Decisión de Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 7 de Marzo de 2007
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Sala Sexto de Juicio de Protección del Niño y Adolescente |
| Ponente | José Angel Rodriguez |
| Procedimiento | Medida Innominada |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Sala de Juicio. Juez Unipersonal Nº VI
Caracas, 07 de Marzo de 2007
196º y 148º
ASUNTO: AH51-X-2007-000063
Revisadas como han sido las actas del presente asunto, y vista la solicitud de dictar una serie de medidas cautelares en el juicio que cursa en el expediente signado con el número de asunto principal AP51-V-2006-012608 relativo a nulidad de matrimonio, a los fines de decidir este Tribunal observa:
Con el objeto de emitir la presente decisión, este Juzgador considera oportuno hacer mención en extenso, de un extracto de la sentencia de la Corte Superior Primera del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente, dictada en el expediente Nº AP51-X-2005– 006556 con ponencia de la Dra. B.L.C., de fecha 15 de Febrero de 2006, la cual señala lo siguiente:
Comienzo del extracto:
Tratándose el punto debatido de medidas preventivas, debemos hacer las siguientes acotaciones de elevada importancia en la distinción de los efectos que producen las cautelares innominadas.
Resaltar la instrumentalidad de las medidas preventivas permite comprender la finalidad inmediata de asegurar la eficacia de la providencia satisfactiva.
En relación a este tipo de medidas, R.O.O. en su obra “Tutela Constitucional Preventiva y Anticipativa”, se refiere a ellas, atribuyéndoles las siguientes características: No son restablecedoras de situaciones lesionadas; no pueden ser dictadas de oficio; debe existir un daño de una de las partes frente a la otra.
Para P.C., la diferencia entre el resultado que corresponde a la ejecución de una medida en el derecho principal es su consumación definitiva, mientras la que corresponde al derecho cautelar es, bajo el punto de vista de su efecto práctico, una sanción más tenue, pero equivalente a una fracción de la ejecución ordinaria que valdrá como primera etapa en la ejecución de la definitiva. Partiendo este principio, del carácter más tenue de la sanción cautelar respecto de la sanción principal y diferenciando de este modo el fenómeno de la ejecución anticipada de la acción principal.
Nos podemos preguntar ¿que otra cosa que una providencia cautelar es la ejecución anticipada y provisoria de la sanción principal concedida en vista del peligro en el retardo?
Responder que la misma forma parte de la ejecución principal y no ejecución de la atenuada no significa la resolución del problema. Pero, si después del juicio principal se demuestra la razón, la prevención se convertirá en pignoración y la cautelar valdrá como primera etapa de la ejecución principal.
Ahora bien, tomando en cuenta que el legislador no se ha pronunciado expresamente con ley aprobatoria sobre las medidas anticipadas, esta Corte estima pertinente hacer mención a la Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Preventivas, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979. Tratado éste del cual Venezuela es signataria desde el 5 de agosto de ese mismo año, en el cual se hace mención a las medidas relativas a la cautela anticipada, mencionando a tal efecto, las expresiones de medidas de seguridad o de garantía y conservatorias o de urgencia, ante la existencia de un litigio pendiente o eventual.
La ley procesal venezolana faculta al Juez para dictar medidas a su prudente arbitrio, cumpliendo la labor asegurativa que contempla el Código Civil en su artículo 191, ordinal 3° y que implica sólo un riesgo genérico, en cambio, las que dicta el Juez de conformidad con lo establecido en el artículo 585 en concordancia con el 588 del Código de Procedimiento Civil requieren del cumplimiento de tres supuestos bien delimitados:
- Un peligro “específico y concreto” que vislumbre una ilusoria ejecución del fallo;
- Un medio de prueba también, específico, que constituya la presunción grave de ese peligro y del derecho que se reclama;
Y en esta presunción, aquella que involucra la existencia de un daño inminente por una de las partes en el derecho de la otra, que de no acordarse la medida, el daño irremediable se producirá (periculum in damni).
La comparación entre las medidas en uno y el otro caso, es decir, las que pueda dictar el Juez invocando el artículo 191 del Código Civil, en cuanto a los requerimientos del Juzgador para decretarlas, en nada son parecidas a las que pueda dictar de conformidad con lo contenido en el artículo 585 en concordancia con el 588 del Código de Procedimiento Civil que ciertamente requieren de la presunción del buen derecho y el peligro inminente del daño.
Como bien lo señala la norma, el artículo 191 del Código Civil contempla tres supuestos para decretar medidas preventivas, de los cuales el segundo quedó derogado por la Ley especial que rige esta materia; siendo que el primero no es el supuesto de esta revisión, sino el tercero, que corresponde a “…medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes...”.
Pero también sobresale el elemento de discrecionalidad dirigida del Juez en las preventivas, porque el artículo 191 del citado Código contiene la palabra “podrá” de donde se infiere esa facultad de obrar “según su prudente arbitrio” tal como lo señala el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, de allí la interpretación que al decretarlas el Juez sólo está en la ejecución de una de sus funciones jurisdiccionales y ello requiere que evalúe la pertinencia, extensión y adecuación de la solicitada basado en sus máximas de experiencia, así como de una correcta motivación en orden de las garantías del proceso.
En el caso particular de las contenidas en el artículo 191 numeral 3° del Código Civil, contempla la disposición enunciada como una facultad del Juez que cumple una función asegurativa frente a una posible dilapidación, disposición u ocultamiento de los bienes del caudal común.
Frente a esa invocación del verbo “evitar” que indica la disposición del citado Código y que literalmente contempla el legislador al dictar la norma, es que se deriva tal naturaleza preventiva, cual goza de un resguardo basado en una apariencia que no implica más que la seguridad de una eventual satisfacción, pero no atribuye poder sobre la cosa sobre la cual recae. (…)
(…) Sobre la norma sustantiva aplicada por el a quo, reiterada jurisprudencia de nuestro M.T.d.J., ha sostenido:
La Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Dr. J.R.P. de fecha 4/6/2004, en el juicio de divorcio seguido por la ciudadana G.A. contra el ciudadano J.L., señaló:
…en estos casos, el Juez en uso de ese poder tutelar y discrecional, podrá dictar cualquiera de las medidas provisionales establecidas en el citado artículo 191, cuando la parte interesada así lo requiera o cuando las circunstancias así lo adviertan.
Por tanto, es muy amplia la facultad que otorga el ordinal 3° del artículo 191 del Código Civil, al Juez del divorcio y la separación de cuerpos, para decretar las medidas que estime conducentes, entre ellas las innominadas que las circunstancias particulares de cada caso, puedan exigir o aconsejar, a los fines de evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulento de los bienes comunes, de modo que el alcance de la norma no debe interpretarse restrictivamente dando preeminencia a consideraciones generales que restringen la actuación cautelar en el proceso civil ordinario…(sic) –se insiste- el Juez tiene facultades para dictar medidas de orden patrimonial con el fin de salvaguardar los bienes comunes de los cónyuges. Las medidas tienen dos finalidades primordiales, primero, inventariar los bienes comunes, y segundo, evitar cualquier acto de uno o ambos cónyuges que pongan en riesgo esos bienes, con el correspondiente perjuicio que pueda ocasionársele al otro…
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De su lado, la Sala de Casación Civil, con ponencia del magistrado Dr. L.A.O.d. fecha 20/5/2005, en el juicio de divorcio seguido por M. A. Bracho contra A. L. Jarrin, expuso:
…la Sala considera que el juez de alzada, al exigir una actividad no prevista expresamente por la norma sustantiva relativa a la facultad discrecional de la que está investida el juez que conozca de un juicio de divorcio para decretar medidas preventivas, quebrantó formas sustanciales del proceso, menoscabando el derecho a la defensa, al declarar la nulidad de las medidas decretadas por el juzgado de la cognición, (sic) pues esa es una decisión de libre arbitrio del juez de primera instancia, por mandato expreso del artículo 191 del Código Civil, y aún más cuando el referido instrumento sustantivo le otorga la facultad de dictar cualquier medida que estime conducente, sin expresar que es requisito indispensable para el decreto de embargo o cualquier otra medida (sic) pues obviamente, esto alteraría la naturaleza de la cautela que inaudita alteram parte, persigue el aseguramiento de los bienes (sic) por tanto, al cuestionar el juez de la alzada la discrecionalidad del a quo para dictar medidas atendiendo a lo expuesto, (sic) yerra en la interpretación de la norma…
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Pues bien, bajo el principio romano “meminisse debet iudex no alieter iudicet quam legibus proditum est”; el juez ha de tener presente que sólo debe juzgar como la ley preceptúa (…)”. (Resaltado del Tribunal)
Fin del extracto.
Tomando en consideración el criterio jurisprudencial señalado, se observa que en el presente caso, al tratarse de una medida preventiva adoptada en un juicio de nulidad de matrimonio, la norma a ser aplicada es el artículo 125 del Código Civil, el cual preceptúa lo siguiente:
Articulo 125: “Inmediatamente después que se demande la nulidad del matrimonio, el Tribunal puede, a instancia del actor o de cualquiera de los cónyuges, o bien de oficio cuando uno de estos fuere menor de edad y en vista de la pruebas conducentes, dictar la separación de los cónyuges; y de las medidas provisionales que establece el articulo 191, las que fueran conducentes”. (Resaltado del Tribunal).
La norma trascrita nos conduce igualmente al articulo 191 del Código Civil, cuyo contenido y alcance ya fue señalado en el criterio jurisprudencia trascrito, y que a modo de resumen, indica que el juez podrá a su libre arbitrio dictar las medidas que considere oportunas, cumpliendo la labor de aseguramiento que contempla el Código Civil en su artículo 191, ordinal 3°, en los bienes que se trate, y que implica sólo la existencia un riesgo genérico, diferenciándose en sus requisitos de procedencia a las medidas preventivas que contempla el artículo 585 en concordancia con el 588 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de planteamientos, con base a lo anteriormente señalado, este juzgador de acuerdo a lo establecido en el artículo 125, en concordancia con el artículo 191, ambos del Código Civil, DECRETA LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS:
Ordenar al Ministerio del Poder Popular para la Educación por intermedio de su Dirección de Recursos Humanos, se abstenga de cancelar lo que pudiera corresponder al ciudadano I.C.R., quien laboraba en dicha institución y era titular de la cédula de identidad Nº V- 2.943.762, sobre todas las prestaciones sociales, beneficios laborales y cualquier otro concepto que pudiera corresponderle.
Igualmente absténgase de cancelar los montos correspondientes a los siguientes conceptos:
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Salarios caídos, por cuanto según la parte demandante, para la fecha de su fallecimiento todavía aparecía en nómina como empleado público al servicio de dicho Ministerio.
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Vacaciones vencidas, por cuanto según la parte demandante, para el 19 de Marzo de 2006, se le adeudaban cuatro (4) vacaciones vencidas, más las correspondientes próximas, que son fraccionadas.
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Antigüedad.
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Fideicomiso
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Pensión de Sobreviviente.
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Cualquier otro beneficio que pudiera corresponder al referido ciudadano.
Ordenar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (IPASME), se abstenga de cancelar lo que pudiera corresponder al referido ciudadano I.C.R., anteriormente identificado, los siguientes conceptos:
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Por concepto de Fondo de Jubilaciones.
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Indemnizaciones por Fallecimiento.
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Asignación por causa de Muerte y ahorros a los afiliados fallecidos.
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Cualquier otro beneficio que pudiera corresponder al referido ciudadano.
Ordenar a la empresa Seguros BANVALOR, abstenerse de cancelar lo concerniente a Póliza de Vida que pudiera corresponder por el fallecimiento del referido ciudadano I.C.R.. Ahora bien, en relación a la medida solicitada sobre el vehículo descrito anteriormente, se insta a la parte a indicar el lugar donde se encuentra a fin de proveer lo conducente. En consecuencia, se ordena oficiar a las instituciones anteriormente señaladas a fin de notificarle las medidas aquí decretadas, para que realicen los trámites pertinentes para el cumplimiento de lo aquí decretado. Líbrese lo conducente. Cúmplase.
EL JUEZ,
J.A.R.R.
LA SECRETARIA
MARY ROMERO LUNA
ASUNTO: AH51-X-2007-000063
