Decisión nº 892 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Cabimas), de 10 de Agosto de 2007
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito |
| Ponente | MarÃa Cristina Morales |
| Procedimiento | Partición De Bienes Hereditarios |
Exp. 31.344
PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS Sent. 892.
Nf
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS.
DEMANDANTES: A.M.D.G. viuda de CAMACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.281.199, domiciliada en jurisdicción del Municipio Lagunillas del estado Zulia, actuando en sus propios intereses y representación de su menor hijo (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), y la ciudadana Y.Y.C.D.G., titular de la cédula de identidad No. 15.810.010, con domicilio en jurisdicción del Municipio Maracaibo del estado Zulia.
DEMANDANTES: G.M. Y SEAN A.C.M.L., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V-8.696.833 y 10.213.089, respectivamente, domiciliados la primera en Puerto España, República de Trinidad y Tobago; y el segundo en Maturín, Estado Monagas.
MOTIVO: PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS.
ADMISIÓN: veintiuno (21) de Febrero del año 2005.
SENTENCIA: DECLINATORIA DE COMPETENCIA.
I
RELACIÓN DE LAS ACTAS
En fecha veintiuno (21) de Febrero del 2005, se admitió la presente demanda emplazándose a los ciudadanos G.M.C.M.L. y SEAN A.C.M.L..
En diligencia de fecha veintiuno (21) de Marzo de 2005, el abogado J.T., apoderado judicial de la parte demandante, indicó la dirección de los demandados para su citación, solicitó a este Juzgado comisión para la citación de uno de los co-demandados de autos, y solicitó la ampliación del auto de admisión dictado, asimismo consignó copias simples para los recaudos de citación.
En fecha trece (13) de Enero del año 2006, el abogado J.T. solicitó al Tribunal se libraran los recaudos de citación a la co-demandada G.M.C. e indicó la dirección.
En fecha diez (10) de Enero de 2007, la abogada Y.Y.C.D.G., parte demandante, actuando en su propio nombre y en representación de los co-demandantes A.M.D.G. y el menor (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), ratificó el pedimento suscrito en fecha 13/01/2006.
Por auto de fecha doce (12) de Febrero de 2007, el Tribunal ordenó oficiar al Ministerio de Participación Popular de Relaciones Interiores y de Justicia, Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), Departamento de Emigración, a fin de que informe el movimiento migratorio de la co-demandada G.M.C.M.L., y en fecha veintiocho (28) de Febrero de 2007 se libró el oficio ordenado.
En fecha diecinueve (19) de Junio del año 2007, se agregó a las actas la comunicación emanada de la oficina de Migración y Zonas Fronterizas ONIDEX, No. 01185 de fecha 05/03/2007.
Mediante escrito de fecha veintidós (22) de Junio del año 2007, el abogado en ejercicio G.A.A.M., apoderado judicial de la parte demandante, solicitó a este Juzgado se ordene la citación de la co-demandada G.M.C.M.L., en nombre de sus apoderados judiciales, y se ordene la comisión para la citación del co-demandado SEAN A.C.M.L..
II
DE LA COMPETENCIA
Ahora bien, de una exhaustiva revisión de la demanda, el Tribunal observa y hace las siguientes consideraciones:
La Competencia es la atribución legal conferida a un Juez como árbitro y director del proceso para el conocimiento de un asunto jurídico determinado, en razón de la materia, el valor de la demanda y del territorio. De este mismo modo, se considera como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto.
El Procesalista patrio H.C. en su obra de Derecho Procesal Civil Tomo II "La Competencia y otros Temas", comenta:
"...Todo Juez tiene en abstracto el poder de administrar justicia, es lo cierto, que en cada caso concreto tiene una esfera de actividad delimitada por la ley. Ahora bien, el poder de administrar justicia en cada caso, conforme a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de acuerdo con los límites territoriales dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al lugar donde se encuentran las cosas, objeto de litigio, se llama competencia."
Igualmente, para el profesor de Derecho Procesal Civil A.R.R., concreta el criterio de la Competencia en el proceso civil, de la siguiente manera:
"...La competencia es como una medida de la jurisdicción y no como la capacidad del juez para ejercer dicha función, porque la facultad de este funcionario de ejercer válidamente en concreto la función jurisdiccional, depende no de su aptitud personal, sino de la esfera de poderes y atribuciones que objetivamente asigna la ley al tribunal.."
Dentro de esa medida jurisdiccional, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil consagra lo siguiente:
"La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan"
Esta disposición legal transcrita expresa la medida del Juez para conocer de las causas conforme a la naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia y, sólo a ella se distribuye el conocimiento del litigio entre diversos jueces; y es por ello que la asignación de ciertos vínculos jurídicos a determinado juez, implica el nacimiento de jurisdicciones especiales, y por tanto es la distinción de jueces ordinarios y especiales. La delimitación de la competencia por la materia da lugar a la distribución de las causas de los jueces ordinarios y especiales.
Ahora bien, alega la parte demandante en su escrito libelar, lo siguiente:
"…Yo, J.T.M., venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 8.356,…procediendo en este acto con el carácter de APODERADO JUDICIAL de los ciudadanos: A.M.D.G. (Vda.) de CAMACHO (quien representa sus propios derechos y los de su menor hijo: (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), y Y.Y. CAMACHO DI GIOVANNI…”
De lo transcrito anteriormente, se infiere claramente que en la controversia aparece como afectado el menor (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), conforme se evidencia de la copia certificada de la partida de nacimiento consignada en actas.
Ahora bien, el Estado, atendiendo el denominado principio del “Interés Superior del Niño y del adolescente”, asumido en la Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Derechos del Niño, ratificado por la República de Venezuela en la Ley Aprobatoria de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y del Adolescente, creó las condiciones indispensables para garantizar el respeto de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país, el cual está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes como sujetos de derecho, y a su protección a través de la legislación, los órganos y los tribunales especializados.
En referencia a lo expuesto, considera necesario esta Juzgadora acotar lo establecido por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha dos (02) de Agosto del año 2006, con ocasión del juicio de Desalojo que sigue la Sucesión C.d.M.C. contra el ciudadano Helimenas Fuentes, de la siguiente manera:
Por ello, esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que éstos actúen...
Al respecto, la sentencia in comento, instituyó el siguiente criterio:
…No obstante, esta Sala considera necesario abandonar el anterior criterio jurisprudencial respecto a la interpretación del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, en virtud del que el objeto de dicha ley, es garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción.
Derechos y garantías cuyo ejercicio y disfrute pleno y efectivo necesitan de la protección estatal no sólo en aquellos casos en que los niños, niñas y adolescentes figuren como demandados, sino también en aquellos casos en que figuren como demandantes, pues el patrimonio de éstos puede verse afectado en ambos casos. Cabe preguntarse, y sólo a título de ejemplo, qué pasaría si en un juicio cualquiera el demandado propone reconvención contra los niños, niñas y adolescentes que figuren como demandantes. O en aquellos casos donde el único patrimonio del niño, niña y adolescente es el objeto de la pretensión de carácter patrimonial. No necesitaría también el niño, niña y adolescente una protección especial, integral y cabal de sus derechos e intereses de carácter patrimonial. Es la pregunta que debemos hacernos…De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños y adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional…
(Subrayado y Negrillas de este Tribunal)
Es precisamente, y por el hecho de encontrarse involucrado el menor (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), como afectado en el presente juicio, siendo el Juez el director del proceso y que debe velar por su correcta tramitación, encontrándose el juicio que nos ocupa en estado o fase inicial de citación, en apoyo en las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, así como en la doctrina jurisprudencial invocada, la cual acoge para sí esta Juzgadora por compartirla totalmente, en representación del estado y en su deber de brindar la debida protección al menor antes mencionado, considerando que la competencia para conocer de la presente demanda, concierne a la jurisdicción especial, de conformidad con el artículo 173 de la vigente LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (LOPNA) publicada en la Gaceta Oficial No.5.266 Extraordinaria de fecha 02 de Octubre de 1998, que corresponde a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, el ejercicio de la jurisdicción para la resolución de los asuntos sometidos a su decisión, se considera procedente DECLINAR LA COMPETENCIA de conocer de la presente causa de PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS seguido por A.M.D.G. viuda de CAMACHO, actuando en sus propios intereses y representación de su menor hijo (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), y la ciudadana Y.Y.C.D.G., en contra de los ciudadanos G.M. Y SEAN A.C.M.L.; y se acuerda la remisión al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas y ASÍ SE DECLARA.
III
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
-
SU INCOMPETENCIA para seguir conociendo del presente juicio de PARTICIÓN DE BIENES HEREDITARIOS seguido por A.M.D.G. viuda de CAMACHO, actuando en sus propios intereses y representación de su menor hijo (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), y Y.Y.C.D.G., en contra de los ciudadanos G.M. Y SEAN A.C.M.L., ya identificados en actas.
-
SE DECLINA ESTA COMPETENCIA al Juzgado (Distribuidor) de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a quién se ordena remitir las actas originales.
-
No hay condenatoria en costas en virtud de lo decidido.
PUBLÍQUESE E INSÉRTESE, NOTIFIQUESE.
Déjese por Secretaria copia certificada de éste fallo conforme lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del artículo 1.384 del Código Civil, y el artículo 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los diez (10) días del mes de Agosto del año Dos Mil Siete. Años: 197º de la Independencia y l48º de la Federación.
La Juez,
Dra. M.C.M.
La Secretaria,
Abog. A.V.
En la misma fecha, siendo la (s) 01:00 p.m., previo el anuncio de Ley a las puertas del despacho se dictó y publicó la anterior sentencia, quedando anotada bajo el No. 892, en el Legajo respectivo. La Secretaria. La Suscrita Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, Abog. A.V., CERTIFICA: que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original. (Hay el sello en tinta del Tribunal). Cabimas, diez (10) de Agosto del 2007.
La Secretaria,
Abog. A.V.
