Decisión nº 183-N-25-11-04 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 25 de Noviembre de 2004
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores |
| Ponente | Marcos Rafael Rojas GarcÃa |
| Procedimiento | Cobro De Honorarios |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
Expediente Nº 3643
Demandante: YONEISE SIERRA
Abogado asistente: A.P.
Demandado: FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA)
Apoderado: R.A.G. y J.M.F.
Vistos sin informes de las partes.
I
Vista la consulta de la decisión dictada el 16 de marzo de 2004, mediante la cual declaró con lugar la demanda que por cobro de honorarios, intentara el abogado YONEISE SIERRA, contra el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA) por el Juzgado Terceros de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial, este Tribunal para decidir observa:
II
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La presente controversia, decidida por el Tribunal de la causa y sometida a consulta de esta Alzada, versa sobre una demanda que por cobro de honorarios profesionales intentara el abogado YONEISE SIERRA, mediante la cual pretende que el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA), sea condenado a pagarle la cantidad de cuatro millones de bolívares (Bs. 4.000.000,oo) por haber redactado el escrito de demandada de ejecución de hipoteca contra el ciudadano J.A.V.G., para lo cual fue autorizado mediante Resolución y poder otorgado por el mencionado Instituto; y ante su renuncia como apoderado y el no pago de sus honorarios por parte del ente público; y el rechazo que de tal pretensión de condena hiciera el Instituto autónomo estadal, a través de su abogado J.F.P.P., quien reconoció que era cierto que se había autorizado y otorgado poder al mencionado abogado para el juicio de ejecución de hipoteca; pero, que no fue sino después de cuatro meses de tener el caso cuando demandó y sin embargo, dejó perder el juicio por no lograr poder citar al demandado, declarándose la perención de la instancia; que la Resolución mediante la cual se autorizó a este abogado a demandar, señalaba que los honorarios debía reclamarlos al deudor hipotecario, una vez ejecutada la hipoteca; y que en el escrito de la demanda el abogado intimante estimó sus honorarios en un millón ochocientos ochenta y tres mil trescientos diecinueve bolívares con setenta céntimos (Bs. 1.883.319,70), equivalente al 20% del valor de lo litigado, por lo que solicitaba la retasa.
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Para comprobar los hechos alegados, el actor junto con el escrito de demanda, promovió las siguientes pruebas: 1) copia de la Resolución Nº 2541, del 08 de mayo de 2002, mediante la cual el Instituto demandado autorizó que se le otorgara poder extrajudicial o judicial para la ejecución de hipotecas, contra clientes morosos; 2) copia del poder otorgado al demandante, el 11 de junio de 2002, ante la Notaría Publica de Coro, bajo el Nº 11, Tomo 48, a tales fines; 3) cartas de fechas 18, 21, 22, 28 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 21 de marzo, 16, 18, 21, 25 de julio, 20 de agosto de 2003, firmadas por el consultor jurídico del Instituto demandado, donde se le envía la relación de los clientes morosos, de los juicios que debe continuar y de los convenios de pago; 4) carta de fecha 18 de julio de 2003, firmada por el demandante donde renuncia a su cargo y pide el pago de honorarios. Asimismo, cabe resaltar que en el lapso probatorio ninguna de las partes promovió prueba alguna; pues, el apoderado del Instituto promovió junto con el escrito de la demanda, la Resolución N° 2540, de fecha 08 de mayo de 2002, a la cual hizo alusión en dicho acto; y ante esta Alzada se trajo copia simple del expediente principal.
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El 16 de marzo de 2004, el Tribunal de la causa, declara con lugar la demandada intentada por el abogado YONEISE SIERRA contra el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA), al considerar que independientemente que un abogado a quien se le hubiese otorgado poder hubiese logrado o no su misión, tenía derecho a cobrar honorarios; y en consecuencia, acordó la retasa.
III
En tal sentido este Tribunal para decidir observa:
Antes de entrar a analizar el asunto de fondo sometido a conocimiento, quien suscribe cree conveniente resaltar las características de los procedimientos mediante el cual los abogados pueden exigir el pago de sus honorarios, por los servicios judiciales o extrajudiciales prestados.
Así cabe señalar, que el pago de los honorarios causados extrajudicialmente se tramitará por el procedimiento breve; por el contrario, si se trata de honorarios causados por actuaciones judiciales, éstos se demandarán, tramitarán y decidirán por el procedimiento previsto en el artículo 607 del citado Código adjetivo civil ( salvo, el cobro de honorarios causados en los juicios de amparo, el cual, por doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se exigirá, tramitará y decidirá por el procedimiento breve), el cual por aplicación de los principios de economía, concentración y celeridad procesal, goza de las siguientes características:
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Se insta en el propio expediente principal, pero, sustanciado y decidido en un cuaderno separado, independientemente de la cuantía de los honorarios y de la competencia por el territorio, pues, se trata de una competencia funcional.
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En dicho procedimiento no son admisibles las cuestiones previas previstas en el artículo 346 eiusdem, para ser decididas incidentalmente; ni la reconvención , no solo por tratarse de procedimientos incompatibles, sino también, porque implicaría la apertura de otra incidencia que se opone a los principios antes anotados; así por ejemplo, es inconcebible que se admita en este tipo de procedimiento, como contrademanda, el pago de daños y perjuicios, como en el caso de autos, que de ser admisibles y proceder, deben tramitarse por el procedimiento ordinario.
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El procedimiento de estimación e intimación de honorarios se caracteriza por contener dos fases: a saber, una fase declarativa, de conocimiento donde el Juez debe resolver si los abogados demandantes tienen derecho o no a cobrar honorarios y donde, inclusive, el demandado puede acogerse al derecho a retasa; esta fase, es esencial para ambas partes, porque puede dar lugar a una serie de incidencias revisables mediante el recurso de apelación y hasta por el recurso de casación, siempre y cuando, se cumplan los extremos establecidos en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que se trate de una sentencia definitiva y que tenga la cuantía adecuada; y una fase ejecutiva, que comienza con la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que declara procedente el derecho a cobrar honorarios y fase en la cual, tiene lugar el procedimiento de retasa previsto en el artículo 25 de la citada Ley de Abogados y en el cual, los Jueces retasadores determinarán el monto exacto a cobrar por concepto de honorarios profesionales, sin posibilidad para la parte condenada de ejercer recurso de apelación y menos, el de casación.
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Se emplazará al demandado para que dé contestación a la intimación, el mismo día o el día de despacho siguiente a su citación, y a menos que, haya necesidad de esclarecer algún hecho controvertido, el Juez por auto expreso abra una articulación probatoria común por ocho días de despacho sin término de distancia, incidencia que decidirá al noveno día; y en caso de considerar, el Juez que no hay necesidad de la apertura del lapso probatorio, se decidirá dentro de los tres días siguientes a la contestación de la demanda.
Descritas las anteriores características, se pasa a decidir la consulta planteada de la siguiente manera:
El fallo consultado carece de motivación y no es exhaustivo, esto es, no se atuvo a lo alegado y probado en autos, por lo menos, por una de las partes, pues, no se puede considerar como fundamento de una sentencia, por más que se admitan las motivaciones exiguas, la afirmación según la cual, “…independientemente que un abogado a quien se le hubiese otorgado poder hubiese logrado o no su misión, tenía derecho a cobrar honorarios…”; en tal sentido, este Tribunal revoca dicha decisión; y así se establece.
El límite de la controversia, quedó establecido en que el abogado YONEISE SIERRA, en el escrito de demanda intentada contra el ciudadano J.A.V.G., estimó sus honorarios en la suma de un millón ochocientos ochenta y tres mil trescientos diecinueve bolívares con setenta céntimos (Bs. 1.883.319,70), equivalente al 20% del valor de lo litigado, acogiéndose el Instituto demandado al derecho de retasa, lo que quiere decir, que se reconoció el derecho reclamado y se solicitó al Tribunal de la causa que este derecho fuese sometido a retasa; por lo que lo que queda es constituir el Tribunal retasador; y así se establece.
Sin embargo, quien suscribe quiere destacar que los siguientes hechos, a saber que el abogado demandante redactó el escrito de demandada de ejecución de hipoteca promovido contra el ciudadano J.A.V.G., para lo cual fue autorizado mediante Resolución y poder otorgado por el mencionado Instituto; y que ante su renuncia como apoderado, no recibió pago de sus honorarios por parte del ente público demandado, fueron reconocidos por los apoderados del Instituto, quien conforme al poder que lo habilita para actuar en el presente proceso fue facultado para absolver posiciones juradas, transigir, convenir, desistir y comprometer en árbitros; renunciando de este modo la Administración de dicho Instituto a los privilegios procesales que gozaba; y así se declara.
Pues, las pruebas promovidas por el demandante junto con el escrito de demanda, a saber: 1) copia de la Resolución Nº 2541, del 08 de mayo de 2002, mediante la cual el Instituto demandado autoriza que se le otorgue poder extrajudicial o judicial para la ejecución de hipotecas, contra clientes morosos; 2) copia del poder otorgado al demandante, el 11 de junio de 2002, ante la Notaría Publica de Coro, bajo el Nº 11, Tomo 48, a tales fines; 3) cartas de fechas 18, 21, 22, 28 de octubre y 12 de noviembre de 2002, 21 de marzo, 16, 18, 21, 25 de julio, 20 de agosto de 2003, firmadas por el consultor jurídico del instituto demandado, donde se le envía la relación de los clientes morosos, de los juicios que debe continuar y de los convenios de pago; 4) carta de fecha 18 de julio de 2003, firmada por el demandante donde renuncia a su cargo y pide el pago de honorarios; demuestran los hechos afirmados y acreditan su derecho a cobrar honorarios profesionales en el mismo sentido que fueron reconocidos en el acto de contestación de la demanda; pero, este derecho está limitado únicamente a la actuación que realizó en el juicio intentado contra el ciudadano J.A.V.G., producidos en copia certificadas ante este Tribunal Superior por la parte demandada y donde se evidencia que él estimó sus honorarios en la cantidad de un millón ochocientos ochenta y tres mil trescientos diecinueve bolívares con setenta céntimos (Bs. 1.883.319,70), equivalente a un 20% del valor de lo litigado; y donde consta que el contrato de préstamo con garantía de hipoteca inmobiliaria debidamente registrada a favor del Instituto, no se señala que el abogado intimante debiera cobrar los honorarios al deudor hipotecario, tal como lo señala la demandada y en el cual no consta que el Tribunal de la causa haya declarado la perención de la causa; y así se declara.
Por otra parte, cabe señalar que los apoderados del Instituto promovieron junto con el escrito de la demanda, la Resolución N° 2540, de fecha 08 de mayo de 2002, documento que debe declararse extemporáneo, por adelantado, ya que no fue producido en el lapso probatorio correspondiente; y ante esta Alzada se trajo copia simple del expediente principal, que sirve de prueba al juicio intimatorio, que fue promovido incidentalmente; y así se establece.
Sin embargo, este Tribunal debe señalar que ante el reconocimiento del derecho invocado por el actor por parte del apoderado del Instituto y su solicitud de acogerse al derecho de retasa, daba por terminada la fase de reconocimiento y el Juez debió indicar que por este hecho no se abría el lapso probatorio y proceder a dictar la sentencia definitiva, cuestión que no hizo; y así se deja indicado.
En consecuencia, este Tribunal debe declarar parcialmente con lugar la demanda de cobro de honorarios profesionales intentada por el abogado YONEISE SIERRA contra el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA), limitado únicamente a cobrar los honorarios que éticamente le corresponda por la redacción del escrito de la demanda, partiendo de las siguientes consideraciones:
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Las limitaciones impuestas por el Código de Ética y por la Ley de Abogados, relativas fundamentalmente al grado de profesionalidad del abogado demandante y la diligencia puesta en el desempeño de sus funciones como abogado, habida cuenta que su obligación es de medio y que la citada Ley de Abogados, limita el cobro de honorarios profesionales, cuando un abogado, como en el caso de autos, ejercía la función de consultor jurídico, que se presume remunerada, salvo prueba en contrario, que no costa en autos.
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Que el único acto que da origen al cobro de honorarios, es la redacción del escrito de la demanda, por tanto, este derecho no puede excederse, inclusive más allá de lo que se estaba litigando en el proceso principal, porque ello no solamente es contrario a derecho, sino también a la ética profesional.
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Las limitaciones impuestas por el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, que fijan un límite máximo del 30% del valor de lo litigado, para todas las actuaciones realizadas en juicio en todas sus instancias; en correspondencia con el límite que el abogado demandante fijó en el escrito de demanda redactado por él.
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Los privilegios procesales que por mandato del artículo 97 de la Ley Orgánica de Administración Pública, se otorga a los Institutos autónomos y conforme a los cuales la República no puede ser condenada en costas y los abogados que actúen en nombre de ella no pueden convenir, desistir, transigir, comprometer en árbitros o utilizar cualquier medio alternativo para la solución del conflicto, sin autorización previa y escrita del Procurador General de la República; y además, hacer valer en juicio todos los recursos ordinarios, extraordinarios y especiales legalmente establecidos, salvo instrucción por escrita en contrario; so pena de la responsabilidad establecida en la Ley (véanse los artículos 5, 66, 68, 70, 71, 74 y 104 del Decreto de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otros), más allá que el apoderado del Instituto haya sido especialmente facultado para ello, lo que implica que su acto de contestación fue válido; pero, debe tomarse en cuenta la diligencia que puso el abogado demandante en el juicio principal.
En este punto, causa alarma, a quien suscribe esta decisión, la negligencia no sólo con que el abogado demandante ejerció la representación del Instituto demandado en el juicio principal, sino también, la de los representantes del mismo en el presente proceso, que no se atuvieron a lo previsto en las normas anteriormente señaladas y sobre todo la Junta directiva y la presidencia de dicho Instituto, que alegremente confirieron un mandato con facultades tan plenas, omitiendo los privilegios procesales del Instituto; a quienes se les exhorta para que en lo sucesivo sean más cuidadosos en la defensa de los derechos patrimoniales de dicho Ente público, para no hacerse sujetos pasivos de la Ley contra la Corrupción.
IV
En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:
Parcialmente con lugar el recurso de consulta obligatoria de la decisión dictada el 16 de marzo de 2004, mediante la cual declaró con lugar la demanda que por cobro de honorarios, intentara el abogado YONEISE SIERRA, contra el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA) por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial, decisión que se revoca un su totalidad.
En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda intentada por el abogado YONEISE SIERRA, contra el FONDO ESTADAL DE CRÉDITO A.D.E.F. (FONECRA), por honorarios profesionales en los términos establecidos en este fallo y que serán líquidos conforme a lo que establezca el Tribunal retasador.
No se imponen costas procesales.
Bájese el expediente, en su oportunidad correspondiente.
Publíquese, regístrese y agréguese.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004). Años 194 de la Independencia y 145 de la Federación.
EL JUEZ TITULAR
Abg. M.R. ROJAS G.
LA SECRETARIA
Abg. NEYDU MUJICA GONZÁLEZ
Nota: la anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 25-11-04, a la hora de ___________________________________________ ( ). La presente decisión se dicto el primer día calendario consecutivo del lapso legalmente establecido para sentenciar. Se dejó copia certificada en el libro copiador de sentencias. Conste Coro. Fecha Ut- Supra.
LA SECRETARIA
Abg. NEYDU MUJICA GONZÁLEZ
Sentencia Nº 183- N-25/11/04
MRG/NM/verónica
Exp. Nº 3643.-
