Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 27 de Noviembre de 2008

que para los efectos del calculo de las prestaciones sociales se le reconozca y se le cancele lo que le corresponde durante el periodo comprendido a partir del mes de mayo de mil novecientos ochenta y uno (1981) hasta abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

Se le reconozca y se le tome en cuenta para el pago de prestaciones sociales el periodo comprendido entre el mes de abril de 1989 hasta el mes de agosto 1991 periodo en el cual fue excluida al momento de calcularse sus prestaciones sociales.

Que para los efectos del cálculo y pago de sus prestaciones sociales se le reconozca en forma consecutiva los años de servicio prestados al Ministerio desde la fecha de su ingreso (16-11-1970) hasta la fecha de su egreso por jubilación (01-10-2000).

que se desconozca ese concepto de los anticipos ya que en ningún momento recibió tales cantidades y que se le ordene el pago de lo adeudado.

que se le ordene el pago de la diferencia existente como consecuencia del errado cálculo efectuado por el Ministerio de Educación y Deporte en lo que concierne a la cancelación de las prestaciones sociales.

La cancelación de la diferencia en el pago de prestaciones sociales, atinente a la indemnización por antigüedad correspondiente al Régimen Anterior.

La cancelación de la Diferencia en el pago correspondiente a los intereses generados por haber acumulado sus prestaciones en la contabilidad del querellado (FIDEICOMISO) (Régimen Anterior)

La cancelación de la diferencia de los intereses adicionales (Régimen Anterior).

La cancelación de la diferencia de la indemnización de Antigüedad (Nuevo Régimen).

La cancelación de la diferencia de los intereses adicionales (Nuevo Régimen).

La cancelación de los Intereses de Mora.

Por último solicita que la estimación o liquidación final que el ente querellado le debe cancelar a su mandante, sea producto de una experticia complementaria.

II

CONTESTACIÓN DE LA QUERELLA

Siendo la oportunidad de contestar la querella, el apoderado del querellado no compareció; de conformidad con el Artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública la misma se entenderá contradicha en todas sus partes, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

III

MOTIVACION PARA DECIDIR

Expuestos como han sido los extremos de la presente querella, este Juzgado pasa a pronunciarse y observa:

Indica la parte actora que el Ministerio del Poder Popular para la Educación no le reconoció prestaciones sociales en el periodo comprendido a partir del mes de mayo de 1981 hasta abril de 1984 la cual estuvo en comisión de servicio no remunerada en un organismo legislativo, donde no cobró prestaciones sociales durante ese periodo laborado.

Este sentenciador compele, que con relación a que si los Concejales tienen derecho o no a las prestaciones sociales, ha habido una incorrecta interpretación por parte de algunos ex-concejales de la Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28 de Marzo de 2006 con ocasión del recurso de interpretación que se hiciera por ante esa Sala, así haciendo un análisis de la misma mediante una querella introducida por ante el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes de fecha 08 de Noviembre de 2006, este juzgador llegó a la conclusión de que no les corresponden Prestaciones Sociales con base a los siguientes argumentos y fundamentos:

“...omissis...A los fines de decidir el asunto controvertido se hace necesario delimitar algunas consideraciones de la siguiente forma: La Sala Político Administrativa en Sentencia de fecha 28 de Marzo de 2006 declaró procedente el recurso de interpretación del Artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Alto Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, y concluyó que “...(omissis)...debe entenderse que el concepto establecido en el artículo 2 ejusdem, no se refiere a los beneficios propios del sistema de previsión y protección social, ya que dicho sistema constituye un servicio público de carácter no lucrativo, conforme lo dispone el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por tanto, tampoco se encuentra sujeto a los límites fijados por el artículo 6 de las Ley en referencia.

En consecuencia, continúan vigentes las disposiciones de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, que regulan lo referente al sistema de previsión y protección social, en concreto, lo establecido en el único aparte del artículo 12, ya que como se ha indicado en la parte motiva de este fallo, allí se establece la prohibición de recibir otro beneficio distinto a los correspondientes por concepto de previsión social, lo cual debe leerse e interpretarse concatenadamente con lo dispuesto en el artículo 49 ejusdem, en el sentido de que la previsión y protección social de los legisladores y las legisladoras se rige por la ley especial que regula la materia, es decir, por la Ley Orgánica de Sistema de Seguridad Social.

En corolario de lo expuesto, podemos decir que no se puede percibir otro beneficio distinto a los correspondientes por concepto de previsión social que no sea los establecidos en la Ley especial, la cual es la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Ahora bien, siendo esta la conclusión a que llegó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo se hace necesario partir de las distinciones que ellos dieron sobre las nociones previstas en la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios (Artículo 2), y la noción prevista en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados sobre beneficio o remuneración (Artículo 12); En relación con la Primera, equivale a salario y en relación a la segunda equivale a beneficio, propios del sistema de previsión y protección social, regulado a su vez por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.

Por otro lado, el artículo 2 de la Ley de Emolumentos, en el único aparte hace referencia a los límites máximos de percepción, se refiere a los beneficios por concepto de seguridad social. Razón por la cual, de la interpretación de la Sentencia citada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el término “Salario” o “remuneración” no abarca el de otros conceptos, distintos a los derechos sociales de rango constitucional y establecidos en la ley Nacional, como los previstos en Ley del Sistema de Seguridad Social, mal podría pretender que se apliquen a los beneficios previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, referente a las Prestaciones Sociales, haciendo hincapié a la naturaleza del cargo que ocupa a los legisladores y legisladoras que son elegidos por s.U. y directo, así como también la naturaleza de la remuneración o emolumentos que estos reciben, en el caso de marras para los Concejales.

También es conveniente citar la aclaratoria realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia presentada por los representantes judiciales de la Contraloría General de la República de la Sentencia de fecha 7 de Mayo de 2003 a tenor siguiente:

...respecto del supuesto reconocimiento por parte de la Sala de derechos sociales de rango constitucional distintos al salario, en cabeza de los miembros de los órganos legislativos estatales (...) como son las vacaciones, las prestaciones sociales, las pensiones, las jubilaciones, etc., Debe esta Sala negar en forma categórica que se haya efectuado dicho reconocimiento en la sentencia interpretativa (...) del 7 de mayo, en la que por el contrario, en forma expresa e inequívoca se advirtió que los integrantes de los órganos legislativos estatales (...) tendrían derecho a reclamar tales beneficios sociales si y solo sí concurrían los requisitos establecidos en la legislación especial...

De lo que se puede inferir con meridiana claridad que no existe reconocimiento por parte de este órgano jurisdiccional.

En consecuencia no le corresponden a los Concejales de los Municipios los conceptos demandados por prestaciones sociales y así se decide.

En cuanto al pago de prestaciones sociales, comprendido entre el mes de abril de 1989 hasta el mes de agosto de 1991 la cual alega la parte actora que no se le reconoció, este Tribunal observa: que en dicho periodo no se le generó prestaciones sociales, lo cual se evidencia en los folios 18 y 19 del presente expediente, una vez que el mes de marzo fue el último mes que se generó prestaciones del año 1989, computándose nuevamente en septiembre de 1991, ahora bien, como se trata de acto administrativo negativo y la carga de la prueba le corresponde a la Administración la cual no desvirtuó tal afirmación, y no existe prueba en autos que permitan a este Juzgado verificar si efectivamente la querellante recibió tales cantidades por concepto de prestaciones sociales, resulta forzoso para este Tribunal

La parte actora alega que no se le reconoció en forma consecutiva los años de servicios prestados al Ministerio de Educación desde el 16 de Noviembre de 1970 la cual ingresó, hasta el 01 de Octubre de 2003 fecha de egreso por jubilación.

Con relación a este pedimento este Juzgado observa: Que en los folios 17 al 22 la cual comprende el Calculo de los Intereses de las Prestaciones Sociales Docentes de la ciudadana Yraima J.R.d.G., se constata hasta el mes de Marzo del año 1989 se computó los años de servicios habiendo una interrupción en los años de servicios hasta septiembre del año 1991, mes en el cual comienza a computarse los años de servicios, la cual se le calcula nuevamente con el primer año y así sucesivamente hasta junio del año 1997, ahora bien, en la Resolución Nº 03-18-01 emanada del Ministro de Educación, Cultura y Deporte específicamente la cual riela en el folio 13 se comprueba que la ciudadana Yraima J.R.d.G. le reconoce 32 años de servicios para los efectos de la jubilación, no así para el pago de las prestaciones sociales, toda vez que de una simple operación matemática se comprueba que en el renglón Indemnización por Antigüedad (Régimen Anterior) la Administración no consideró en los cálculos realzados los años de servicios correctamente, una vez que se constata en los folios 17 al 20 correspondiente a los Cálculos de los Intereses de Prestaciones Sociales Docentes donde el Ministerio realizó el calculo en base de siete (07) años obviando los años anteriores desde que la querellante ingresó al Ministerio, por lo que ese resultado incide en el calculo de los Intereses Adicionales de la Prestaciones Sociales Docentes, razón por la cual se ordena mediante experticia se recalcule el pago por indemnización por antigüedad correspondiente al Régimen Anterior, así como la diferencia que existe en el cálculo de los intereses generados por haber acumulado sus prestaciones en la contabilidad del querellado (FIDEICOMISO), y así se decide

Igualmente el apoderado judicial de la querellante alega que la Administración en la elaboración de los cálculos le descontó a su representada la cantidad de Ciento Cincuenta Bolívares Fuertes (BsF. 150,00) por concepto de anticipo, descuento que se produjo en forma doble, uno el 30 de septiembre de 1997 por Cincuenta Bolívares Fuertes (BsF. 50,00) y el 30 de noviembre de 1998 otro descuento por Cien Bolívares Fuertes (BsF. 100,00); lo que significa que cuando la Administración señaló en el renglón denominado Sub-Total que la cantidad a pagar por prestaciones sociales del régimen anterior era de Diez y Nueve Mil Quinientos Treinta y Dos Bolívares Fuertes con Setenta y Dos Céntimos (BsF. 19.532,72), ya había efectuado el descuento por concepto de anticipos, y sin embargo en el renglón denominado Total Anticipos la Administración refleja una vez más una deducción de Ciento Cincuenta Bolívares Fuertes (BsF.150,00) para que la totalidad de prestaciones sociales del régimen anterior sea de Diez y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Dos Bolívares Fuertes con Setenta y Dos céntimos (BsF. 19.382,72). Para decidir al respecto observa este Tribunal que el planteamiento de este reclamo es infundado, ya que los Ciento Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 150.000,00) de descuento sólo son deducidos al final, una vez que se tiene el total de la indemnización por antigüedad más los intereses adicionales, tal como lo hizo la Administración en este caso, ya que en ninguna parte de la columna que refleja el monto correspondiente a las prestaciones aparece deducida tal suma, de allí que la denuncia es infundada, y así se decide.

En cuanto a la solicitud de la diferencia de indemnización por antigüedad del nuevo régimen la cual señala la actora que asciende Siete Mil Setecientos Setenta y Seis Bolívares Fuertes con Treinta y Un Céntimos (BsF. 7.776,31). Ahora bien, cursa de los folios del 23 al 25 del expediente judicial los Cálculos de Prestaciones Sociales (Resultados de Prestaciones Nuevo Régimen) realizado por el Ministerio del Poder Popular Para la Educación, en donde se constata que el calculo realizado por el Ministerio esta ajustado a la Ley, una vez que fueron abonados cinco (05) días por cada mes desde J.d.M.N.N. y Siete (1997) hasta Septiembre de Dos Mil Siete (2007) como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, ahora bien en el folio 16 del presente expediente se especifican el pago correspondiente a la indemnización por Antigüedad del Nuevo Régimen la cual se desprende que el monto cancelado por el Ministerio fue de Catorce Mil Ciento Veintiocho Bolívares Fuertes con trece Céntimos (BsF. 14.128,13), lo cual no concuerda con lo alegado por la parte querellante, por lo que este Juzgado considera infundado lo alegado por la parte actora, asimismo declara improcedente la solicitud de diferencia de indemnización (Nuevo Régimen) y así se declara

Ahora bien, la actora solicita los intereses de mora por el retardo del Ministerio en la cancelación de sus prestaciones sociales, la cual tenemos tomar en consideración lo siguiente:

Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a Prestaciones Sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las Prestaciones Sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.

Del texto del artículo anterior, se evidencia que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata después de la culminación de la relación laboral; en consecuencia por mandato Constitucional la demora en el pago generara intereses; por tales efectos, debe acordarse los mismos, siempre y cuando se comprueben los supuestos para su procedencia.

A los efectos de determinar si lo solicitado es procedente debe este Juzgado verificar la fecha de culminación laboral y la fecha del efectivo pago.

Al a.l.a.d. las partes y las pruebas contenidas en el expediente se determina que la querellante egreso del Ministerio del Poder popular para la Educación como Jubilado en fecha 01 de Octubre de 2003 y que la fecha del efectivo pago fue el 13 de Diciembre de 2007, lo que evidencia que trascurrió un lapso considerable hasta la efectiva cancelación de las prestaciones sociales, circunstancia que no fue reconocida por el órgano, ya que de los elementos probatorios cursantes en autos, no se Observa pago alguno por concepto de Intereses Moratorios. Siendo esto así, debe esta Juzgadora acordar forzosamente los Intereses Moratorios solicitados.

A los fines de establecer el monto correcto que la Administración le adeuda a la querellante por concepto de intereses moratorios desde el 01 de Octubre de 2003, hasta el 13 de Diciembre de 2006 fecha que recibió el pago de las prestaciones sociales, este Juzgado ordena la realización de experticia complementaria, conforme a los criterios contenidos en la Jurisprudencia pacifica y reiterada y el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, A los efectos del calculo respectivo, deberá tomarse en consideración los preceptuado en el articulo 108, literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo, Así se decide.

III

DECISIÓN

Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el abogado J.P.B.L., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 16.329, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana Yraima J.R.d.G., titular de la cédula de identidad Nº 2.518.837, contra la el Ministerio del Poder Popular para la Educación por cobro de diferencia de prestaciones.

• El recálculo y pago de la diferencia de las Prestaciones del año sociales, indemnización por antigüedad e intereses correspondientes al antiguo régimen, considerando la inclusión de los años de servicios desde 1989 hasta 1991.

• El recálculo y pago de la diferencia de los intereses adicionales, considerando el nuevo monto de prestaciones sociales del antiguo régimen.

• El pago de los intereses moratorios desde el 01 de Octubre de 2003, hasta el 13 de Diciembre de 2006 fecha que recibió el pago de las prestaciones sociales.

• A los fines de determinar con toda precisión el monto en bolívares fuertes que ha de pagarse al accionante, este Juzgado ordena practicar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los veintisiete (27) del mes de Noviembre de dos mil ocho (2008).

LA JUEZ

Abg. BELKIS BRICEÑO SIFONTES

LA SECRETARIA

Abg. EGLYS FERNANDEZ

En esta misma fecha 27-11-2008, siendo las doce post-meridiem (12:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA

Abg. EGLYS FERNANDEZ

Exp. 0316/BBS/EFT/GD