Decisión nº PJ0062008000735 de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 17 de Junio de 2008

|REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

SALA DE JUICIO JUEZ UNIPERSONAL Nº VI

Caracas, 17 de Junio de 2008

198º y 149º

Asunto: AP51-V-2007-009218

Motivo: FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN.

Demandante: YRAIDA R.R.M., mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-11.551.621

Apoderada Judicial: M.C.D.C.P., en su carácter de Defensora Pública Quinta (5°) de Protección del Niño y del Adolescente.

Demandado: R.S.C.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-9.247.201

Niña: “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”

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No existiendo cuestiones de previo pronunciamiento y, toda vez que no hay obstáculo procesal alguno que impida a este Tribunal entrar a decidir el mérito de este asunto, de seguidas pasa a hacerlo con fundamento en las consideraciones siguientes:

La presente causa, se inicia mediante escrito presentado por la ciudadana YRAIDA R.R.M., suficiente identificada en la parte enunciativa de esta sentencia, en fecha treinta y uno (31) de Octubre de 2007, actuando en este acto en su calidad de madre del niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”, quienes se encuentran debidamente asistidos por la abogada M.C.D.C.P., en su carácter de Defensora Pública Quinta (5°) de Protección del Niño y del Adolescente, en el cual solicitan LA FIJACIÓN DE UN MONTO POR CONCEPTO DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN a favor del citado niño, a ser cancelada por el ciudadano R.S.C.C., igualmente identificado.

Alega la parte actora :“…que el padre de mi hijo quien a pesar de contar con capacidad económica, ya que labora en la Empresa Metro de Caracas C.A., ubicada en la Av. Universidad, Edificio Recursos Humanos, Parroquia La C.d.M.L.d.D.M., no cumple a cabalidad con la Obligación Alimentaria, ya que a pesar de que tengo empleo, me he visto forzada a recurrir a mi familia para solventar los problemas económicos que se me presentan a diario, los cuales son cada día más graves. Ya que mi hijo es un niño especial y que también tiene dificultades motoras, lo cual es un gasto médico excesivo mensualmente y requiere de tratamientos especiales y que también tiene dificultades motoras…”. Por ello, solicita que se fije al niño de autos un monto por concepto de obligación alimentaria a su favor, por una cantidad no menor de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 650.000,00) hoy SEISCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs.F 650,00) mensuales, y que además aporte dos bonificaciones especiales por la misma cantidad una, en el mes de septiembre de cada año y otra en el mes de diciembre de cada año.-

En fecha veintitrés (23) de mayo de 2007, se ADMITE la presente solicitud, librándose la citación al demandado y una notificación al representante del Ministerio Público.

En fecha treinta y uno (31) de mayo de 2007, fue consignada por el ciudadano alguacil adscrito a la Unidad de Actos de Comunicación de este Circuito Judicial boleta de notificación dirigida al representante del Ministerio Público, siendo debidamente notificada la Fiscalía Nonagésima Cuarta (94°) del Ministerio Público, en fecha treinta (30) de mayo de 2007.

En fecha primero (1°) de Abril de 2008, comparece el ciudadano alguacil adscrito a la Unidad de Actos de Comunicación de este Circuito Judicial, y mediante diligencia consignó Boleta de Citación a nombre del ciudadano R.S.C.C., debidamente firmada el 17/03/2008.

En fecha diez (10) de abril de 2008, la ciudadana secretaria deja constancia de la citación del demandado, con el objeto de que se empezara a computar el lapso para la comparecencia y por consiguiente la realización del acto conciliatorio.

En fecha once (11) de abril del año 2008, se acordó librar oficio dirigido al Director de Recursos Humanos del Metro de Caracas, con el objeto de que se sirvan informar el salario y demás beneficios que percibe el demandado.

En fecha quince (15) de abril del año 2008, siendo la oportunidad fijada para llevarse a cabo la reunión conciliatoria entre las partes, se levantó acta dejando constancia que estas no comparecieron por ante la sede de este Juzgado. Por tal razón, no se pudo llevar a cabo la reunión conciliatoria. Igualmente el ciudadano R.S.C.C. ya identificado, no dio contestación a la demanda.

En fecha seis (06) de mayo de 2008, se recibió oficio Nº GSP/00759, de fecha veintiocho (28) de abril de 2008, suscrito por el Gerente de Servicios al Personal de C. A. Metro de Caracas, anexando al mismo constancia de ingresos mensuales por parte del demandado.

Hecha la síntesis de los términos en que ha quedado planteada la controversia, conforme lo exige el ordinal tercero (3°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entra ahora el Tribunal a analizar todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes.

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA

Para demostrar sus alegaciones, la parte actora trajo a los autos con el escrito de solicitud las siguientes pruebas, las cuales son valoradas por este Despacho Judicial de la siguiente manera:

1. Corre inserto en el folio tres (03) del presente expediente copia certificada de la partida de nacimiento del niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”, expedida por la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San J.d.M.L.d.D.C., signada con el Nº 1155, folio 78, correspondiente al año 1995, a la cual SE LE ASIGNA TODO SU VALOR PROBATORIO, por no haber sido impugnado este documento por la parte demandada por vía de tacha, conforme a lo previsto en el artículo 1.380 del Código Civil, teniendo en consecuencia valor de instrumento público de conformidad con lo pautado en los artículos 457, 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De dicho instrumento se evidencia: en primer lugar el vínculo de filiación existente entre el ciudadano R.S.C.C. y la ciudadana YRAIDA R.R.M. con su prenombrado hijo, quedando así demostrada la cualidad de la ciudadana YRAIDA R.R.M. como legitimada activa, para incoar la presente demanda, conforme a lo establecido en el primer aparte del artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. ASÍ SE DECLARA.

2. Corre inserto desde el folio cinco al veintinueve (05-29) del expediente, copias simples de sendos informes médicos emanados de distintas Clínicas, a los cuales este Juzgador NO LE CONCEDE NINGÚN VALOR PROBATORIO, de conformidad con el articulo 431 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto son documentos privados emanados de terceros que no son parte en juicio, los cuales no fueron ratificados mediante la prueba testimonial. Así se declara.-

   DE LA PRUEBA DE INFORMES

1. La parte actora promovió prueba de informes solicitando al Tribunal, se oficiara al Gerente de Servicios al Personal de C. A. Metro de Caracas, a fin de establecer la capacidad económica del obligado, ciudadano R.S.C.C.. Dicha prueba fue acordada por este Tribunal, mediante auto, librándose en consecuencia, oficio identificado con el número 0810, de fecha 11/04/2008, el cual corre inserto al folio 42 del presente expediente. Se obtuvo respuesta en fecha 06/05/2008; recibiendo comunicación de la referida institución, por lo tanto el mencionado oficio es plenamente valorado por este juzgador, para determinar la capacidad económica del obligado alimentario, quien desempeña su cargo en dicha empresa como OPERADOR METRO, estableciéndose que el mismo devenga un sueldo mensual de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. F. 1.427,37), una prima de antigüedad de de CINCUENTA MIL BOLÍVARES FUERTES SIN CÉNTIMOS (Bs. F. 50,00). Además percibe utilidades anuales por un monto de SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES SIN CÉNTIMOS (Bs. F. 6.155,00). Percibe también un Bono Vacacional TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES FUERTES CON OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES FUERTES CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. F. 7.085,32) y goza beneficios como BECAS, ÚTILES ESCOLARES Y JUGUETES, además se le cancelan CESTATICKETS por un monto de VEINTITRES BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 23,00) por jornada efectiva laborada, así mismo percibe prima por hijo, bono vacacional anual y bonificación de fin de año. ASÍ SE DECLARA.-

   PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA

   Se dejó expresa constancia, que la parte demandada ciudadano R.S.C.C., no ofreció ni evacuó pruebas que lo favorecieran en el presente juicio en el lapso legal correspondiente.

   Ahora bien para decidir este Tribunal observa lo siguiente:

   Se considera necesario destacar, que la no contestación de la demanda en el lapso correspondiente por parte del ciudadano R.S.C.C., unido al hecho de no promover pruebas que lo favorecieren, trae como consecuencia que dicho ciudadano se encuentre dentro de los supuestos establecidos en la institución de la confesión ficta, prevista en el Código de Procedimiento Civil, artículo 362, en los términos siguiente:

   "Articulo 362: Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los lapsos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, ni nada probare que lo favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento".

   Para ahondar en este aspecto, se considera oportuno mencionar lo planteado por el tratadista A. RENGEL – ROMBERG, en su conocida obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, donde señala que la confesión ficta requiere de dos supuestos para que la misma sea declarada y que tenga eficacia legal: que la petición no sea contraria a derecho y que en el término probatorio no pruebe el demandado algo que lo favorezca.

   En idéntico sentido, en jurisprudencia pacifica y reiterada, el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que “la consecuencia jurídica de la confesión ficta solo podrá imputársele al demandado cuando este no de contestación a la demanda o presente el escrito correspondiente después de vencido el lapso legal respectivo, o termino legal, como sucede en el procedimiento breve, siempre que se den los presupuestos contenidos en el articulo 362 del Código de Procedimiento Civil.” Sentencia Nº 00135 del 24 de febrero de 2006, ponencia del Magistrado Dr. A.R.J.

   En relación con lo anterior, se hace necesario precisar que la demanda realizada por la parte actora referida a fijación de obligación de manutención, en modo alguno puede considerarse como contraria a derecho, más bien nos estamos refiriendo a una obligación estrechamente vinculada a la protección del principio del interés superior del niño y del adolescente, el cual es trasversal a todo el Sistema de Protección.

   Considera oportuno este juzgador, como reforzamiento de la precisión señalada en el párrafo anterior, hacer mención a la opinión de la Dra. H.B., quien en su trabajo “INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA EN LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE”, publicado en el libro titulado “ Cuarto Año de Vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente” señala que “el derecho a alimentos es uno de los mas importantes que tienen los seres humanos y especialmente los niños y adolescentes, por lo que su cumplimiento hace posible que se satisfagan necesidades primarias como son la comida, la salud y la educación, todo lo cual forma parte de un derecho mas amplio como es el derecho de todo niño y adolescente a un nivel de vida adecuado, y de acuerdo a la gravedad de su incumplimiento puede verse afectado no solo ese nivel de vida, sino la vida misma de estas personas”

   Es también necesario, hacer mención a lo señalado en la Sentencia dictada por la Sala de Apelaciones Nº 1 de la Corte Superior del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma circunscripción judicial, en fecha veintiséis (26) de Julio de 2006, con Ponencia de la Dra. E.S.C.S., relativo de Fijación de Obligación Alimentaria inserta en el asunto Principal N ° AP51-V- 2006-003783, la cual, a los fines que nos interesan, se desprende el tenor siguiente:

   “…Ahora bien, se desprende de autos, que el demandado, ciudadano (…), no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial al acto de contestación de la demanda, vale decir, debe tenérsele como contumaz, lo cual le limitó la probanza en el proceso, por cuanto la prueba que el inasistente a la contestación a la demanda pudo aportar en ese supuesto, es aquella configurada por la contraprueba de las pretensiones de la demandante motivo por el que se esta en presencia del primer elemento de la confesión ficta, consagrada en el articulo 362 del Código de Procedimiento Civil . Por otra parte, resulta evidente, que la petición de la accionante de pedir alimentos para sus hijas, no es contraria a derecho, pues contrariamente se encuentra amparada por la Ley, circunscribiéndose a la solicitud de Fijación de Obligación Alimentaria a favor de las niñas de autos y contra el padre de las mismas, configurándose así los otros elementos de la confesión ficta, como lo son: la petición de la demandante no es contraria a derecho y el accionado no probó nada que lo favoreciera, razones por las cuales, esta Superioridad, debe desechar la apelación en cuestión, y así se establece. (…)

   “…Por otra parte no debe dejar de lado esta Juzgadora, el hecho de que el a quo no haya constatado la confesión ficta de autos, por lo que se le exhorta para que en lo sucesivo, previa la verificación de los elementos a que se contrae el articulo 362 del Código Adjetivo, proceda al dictado de su decisión, siguiendo los parámetros establecidos en la mencionada norma, y así se establece (…)

   Por lo anteriormente señalado, al no ser contraria a derecho la petición de la parte actora, visto que la acción propuesta no esta prohibida por la ley sino al contrario amparada por ella, y considerando que el demandado no ejerció su derecho a la defensa en tiempo oportuno, no probando nada que lo favoreciere y en consecuencia no realizando ningún acto procesal tendente a desvirtuar la presunción que, producto de su falta de contestación, obra en su contra, se establece la configuración en el presente asunto, de la confesión ficta con la consecuencia jurídica de reconocer como ciertos los hechos alegados por la actora. Así se decide.

   Por otro lado en relación a las medidas preventivas solicitadas, esta Sala de Juicio NIEGA EL DECRETO DE LAS MISMAS todo ello en virtud de que este Juzgador considera que en el presente caso, no se encuentran llenos los extremos para poder determinar la existencia de riesgo manifiesto que el obligado alimentario no cumpla con su obligación, justificándose en consecuencia el dictado de una medida preventiva. Por consiguiente es importante, traer a colación la Sentencia emitida por la Sala de Apelaciones Nº 1 de la Corte Superior de este Circuito Judicial, en el asunto Nº AP51-R-2006-009446, con ponencia de la Doctora ZELIDETH SEDEK DE BENSHIMOL, mediante la cual se señaló, lo siguiente (extracto):

   Comienzo de la cita:

   “…El artículo 521 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que sirvió de fundamento de derecho a la parte solicitante de la medida cautelar, expresa que el Juez “podrá” (potestativo) tomar entre otras, las medidas que aparecen en sus literales a), b) y c) “para asegurar el cumplimiento de la obligación”, vale decir, se precisa que se trate del aseguramiento de aquél cumplimiento de una obligación que necesariamente debe haber sido fijada previamente, debiendo interpretarse esta norma, en concordancia con la contenida en el artículo 381 ejusdem, que establece que la cautelar destinada a ello (al cumplimiento de la obligación alimentaria) debe proceder sólo cuando exista riesgo manifiesto de que el obligado alimentario deje de pagar las cantidades que por tal concepto, correspondan a un niño o adolescente, considerándose probado éste(sic) extremo (el riesgo manifiesto), cuando habiéndose impuesto judicialmente el cumplimiento de la obligación alimentaria, exista atraso injustificado en el pago correspondiente a dos cuotas consecutivas(…) Dicho de otro modo: la potestad del Juez para el decreto de las cautelares en materia de alimentos, debe fundamentarse en todo caso, en los supuestos establecidos por el legislador para ello, vale decir, conforme a la norma invocada por la actora, no estamos en presencia de aquellos pretendidos por la peticionante, por cuanto el garantizar las pensiones de alimentos futuras, exige la presencia previa de un riesgo manifiesto de que el obligado alimentario haya incumplido y por tanto se presuma que no lo haga en el futuro, y como en el caso de autos –se repite-, la pretensión libelada está configurada en el pedimento de que se aumente el monto de la obligación fijada convencionalmente por los padres y homologada por el Tribunal que conoció del divorcio, es innegable que falta uno de los elementos concurrentes, esto es, el incumplimiento efectivo por parte del hoy demandado de aquella obligación contraída…” (OMISSIS) (Subrayado de la Sala de Juicio)

   Fin de la cita.

   De igual forma se considera oportuno hacer mención en extenso, sentencia emitida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DIAZ de fecha diecinueve de septiembre de 2001 Exp. R.C Nº AA60-S-2001-000308. (Extracto)

   Comienzo de la cita:

   “(... ) si bien es cierto, que el artículo 466 de la Ley en referencia, establece unos supuestos para la procedencia de las medidas cautelares, como son la legitimación del sujeto que las solicita y el señalamiento del derecho que se reclama, las cuales son condiciones generales para el ejercicio y admisión de cualquier acción, de indiscutible e inexorable cumplimiento, y adiciona un elemento nuevo que difiere del régimen de la cautela ordinaria como lo es la potestad del juez de fijar el plazo en el cual permanecerán vigentes o con efectos, lo es también el hecho de que dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor P.C. en su Obra Providencias Cautelares “Proveen a eliminar el peligro mediante la constitución de una relación provisoria, preordenada al mejor rendimiento práctico de la futura providencia principal”, la interpretación y alcance del artículo en referencia debe llevar al juez al análisis de las condiciones o requisitos de procedibilidad que la doctrina patria ha calificado como los pilares clásicos del poder cautelar, previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

   En efecto, pueden considerarse tres las condiciones fundamentales a las que están sometidas los providencias bajo estudio, a saber: 1º.- La existencia de un juicio en el cual la medida va a surtir sus efectos (Pendente Lite) 2º.- La apariencia del buen derecho (Fumus Bonis Iuris) y 3º.- El peligro de que ese derecho aparente no sea satisfecho (Periculum in Mora), siendo éstos los puntos a los que debe referirse el conocimiento del juez en vía cautelar, pues, “el peligro en el retardo es la causa impulsiva de las medidas y conjuntamente con el juicio de verosimilitud que requiere la ley para su decreto son los que en definitiva justifican la prosecución del procedimiento cautelar sea para la ejecución, oposición o suspensión de las medidas” (Ricardo Henríquez La Roche, Medidas Cautelares según el Código de Procedimiento Civil, Caracas 2000). (Negrillas de la Sala).

   Sobre este punto, la jurisprudencia pacífica y reiterada de este Alto Tribunal se ha orientado, en señalar:

   (...) no significa que puedan hacerse a un lado los requisitos a que se contrae el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris), ya que es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama; tanto es así, que la citada norma fue invocada por el solicitante, conjuntamente con el artículo 599, ordinal 2º eiusdem.

   En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

   Con referencia al fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama

   . (Sentencia Nº 00636 del 17-4-2001. Sala Político Administrativa).

   Advierte esta Sala que no se desprende de la citada sentencia que el órgano jurisdiccional que conozca de (…) deba constantemente y ante cualquier solicitud conceder la medida cautelar solicitada, antes bien, debe siempre analizar cada caso concreto y verificar si de lo alegado por el solicitante se evidencia la presunción a su favor del buen derecho que reclama, o si existe o no fundado temor de que quede ilusoria la ejecución del fallo, o que los daños sean irreparables o de difícil reparación como consecuencia del no otorgamiento de la cautela solicitada

   . Sentencia Nº 265 del 01-03-2001. Sala Constitucional. (Negrillas de esta Sala).

   Fin de la cita con resaltados realizados por esta Sala de Juicio.

   Por lo tanto, se puede constatar de los documentos que sustentan la pretensión debatida que el presente asunto, versa sobre la pretensión de Fijación de una obligación de Manutención más no de incumplimiento de la misma. Es de recalcar, que es en el supuesto de la existencia de un atraso injustificado en el pago de dos cuotas consecutivas de una obligación de manutención judicialmente establecida, cuando se puede considerar probado el riesgo de que la sentencia quede ilusoria, procediéndose en consecuencia, a dictar la medida preventiva que corresponda.

   Por otro lado, si bien es cierto que el obligado alimentario en este juicio se encuentra en dentro de la situación procesal de la confesión ficta , no es menos cierto que el monto fijado por concepto de obligación de manutención tienen que ser proporcional a la capacidad económica del obligado alimentario. En ese sentido, se fija prudencialmente esa cantidad en QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES, junto a las bonificaciones especiales y la cuota parte que el corresponda al hijo por los beneficios que reciba el padre por concepto de existencia de hijos ( bono de juguetes por ejemplo).

   Por las razones antes expuestas, este JUEZ UNIPERSONAL Nº VI DE LA SALA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente acción de FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN que fuere intentada por la ciudadana YRAIDA R.R.M., mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-11.551.621, en beneficio de su hijo, el niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”, quienes fueron debidamente asistidos por la abogada M.C.D.C.P., en su carácter de Defensora Pública Quinta (5°) de Protección del Niño y del Adolescente, contra el ciudadano R.S.C.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-9.247.201.

   En consecuencia, se establece lo siguiente:

PRIMERO

Tomando en cuenta las necesidades del niño, se establece la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bf. 500,00) la cual corresponde a un 62,56021 % de un (01) Salario Mínimo Actual, como monto por concepto de obligación de manutención, en beneficio del niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”. Dicha cantidad deberá ser descontada mensualmente del monto que percibe el obligado alimentario, por concepto de salario que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio, y remitida a la Oficina de Control de Consignaciones de este Circuito Judicial con el objeto de ser depositado en la cuenta de ahorros abierta para tal fin en el Banco Industrial de Venezuela, a nombre del niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”, y una vez que conste tal consignación, serán entregada a la madre de la misma, ciudadana YRAIDA R.R.M., a tales efectos se acuerda librar oficio al Gerente de Servicios al Personal de C. A. Metro de Caracas, a fin de comunicarle de la presente decisión para que realicen los trámites correspondientes.

SEGUNDO

Se fijan además dos bonificaciones especiales:

1. En el mes de Diciembre, para cubrir gastos de navidad y fin de año, una (01) bonificación especial por la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bf. 500,00) la cual corresponde a un 62,56021 % de un (01) Salario Mínimo Actual, sin detrimento de la cantidad mensual que deberá ser cancelada por concepto de obligación de manutención; es decir que para dicho mes se deberá cancelar la cantidad de MIL BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bs. F. 1.000,00).

2. En el mes de Septiembre, para cubrir gastos escolares, una (01) bonificación especial por la cantidad de QUINIENTOS BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bf. 500,00) la cual corresponde a un 62,56021 % de un (01) Salario Mínimo Actual, sin detrimento de la cantidad mensual que deberá ser cancelada por concepto de obligación de manutención; es decir que para dicho mes se deberá cancelar la cantidad de MIL BOLIVARES FUERTES SIN CENTIMOS (Bs. F. 1.000,00)

Los montos, anteriormente señalados deberán ajustarse en forma automática y proporcional, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-

TERCERO

Se acuerda oficiar al Gerente de Servicios al Personal de C. A. Metro de Caracas, lugar donde labora el obligado alimentario, ciudadano R.S.C.C., a fin de que las cantidades aquí fijadas por obligación de manutención mensual, así como bonificaciones especiales, sean retenidas y remitidas a la Oficina de Control de Consignaciones de este Circuito Judicial, a nombre del niño “…cuya identidad se omite por disposición del articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente…”, y una vez que conste tal consignación deberán ser entregadas a la madre de la referido niño, ciudadana YRAIDA R.R.M., quien es mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-11.551.621.

CUARTO

de igual forma se ordena el pago de la cuota parte que le corresponda al niño de autos, por los beneficios que reciba el padre por concepto de existencia de hijos (bono de juguetes por ejemplo).

En virtud de que la presente sentencia se dictó fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la SALA DE JUICIO Nº 6 CIRCUITO JUDICIAL DEL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. En Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de Junio del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.-

EL JUEZ

Dr. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ REYES

LA SECRETARIA

ABG. KATTY SOLORZANO

En horas de despacho del día de hoy, se publicó y registró la anterior sentencia, déjese copia de la misma en el copiador de sentencia de este Despacho.

LA SECRETARIA

ABG. KATTY SOLORZANO

AP51-V-2007-009218