único aparte del tercer folio del escrito libelar, sorpresivamente la narrativa se transforma y, entonces habla un o una representante, cual si existiera una formula (sic) de representación en base a poder u otra figura, que no podemos determinar, lo que arroja duda y confusión al objeto de la pretensión (…)

En cuanto a los fundamentos de derecho y las pertinentes conclusiones regulado por el artículo 340-5º, la parte actora se limita a citar la n.C. (Sic) contenida en el Artículo (Sic) 77 (…) luego cita el artículo 767 del Código Civil, pero omite expresar las PERTINENTES CONCLUSIONES, es decir, subsumir el caso concreto en las normas substantivas (sic) que pretende encontrarse vinculadas con los hechos narrados. Tales conclusiones no existen en el libelo en cuestión (…)

Finalmente opongo la defensa contenida en el artículo 346-11º, por cuanto la estimación de la demanda no solamente debe hacerse en moneda nacional, sino que también debe señalarse su equivalencia en unidades tributarias, conforme lo determina el artículo 1 de la Resolución 2009-0006 de fecha 18 de marzo del año 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República bolivariana (sic) de Venezuela número 39.152 de fecha 02 04 2009. En consecuencias (sic) el Tribunal ha debido inadmitir la demanda, pero el serle (sic) admitida y siendo la incidencia sobre cuestiones previas, resulta conveniente y oportuno depurar este hecho o que el Tribunal se sirva sencillamente declarar con lugar la presente cuestión previa conforme los (sic) determinan las normas procesales correspondientes

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PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

Ratifica el libelo de demanda en todas y cada una de sus partes. No puede considerarse el libelo como un medio probatorio, pues el mismo sólo contiene los hechos aducidos por la parte accionante, los cuales deben ser comprobados durante la etapa legal respectiva. En consecuencia, se desechan como prueba. Y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se colige que la parte accionada no procedió a promover pruebas en la incidencia, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial. Y así se declara.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Han sido opuestas las cuestiones previas establecidas en los ordinales: 6º y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que establecen:

Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda podrá el demandado en vez de contestarla, promover las siguientes cuestiones previas:

(…)

6º. El defecto de forma de la demanda, por no haberse llenado en el libelo los requisitos que indica el artículo 340, o por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78.

(…)

11º La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda.

(omissis)

.

En tal sentido, de lo expresado por la parte accionada en su escrito de cuestiones previas, se colige que fundamenta el defecto de forma de la demanda, alegando la infracción de los ordinales 2º, 4º y 5º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en consecuencia, esta juzgadora procede de seguidas, a analizar si el escrito libelar adolece o no, de los defectos denunciados por la parte demandada.

En tal sentido, el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, prevé en su numeral 2º, lo siguiente: “El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen”. Sobre el particular, la parte accionada alega que: “…la demandante no identifica a la parte demandada, con los elementos necesarios que indican las formas procesales…”. Al respecto observa quien decide, que no expresa el demandado de autos, en qué hechos se fundamenta para alegar tal circunstancia, pues de la lectura del escrito libelar, se colige que la parte actora, individualiza al ciudadano L.E.I.F., con todos sus datos de identificación, especificando en la parte final del capitulo IV, el domicilio del mismo, por lo que en consecuencia, se verifica la correcta adecuación a la normativa adjetiva aplicable, de la identificación de la parte demandada. Y así se decide.

Siguiendo el orden de ideas expuesto, expresa el numeral 4º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporados”.

Sobre el particular, la parte accionada alega que en la narrativa del escrito libelar, coexisten indistintamente párrafos donde la parte accionada se expresa en primera persona, así como donde interviene un tercero realizando la exposición de hecho y de derecho en nombre de aquélla, a modo de representación. En tal sentido, debe expresarse al accionado de autos, que en modo alguno la circunstancia denunciada, encuadra en el defecto de forma alegado, pues el objeto de la pretensión se encuentra referido y guarda relación con lo requerido por la parte demandante en su libelo, valga decir, cuál es el fin último perseguido con su acción. Circunstancia ésta, que se encuentra plenamente determinada en el caso sub examine, por consistir en la declaración por parte de este Juzgado, de una presunta situación de hecho existente entre las partes que integran la relación jurídico-procesal, por lo que en consecuencia, el defecto de forma alegado, debe ser desestimado. Y así se decide.

Para concluir con los defectos de forma denunciados por la parte accionada mediante su escrito de cuestiones previas, observa quien decide, que la misma alega la infracción del numeral 5º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones”.

En relación al particular, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, así:

(…) El defecto de forma alegado ha sido desarrollado y explicado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de este Alto Tribunal, en el sentido de entender que el mismo se refiere a la fundamentación de la demanda, el cual exige a quien intente una demanda que señale las circunstancias de hecho y los fundamentos en que basa su pretensión. Este requisito está muy vinculado con el principio de lealtad procesal y con el principio del contradictorio. En consecuencia, quien demanda debe dar sus razones de hecho y de derecho; pero con respecto a este último de los requisitos, no es necesario que la parte actora indique en forma minuciosa cada uno de los fundamentos de derecho, ya que de conformidad con el aforismo iura novit curia, el juez no está atado a las calificaciones jurídicas que hagan las partes ni a las omisiones de las mismas, por cuanto él aplica o desaplica el derecho ex officio. Con lo cual se puede concluir, que la exigencia de este ordinal consiste fundamentalmente en que el escrito de demanda se redacte de tal manera, que se pueden evidenciar los fundamentos de hecho y su respectiva relación con los preceptos o disposiciones legales, que el abogado que represente o asista a la parte actora considere aplicables al caso, haciendo así la primaria calificación jurídica de los hechos (…)

. (Sentencia de fecha 21/11/2002) (Cursivas y negrilla de este Tribunal)

Al respecto, comparte esta juzgadora el criterio sostenido por la Sala Político-Administrativa de nuestro m.T., en la decisión referida supra, al dejar sentado que es suficiente con que la parte actora exprese en el libelo de demanda, una relación clara y sucinta de los hechos y su “relación” con el derecho invocado, pues es esta la exigencia requerida por el referido dispositivo legal. De manera tal, que constando de la lectura del escrito libelar, que la demandante de autos realiza la narrativa de los hechos y consecuentemente invoca a su favor el derecho aplicable al caso, es claro que la misma ciertamente ha observado a cabalidad el requisito exigido en la ley adjetiva civil, y por consiguiente, no es procedente el defecto de forma alegado por la parte demandada. Y así se decide.

Queda a quien decide a.e.ú.t., si en el presente caso -tal como alega la parte accionada- la ley prohibía admitir la presente demanda, conforme lo establecido en el ordinal 11º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “El libelo de la demanda deberá expresar: (…) 11º La prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta, o cuando sólo permite admitirla por determinadas causales que no sean de las alegadas en la demanda”.

Sobre el particular, la parte accionada alega lo siguiente:

…opongo la defensa contenida en el artículo 346-11º, por cuanto la estimación de la demanda no solamente debe hacerse en moneda nacional, sino que también debe señalarse su equivalencia en unidades tributarias, conforme lo determina el artículo 1 de la Resolución 2009-0006 (...) En consecuencias (sic) el Tribunal ha debido inadmitir la demanda (…)

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Al respecto cabe acotar, que si bien es cierto que la Resolución 2009-0006, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, referida a la modificación a nivel nacional de la competencia de los juzgados para conocer de la materias: civil, mercantil y tránsito, estableció en la parte final de su artículo primero, la obligación de los justiciables de expresar en unidades tributarias el valor de la demanda, no es menos cierto, que tal deber debe ser observado sólo en los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, circunstancia esta que no resulta evidenciada en el presente caso, donde la pretensión de la parte accionante no detenta carácter patrimonial, sino meramente declarativo. Aunado a lo anterior, se colige de la lectura de la Resolución aludida, que en la misma no se dispuso, que el incumplimiento de la carga expresada, acarrearía como sanción el decreto de inadmisibilidad de la demanda, por lo que en consecuencia, la cuestión previa opuesta, debe ser declarada sin lugar, pues aún cuando la parte accionante, en su escrito de fecha: 02 de junio de 2.010, estima la demanda en la cantidad de cien bolívares, es a los juzgados de primera instancia en lo civil, a quienes en virtud de la naturaleza del asunto debatido, corresponde conocer del mismo. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide en los siguientes términos: