Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Junio de 2009

Corresponde a este ad quem conocer y decidir el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 14 de febrero de 2008 por la apoderada judicial de la parte querellante, ciudadana Y.V.P., en contra de la sentencia dictada el 12 de febrero de 2008 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la impugnación a la cuantía formulada por la parte querellada; con lugar la falta de cualidad de la parte actora opuesta por la parte querellada y, sin lugar la querella interdictal restitutoria que interpuso la hoy recurrente en contra del ciudadano A.S.H., declarando igualmente no ha lugar a costas.

El referido medio recursivo resultó oído en ambos efectos por el juzgado a quo mediante auto fechado 19 de febrero de 2008, que también ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor de turno, para la insaculación de ley. Verificado el trámite correspondiente, en fecha 20 de febrero de 2008 fue asignado el conocimiento y decisión de la referida apelación a esta superioridad, constando que las actuaciones aparecen recibidas en fecha 28 de febrero de 2008 y por auto dictado el 29 de febrero de ese año, se le dio entrada fijándose lo pertinente para que las partes presenten sus respectivos informes y observaciones; todo, de conformidad con lo establecido en los artículos 517 y 519 del Código de Procedimiento Civil.

En la oportunidad para la presentación de los informes - 19 de de mayo de 2008- la parte querellada y abogado, ciudadano A.S.H., consignó escrito constante de dos (02) folios con tal carácter, expuso lo siguiente: 1) Que la ciudadana Y.V.P. alegó en su querella interdictal el derecho de posesión sobre un inmueble propiedad de su mandante, ciudadana G.G.V.R., con fundamento en una inspección extrajudicial realizada por el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en nombre y en representación de SALÓN DE BELLEZA MAYOLI 2002, C.A, y un justificativo de testigos, con lo cual pretendió demostrar el supuesto despojo impetrado en su contra, que a decir de la querellante venia ejerciendo la posesión de dicho inmueble desde hacia un año y medio, lo que negó, rechazó y contradijo en la contestación de la demanda, consignando en su oportunidad las pruebas documentales pertinentes, “…habida cuenta de que dicho inmueble, como probé de manera documental, lo había arrendado al ciudadano D.A. y su Apoderado, el ciudadano A.R., en su nombre y representación legal, en fecha 19/01/2004 me hizo entrega formal del mismo, libre de personas y de cosas, terminando así la relación arrendaticia…, por lo que resultaba írrito se me acuse de actos perturbatorios de posesión, precisamente por personas, sean naturales o jurídicas, que no tienen justo título para ello, invocando los supuestos de hecho y consecuencias de derecho de la posesión legítima…”. 2) Que la recurrente no probó ni demostró, ni la posesión, ni el despojo alegado, por lo que pidió se declare sin lugar la apelación, confirmándose en todas sus partes la decisión judicial recurrida.

En esa misma oportunidad, también las apoderadas judiciales de la parte querellante, ciudadana Y.V.P., ejercieron su derecho de presentar escrito de informes, aduciendo lo siguiente: 1) Que fue despojada del inmueble que venía poseyendo desde hace “…bastante tiempo, de una manera continua, pacífica e ininterrumpida, con animus domini, donde procedió a instalar un fondo de comercio denominado SALON DE BELLEZA MARYORI 2.002…” catalogando dicho despojo como ilegal, clandestino y arbitrario “…lo cual demostramos claramente en el debate jurídico…”. 2) Que por no haber enviado los recaudos completos que le fueron requeridos por el Juzgado Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, comisionado para la evacuación de las testimoniales promovidas, el juzgado a quo la colocó en “…estado de indefensión total…”, siendo que cuando le requirieron copias certificadas, también dicho tribunal se las negó, constituyendo todo ello irregularidad en etapa probatoria, dado que el tribunal “…se lavó las manos y no envió la comisión completa al Tribunal comisionado…”, negándole hasta el libramiento de copias certificadas de los mismos, por lo que solicitó expresamente que la causa fuese repuesta al estado “…de que se evacuen las pruebas promovidas en tiempo útil por nosotras, pues debido a esa falta de evacuación es que el Tribunal dicta su sentencia donde declara sin lugar la demanda por falta de pruebas…”, siendo que se evidencia que en todo momento tuvieron la intención de evacuar tales testimoniales.

Sólo la parte querellante en fecha 09 de junio de 2008, hizo uso de su derecho de presentar escrito de observaciones a los informes de su contraparte, solicitando se imponga al juez a quo la sanción de multa prevista en el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, por no proveer conforme a ley.

Seguidamente y por auto fechado 11 de junio de 2008, esta superioridad señaló la entrada de la causa al estado de sentencia, cuyo lapso resultó diferido por 30 días calendarios siguientes al 11 de agosto de 2008, oportunidad en la cual se dictó el correspondiente auto.

De esta manera, quedó cumplida la sustanciación del procedimiento en segunda instancia, por lo que de seguidas se procede con el resumen de los acontecimientos procesales más relevantes.

II

SÍNTESIS DE LOS HECHOS

Se inició el presente caso mediante querella interdictal interpuesta el 09 de febrero de 2004 por la apoderada judicial de la ciudadana Y.V.P., en virtud del cual quedaron explanados los siguientes argumentos: 1) Que desde hace aproximadamente año y medio, viene poseyendo de manera continua, pacífica, ininterrumpida, con animus domini, el local de comercio donde funciona el fondo de comercio a cargo del “Salón de Belleza Maryoli 2.002 C.A.”, ubicado en la Avenida Lecuna, entre las esquinas de Velásquez y Miseria, Edificio Número 2, local “D”, conocido como local 13, Caracas, Distrito Capital. 2) Que desde hace mucho tiempo tal fondo de comercio se encuentra instalado en el aludido inmueble, en prueba de lo cual consignó resultas de Inspección Judicial evacuada el 10 de diciembre de 2003 por el Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 3) Que al terminar sus labores en la noche del día miércoles 14 de enero de 2004, cerró el local y bajó la Santamaría, colocando los correspondientes candados en dichas puertas. Al regresar para abrir el local en horas del mediodía del día siguiente, 15 de enero de 2004, se consiguió que el querellado había violentado tales candados de seguridad, colocando unos nuevos y posesionándose ilegalmente del mismo. 4) Tal conducta fue reclamada por la actora, por ser arbitraria e ilegal, y el querellado groseramente la conminó a que lo demandará, en prueba de lo cual acompañó Justificativo de Testigos evacuado el 05 de febrero de 2004 ante la Notaría Pública Primera de Caracas. 5) Fundamentó su querella en lo establecido en los artículos 771, 772, 773, 775, 782, 783, 784 del Código Civil, en concordancia con previsto en los artículos 699 y 701 del Código de Procedimiento Civil. 6) Pretendió que se condene al querellado “…en RESTITUIRLE …el inmueble que le (sic) ilegalmente le fuera despojado por él en fecha 15 de Enero de 2.004, el cual venía poseyendo en forma pacífica, continua e ininterrumpida…”. 7) Estimó la cuantía de su querella interdictal en la cantidad de Bs. 300.000.000,oo, hoy Bs.F 300.000,oo.

A los efectos de ser admitida la querella incoada, en fecha 17 de febrero de 2004 la parte actora consignó los recaudos que de seguidas se mencionan:

• Original de resultas de Inspección Judicial evacuada en fecha 10 de diciembre de 2003 por el Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo de copia simple de documento constitutivo estatutario de la sociedad mercantil SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A.”, así como de copia simple del correspondiente documento de Registro de Información Fiscal.

• Original de justificativo de testigos evacuado en fecha 05 de febrero de 2004 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador del Distrito Federal.

La querella interdictal restitutoria in comento resultó admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante auto fechado 08 de marzo de 2004, que igualmente ordenó el emplazamiento del querellado de conformidad con lo previsto en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil y de sentencia fechada 22 de mayo de 2001 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de contestar la demanda.

Iniciados los trámites de citación personal y oficiado requerimiento de último domicilio y movimiento migratorio del querellado a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y al C.N.E. (CNE), compareció directamente el querellado quien por diligencia fechada 15 de noviembre de 2004, se dio expresamente por citado, luego de lo cual aparece inmediatamente consignado con fecha 17 de noviembre de 2004, escrito de contestación a la demanda contentivo de los siguientes alegatos y defensas: 1) De conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, alegó la falta de cualidad de la parte querellante para intentar la acción, por cuanto según lo argumentado en el texto libelar, quien ocupa el inmueble es la persona jurídica “SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A.”, de la cual la querellante es poseedora de 50% de las acciones, y ello, según se desprende de la inspección judicial extralitem practicada en fecha 10 de diciembre de 2003 por el Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por lo que mal puede tener la querellante tal cualidad para accionar el presente interdicto. 2) Que la aludida inspección judicial fue solicitada por la persona jurídica ya señalada y no por la querellante, por lo que mal puede ésta demostrar la posesión que alude tener del inmueble de autos. 3) Que según poder autenticado el 27 de mayo de 1994 ante la Notaría Pública Segunda del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 10, Tomo 48, que es apoderado de la ciudadana CALA G.V.R., única y universal heredera del ciudadano F.V.M., que al fallecer le dejó, entre otros bienes, el local comercial de autos. Como mandatario dio en arrendamiento dicho inmueble, y entre dichos contratos, celebró uno con el ciudadano D.A.G., quien según instrumento autenticado el 06 de marzo de 1998 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador, bajo el No. 86, Tomo 19, fungió como arrendatario del inmueble de autos. Dicho ciudadano, por intermedio de su apoderado, le notificó en fecha 15 de noviembre de 2003 y mediante comunicación escrita, su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento, ofreciendo hacer entrega del bien en fecha 01 de enero de 2003; entrega material ésta que no se concretó, siendo que en el mes de enero de 2004 le fue ofrecida la entrega para el 19 de enero de 2004, mediante acta de entrega de esa misma fecha, autenticada ante la Notaría Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, bajo el No. 18, Tomo 04. De todo ello, se concluye que la posesión ejercida sobre el inmueble de autos desde el mes de marzo de 1998 y hasta el 19 de enero de 2004, fue ejercida precariamente por el ciudadano D.A. y, por el querellado, de manera mediata como apoderado de su propietaria, ciudadana G.G.V.R., por lo que en ningún momento tal posesión ha sido ejercida tanto por la sociedad mercantil “SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A.” como por la querellante. 4) Negó haber perturbado posesión alguna, pues es en fecha 19 de enero de 2004 se le hizo entrega material del local comercial de autos. 5) Que tuvo conocimiento de los representantes del ciudadano D.A., que siempre ha sido él quien ha poseído, no obstante, en el mes de enero de 2004 la querellante celebró un acuerdo reparatorio con el ciudadano E.C.P., “…por haber éste retirado sin su consentimiento bienes muebles, comprometiéndose a su devolución y el pago de una suma de dinero de …Bs.6.500.000,oo)…”; acuerdo éste que consta de documento autenticado el 14 de enero de 2004 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador, bajo el No. 99, Tomo 01, y en donde expresamente tanto la querellante como el ciudadano Cabrera P. aceptan que éste último trasladó bienes propiedad de la sociedad mercantil SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A. “…del lugar donde funcionaba dicha sociedad mercantil…”, por lo que forzosamente cualquier posible acto perturbatorio lo fue ejecutado por el ciudadano E.C.P. y no por el querellado. Y, también evidencia, que al 14 de enero de 2004, ya la querellante ni siquiera se encontraba en posesión del inmueble. 6) Rechazó por exagerada la estimación hecha a la cuantía de la querella, por lo que para su estimación debió tomarse en cuenta “…el valor del mercado arrendaticio…”, siendo que el inmueble de autos tiene fijado un canon por la cantidad de Bs. 80.000,oo, en el último contrato de arrendamiento y, por aplicación analógica a lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, el valor de la demanda debió ser por la suma de Bs. 960.000,oo.

En esa misma fecha, el querellado consignó los siguientes recaudos:

• Original de instrumento poder general de administración, autenticado el 27 de mayo de 1994 ante la Notaria Pública Segunda del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 10, Tomo 48.

• Original de contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano D.A.G. y el ciudadano A.S.H., en su carácter de mandatario de la ciudadana G.G.V.R.; autenticado el 06 de marzo de 1998 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 86, Tomo 19.

• Copia simple de instrumento poder general otorgado por el ciudadano D.A.G. al ciudadano A.R.G., protocolizado el 05 de abril de 1982 ante la Oficina Subalterna de Registro del Cuarto Circuito de Registro Publico del Departamento Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 5, Tomo 1, Protocolo Tercero.

• Copia simple de comunicación escrita fechada 15 de noviembre de 2003, suscrita por el ciudadano A.R., en su carácter de apoderado del ciudadano D.A.G., mediante la cual se le manifestó al querellado su voluntad de no renovar el contrato de arrendamiento, ofreciendo entregar dicho local comercial libre de personas y bienes el 01 de diciembre de 2003.

• Original de contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano A.S. en su carácter de mandatario de la ciudadana G.G.V.R. y el ciudadano A.R., apoderado especial del ciudadano D.A., por ante la Notaria Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, Chuao, en fecha 19 de enero de 2004, bajo el No. 18, Tomo 04 de los libros respectivos, contentivo del acta de entrega material del local comercial de autos.

• Copia simple del acuerdo reparatorio suscrito entre el ciudadano E.C.P. y la ciudadana Y.V.P., autenticado el 14 de enero de 2004 ante la Notaria Publica Primera del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 99, Tomo 01.

Mediante escrito que aparece consignado en fecha 23 de noviembre de 2004, los apoderados judiciales de la parte querellante impugnaron, tacharon y desconocieron la documentación y alegatos de la parte querellada en su contestación de la demanda, en los siguientes términos: i) Que los ciudadanos G.G.V.R., F.V.M. (difunto) y D.A.G. quien supuestamente celebró un contrato de arrendamiento con el querellado, no forman parte de este proceso, además, lo discutido no versa sobre la propiedad sino respecto a la posesión. ii) Que el querellado mintió cuando expresó que el 15 de noviembre de 2003 el abogado A.R., supuesto apoderado especial del ciudadano D.A.G. le expresó su voluntad de resolver unilateralmente el supuesto contrato de arrendamiento, ya que su representada como ya se dijo venia ejerciendo la posesión y ello se evidencia de la inspección judicial practicada por Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, marcada con la letra “A”. iii) Que el ciudadano ABERLARDO S.H. procedió a firmar el documento de resolución de contrato unilateral en fecha 19 de enero de 2004 con la finalidad de que los hechos relacionados con el forjamiento de los candados, la cerradura y la santamaría pareciera legal, por cuanto quiso dar entender que le había sido entregado el inmueble de marras, libre de personas y bienes. iv) Que el querellado se aprovechó de la situación, que tenía su poderdarte con el ciudadano E.C.P., no obstante, quedó demostrado que la situación de su representada quedó resuelta en fecha 07 de enero de 2004, mientras que el querellado en fecha 15 de enero de ese año, incurrió en el acto ilegal, e insistió en que su mandante sui tiene cualidad de poseedora del inmueble de marras.

Abierta ope legis la etapa probatoria, la parte querellante consignó escrito de promoción de pruebas fechado 25 de noviembre de 2004, en los siguientes términos:

• Reprodujo el mérito favorable de los autos, especialmente de lo siguiente: A) Original de resultas de inspección judicial practicada por el Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Ello fue promovido pretendiendo “…probar la posesión que venía ostentando nuestra mandante…”. B) Original de justificativo de testigos evacuado el 05 de febrero de 2004 ante la Notaria Publica Primera de Caracas, a fin de demostrar la posesión del querellante “…y el despojo del cual fue víctima…, por parte del querellado…”.

• “…Ratificamos en todas y cada una de sus partes el contenido del Justificativo de Testigos evacuado por ante la Notaría Pública Primera de Caracas, en fecha 05 de Febrero de 2.004, con el cual pretendemos probar los hechos especificados en el Capítulo anterior…”

• Promovió las TESTIMONIALES de los ciudadanos P.R., F.R., J.R. y C.J.S., a los efectos de que ratifiquen las declaraciones rendidas en el justificativo de testigos ya promovido.

Por auto de fecha 25 de noviembre de 2004, el tribunal de cognición admitió las pruebas promovidas la actora y de conformidad con lo previsto en el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil, dejó constancia de haberse agregado al expediente dicho escrito de prueba. En cuanto a las testimoniales promovidas, comisionó al Juzgado de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que resulte asignado por distribución.

En fecha 30 de noviembre de 2004, la parte demandada insistió en hacer valer los siguientes documentos con los cuales acompañó su escrito de contestación a la demandada, “…que demuestran mi carácter de apoderado de la propietaria del inmueble…”, acompañando a su escrito de fecha 30 de noviembre de 2004, los siguientes recaudos, pretendiendo demostrar que la querellante “…jamás ha estado en posesión del inmueble…”: A) Copia certificada del instrumento poder general otorgado por el ciudadano D.A.G. al ciudadano A.R.G., protocolizado el 05 de abril de 1982 ante la Oficina Subalterna de Registro del Cuarto Circuito de Registro Publico del Departamento Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 5, Tomo 1, Protocolo Tercero. B) Copia certificada del acuerdo reparatorio suscrito entre el ciudadano E.C.P. y la ciudadana Y.V.P., autenticado el 14 de enero de 2004 ante la Notaria Publica Primera del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 99, Tomo 01.

De igual modo, en esa misma fecha consignó escrito de de promoción probatoria reproduciendo el mérito de lo siguiente:

• Original de inspección judicial extralitem practicada el 10 de diciembre de 2003 por el Juzgado Décimo Segundo de Municipio de esta Circunscripción Judicial, pretendiendo evidenciar que quien poseía era la sociedad mercantil SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A. y no la querellante.

• Copia simple del acta constitutiva y estatutaria de la sociedad mercantil SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A., pretendiendo evidenciar que es una persona jurídica distinta a la querellante y su falta de cualidad.

• Original de instrumento poder general de administración, autenticado el 27 de mayo de 1994 ante la Notaria Pública Segunda del Distrito Sucre del Estado Miranda, bajo el No. 10, Tomo 48. Promoción que hizo pretendiendo demostrar “…que la posesión que ejerzo sobre el inmueble es en tal carácter de apoderado de la propietaria del inmueble y en tal sentido he dado en arrendamiento dicho inmueble a distintas personas, no siendo jamás la querellante una de ellas…”.

• Original de contrato de arrendamiento suscrito entre el ciudadano D.A.G. y el ciudadano A.S.H., en su carácter de mandatario de la ciudadana G.G.V.R.; autenticado el 06 de marzo de 1998 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador del Distrito Federal, bajo el No. 86, Tomo 19; pretendiendo evidenciar la posesión que sobre el inmueble detentó el ciudadano D.A.G..

• Original de contrato de arrendamiento celebrado entre el ciudadano A.S. en su carácter de mandatario de la ciudadana G.G.V.R. y el ciudadano A.R., apoderado especial del ciudadano D.A., por ante la Notaria Pública Primera del Municipio Baruta del Estado Miranda, Chuao, en fecha 19 de enero de 2004, bajo el No. 18, Tomo 04 de los libros respectivos, contentivo del acta de entrega material del local comercial de autos. Pretende demostrar que quien poseía, era el ciudadano D.A.G..

• Instrumento autenticado en fecha 14 de enero de 2004 ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador, bajo el No. 99, Tomo 01, relacionado con el acuerdo reparatorio celebrado con el ciudadano E.C.P., pretendiendo evidenciar que el querellado no fue quien perturbó la posesión.

Esta promoción probatoria quedando admitida por el juzgado a quo mediante auto fechado 13 de diciembre de 2004.

Por diligencia del 10 de enero de 2005 la apoderada judicial de la querellante, solicitó copia certificada a los fines de la evacuación de la prueba testimonial ratificatoria del justificativo promovido, lo cual fue acordado por auto del 19 de enero de 2005 (f.82), luego de lo cual se consignaron los fotostatos pertinentes por diligencia fechada 26 de enero de 2005 (f.83). Seguidamente, por auto fechado 16 de febrero del mismo año se negó lo peticionado por no constar en autos las copias que serian certificadas.

En fecha 24 de octubre de 2007, el querellado solicita se decrete la perención de la instancia, y consecuencialmente, la extinción del proceso, suspendiéndose la medida de secuestro que pesa sobre el inmueble de autos. Igualmente, la representación judicial de la querellante requirió se librará nuevo despacho de comisión a los fines de evacuar las testimoniales ratificatorias del justificativo promovido por esa parte, todo lo cual fue negada por el juzgado a quo mediante decisión de fecha 13 de diciembre de 2007, por estar vencido el lapso probatorio y en cuanto a la perención por estar el procedimiento interdictal en fase de sentencia.

Seguidamente, aparece publicada sentencia definitiva dictada en fecha 12 de febrero de 2008, en virtud de la cual el juzgado a quo declaró improcedente la impugnación hecha a la cuantía de la demanda, y con lugar la falta de cualidad activa opuesta por el demandado, y sin lugar la demanda incoada.

Recurrido dicho fallo y cumplido ante esta superioridad con el trámite procesal conforme al procedimiento de segunda instancia para sentencias definitivas, la causa entró fase decisoria, verificándose que mediante auto de fecha 21 de septiembre de 2007 se difirió la oportunidad para dictar sentencia por un lapso de 30 días consecutivos a partir de esa data, exclusive.

III

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Procede este Juzgado Superior a emitir el fallo correspondiente, lo cual hace con sujeción en los razonamientos y consideraciones que se exponen seguidamente:

Se defiere la presente causa al conocimiento de esta alzada, en razón del recurso ordinario de apelación interpuesto en fecha 14 de febrero de 2008 por la apoderada judicial de la parte querellante, ciudadana Y.V.P., en contra de la sentencia dictada el 12 de febrero de 2008 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró improcedente la impugnación a la estimación hecha a la cuantía de la demanda; con lugar la falta de cualidad de la parte actora opuesta por la parte querellada y, sin lugar la demanda que por interdicto restitutorio interpuso la hoy recurrente en contra del ciudadano A.S.H.. Dicho fallo en su aparte pertinente es como sigue:

“…En el presente caso la parte demandada impugnó la cuantía estimada por la parte actora a la presente acción con el sólo argumento que debió estimarse la misma conforme lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, y no siendo tal disposición, -como se señalara- aplicable al caso que nos ocupa, no aportando el accionado ningún elemento probatorio para demostrar lo exagerado de la estimación efectuada por la actora, se desestima tal impugnación, quedando firme la estimación que hiciera la parte actora. Así se decide.-

Aunado a lo anterior cabe indicar que el querellado señaló que dilucidada la cuantía en la suma por él indicada ha de remitirse el expediente al juzgado competente por la cuantía. Sobre tal señalamiento es menester invocar lo estatuido en el artículo 698 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:

Es Juez competente para conocer de los interdictos el que ejerza la jurisdicción ordinaria en Primera Instancia en el lugar donde esté situada la cosa objeto de ellos;…

De dicha norma se infiere palmariamente que independientemente de la cuantía en que se estime la acción interdictal, la misma en razón de la materia, está atribuida la competencia a los jueces de primera instancia. Así se establece…

…(omissis)…

…Alega la parte demandada que la actora carece de cualidad para proponer la presente querella interdictal, toda vez que de acuerdo a las propias afirmaciones de la representación de la accionante en el libelo de demanda, ésta señala que posee el local donde funciona el SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A., establecimiento en el cual trabaja, por lo que de haberse materializado algún despojo era está persona jurídica quien debía accionar y no la ciudadana Y.V....

…(omissis)…

…De lo precedentemente expuesto se desprende que el interés, según la doctrina más calificada, no consiste únicamente en la consecución del bien que la ley garantiza, sino que para ejercerlo y obtenerlo es necesario utilizar los medios procesales establecidos y hacerlos valer ante los órganos jurisdiccionales, y cuando el actor y el demandado están ligados de antemano por un vínculo de derecho, lazo del cual se pueden derivar diversas acciones por falta de cumplimiento, no es procedente oponer a la acción intentada la falta de interés, pues éste no es el interés material que forma el núcleo del derecho subjetivo cuya tutela se hace valer en el proceso, sino que consiste en la necesidad jurídica en que se encuentra el actor de ocurrir a la vía judicial, frente al demandado, para prevenir o hacer que se repare el daño que se derivaría para él de la conducta antijurídica de éste último.

Esta posición se complementa con las enseñanzas del Dr. L.L., publicada en la Obra “Ensayos Jurídicos. Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad, Fundación R.G.. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987, Pág. 183, que expresa respecto al tema de la cualidad como aquella:

…(Omissis)…

…“…la cualidad en sentido amplísimo, es sinónimo de la legitimación. En esta acepción la cualidad no es una noción específica o peculiar al derecho procesal, sino que se encuentra a cada paso en el vastísimo campo del derecho, tanto público como privado. Allí donde se discute acerca de la pertenencia o titularidad de un derecho subjetivo o de un poder jurídico, allí se encuentra planteado igualmente un problema de cualidad o legitimidad. Allí donde se discute acerca de la vinculación de un sujeto o de un deber jurídico, allí se encuentra planteado igualmente un problema de legitimidad. En el primer caso podría muy bien hablarse de cualidad o legitimidad activa, y en el segundo caso de cualidad o legitimidad pasiva. El problema de la cualidad entendida de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre las personas contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular obligado concreto. Se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley le concede el derecho o el poder jurídico o la persona contra quien se concede ejercitar en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto o un sujeto determinado…”.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han sido pacificas al señalar que el ejercicio de un derecho a través de una acción determinada, está subordinado al interés procesal jurídico y actual. Aunado al interés procesal, el sujeto que solicita la tutela jurídica de su derecho pretendido a través de los órganos jurisdiccionales, debe tener la titularidad del mismo para poder ejercitar y lograr con éxito esa tutela jurídica por parte del Estado, lo que conlleva al concepto de cualidad o legitimación, la cual puede ser activa o pasiva según se trate del demandante o del demandado, pues las partes deben concurrir al juicio dotadas de legitimación, o sea, la cualidad en el actor para intentar el juicio y en el demandado para sostenerlo, pues tal como lo ha venido estableciendo la jurisprudencia a través de sus diferentes fallos, esta legitimación o cualidad de la que deben estar asistidas las partes en el juicio es la que resulta, a su vez, de una relación de identidad lógica entre la persona concreta que ejerce un derecho y la persona abstracta a quien la ley se lo concede; y de identidad lógica entre la persona del demandante, concretamente considerado, y la persona abstracta contra quien la ley concede la acción…

…(Omissis)…

…Sin embargo, observa quien decide que de la inspección judicial realizada por el Juzgado Duodécimo de Municipio de esta Circunscripción Judicial se evidencia que si bien es cierto que la misma fue solicitada por la ciudadana Y.V. (querellante) ésta actuó en su carácter de DIRECTOR GERENTE de la sociedad mercantil SALON DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A., constatando el referido tribunal que en el inmueble cuya restitución pretende la accionante, funciona la señalada peluquería, la cual para el momento de la práctica de la inspección era atendida por la ciudadana Y.V. quien indicó ser socia de la referida persona jurídica y encargada del negocio, siendo impretermitible concluir que para la fecha en que se realizó la inspección (10-12-2003) quien poseía el inmueble era la sociedad mercantil PELUQUERÍA UNISEX MARYOLI y no a título personal la querellante. Así se establece.

De manera pues, que la parte querellante, tenía la carga de demostrar que el inmueble estaba bajo su posesión, y que la misma la ejercía para el momento en que a su decir se produjo el despojo.

Ahora bien, la parte querellante, con las pruebas promovidas durante la secuela del proceso, no logró demostrar que tenía la posesión del inmueble y que fue despojada del mismo, puesto que, -como se indicara- de la inspección quedó demostrado que el inmueble lo poseía la sociedad mercantil SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A., y las testimoniales que fueran evacuadas ante el Notario no fueron ratificadas en el lapso probatorio, por lo que le resulta impretermitible para quien aquí decide declarar que no habiendo demostrado la demandante ni la posesión ni el despojo aducido, la ciudadana Y.V.P., carece de cualidad activa para interponer la presente acción interdictal. Así se decide..”.

A los efectos de resolver la presente querella interdictal, este sentenciador debe previamente determinar los límites en que ha quedado planteada la misma, esto es, fijar el thema decidendum, que está constituido por la solicitud del querellante de que se condene al querellado “…en RESTITUIRLE …el inmueble que le (sic) ilegalmente le fuera despojado por él en fecha 15 de Enero de 2.004, el cual venía poseyendo en forma pacífica, continua e ininterrumpida…” y con animus domini, del local comercial No.13, conocido como Local “D”, ubicado en la Avenida Lecuna, entre las esquinas de Velásquez y Miseria, Edificio Número 2, Caracas, Distrito Capital. Alegó la querellante que dicho local se encontraba a cargo del “SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A.”, pues desde hace tiempo tal fondo de comercio se encuentra instalado en el aludido inmueble. Adujo que las perturbaciones consistieron en que el día 15 de enero de 2004 –luego de haber ella cerrado con candados el local, la noche anterior- el querellado se apersonó e ilegalmente violentó los candados de seguridad, colocando unos nuevos y posesionándose ilegalmente del local, y que ante el reclamo, la conminó a que lo demandase, en prueba de lo cual, acompañó resultas de inspección judicial extralitem evacuada el 10 de diciembre de 2003, y de justificativo de testigos evacuado el 05 de febrero de 2004 ante Notaría Pública.

Tal pretensión fue rechazada por el querellado, quien en primer lugar objetó la cualidad de la actora para demandar, aduciendo que ello correspondería a la sociedad mercantil “SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2002 C.A.”, según se desprende de la propia inspección judicial acompañada al texto libelar, así como de los alegatos allí expuestos. Como asunto de fondo, expuso que es apoderado judicial de la propietaria del inmueble en cuestión, según instrumento poder que acompañó, y que como su mandatario dio en arrendamiento tal local al ciudadano D.A.G., según contrato autenticado que igualmente acompañó. Que dicho ciudadano le comunicó el 15 de noviembre de 2003 su deseo de no renovar el contrato y hacer entrega del mismo el 01 de enero de 2004. Que dicha entrega se concretó el día 19 de enero de 2004, mediante acta también autenticada. Por tanto, la posesión precaria la ejerció el ciudadano D.A.G. y no la querellante. De igual modo, negó haber ejecutado acto de perturbación alguno, pues legalmente el local le fue entregado en fecha 19 de enero de 2004. De igual modo, arguyó que en fecha 14 de enero de 2004, la querellante celebró con el ciudadano E.C.P. un acuerdo reparatorio, dado que éste retiró “…sin su consentimiento bienes muebles, comprometiéndose a su devolución y el pago de una suma de dinero de …Bs.6.500.000,oo)…”; de igual modo, aceptó dicho ciudadano que fue él quien trasladó bienes del local, propiedad de la sociedad mercantil “SALÓN DE BELLEZA MARYOLI 2.002 C.A.”, por lo que forzosamente cualquier posible acto perturbatorio lo fue ejecutado por el ciudadano E.C.P. y no por el querellado. Y, también evidencia, que al 14 de enero de 2004, ya la querellante ni siquiera se encontraba en posesión del inmueble. Finalmente, rechazó por exagerada la estimación hecha a la cuantía de la demanda, aduciendo que para su estimación debe tomarse en cuenta “…el valor del mercado arrendaticio…”, siendo que el inmueble de autos tiene fijado un canon por la cantidad de Bs. 80.000,oo, en el último contrato de arrendamiento y, por aplicación analógica a lo previsto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, por lo que el valor de la demanda debiera ser por la suma de Bs. 960.000,oo. Esto último, quedó declarado improcedente en el fallo judicial dictado por el a quo al igual que eximió a la condenatoria en costas a la querellante, el cual tan solo resultó recurrido en apelación por la parte actora y no por la parte accionada. Por tanto, este punto de la impugnación a la estimación hecha a la cuantía de la demanda, resuelta en la demanda de primera instancia, y respecto de la cual no fue requerida su nulidad, no se recurrió, quedó definitivamente firme y, como consecuencia de ello, no es asunto que entre dentro del tema a decidir en el presente fallo, al igual que lo referente a la no condenatoria en costas, a fin de no incurrir en la violación del principio “non reformatium in peius. Así se declara.

El sus informes de alzada, el querellado adujo básicamente que la querellante no demostró ni posesión, ni despojo alguno, mientras que la querellante recurrente acusó al juez a quo de haberle hecho incurrir en indefensión, dado que no proveyó las copias certificadas completas para que el juzgado comisionado pudiese evacuar las testimoniales por dicha parte promovidas, por lo que solicitó se decrete la reposición de la causa al estado “…de que se evacuen las pruebas promovidas en tiempo útil por nosotras, pues debido a esa falta de evacuación es que el Tribunal dicta su sentencia donde declara sin lugar la demanda por falta de pruebas…”, siendo que se evidencia que en todo momento tuvieron la intención de evacuar tales testimoniales.

Fijado lo anterior, pasa este Juzgado Superior a determinar el orden decisorio, para lo cual primeramente emitirá pronunciamiento acerca de la solicitud de reposición de la causa al estado de evacuar la prueba testimonial ratificatoria del justificativo, en caso de ser tal pedimento rechazado, se emitirá pronunciamiento respecto a la falta de cualidad activa opuesta a la demanda. Si ello es declarado sin lugar, entonces se pasará a dirimir los restantes asuntos de fondo de la querella impetrada.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la ley, declara: