Decisión de Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Lara, de 16 de Septiembre de 2008
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Segundo del Trabajo |
| Ponente | José Felix Escalona |
| Procedimiento | Cobro De Prestaciones Sociales |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciséis de septiembre de dos mil ocho
198º y 149º
ASUNTO: KP02-R-2008-000922.
Parte Actora: Y.D., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. 14.483.471.
Apoderados Judiciales de la Parte Actora: E.G., J.Á.M. e ISMERY COSTA MORA, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 80.006, 64.487 y 116.318, respectivamente.
Parte Demandada: CONFYS C.A, Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 14 de noviembre de 2003, bajo el N° 01, Tomo 57-A.
Apoderada Judicial de la Parte Demandada: M.D.L.Á.F.M., Profesional del Derecho inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 126.045.
I
Vista la solicitud de homologación de la transacción celebrada entre la Abogada ISMERY COSTA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 64.487, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, ciudadano Y.D., y la Abogada M.D.L.Á.F., venezolana, mayor de edad e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 126.045, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada CONFYS C.A, y verificada como fue la facultad de ambas representaciones para realizar el presente acto, este Juzgado para decidir observa:
MOTIVACIONES
Si bien la sentencia constituye el medio normal de terminación del proceso, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste puede llegar a su fin por otras vías, es decir, que el órgano jurisdiccional no decida sobre la conformidad a derecho de la pretensión; lo que muy pocas veces ocurría en el proceso anterior, el cual era netamente escrito.
En efecto, se trata de modos de terminación no jurisdiccionales, cuya titularidad corresponde a las partes. Pudiendo distinguirse aquellos producidos por actividad de éstas, como ocurre con la transacción, el convenimiento, el arbitraje, el allanamiento y la satisfacción extraprocesal de la pretensión; y, aquellos producto de la inactividad de las mismas como el desistimiento, la perención, el decaimiento de la acción, la caducidad, o la prescripción.
La Carta Fundamental, en el artículo 258 fomenta como medios eficaces de justicia, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para solución de conflictos.
Si bien la nueva Constitución propugna el derecho de los particulares a obtener una tutela judicial efectiva, lo cierto es que en la práctica se han dado circunstancias que conllevan a que las partes, en muchos casos, acudan a mecanismos alternativos de solución de las controversias con el fin de sustraerlas del ámbito jurisdiccional y lograr así una pronta resolución de las mismas.
Sin duda alguna los mecanismos alternativos de resolución de controversias o conflictos de intereses constituyen la solución fundamental para que las partes logren ese objetivo de eficacia en la resolución de las causas, con lo cual se da mayor cumplimiento a la tutela judicial efectiva y la celeridad.
Por ello, debemos concluir que los medios alternativos de resolución de conflictos de intereses particulares pueden ser definidos como aquellos mecanismos que sustituyen la decisión del órgano jurisdiccional por una decisión que puede ser producto de la voluntad concertada de las partes en conflicto o de una sola de ellas; se trata, en definitiva, métodos de resolución convenidos e igualitarios.
Los modos de autocomposición procesal están íntimamente vinculados a la satisfacción del interés público y a la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz, en virtud que es un bien querido por la sociedad el hecho que los procesos de resolución de conflicto se agilicen y que la justicia sea rápida, efectiva y expedita.
Tal afirmación resulta en un todo acorde con los postulados de nuestra Constitución, que en su artículo 257 prevé la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la adopción de un procedimiento breve, oral y público no sujeto a formalidades rigurosas y reposiciones inútiles y con el artículo 258 que promueve el uso en los procesos del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos.
Ahora bien, quien juzga considera oportuno resaltar que el Parágrafo Único del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo establece expresamente que la irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción, pero establece que la misma debe cumplir con los siguientes requisitos:
-
Que se haga por escrito.
-
Que contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En el caso de marras, las partes manifiestan en la Cláusula Séptima que la transacción comprende los siguientes conceptos: “Antigüedad acumulada, días adicionales de antigüedad, parágrafo primero, según lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, intereses sobre prestaciones sociales, utilidades, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, indemnización por mora, intereses, derechos convencionales y legales, participación en las utilidades legales y convencionales pendientes, fideicomiso laboral, así como cualquier otro provecho o ventaja que hubiese percibido o corresponda al trabajador”.
Al respecto, cabe destacar que, el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dispone en su Único Aparte, lo siguiente:
(…) No será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo
. (subrayado de este Tribunal).
Así mismo, al respecto la Sala de Casación Social en fecha 09/12/2005 caso J.G.P.V.. Dell Acqua C.A expresó:
En tal sentido, la doctrina y jurisprudencia reiteradamente han señalado como requisito para la validez de la transacción, que se especifiquen de manera inequívoca en el texto del documento que la contiene los derechos que corresponden al trabajador para que éste pueda apreciar las ventajas o desventajas que ésta produce.
De conformidad con lo anterior, considerando que la transacción celebrada por los intervinientes en la presente causa no determina específicamente los derechos en ella comprendidos, imposibilitando al demandante la posibilidad de verificar si el monto acordado se encuentra ajustado o no a lo dispuesto en la Ley, este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, NIEGA la homologación del acuerdo suscrito por las partes por no cumplir con los supuestos contenidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Y así se establece.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los dieciséis (16) de septiembre de 2008. Año: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
Abg. J.F.E.
Juez
Abg. I.A..
Secretario
Nota: En esta misma fecha: 16 de septiembre de 2008, se dictó y publicó la anterior decisión. Año: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
Abg. I.A..
Secretario
KP02-R-2008-922
JFE/amsv
