Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 26 de Julio de 2013
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil |
| Ponente | Albio Antonio Contreras Zambrano |
| Procedimiento | Reconocimiento De Unión Concubinaria |
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA
203º y 154º
PARTE NARRATIVA
Mediante auto que riela a los folios 28 y 29 del expediente principal se admitió la demanda de reconocimiento de unión concubinaria, interpuesta por los ciudadanos YSMELI COROMOTO MONTILLA BRICEÑO y F.J.M.B., venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédula de identidad números 13.648.267 y 10.106.606, domiciliada la primera en Barinitas, Estado Barinas y el segundo en S.D.d. estado Mérida, la primera abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 90.378, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus propios derechos e intereses y asiste al segundo de los prenombrados ciudadanos [en su condición de hijos del causante I.A.M.P., quien en vida fue titular de la cédula de identidad número V.-1.988.367]; en contra de la ciudadana M.D.C.R., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 7.437.287, domiciliada en Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil.
En el escrito libelar que corre inserto a los folios del 4 al 09 del respectivo cuaderno de medidas fue solicitada por los prenombrados ciudadanos, medida de prohibición de enajenar y gravar sobre los siguientes bienes inmuebles: 1.- Un lote de terreno que mide aproximadamente treinta y tres metros con cincuenta centímetros de frente (33,50 Mts), ubicado en S.D., Municipio C.Q.d.E.M.; 2.- Un lote de terreno que mide aproximadamente un mil quinientos cincuenta y cinco metros cuadrados con veintinueve centímetros (1.555,29m2), ubicado en el sitio denominado P.V., Jurisdicción de la Población de S.D., Municipio C.Q.d.E.M.; 3.- Un apartamento distinguido con el número y letra 6-C, ubicado en el piso 6 del edificio “Residencias Diamela”, del Municipio Libertador del Estado Mérida, cuyos linderos y demás especificaciones constan en los correspondientes documentos de propiedad.
Este Tribunal para decidir sobre la procedencia o no de la medida de prohibición de enajenar y gravar, hace previamente las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
Para el caso de las medidas preventivas siempre se apertura un cuaderno separado en orden a lo consagrado en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, cuaderno éste que se encuentra totalmente vinculado al juicio principal que le dio origen, aún cuando el mismo tiene una autonomía relativa, pues se desprende del proceso que se encuentra en curso.
Para pronunciarse sobre la medida, este Tribunal debe escudriñar la naturaleza del proceso cautelar, y de las medidas precautelativas, que como bien lo enseña el maestro F.C., en su obra: Instituciones del P.C., sirven para garantizar las resultas del proceso, “Constituyen una cautela”, para el buen fin de otro proceso (Definitivo), y, dada la naturaleza propia de las providencias cautelares, las cuales como expresa el autor P.C., proveen a eliminar el peligro mediante la Constitución de una relación provisoria, pre-ordenada al mejor rendimiento practico de la futura providencia principal.
Al respecto, advierte este Juzgado que las medidas cautelares son parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa, teniendo su base en la propia función del Juez de Juzgar y ejecutar lo juzgado y pueden ser utilizadas, siempre que cumplan los dos requisitos esenciales del periculum in mora y del fumus boni iuris, de la forma más amplia para garantizar la eficacia de la sentencia que decida sobre el fondo de la controversia.
En efecto, la emisión de cualquier medida cautelar, tal como lo disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, esta condicionada al cumplimiento concurrente de dos requisitos: que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar, como del riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución del fallo estableciendo la norma que el solicitante de la medida, tiene la carga de acreditar ante el Juez, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento, la señalada presunción.
En lo que respecta a ésta presunción del buen derecho, la jurisprudencia venezolana ha considerado que esa “apariencia del buen derecho”, se determina a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante y sobre las probabilidades de éxito del demandado análisis suponga un pre-juzgamiento del fondo del asunto, por cuanto las medidas cautelares son instrumentales, provisionales y dictadas con base a un conocimiento incompleto, siendo que la sentencia definitiva podría confirmar o revocar lo estimado por vía cautelar. En este sentido, no puede exigirse la certeza del derecho invocado, justamente porque, tal como lo indica la doctrina nacional, ello “es un atributo del juicio pleno, cuestión que no se da en los procesos cautelares, donde el Juez, por mas que lo intente, -si se atiende a los breves plazos legales-, solo podrá alcanzar una fuerte presunción”. Tal apreciación del fumus boni iuris, en principio, debe estar fundamentada en un medio de prueba y en la argumentación presentada por el accionante y debe surgir objetivamente de los autos, no de la convicción subjetiva, de la parte solicitante.
Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Es la definición de Poithier y de Domat; el primero dijo, que era “el juicio que la Ley o el hombre efectuaba acerca de la verdad de una cosa mediante la consecuencia deducida de otra”, y el segundo, que: “era la consecuencia que se deduce de un hecho conocido para poder conocer la verdad de uno incierto de que se busca la prueba”.
Pero el Código de Procedimiento Civil, en el caso en estudio, califica la presunción, la requiere de mucha entidad e importancia probatoria, por eso la exige grave. Al decir nuestra Ley que la presunción debe ser grave quiso, sin duda, referirse a la presumtio violenta, que es un indicio calificado, el cual hace muy verosímil el hecho que trata de deducir o inducir, la Ley ha querido, pues, que entre el hecho que se trata de demostrar o deducir y el demostrado exista “un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humano”.
El carácter de gravedad de la presunción por cuanto, como lo señala la doctrina italiana, es materia mejor sentible que definible, corresponde a la soberana apreciación del Juzgador. Una jurisprudencia italiana ha considerado graves, las presunciones “capaces de hacer impresión sobre una persona razonable”, pero, a nuestro ver, la gravedad estriba en que la presunción tenga tal grado de probabilidad que lleve al ánimo del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento, está probado el derecho que se reclama en el proceso. La Ley, pues, solo exige un mínimum de probanza, por lo que huelga todo comentario cuando la obligación demandada o “el derecho que se reclame” esté plenamente probado.
Aplicando tal doctrina al caso de autos, y en relación a la presunción del buen derecho, se observa que la pretensión del presente proceso, es el reconocimiento de unión concubinaria, razón por la cual se acompañan en el respectivo cuaderno en copias certificadas el aporte documental siguiente:
Libelo de la demanda que obra del folio 4 al 9.
Acta de nacimiento de la ciudadana YSMELI COROMOTO MONTILLA BRICEÑO, expedida por el Registro Civil del Municipio C.Q.d.E.M. (folio 10).
Acta de nacimiento del ciudadano F.J.M.B., expedida por el Registro Civil del Municipio Barinas del Estado Barinas (folio 11).
Certificación del acta de defunción del causante I.A.M.P., expedida por el Registro Civil de la Parroquia Milla, Municipio Libertador del Estado Mérida. (folios 11 y 12).
Documento de propiedad del lote de terreno que mide aproximadamente treinta y tres metros con cincuenta centímetros de frente (33,50 Mts), ubicado en S.D., Municipio C.Q.d.E.M., debidamente registrado por ante el Registro Inmobiliario del Distrito R.d.E.M., de fecha 31 de marzo de 2006, registrado bajo el N° 30, Tomo quinto, Protocolo Primero, correspondiente al Primer Trimestre del citado año. (folios 14 y 15)
Documento de propiedad del lote de terreno que mide aproximadamente un mil quinientos cincuenta y cinco metros cuadrados con veintinueve centímetros (1.555,29m2), ubicado en el sitio denominado P.V., Jurisdicción de la Población de S.D., Municipio C.Q.d.E.M., debidamente registrado por ante el Registro Inmobiliario del Distrito R.d.E.M., de fecha 14 de octubre de 2003, registrado bajo el N° 21, Tomo Primero, Protocolo Primero, correspondiente al Cuarto Trimestre del citado año. (folios 16 y 17)
Documento de propiedad del apartamento distinguido con el número y letra 6-C, ubicado en el piso 6 del edificio “Residencias Diamela”, del Municipio Libertador del Estado Mérida, debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, de fecha 19 de julio de 2007, registrado bajo el N° 48, Folio 297 al 302, Protocolo Primero, Tomo Décimo, Tercer Trimestre del referido año. (folios 18 al 21).
Estima este Juzgador que de los documentos que cursan en autos, surge la presunción del derecho que se pretende puesto que, de un lado, se desprende la condición de los actores, ciudadanos YSMELI COROMOTO MONTILLA BRICEÑO y F.J.M.B., y de otro, la obligación que le corresponde a la demandada M.D.C.R., en razón del presunto reconocimiento de unión concubinaria que existió entre la ciudadana M.D.C.R. y el ciudadano I.A.M.P., hoy fallecido, desde el año 1991 hasta el día de su fallecimiento, en razón de la titularidad de la propiedad de los siguientes inmuebles: 1.- Un lote de terreno que mide aproximadamente treinta y tres metros con cincuenta centímetros de frente (33,50 Mts), ubicado en S.D., Municipio C.Q.d.E.M.; 2.- Un lote de terreno que mide aproximadamente un mil quinientos cincuenta y cinco metros cuadrados con veintinueve centímetros (1.555,29m2), ubicado en el sitio denominado P.V., Jurisdicción de la Población de S.D., Municipio C.Q.d.E.M.; 3.- Un apartamento distinguido con el número y letra 6-C, ubicado en el piso 6 del edificio “Residencias Diamela”, del Municipio Libertador del Estado Mérida, por lo que es lógico que se decrete la medida de prohibición de enajenar y gravar, como medida precautelativa, para el momento actual, para evitar cualquier acto por parte de los excepcionados que pretenda hacer ilusoria la ejecución del fallo, quedando así satisfecho el carácter de gravedad de la presunción que hace impresión sobre una persona razonable de la necesidad de decretar tal cautelar a los fines de impedir que los referidos inmuebles salgan del patrimonio de la parte demandada, por lo cual, surge de las pruebas instrumentales la presunción del buen derecho, tal como se expreso ut supra, lo que aunado a la existencia del periculum in mora, es decir, lo que la doctrina nacional ha denominado “el criterio de la tardanza o de la morosidad” que presupone un proceso judicial, lo cual trae insito un peligro que unido a otras condiciones propias de la litis tramitada, constituye lo que se ha dado en llamar efectivamente Periculum In Mora.
Así, la jurisprudencia ha señalado que: “el peligro en la demora a los efectos de la medida precautoria, surge de la sola duración del proceso; la prolongación de un lapso mas o menos largo siempre le crea un riesgo a la justicia”. De manera, que se encuentra acreditada fehacientemente, la posibilidad de enajenar el inmueble por parte de la accionada, lo cual genera la presunción del buen derecho y existe el periculum in mora, con la notoria tardanza de los procesos ordinarios, por todo lo cual, este Tribunal encuentra completos estos dos presupuestos para el decreto de la cautelar solicitada.
Vale decir, no debe el Juez de Instancia buscar elementos distintos del fumus boni iuris y el periculum in mora, para cada medida cautelar que se decrete, pues basta la existencia de tales elementos para que el Juez de la causa decrete las medidas cautelares necesarias, para cumplir con el objeto de tal Institución procesal, siendo que para el maestro CARNELLUTTI, tal objeto consiste en la garantía del desarrollo o resultado de otros procesos; para CALAMANDREI, es una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional; para COUTURE, la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación económica del litigio, con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia; para GUASP, la finalidad es que no se disipe la eficacia de una eventual resolución judicial; por lo que basta que el Juzgador encuentre los elementos de la presunción grave del derecho que se reclama y del peligro en la demora, para decretar cualquier otra medida típica, de las establecidas en el Código de Procedimiento Civil, de manera tal que habiéndose establecido los presupuestos procesales up supra señalados, estos sirven de fundamento para el decreto de la cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar y así se decide.
En orden a lo antes expuesto este Juzgado Segundo de la Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte actora en la presente causa, sobre los siguientes bienes inmuebles: 1) Un lote de terreno que mide aproximadamente treinta y tres metros con cincuenta centímetros de frente (33,50 Mts), por diez metros de frente a fondo, con las mejoras por él construidas y sobre él edificadas, consistente en: Una edificación de dos (02) plantas con sótano, distribuidas de la siguiente manera: en la primera planta, tres (03) locales comerciales con su respectivo baño y una vivienda constante de dos (2) habitaciones, recibo-comedor, área de servicios y un (01) baño y en la segunda planta, un local comercial con baños y las mejoras de una vivienda constante de las siguientes dependencias: Tres (03) habitaciones, sala de recibo, cocina-comedor, dos (02) baños y área de servicios. El inmueble antes identificado se encuentra ubicado en S.D., Municipio C.Q.d.E.M., comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con la carretera Mérida- Barinas; SUR: Propiedad de la empresa Champiven; ESTE: Propiedad de los hermanos Torres y OESTE: Propiedad del Hotel Trucha Azul C.A. Dicho inmueble es propiedad de la ciudadana M.D.C.R., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 7.437.287 y civilmente hábil, conforme al documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Distrito R.d.E.M., hoy Registro Público del Municipio R.d.E.M., en fecha 31 de marzo de 2006, registrado bajo el N° 30, Tomo Quinto, Protocolo Primero, correspondiente al Primer Trimestre del citado año.
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- Un inmueble conformado por un lote de terreno que mide UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON VEINTINUEVE CENTIMETROS CUADRADOS (1.555,29 M2), parte de uno de mayor extensión y las mejoras en el construidas consistentes en una casa para habitación familiar de dos plantas. La vivienda esta construida con estructura de concreto armado, paredes de bloques de arcilla, techo de madera y teja criolla, cerámica en pisos y baños, ventanas de madera con rejas protectoras y con las siguientes comodidades: sala de recibo, comedor, cocina, patio de servicios, cinco (5) habitaciones, cinco (5) baños y sala de estar. Tiene un área de construcción de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN CENTIMETRO CUADRADOS (288,31 M2). El inmueble se encuentra ubicado en el sitio denominado P.V., Jurisdicción de la Población de S.D., Municipio C.Q.d.E.M. y esta comprendido de los siguientes linderos: NORTE: limita con propiedad de la Empresa Tare Compañía Anónima (La Trucha Azul), divide muro de piedra; SUR y ESTE: Con terreno propiedad del vendedor y OESTE: Con camino vecinal, hoy callejón la Trucha Azul, divide el mismo. Dicho inmueble es propiedad de la ciudadana M.D.C.R., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 7.437.287 y civilmente hábil, conforme al documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Distrito R.d.E.M., hoy Registro Público del Municipio R.d.E.M., en fecha 14 de octubre de 2003, registrado bajo el N° 21, Tomo Primero, Protocolo Primero, correspondiente al Cuarto Trimestre del citado año.
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- Un apartamento distinguido con el número y letra 6-C, ubicado en la Urbanización El Rosario, Jurisdicción de la Parroquia El Llano, Municipio Libertador del Estado Mérida, en el piso seis (6) del edificio “RESIDENCIAS DIAMELA”. El apartamento tiene un área aproximada ciento siete metros cuadrados con cincuenta centímetros cuadrados (107,50 Mts2) y consta de Sala-Comedor, cocina, oficios, tres (03) habitaciones con espacio para closet, dos y medio (2,5) baño, un (01) vestier, un (01) maletero, dos (02) puestos de estacionamientos ubicados en la planta sótano del edificio de los cuales uno constituye una parte indivisible de la unidad de vivienda y distinguidos con el número y letra del apartamento correspondiente y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con fachada norte del edificio. SUR: Con el apartamento 6-B; ESTE: Con fachada este del edificio. OESTE: Con patio de ventilación, ascensores y el apartamento 6-D. Dicho inmueble es propiedad de la ciudadana M.D.C.R., venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad N° 7.437.287 y civilmente hábil, conforme al documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, en fecha 19 de julio de 2007, registrado bajo el N° 48, Folio doscientos noventa y siete (297) al folio trescientos dos (302), Protocolo Primero, Tomo DECIMO, TERCER Trimestre del citado año.
No hay pronunciamiento en costas por la naturaleza especial del fallo.
TERCERO: Se acuerda participar, mediante oficio de esta misma fecha, al Registro Público del Municipio R.d.E.M. y al Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, del decreto dictado por este Tribunal de la presente medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble antes señalado, a los fines legales pertinentes. Ofíciese.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veintiséis de julio de dos mil trece.
EL JUEZ TITULAR,
A.C.Z..
LA SECRETARIA TITULAR,
S.Q.Q..
En la misma fecha se dictó la sentencia que antecede, siendo las dos y treinta minutos de la tarde y se ofició lo conducente al Registro Público del Municipio R.d.E.M. y al Registro Público del Municipio Libertador del Estado Mérida, bajo los números 436 y 437-2013. Conste.
LA SECRETARIA TITULAR,
S.Q.Q..
