Decisión nº 20 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 29 de Febrero de 2012

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Con sede en Maracaibo.

Expediente Nº 12.741

MOTIVO: Querella Funcionarial por Cobro de Prestaciones Sociales.

PARTE DEMANDANTE: El ciudadano G.A.P.U., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº 7.629.412, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 29.098, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.458.915 y domiciliada en el Municipio J.E.L.d.E.Z.. Actuó también como apoderado actor el ciudadano A.M.R., titular de la cédula de identidad Nº 14.497.316 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 89.875; carácter que se evidencia en poder autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia el día 05 de febrero de 2.009, bajo el Nº 75, Tomo 26, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría.

PARTE DEMANDADA: MUNICIPIO J.E.L.D.E.Z., por órgano de la Alcaldía.

Se da inicio a la presente causa mediante demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales presentada el día 17 de febrero de 2.009 por el ciudadano G.A.P.U. quien actuó en su condición de apoderado judicial de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., plenamente identificados, la cual fue admitida cuanto ha lugar en derecho por el Tribunal en fecha 18 de febrero de 2.009.

Sustanciada como fue la presente causa y estando en estado de dictar la sentencia motivada, el Tribunal pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, previas las siguientes consideraciones:

PRETENSIONES DE LA DEMANDANTE:

Fundamenta la parte actora su pretensión en los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que desde el día 02 de abril de 1.996 hasta el día 05 de diciembre de 2.008 su representada prestó servicios para la Alcaldía del Municipio J.E.L.d.E.Z., ocupando el cargo de Directora de Presupuesto y por ende era acreedora de los emolumentos a que se refieren los artículos 2 y 7 de la Ley de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, vigente desde el 26 de marzo de 2.002, referido a los conceptos de bono de fin de año, bono vacacional y un monto de emolumentos retenidos de conformidad con el artículo 92 de la Constitución Nacional, referido al cobro de prestaciones sociales, los cuales no han sido pagados a su representada por el Municipio J.E.L..

Que los emolumentos percibidos por su representada están fundamentados en la Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de Altos Funcionarios de las Entidades Federales y Municipales publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.106 de fecha 12 de diciembre de 1.996, por Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.880 de fecha 28 de enero de 2.000 y por la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios, vigente desde el 26 de marzo de 2.002 que estableció el pago de las prestaciones sociales y el derecho apercibir el bono vacacional y bono de fin de año.

Que su mandante recibió emolumentos en forma lineal desde el día 02 de abril de 1.996 hasta el 05 de diciembre de 2.008, los cuales están protegidos por el carácter de irrenunciabilidad, intangibilidad y progresividad dado el carácter alimentario de la deuda.

Que la condición de funcionaria pública de su mandante se encontraba plasmada en los artículos 146 y 147 de la Carta Magna, en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para los Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios y en sus antecedentes: Ley Orgánica sobre Emolumentos y Jubilaciones de Altos Funcionarios de las entidades Federales y Municipales del 12 de diciembre de 1.996, el artículo 7 del Decreto sobre el Régimen Transitorio de las Remuneraciones de los más Altos Funcionarios de los Estados y Municipios de fecha 28 de enero de 2000, y el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; todo ello auspiciado por el régimen constitucional iniciado en 1.999.

Por todo lo anterior acude al Tribunal para demandar al Municipio J.E.L., en nombre de su representada, para que le paguen los siguientes conceptos y cantidades:

1. De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, reclama el pago de cinco (5) días de salario integral por cada mes, por concepto de antigüedad, a partir del tercer mes, lo que asciende a la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 09/100 (Bs. 13.850,09);

2. De conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, reclama el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, cantidad que estima en CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 16/100 (Bs. 4.449,16);

3. Por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionado del periodo 2.008-2.009, reclama el pago de 100 días de salario, calculados a razón del último salario diario igual a Bs. 59.80, lo que asciende a la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES CON 16/100 (Bs. 6.943,16), con fundamento en el artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública;

4. Por concepto de diferencias de sueldo correspondiente al año 2.008, calculadas desde el mes de mayo hasta agosto de 2.008, lo que asciende a la cantidad de UN MIL CIENTO CUATRO BOLÍVARES (Bs.1.104,oo).

5. Por concepto de uniformes correspondientes al año 2.008, reclama el pago de la cantidad de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo);

6. Por concepto de disfrute de vacaciones correspondiente a los periodos 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, a razón de 220 días de disfrute, multiplicados por Bs. 59,80 que es el último salario diario, lo que asciende al monto adeudado de TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 13.156,oo), con fundamento en el artículo 24 de la Ley del estatuto de la Función Pública;

7. Por concepto de bono vacacional correspondiente a los periodos 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, a razón de 40 días por año, equivale a 440 días de bono vacacional, multiplicados por el último salario diario de Bs. 59,80, lo que asciende a la cantidad de VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE BOLÍVARES (Bs. 26.312,oo).

   Los conceptos anteriormente discriminados ascienden a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE BOLÍVARES CON 41/100 (Bs. 65.914,41), cantidad ésta que demanda al Municipio J.E.L.d.E.Z., más los intereses legales y la indexación judicial, calculada desde la fecha de terminación de la relación de empleo público hasta la cancelación definitiva.

   Finalmente pide que se condene al Municipio querellado al pago de las costas y costos del proceso, con fundamento en el artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, equivalente al 10% del valor de la demanda.

   DEFENSA DE LA PARTE RECURRIDA:

   En la oportunidad para contestar la querella no compareció el Síndico Procurador Municipal del Municipio J.E.L. ni ningún otro apoderado judicial a contestar expresamente las pretensiones de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se tienen por contradichas en todas sus partes.

   VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS:

   En el lapso probatorio, sólo el abogado G.A.P.U. en su condición de apoderado judicial de la querellante promovió los siguientes instrumentos:

1. Ratificó el valor probatorio de los documentos consignados junto al libelo, esto es: a.1) Formato impreso del cálculo para la liquidación de prestaciones sociales de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F.. Este documento no presenta sello de ningún organismo público, ni firma autógrafa de funcionario alguno del cual pueda inferirse que el documento emanó del ente accionado; a.2) Copia fotostática de la cédula de identidad de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F.; a.3) Copia fotostática de comunicación suscrita por la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., dirigida a la Alcaldesa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, de fecha 05 de diciembre de 2.008, por medio de la cual puso a disposición el cargo. Esta comunicación presenta firma en señal de recibida el día 05 de diciembre de 2.008; a.4) Copia fotostática de planilla de liquidación de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., emitido por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio J.E.L.d.E.Z., donde constan las cantidades adeudadas por concepto de prestaciones sociales, lo que asciende a la suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 25/100 (Bs. 26.446,25). Se lee asimismo en el referido documento que la fecha de ingreso fue el día 19/06/1997 y que egresó el día 03/12/2008, siendo su último cargo el de Directora de Presupuesto, percibiendo un salario mensual de Bs. 1.794,oo y un salario diario de Bs. 59,80, siendo su salario integral el promedio diario de Bs. 69,43; a.5) Copia fotostática de Estado de Cuenta de Fideicomiso, emitido por la Dirección de Recursos Humanos (Nómina de Empleados) de la Alcaldía del Municipio J.E.L. a favor de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., donde consta que por concepto de antigüedad le fue estimada la cantidad de Bs. 27.371,34, menos la cantidad de Bs. 13.521,25 por concepto de anticipos, lo que arroja un saldo adeudado de Bs. 13.521,25 por concepto de antigüedad, más la suma de Bs. 14.050,91;

2. Promovió once recibos de pago emitidos por la Oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio J.E.L., donde consta que la querellante se desempeñó como Directora de Presupuesto, así como el salario percibido durante el periodo;

3. Promovió C.d.T. emitida en fecha 13 de abril de 2.007 por la Directora de Recursos Humanos (E) de la Alcaldía del Municipio J.E.L., donde se hace constar que la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. prestaba sus servicios en esa entidad desde el día 02/04/1996, desempeñando el cargo de Directora de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L.;

4. Promovió C.d.T. emitida en fecha 26 de noviembre de 2.008 por la Directora de Recursos Humanos (E) de la Alcaldía del Municipio J.E.L., donde se hace constar que la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. prestaba sus servicios en esa entidad desde el día 02/04/1996, desempeñando el cargo de Directora de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L.;

5. Formato impreso de la página Web http://www.ivss.gov.ve:8080/cuenta_portal/CtaIndividualCTRL del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde se lee que la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. prestaba servicios para la Alcaldía del Municipio Maracaibo del estado Zulia, con fecha de afiliación el día 02 de abril de 1.996 y fecha de egreso el día 06/07/2001;

6. Copia fotostática de la Resolución Nº 2004-001-2, dictada en fecha 05 de enero de 2.004, por medio de la cual el Alcalde del Municipio Maracaibo designó a la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. para ocupar el cargo de Directora de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L.;

7. Con el objeto de probar que a la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. no disfrutó las vacaciones de los años 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y que en su lugar no se designó ninguna otra Directora de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L., promovió la prueba de exhibición de documentos y en ese sentido solicitó que se intimara a la parte querellada para que exhiba los nombramientos de los funcionarios que quedaron encargados como Director de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L. desde el año 1.998 hasta el año 2.009, que le hicieran las vacaciones a su representada, así como los pagos que le hicieron a esos funcionarios por haber hecho, en caso de existir las suplencias. Igualmente pide que se exhiba el expediente personal de su representada. Manifestó que no consignaba copia del mismo por cuanto los instrumentos promovidos deben estar en poder de la parte intimada, de conformidad con el artículo 436, parágrafo primero, del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 133, parágrafo quinto de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicado por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Intimada como fue la parte querellada, en fecha 13 de enero de 2.010 se llevó a efecto el acto de Exhibición de Documentos, quedando desierto el acto por la incomparecencia de la parte intimada.

   Vista la prueba promovida en el particular a.1), el Tribunal desecha su valor probatorio por cuanto el documento fue producido por la propia querellante y en consecuencia, no el procedente extraer de él ningún elemento de convicción toda vez que coincide con sus pretensiones, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y el principio de alteridad de la prueba, conforme el cual nadie puede fabricarse una prueba para sí mismo. Así se decide.

   Las pruebas señaladas como b), c) y d) son documentos administrativos, pues contienen declaraciones de voluntad, conocimiento, juicio y certeza, emanadas de un funcionario competente con arreglo a las formalidades legales del caso, y están destinadas a producir efectos jurídicos. Respecto a su valor probatorio, éstos constituyen una categoría intermedia entre los documentos públicos y los privados, equiparables al documento auténtico, el cual hace o da fe pública hasta prueba en contrario, pudiendo constituirse en plena prueba, por lo que éste Tribunal les reconoce el valor probatorio y la eficacia jurídica establecida en el artículo 1.363 del Código Civil. Igual valor probatorio se le reconoce a las copias fotostáticas de los documentos administrativos identificados como pruebas a.2), a.3), a.5) y f) toda vez que no fue impugnada por su contraparte y en consecuencia, se reputa como idéntica de su original de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

   Vista la prueba identificada con el particular e) se valora como documento administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Mensaje de datos y Firmas Electrónicas, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil venezolano. Así se decide.

   Finalmente el apoderado judicial de la querellante promovió en el particular g) la prueba de exhibición de documentos, siendo el objeto de la promoción “probar que a la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. no disfrutó las vacaciones de los años 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y que en su lugar no se designó ningún otro Director de Proyecto Encargado”, circunstancia ésta que constituye un hecho negativo y en ese sentido la doctrina ha establecido que los hechos negativos no se prueban sino que se alegan, invirtiéndose de ésta manera la carga de la prueba en la parte contraria, a quien le correspondería demostrar lo opuesto, a los fines de desvirtuar las pretensiones del oponente y evitar las consecuencias jurídicas correspondientes. En contraposición a ello, la prueba de exhibición de documentos por su naturaleza persigue traer a las actas un documento cierto, del cual el interesado quiere servirse, pero que se encuentra en manos del adversario, y por ello pide al Tribunal de la causa que intime a su contraparte para que exhiba lo conducente, teniendo la responsabilidad de acompañar copia fotostática del mismo o, en su defecto, la afirmación de los datos que se tenga sobre él, pues en el caso que el intimado no consigne en el expediente el documento requerido, la consecuencia jurídica de la promoción de la prueba será que se tendrán como ciertos los datos que el promovente haya afirmado de él.

   Así las cosas, observa ésta Juzgadora que la promoción de la prueba de exhibición de documentos no es idónea para probar la falta de pago de las vacaciones no disfrutadas de la querellante y en consecuencia, se declara inadmisible de conformidad con lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

   Establecido lo anterior y encontrándose la presente causa en estado de dictar sentencia motivada, el Tribunal pasa a resolver la controversia, previas las siguientes consideraciones:

   CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

   Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente así como los instrumentos probatorios producidos por la parte querellante, considera el Tribunal que en la presente causa ha quedado suficientemente demostrado que la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. prestó sus servicios para la Alcaldía del Municipio J.E.L.d.E.Z. desde el día 04 de abril de 1.996, desempeñando el cargo de Directora de Formulación Ejecución y Control Presupuestario de la Alcaldía del Municipio J.E.L. y que egresó el día 31 de diciembre de 2.008, percibiendo como último salario mensual la cantidad de Bs. 1.794,oo y un salario diario de Bs. 59,80, siendo su salario integral el promedio diario de Bs. 69,43, según consta en Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales que riela al folio trece (13) de las actas.

   Se demostró igualmente que la Alcaldía del Municipio J.E.L. estimó las prestaciones sociales de la querellante en la cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 25/100 (Bs. 26.446,25) que comprende los siguientes conceptos:

    Por concepto de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON 09/100 (Bs. 13.850,09);

    Por concepto de fideicomiso, la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES CON 16/100 (Bs. 4.449,16);

    Por concepto de vacaciones fraccionadas correspondientes al periodo 2.008-2.009, la cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 6.943,oo);

    Por concepto de diferencias de sueldos del año 2.008, se estimó la cantidad de MIL CIENTO CUATRO BOLIVARES (Bs. 1.104,oo);

    Por concepto de uniformes del año 2.008, le adeuda a la quejosa la suma de CIEN BOLÍVARES (Bs. 100,oo).

   Si bien la quejosa no posee la condición de funcionaria pública de carrera en virtud de haber ingresado al ejercicio de un cargo público bajo la vigencia de la Constitución Nacional de 1.999 y de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cuyos artículos 40 y 41 se ratifica la exigencia de la extinta Ley de Carrera Administrativa en cuanto a que el ingreso a la carrera administrativa debe hacerse por concurso público, exigencia que se tiene su origen en el artículo 146 de la Carta Magna, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó una decisión en fecha 14 de agosto de 2.008, expediente Nro: AP42-R-2007-000731, con ponencia del Magistrado Alejandro Soto Villasmil, donde estableció: “la realización del concurso es una carga que reposa enteramente en cabeza de la Administración, de manera tal, que la falta de realización del mismo no debe constituir una razón válida para que los distintos órganos públicos decidan el egreso de los funcionarios, so pretexto de que éstos, al no haber adquirido la condición de funcionarios de carrera, dada la falta del referido concurso (cuya carga no es del particular, sino de la Administración) (…) esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo establece como criterio que el funcionario que, una vez entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haya ingresado a la Administración Pública -mediante designación o nombramiento- a un cargo calificado como de carrera, sin la realización previamente del debido concurso público, gozarán de estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el correspondiente concurso público. Este derecho a la estabilidad provisional nacerá una vez superado el período de prueba.”

   Este criterio era el vigente para la fecha en que la querellante introdujo la querella (17/02/2009), por lo que en atención de la doctrina de la expectativa plausible y la confianza legítima desarrollada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal lo aplica al presente caso.

   Aunado a lo anterior, los tribunales que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa han estado de acuerdo en reconocer el derecho que posee aquel funcionario que se encuentre en la situación de provisionalidad, como es el caso de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., a percibir las remuneraciones que hayan sido asignadas al cargo ocupado, así como también a las prestaciones sociales y demás beneficios remunerativos de Ley, en cuyo caso la Administración Pública deberá tomar en consideración el tiempo de servicio. Así se declara.

   En la causa bajo análisis quedó suficientemente demostrado que la querellante tuvo una antigüedad en el cargo de once (11) años, cinco (5) meses y catorce (14) días de servicios prestados conforme a la legislación venezolana tiene derecho a cobrar las prestaciones sociales que le recompense la antigüedad en el servicio y la ampare en caso de cesantía. Igualmente está legalmente previsto que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata y la mora en su pago genera intereses (artículo 92 de la Constitución Nacional, artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), los cuales deben hacerse efectivo al culminar la relación laboral.

   Ahora bien, del análisis del material probatorio y en sujeción al régimen de distribución de la carga de la prueba, advierte el Tribunal, que la parte querellada no demostró el pago de las prestaciones sociales y de los intereses sobre prestaciones sociales generadas durante la vigencia de la relación de empleo público que mantuvo con la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., desde el 02 de abril de 1.996 al 05 de diciembre de 2.008, ni de las vacaciones fraccionadas del periodo 02/04/2008 al 05/04/2008, ni de las diferencias de sueldo correspondientes al año 2.008 y la bonificación por uniformes y en consecuencia es forzoso para ésta Juzgadora declarar procedente la pretensión de cobrar las cantidades discriminadas por concepto de prestaciones sociales que ha incoado el ciudadano G.A.P.U. en representación de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F., en contra del MUNICIPIO J.E.L.. Así se decide.

   Se ordena al ente querellado a cancelarle a la parte querellante la cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 25/100 (Bs. 26.446,25) que es el monto adeudado y así se decide.

   Con respecto a la corrección monetaria solicitada por la parte querellante, este Juzgado comparte el criterio expuesto por la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº 2009-1195, de fecha 15 de diciembre de 2.009, según el cual no están contempladas en la ley la indexación ni el reajuste de prestaciones sociales mediante corrección monetaria, y al no existir norma legal que lo sustente, se niega el pedimento en referencia por tratarse de una relación de empleo público regida por el principio de la legalidad. Así se declara.

   Finalmente se observa que la quejosa reclama además de las prestaciones sociales, el pago de las vacaciones no disfrutadas de los periodos 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, más el pago de los bonos vacacionales correspondiente a los periodos 1997-1998, 1998-19999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. En relación a éstas pretensiones, el Tribunal debe advertir que la relación de empleo público inició en fecha 02/04/1996, por lo que el derecho a percibir las remuneraciones de ley por éste concepto se causan el 02 de abril de cada periodo correspondiente; tomando en consideración que la querella fue recibida ante la Secretaria del Tribunal el día 17 de febrero de 2.009, es forzoso para el Tribunal declarar que ha caducado la acción para reclamar éstos conceptos y así de declara, con fundamento en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decide.

   No obstante el primer aparte del artículo 24 de la Ley del Estatuto de la Función Pública reza: “ Cuando un funcionario o funcionaria público egrese por cualquier causa antes de cumplir el año de servicio, bien durante el primer año o en los siguientes, tendrá derecho a recibir el bono vacacional proporcional al tiempo de servicio prestado”; por lo que el Tribunal estima procedente el pago del bono vacacional fraccionado correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de abril de 2.008 al 05 de diciembre de 2.008, de conformidad con la norma supra citada, la cual fue estimada y reconocida por la parte querellada en la suma de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 6.943,oo) como consta en el folio trece (13) de las actas procesales. Así se decide.

   En consideración a lo anterior es que ésta Juzgadora declara Parcialmente Con Lugar la querella funcionarial por cobro de prestaciones sociales incoado por el abogado G.A.P.U. en representación de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. en contra del MUNICIPIO J.E.L.D.E.Z.. Así se decide.

   DISPOSITIVO:

   Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el abogado G.A.P.U., actuando en representación de la ciudadana ZORELYS DEL C.G.F. en contra del MUNICIPIO J.E.L.D.E.Z. y se ordena al ente querellado: