Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Junio de 2007

San Cristóbal, 22 de Junio de 2007.

197º y 148º

Visto el libelo de demanda incoado por la Abogado en ejercicio A.T.O.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº V-5.345.189, inscrito en el Inpreabogado bajo el Número 23.722, domiciliada en la carrera 3 Nº 3-51 de la Ciudad de La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira, obrando con el carácter de apoderado Judicial de la Ciudadana Z.E.C.G., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.022.288, domiciliada en San Antonio, Municipio B.d.E.T., según consta de Instrumento Poder que le fuera otorgado por ante la Notaría Pública Segunda de San Cristóbal, en fecha 09 de Enero de 2007, inserto bajo el Nº 02, Tomo 06, de los Libros de Autenticaciones llevados al efecto, por Partición contra el Ciudadano J.A.C.V., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.302.263, divorciado, ganadero, domiciliado en la calle principal, Nº 0-50, Finca La Cabaña de la Población de Boca de Grita, Municipio G.d.H.d.E.T., mediante el cual solicita al tribunal decreta Medida INNOMINADA, el Tribunal para decidir observa:

- Efectivamente la apoderada actora esgrime su petición en relación a la Medida Innominada argumentando que el demandado no va “ha” (a) querer partir y va “ha” (a) buscar la forma de vender las mejoras y por cuanto el terreno es propiedad del Concejo Municipal del Jáuregui y visto el fundado temor de que no quiera darle nada de lo que le corresponde a mi representada como co-partícipe de su cooperación al fomento de dicha comunidad patrimonial conyugal. En consecuencia de conformidad con el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto dichas mejoras no han sido protocolizadas, solicitó se decrete Medida Innominada sobre dichas mejoras oficiándose a la Alcaldía del Municipio Jáuregui a los fines de que no permitan su venta ni el traspaso de tales mejoras hasta disolverse la comunidad de bienes descritos.

Las mejoras sobre las que solicita la medida son:

Unas mejoras con una extensión de CIENTO VEINTISÉIS HECTÁREAS (126 has) ubicadas en el sitio denominado antes Fundo “La Primavera”, ahora “Finca Don Juan”, del Municipio G.d.H. y dentro de los siguientes linderos y medidas:

FRENTE: del vértice 15 al 01 mide 1.165 mts con mejoras de C.C.;

FONDO: Comprende los vértices 5, 6 y 7 en una extensión de 1.193 mts; con mejoras de N.G. y del vértice 7 al 8 en 459 mts con mejoras de J.J.C.;

LADO DERECHO: Comprende los vértices 1,2,3 y 4 en una extensión de 1.339 mts con un caño y mejoras de R.A.; y del vértice 4 al 5 en una extensión de 732 mts con R.A. y N.G. y;

LADO IZQUIERDO: Comprende los vértices 8,9,10,11 12, 13 y 14 en una extensión de 1.627 mts con el c.C. y del vértice 14 al 15 en una extensión de 709 mts con mejoras de E.C.. Todo lo cual consta según Contrato de Arrendamiento Nº 40.507 de fecha 10 de Mayo de 2006 otorgado como documento autenticado ante la Notaría Pública de Seboruco, en fecha 09 de Enero de 2007, inserto bajo el Nº 02, Tomo 06, de los Libros de Autenticaciones llevados al efecto –según lo narrado por la parte actora-.

Adjuntó al libelo de demanda:

- Copia certificada de la Sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró disuelto el vínculo civil de carácter patrimonial celebrado entre Z.E.C.G. y J.A.C.V., según Acta de Matrimonio inserta por ante la Prefectura del Municipio Bolívar, Estado Táchira en fecha 06 de Agosto de 2001, bajo el Nº 100; sentencia ésta dictada en fecha 12 de Mayo de 2006.

- Copia certificada por la Alcaldía del Municipio Jáuregui del Estado Táchira del Contrato de Arrendamiento Nº 40.507 de fecha 10 de Mayo de 2006, cuyos datos de autenticación fueron aportados por la parte actora, CELEBRADO entre esa Alcaldía y el demandado sobre un lote de terreno, parte de mayor extensión, perteneciente a los bienes propios del Concejo Municipal de Jáuregui, según documento Nº 1, Protocolo I, Tomo II, de fecha 06-10-1962, ubicado en el sitio denominado antes Fundo “La Primavera”, ahora “Finca Don Juan”, del Municipio G.d.H., alinderado y medido conforme a lo señalado supra por la parte actora.

Sobre el particular, cabe señalar que las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin.

En efecto, el plazo que normalmente ocupa el desarrollo natural de los procesos, impuesto por la necesidad de agotar en su orden las diferentes etapas que los componen, propicia la afectación de los derechos litigiosos haciendo incierta e ineficaz su protección, en cuanto que durante el trámite del mismo éstos pueden resultar afectados por factores exógenos.

Por ello, ante la imposibilidad real de contar con una justicia inmediata, se han implementado en la mayoría de los estatutos procesales del mundo, incluidos los colombianos, las llamadas medidas cautelares o preventivas que tienden a mantener el equilibrio procesal y a salvaguardar la efectividad de la acción judicial, garantizando con ello los derechos de igualdad y acceso a la administración de justicia (C.P. arts. 13 y 228); derechos que se hacen nugatorios cuando la función jurisdiccional no se muestra eficaz y protectora. Al respecto, el tratadista i.P.C. afirma que: “A evitar que el daño producido por la inobservancia del derecho resulte agravado por este inevitable retardo del remedio jurisdiccional (periculum in mora), está preordenada precisamente la actividad cautelar; la cual, mientras se esperan las providencias definitivas destinadas a hacer observar el derecho, provee a anticipar provisoriamente sus previsibles efectos”

Atendiendo a su naturaleza jurídica, el Código de Procedimiento Civil Colombiano reconoce las medidas cautelares como instituciones de aplicación general a todos los procesos, clasificándolas de acuerdo con el fin perseguido en reales, personales y de medios de prueba. En relación con las acciones preventivas que se ejecutan sobre personas o medios de prueba, las primeras aparecen reguladas en las normas que consagran y desarrollan las distintas clases de procesos, en tanto que las segundas se concretan en la solicitud de la prueba anticipada, a su vez utilizada para asegurar hechos o situaciones que se quieran hacer valer en el ulterior juicio. Por su parte, las medidas cautelares sobre bienes como son el registro de la demanda, el embargo y el secuestro, aparecen reguladas en el Libro IV, artículos 681 y siguientes del C.P.C.

En lo que hace al asunto debatido, el artículo 327 acusado consagra la manera como deben cumplirse y notificarse las medidas cautelares. A este respecto, dicha norma dispone que las medidas cautelares deben llevarse a cabo antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Si las mismas se solicitan y practican con anterioridad al proceso, se entienden notificadas el día en que el afectado se apersone del proceso, actúe durante la práctica de la medida o, en su defecto, firme la respectiva diligencia cautelar. En concordancia con lo anterior, el precepto ordena que los oficios y despachos que se expiden para el cumplimiento de las mencionadas medidas, sólo pueden ser entregados a la parte interesada una vez se le haya notificado el auto que admitió la demanda o libró mandamiento ejecutivo.

Así, si las medidas cautelares están destinadas a salvaguardar los derechos subjetivos en disputa y, principalmente, a garantizar la efectividad y eficacia de la administración de justicia, es imprescindible que las mismas se decreten y practiquen antes de que el titular de los derechos cautelados tenga conocimiento de ellas. Admitir lo contrario, esto es, que su ejecución sea posterior a la notificación del auto que las ordena, haría inoperante dicha figura en cuanto le daría al demandado la oportunidad de eludirla, impidiéndole al juez cumplir eficazmente su objetivo de proteger el derecho amenazado o violado. (Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional DE COLOMBIA. Sentencia C-925/99. Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).Referencia: Expediente D-2407. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 327 y 424 (parcial) del Código de Procedimiento Civil.Actora: M.S.S.L.. Magistrado Ponente:Dr. V.N.M.)

De igual forma es oportuno reiterar el criterio sentado por esta Sala de Casación Civil, entre otras, en la decisión N° 224, de fecha 19 de mayo de 2003, en el caso (La Notte, C.A. contra Hoteles Cumberland de Oriente, C.A. y Otras), expediente N° 02-024, en la cual dejó sentado:

“…En materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedibilidad a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; y, en caso de tratarse de la llamada por un sector de la doctrina: medida preventiva innominada, la sentencia del tribunal ha de referirse también al periculum in damni (Art. 588 Parágrafo Primero, eiusdem)…

…Omissis…

Por tanto, la sentencia debe reflejar el proceso que justifique los dispositivos que ella contiene, y que obliga al Juez a dar una explicación del porqué del rechazo o admisión de un hecho y su apreciación.

…Omissis…

De la aplicación de ambas disposiciones legales, se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 585, a saber

.

1º) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra

;

“2º) Presunción grave del derecho que se reclama -fumus boni iuris-“.

“3º) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo -periculum in mora-“.

Estos son los tres aspectos que debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado ‘medida innominada’, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar

.

Si el juez de alzada omite el examen de alguno de esos extremos de procedencia, no puede la Sala realizar el control de legalidad dentro de los límites de la casación, pues tendría que examinar las actas procesales, para determinar si es aplicable al caso concreto la disposición sobre medidas innominadas

.

En efecto, al no poderse determinar del propio fallo si la regla legal rige o no el caso concreto, no es posible el control de legalidad. El propósito central del requisito de motivación del fallo es permitir al juez de alzada, o en el caso a la Sala de Casación Civil, dicho control, por lo cual es necesario concluir en que una decisión que no examina uno de los extremos de procedencia de la aplicación de la norma, carece, en ese aspecto de la controversia, de expresión de los motivos que la sustentan…

. (Negritas de la Sala).

La Sala de Casación Civil, ha establecido respecto de la capacidad de decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colona C.A., c/ J.L.D.A. y otra, lo siguiente:

“...El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el periculum in mora, P.C. sostiene lo siguiente: ...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. ...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivo del peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir. a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. (sic) de Proc. (sic) Civ., (sic) cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad... b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo... c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar...”. (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de). De igual forma, el autor R.O. -Ortiz expresa: “...Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse de manera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio...”. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284). Por su parte, el autor Ricardo Henríquez señala: “…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad. (Omissis) En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba…”. (Resaltado de la Sala).

De allí que la doctrina y la jurisprudencia sea conteste en afirmar que para el decreto de las medidas cautelares innominadas deben satisfacerse, de manera concomitante por la parte que inste su obtención los denominados fumus boni iuris, periculum in mora, cuanto atañe a la cautelar típica y en lo referente a la cautelar innominada, además de los dos mentados el denominado periculum in damni.

Conviene acertar que el Diccionario Jurídico Espasa define a las medidas cautelares como:

Medidas: Actuaciones judiciales a practicar o adoptar preventivamente en determinados casos previstos en la Ley.

Cautelares. Aquellas que se puede adoptar preventivamente por los Tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice; no obstante podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado

1. Según la L.E.C. de 1998, se adoptarán para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare (art. 721.1). Pueden consistir, con el carácter temporal, provisional, condicionado y susceptible de modificación y alzamiento en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el proceso, sin prejuzgar la sentencia que en definitiva se dicte o en cualquier actuación, directa o indirecta que reúna las siguientes características:

1. Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente.

2. No ser susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.

Además de lo anterior, es necesario:

1) Justificar que podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual Sentencia estimatoria.

2) Que, con ellas no se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces. Se ha entendido que la denegación de las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante puede ser, en sí misma, tutela cautelar del interés del demandado, pues éste tiene el mismo derecho a la tutela judicial efectiva que aquél.

3) Presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios.

4) Salvo que expresamente se disponga otra cosa, prestar caución suficiente (en cualquiera de las formas previstas en el párrafo 2 del apartado tercero del artículo 531), para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. El Tribunal determinará la caución atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior, sobre el fundamento de la solicitud de la medida. (arts. 721 a 747).

Como complemento de lo anterior, el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en su Obra Código de Procedimiento Civil Venezolano, tomo IV, cuando al referirse acerca de la instrumentalidad de las medidas cautelares, señala:

La característica esencia de las medidas cautelares es su instrumentalidad. Su definición ha de buscarse más sobre la base de criterio ontológico, en un criterio teleológico: no en cualidad –declarativa o ejecutiva- de sus efectos, sino en el fin –anticipación de los efectos de una providencia principal- al que su eficacia está preordenada. La característica esencial de las providencias cautelares es su instrumentalidad. Instrumentalidad en el sentido que ellas no son nunca fines en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitivas; instrumentalidad también en el sentido de ayuda y auxilio a la providencia principal, al igual –si se me permite el símil- que los servidores de un viajero antiguo preparan el lugar en la próxima venta a espera de la llegada de su señor, para hacer mas fácil su camino. La providencia-instrumento interviene en el asunto, a la espera que definitivamente lo intervenga la providencia subsecuente. Y por eso el concepto denota dos elementos, precaución y anticipación, aún cuando ya el primero de ellos entraña la significación del segundo... (p.290).

En el mismo orden de ideas, debe entenderse que las medidas cautelares que dicta el Juez, previo requerimiento de parte no pueden de ningún modo incidir directamente en el fondo de controversia, pues siendo así, sería un pronunciamiento previo sobre la cosa litigiosa, situación ésta que acarrea además de la producción de la incompetencia subjetiva del juzgador, la violación directa y fragrante del principio de instrumentalidad de las medidas cautelares, a que anteriormente se ha hecho referencia. Debe por ende, entenderse que con las medidas cautelares, como tales, no se está de ninguna manera, pronunciándose sobre el fondo de la controversia planteada, máxime, si una vez dictado el fallo, pueden inexorablemente suceder dos cosas: si la sentencia declara con lugar la pretensión, la medida cautelar, pierde su vigencia, solo y en cuanto, a que el acreedor, deberá embargar entonces ejecutivamente a fin de hacer efectivo su crédito, pudiendo incluso atacar otros bienes del deudor, o; si la por el contrario, la aspiración del actor es desechada y luego adquiere firmeza, ya la medida, por accesoria a la causa principal, pierde igualmente vigencia, por lo que de acuerdo con lo dicho; la vigencia temporal de las medidas cautelares, se circunscriben solo hasta el momento de dictarse la sentencia definitiva.

Tan ello es así que la doctrina y la jurisprudencia han coincido, en forma unánime en señalar que los medios probatorios de los que se vale el juez, y que son puestos a su disposición por la parte interesada, no son, necesariamente, los mismos que soportan el mérito de la causa, pues en verdad lo que el operador de justicia emite, en su decreto cautelar, es un juicio de verosimilitud, vale decir, apenas un atisbo de la necesidad de tutela preventiva, sin que en esa forma haya identidad entre la cautelar dictada y la satisfacción de la pretensión de mérito, y así se resuelve.

-

El petitorio en la presente incidencia es que se decrete Medida Preventiva Innominada. A tal efecto es importante señalar que ciertamente, de los recaudos acompañados emerge la necesidad de la actora en dirimir en sede judicial por vía contenciosa ordinaria el derecho que tiene o no para partir el presunto patrimonio que haya con el Ciudadano J.A.C.V., para luego obtener su satisfacción eventual; pues bien, el aparente derecho que reclama Z.E.C.G., se presume de la Copia certificada de la Sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró disuelto el vínculo civil de carácter patrimonial celebrado entre Z.E.C.G. y J.A.C.V., según Acta de Matrimonio inserta por ante la Prefectura del Municipio Bolívar, Estado Táchira en fecha 06 de Agosto de 2001, bajo el Nº 100; sentencia ésta dictada en fecha 12 de Mayo de 2006, toda vez que del contenido de ésta documental se desprende una presunción sobre la co-propiedad que pudiera existir entre el demandado y la parte actora sobre Finca Don Juan, ya que la mencionan como parte del presunto patrimonio conyugal, cuyo terrenos propiedad de la Municipalidad de Jáuregui se encuentra arrendado a favor del demandado (presunto comunero con la demandante) según Contrato indicado por la parte actora. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Acerca de este particular, P.A.Z., en su obra Providencias Cautelares en el Nuevo Código de Procedimiento Civil venezolano, ha tenido ocasión de acertar:

… se requiere acompañar una doble prueba, aún cuando no plena, sino que basta que sea presuntiva, y esa doble prueba ha de ser del derecho que se reclama (el muy conocido fumus boni juris) y de que no se haga ilusoria la ejecución del fallo, regla ésta mas amplia y que sustituye a los inflexibles principios del Código derogado…

(1988, 17) . Con fundamento a lo que, según se dijo, y con base a las aludidas instrumentales, queda puesto de manifiesto el carácter presuntivo de la cualidad con la que procede el demandante.

El artículo 587 del Código de Procedimiento Civil señala: “Ninguna de las medidas de que trata este Título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquél contra quien se libren, salvo los casos previstos en el artículo 599”, y en consecuencia el demandado se encuentra disfrutando de su derecho a la propiedad que incluye las facultades establecidas en los artículos 115 de la Constitución Nacional que establece:

-

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes

. (El subrayado y resaltado es nuestro).

Seguidamente, el periculum in mora, o si se prefiere, el peligro en el retardo de la decisión jurisdiccional definitiva que prevenga la lesión o imposibilite su continuación queda puesto de manifiesto que al proceder a la venta de los supuestos derechos y acciones que pudiera pertenecerle a J.A.C.V., ya identificado, como presunto comunero de las mejoras ubicadas en el Fundo Don Juan, ubicado en el Municipio G.d.H.d.E.T., éste también pudiera eventualmente realizar los actos de disposición que crea conveniente sobre los derechos y acciones que pudieran pertenecerle; en cuyo caso nada obsta para que se prosigan realizando nuevos actos de enajenación sobre el bien referido, e incorporar distintos sujetos a la relación jurídica material y procesal lo que haría interminable la cadena de demandados, siendo ello contrario a los principios Procesales Constitucionales que debe regir todo proceso, haciendo ilusoria la Ejecución del Fallo en caso de una eventual ganancia de la parte actora que obligaría al demandado a partir las mejoras antes referidas. Y ASÍ SE DECIDE.

En base a las anteriores consideraciones ello hace procedente la medida solicitada sobre los derechos y acciones que pudieran corresponderle a la parte demandada y en el sentido de Oficiar a la Alcaldía de Jáuregui que aparece como propietaria del terreno sobre el cual se encuentran fomentadas las mejoras que conforman el Fundo Don Juan para que no permitan su venta ni el traspaso de las mismas hasta que haya sentencia Definitivamente Firme en el presente juicio. Y ASÍ SE DECIDE.

Así mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, notifiquese al Ciudadano Alcalde del Municipio Jáuregui de la presente decisión, con copia certificada de la misma. Cúmplase.

De modo que realizadas las consideraciones anteriores este tribunal debe decidir declarar Con Lugar la petición realizada. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVO

En mérito de los precedentes razonamientos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR la solicitud realizada por la parte demandante.

En consecuencia:

PRIMERO

SE DECRETA Medida INNOMINADA sobre: Unas mejoras con una extensión de CIENTO VEINTISÉIS HECTÁREAS (126 has) ubicadas en el sitio denominado antes Fundo “La Primavera”, ahora “Finca Don Juan”, del Municipio G.d.H. y dentro de los siguientes linderos y medidas:

FRENTE: del vértice 15 al 01 mide 1.165 mts con mejoras de C.C.;

FONDO: Comprende los vértices 5, 6 y 7 en una extensión de 1.193 mts; con mejoras de N.G. y del vértice 7 al 8 en 459 mts con mejoras de J.J.C.;

LADO DERECHO: Comprende los vértices 1,2,3 y 4 en una extensión de 1.339 mts con un caño y mejoras de R.A.; y del vértice 4 al 5 en una extensión de 732 mts con R.A. y N.G. y

LADO IZQUIERDO: Comprende los vértices 8,9,10,11 12, 13 y 14 en una extensión de 1.627 mts con el c.C. y del vértice 14 al 15 en una extensión de 709 mts con mejoras de E.C.Ofíciese lo conducente al Registrador Subalterno respectivo.

En consecuencia, Ofíciese a la Alcaldía del Municipio Jáuregui del Estado Táchira, en el sentido de que se sirva no tramitar ni autorizar la venta ni traspaso que sobre los derechos y acciones que puedan pertenecer al Ciudadano J.A.C.V., venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 11.302.263, divorciado, ganadero, domiciliado en la calle principal, Nº 0-50, Finca La Cabaña de la Población de Boca de Grita, Municipio G.d.H.d.E.T., sobre unas mejoras con una extensión de CIENTO VEINTISÉIS HECTÁREAS (126 has) ubicadas en el sitio denominado antes Fundo “La Primavera”, ahora “Finca Don Juan”, del Municipio G.d.H.d.E.T., pretenda realizar él mismo; mejoras estas que se hallan construidas sobre un lote de terreno, parte de mayor extensión, perteneciente a los bienes propios del Concejo Municipal de Jáuregui, según documento Nº 1, Protocolo I, Tomo II, de fecha 06-10-1962, ubicado en el sitio denominado antes Fundo “La Primavera”, ahora “Finca Don Juan”, del Municipio G.d.H., según consta del Contrato de Arrendamiento Nº 40.507 de fecha 10 de Mayo de 2006, otorgado como documento autenticado ante la Notaría Pública de Seboruco, en fecha 09 de Enero de 2007, inserto bajo el Nº 02, Tomo 06, de los Libros de Autenticaciones llevados al efecto CELEBRADO entre esa Alcaldía y el demandado hasta que haya sentencia Definitivamente Firme en el presente juicio.

El lote de terreno sobre el cual se hallan construidas las mejoras en referencia, se encuentra alinderado y medido asi según el Contrato de Arrendamiento antes referido:

FRENTE: del vértice 15 al 01 mide 1.165 mts con mejoras de C.C.;

FONDO: Comprende los vértices 5, 6 y 7 en una extensión de 1.193 mts; con mejoras de N.G. y del vértice 7 al 8 en 459 mts con mejoras de J.J.C.;

LADO DERECHO: Comprende los vértices 1,2,3 y 4 en una extensión de 1.339 mts con un caño y mejoras de R.A.; y del vértice 4 al 5 en una extensión de 732 mts con R.A. y N.G. y

LADO IZQUIERDO: Comprende los vértices 8,9,10,11 12, 13 y 14 en una extensión de 1.627 mts con el c.C. y del vértice 14 al 15 en una extensión de 709 mts con mejoras de E.C.O. lo conducente al Registrador Subalterno respectivo.

TERCERO

Así mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, notifíquese al Ciudadano Alcalde del Municipio Jáuregui del Estado Táchira de la presente decisión, con copia certificada de la misma. Cúmplase.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal a los VEINTIDOS (22) días del mes de JUNIO del año dos mil siete. Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

LA JUEZ TEMPORAL

Abog. Yittza Y. Contreras Barrueta

LA SECRETARIA

ABOG. JEINNYS M. CONTRERAS.