Decisión de Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Aragua, de 30 de Marzo de 2011

Fecha de Resolución30 de Marzo de 2011
EmisorSuperior en lo Civil y Contencioso Administrativo
PonenteMargarita Garcia
ProcedimientoRecurso Contencioso Administrativo Funcionarial

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL CON SEDE EN MARACAY, ESTADO ARAGUA. En sede Constitucional

Maracay, 30 de marzo de 2011.

200° y 152°

Recurrente: Yurimary Coromoto del Valle Acosta Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-10.665.004.

Apoderado Judicial: R.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.). bajo el N° 29.849.

Recurrida: Comandante General de Poliguárico.

Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial con amparo cautelar

Expediente Nº 8512

Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva.

I

ANTECEDENTES

En fecha 24 de marzo de dos mil once (2.011), el abogado en ejercicio R.B., en su carácter de autos, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la ciudadana Yurimary Coromoto del Valle Acosta Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-10.665.004, debidamente asistida de abogado, contra la decisión proferida del Comandante General de Poliguárico Comisario (CICPC) J.A.A., mediante diligencia solicita el abocamiento en la presente causa.

Ahora bien, en virtud del traslado de la Dra. M.G.S., acordado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 10 de diciembre de 2010 y luego de su juramentación tomo posesión como Juez de este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en fecha 17 de enero de 2011, es por lo que procede al ABOCAMIENTO en la presente causa.

En este sentido, este Juzgado Superior, pasa a revisar las actas que conforman el presente expediente, evidenciando que en fecha 08 de noviembre de 2010, la abogada en ejercicio M.L.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 94.497, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellada, mediante diligencia, ratifica la Perención de la Instancia por Inactividad Procesal de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue solicita en el Punto Previo del escrito de contestación, ya que desde el 09 de abril de 2007, hasta el 01 de junio de 2009 se había cumplido suficientemente el lapso de un año previsto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

En virtud de lo expuesto este Juzgado Superior procede, a examinar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia solicitada por la parte querellada, para lo cual observa:

Se inicia el presente juicio mediante escrito presentado en fecha 27 de marzo de 2007, por ante este tribunal, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por la ciudadana Yurimary Coromoto del Valle Acosta Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-10.665.004, debidamente asistida por el abogado R.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.). bajo el N° 29.849, contra la decisión proferida del Comandante General de Poliguárico Comisario (CICPC) J.A.A..

En fecha 2 de abril de 2007, este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial. En fecha 09 de abril del año 2007, se ordeno librar los respectivos Oficios de citación y notificación conforme a lo ordenado.

En fecha 1° de junio del año 2009, la ciudadana Yurimary Coromoto del Valle Acosta, titular de la cédula de Identidad Nº V-10.665.004, debidamente asistida del abogado R.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.). bajo el N° 29.849, consigno Poder Apud- Acta.

II

DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

La figura de la Perención de la Instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso administrativo, culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa.

En ese sentido, debe indicarse que la institución de la Perención de la Instancia es materia de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del procedimiento, es decir, que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines, siendo un mecanismo de Ley, diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés por parte de los sujetos de la litis en la continuación de la causa. Esta institución procesal encuentra justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla con el tellos de la función jurisdiccional, la cual radica esencialmente en administrar justicia, así como en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.

Ahora bien, en nuestro caso la norma que regula la perención, es la contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:

Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

No obstante a ello, debe señalarse que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de La Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en su artículo 41 señala:

Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas. Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.

Por su parte, ha señalado la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante Sentencia Nº 2007-1236 de fecha 12 de julio de 2007, lo siguiente:

La norma parcialmente transcrita permite advertir que, el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis comporta la concurrencia de dos requisitos, a saber: i) la paralización de la causa durante el transcurso de un año, que debe computarse a partir de la fecha en que se efectuó el último acto de procedimiento y, ii) la inactividad de las partes durante el referido período, en el que no realizaron acto de procedimiento alguno; sin incluir el Legislador procesal el elemento volitivo de las partes para que opere la Perención de Instancia; por el contrario, con la sola verificación objetiva de los requisitos aludidos, ésta procede de pleno derecho, bastando, en consecuencia, un pronunciamiento mero declarativo dirigido a reconocer la terminación del proceso por esta vía (Con relación al elemento volitivo en la perención de la instancia, vid. sentencia N° 00126 de fecha 18 de febrero de 2004, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia). Al efecto, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, deberá entenderse como acto de procedimiento, aquel que sirva para iniciar, sustanciar y decidir la causa, sea efectuado por las partes o por el Tribunal y, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. De esta forma, esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso, culmina con la presentación de los informes y antes de ser vista la causa (Vid., entre otras, la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A. y otros). En razón de lo anterior, ante la renuncia tácita de las partes de continuar gestionando el proceso, manifestada en su omisión de cumplimiento de algún acto de procedimiento que revele su intención de impulso o gestión y, vencido el período que estipula la Ley, el administrador de justicia debe declarar, aún de oficio, la Perención de Instancia en virtud del carácter de orden público de dicho instituto procesal, en el entendido que, la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento -salvo el caso en que la instancia perimida fuese la segunda y, en consecuencia, el fallo apelado quedase firme-, pudiendo los accionantes interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tal fin

.

Ahora bien, en el presente caso debe señalar este Órgano Jurisdiccional que desde el 09 de abril de 2007, fecha en la cual se libraron la citación y notificación de la parte querellada, hasta el Primero (1°) de junio de 2009, fecha en la cual la parte querellada compareció y consignó Poder Apud-Acta, no se evidencia que con posterioridad a esta última fecha (01-06-2009) la parte querellante hubiese realizado otro acto procesal, y siendo obligación de la parte recurrente darle el debido impulso procesal a la causa, por lo que de un simple cómputo efectuado desde el 09 de abril de 2007, hasta el 1° de junio de 2009, fecha de la actuación del querellante, resulta indudable que se ha configurado la perención de la instancia en el caso de autos, en virtud de que ha transcurrido un año con creces, lapso este previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes antes de informes, en otras palabras, sin que se evidenciara la intención o el propósito de la parte interesada de darle impulso a la continuación del juicio o activar la causa, observándose en consecuencia los dos requisitos planteados por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia ya señalada lo que conlleva a declarar que operó de pleno derecho la perención de la instancia, tal como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se establece. De lo anteriormente explanado, la Doctrina Patria, en lo que respecta al Derecho Procesal Contemporáneo, ha definido la falta de impulso procesal como la “pérdida del interés procesal” (equiparado al Decaimiento del Interés Procesal) generando así la figura jurídica de la PERENCIÓN o EXTINCIÓN DEL PROCESO, entendiéndose la misma como una sanción para la Parte (o las Partes) por la inactividad procesal o por la falta de impulso a la Causa iniciada.

III

DECISIÓN

En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en razón del DECAIMIENTO O LA PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL incoado por la ciudadana Yurimary Coromoto del Valle Acosta Vargas, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-10.665.004, debidamente asistida por el abogado R.B., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.). bajo el N° 29.849, contra la decisión proferida del Comandante General de Poliguárico Comisario (CICPC) J.A.A., de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 y 269 del vigente Código de Procedimiento Civil. Se ordena el archivo del presente expediente y su remisión al archivo judicial anexo a oficio, una vez que conste en autos la notificación de la parte querellante.

En esta misma fecha, 30 de Marzo de 2011, siendo las 03:00 post meridiem, se publicó y registró la anterior decisión

LA JUEZA SUPERIOR TITULAR,

DRA. M.G.S..

LA SECRETARIA,

ABOG. A.G..

Exp. Nº QF-8512

MGS/ asg/Yaremi.-

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