Decisión nº 808 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 6 de Agosto de 2008

Mediante escrito, la ciudadana C.Z.M.L., ya identificada, solicita la entrega del vehículo cuyas características ya fueron señaladas. Este Tribunal acuerda oficiar a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Guasdualito, a los fines que remita la actas de investigación penal signadas con el número 04-F3-276- 08, las cuales fueron recibidas en este Tribunal.

En las actuaciones remitidas por el Abogado D.A.T.V., Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Público, de Guasdualito, Estado Apure, consta acta de investigación penal de fecha 17 de mayo de 2008, realizada por funcionarios adscritos a la Primera Compañía del Destacamento de Fronteras N° 17 de la Guardia Nacional, quienes entre otras cosas señala: Que el día 17 de Marzo de 2008, siendo las 11:00 horas de la mañana, se encontraban en funciones de seguridad y orden Público, habiendo instalado un punto de control móvil en el tramo carretero Guasdualito- Caucagüita, específicamente en el sector “La Lechera”, Municipio Páez del Estado Apure, llegó un vehículo de las siguientes características: Marca Toyota, Modelo Land Cruiser, Color blanco; Placa 65Y-AAM conducido por el ciudadano O.A.R., venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V.- 17.690.870, al solicitarle los documentos de propiedad del vehículo presentó: 1.- Original (duplicado) de un Certificado de Registro de Vehículo Nº 8XA31UJ7939502386-1-2, de fecha 21-09-2006, a nombre del ciudadano Orlay Ortiz, C.I. V. 23.216.631; Original de documento de compra venta notariado en la Notaría Pública Tercera de Valencia, donde el ciudadano Orlay O.O., titular de la cédula de identidad Nº 23.216.631, le vende el vehículo antes descrito al ciudadano Bravo S.B.V., C.I.V. 8.667.002. 3.- Original de un documento de compra venta Registrado en la Oficina Subalterna del Municipio R.G., donde el ciudadano Bravo S.B.V., C.I.V. 8.667.002 , le vende el vehículo ya descrito al ciudadano P.E.S.A., C.I.V. 11.754.969. 4.- Original de un documento de compra venta registrado en la Oficina Subalterna del Municipio R.G., donde el ciudadano P.E.S.A., C.I.V. 11.754.969, le vende el vehículo ya señalado a la ciudadana C.Z.M.L., C.I.V. 18.375.470. 5.- Original de una acta de revisión Nº APSF-146, de fecha 14-01-2008, a nombre de Orlay O.O., expedida presuntamente en la Unidad Nº 44, del Comando de Vigilancia y T.T.d.B., Estado Apure. Al revisar los funcionarios el serial de carrocería placa Vin , signado con el Nº 8XA31UJ7939502386, ubicado y fijado con dos remaches al lado izquierdo del corta fuego, la misma esta falsa y suplantada; al revisar el serial de carrocería impreso en el riel o chasis signado con el Nº 8XA31UJ7939502386, el cual se encuentra frente al caucho delantero del lado derecho y el serial de motor signado con el Nº 1FZ0584647, el cual se encuentra en una pestaña al lado izquierdo en el block del motor, los mismos presentan signos físicos de alteración.

Corre inserta en la causa experticia de fecha 15 de julio de 2008, realizada por los funcionarios Lcdo. Comisario B.Z. y agente Jeisson Sánchez, expertos al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crminalísticas, Sub delegación “A”, Guadualito, Estado Apure, practicada al vehículo objeto de la presente solicitud, en la que concluyen: 1.- Que el serial de carrocería 8XA31UJ7939502386, estampado en el Chasis se encuentra Alterado; 2.- Que el serial del motor 1FZ0584647, se encuentra Alterado; 3.- Que el referido vehículo porta dos matriculas: 65Y-AAM, asignadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 4.- Mediante la utilización del generador de caracteres borrados en metal en el área en la cual se encuentra estampado el serial de carrocería del chasis y el motor, no se obtuvieron los seriales originales de identificación del vehículo; 5.- Al consultar el vehículo en el Sistema Integrado de Información policial (S.I.I.P.O.L.) se constató que el mismo no se encuentra solicitado en la comisión de un hecho punible.

El Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 311 y 312, contiene lo relacionado al procedimiento para hacer la solicitud de devolución de objetos producto de una investigación penal:

Artículo 311. Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el Fiscal si la demora le es imputable.

El Juez o Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o el Fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal…

Artículo 312. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo.

Igualmente observa el Tribunal, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 3198, de fecha 25-10-2005, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Exp. Nº 05-1043, estableció lo siguiente:

( … Omissis…) En efecto, la decisión objeto de la presente solicitud de amparo constitucional, declaró sin lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la quejosa, en consecuencia, confirmó la decisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, que negó la entrega material del vehículo reclamado, pues según las experticias realizadas al mismo, la chapa identificadora del serial de carrocería, el serial de seguridad ubicado en el chasis y el serial del motor fueron alterados, aunado a que el Certificado de Registro de Vehículo consignado por la quejosa difiere del emanado del Instituto Nacional de Transporte y T.T..

Al respecto, los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, señalan lo siguiente:

Artículo 311.- Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.

El juez o el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos.

Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el juez o el fiscal, so pena de ser enjuiciados por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal

.

Artículo 312. Cuestiones incidentales. Las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de objetos recogidos o que se incautaron se tramitarán ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

El tribunal devolverá los objetos, salvo que estime indispensable su conservación.

Lo anterior no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso, una vez comprobada su condición por cualquier medio y previo avalúo

.

Por su parte la Ley de Transporte y T.T., reza textualmente:

Artículo 48. Se considera propietario quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores como adquirente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio

.

En tal sentido, el artículo 311 eiusdem establece la posibilidad, tanto a las partes como a los terceros interesados, de solicitar al Tribunal de Control la devolución de los objetos incautados que no sean imprescindibles para la investigación, al respecto, esta Sala mediante fallo N° 1.197 del 6 de julio de 2001, (caso: “Carlos Enrique Leiva”), señaló lo siguiente:

En efecto debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega, lo que debe ser analizado, tanto por el Ministerio Público, en caso en que la solicitud sea hecha ante ese ente, o por los Tribunales Penales (…)

.

Según el anterior fallo, la entrega material de un vehículo procede siempre que no existan dudas acerca del derecho de propiedad sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, lo cual debe ser analizado por las autoridades competentes, estudio que por supuesto no puede traer consigo un retardo excesivo por parte del órgano jurisdiccional para pronunciarse con respecto a las solicitudes de entrega de vehículos, ya que el mismo vulnera el derecho que tiene toda persona de obtener oportuna y adecuada respuesta a sus requerimientos.

Ahora bien, conviene destacar que esta Sala en sentencia N° 1.544 del 13 de agosto de 2001, decidió con fundamento a los siguientes términos:

(…) Ahora bien, observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución, demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de los vehículos automotores, resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional. Por ello, considera esta Sala que una vez comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto que se reclama en el proceso penal, el Juez deberá ordenar la entrega del vehículo correspondiente.

En el presente caso, de las actas del expediente advierte esta Sala que el Juez de Control Segundo de la Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo negó la devolución del vehículo reclamado por el ciudadano J.L.M., con fundamento en la oposición planteada por el Ministerio Público al presentar éste una copia simple de un documento autenticado que no se correspondía con el presentado por el accionante. Sin embargo, debe esta Sala observar que la duda sugerida no era motivo suficiente para desvirtuar la propiedad alegada, dado que el accionante demostró poseer documento autenticado que lo acreditaba como comprador del vehículo incautado, además del título idóneo, esto es, el Certificado de Registro otorgado por el organismo público encargado del Registro Nacional de Vehículos, denominado Servicio de Transporte y T.T. (SETRA), adscrito al Ministerio de Infraestructura, cuya presentación ante el Notario Público que autenticó la venta del vehículo, consta en la nota de autenticación respectiva adjunta al mencionado documento de compraventa.

Al respecto, esta Sala estima oportuno reiterar el criterio sostenido en sentencia Nº 1197 del 6 de julio de 2001 (caso C.E.L.A.), al disponer: ‘(…) todo régimen de publicidad registral en principio, es inaplicable a los bienes muebles corporales, en virtud de que la posesión de buena fe vale título, pero sin embargo, el legislador ha previsto en algunos casos que determinados bienes muebles deban cumplir con ese régimen de publicidad, dada la ´...necesidad de dotar de certeza ciertos negocios jurídicos y de hacer posible a los terceros el conocimiento del contenido de esos negocios, en particular aquellos que condicionan la transferencia del dominio y la constitución de garantías y derechos reales limitados, ha alimentado la tendencia, en los ordenamientos jurídicos actuales, de hacer extensible a ciertos bienes muebles los sistemas de publicidad registral, reservados en las legislaciones tradicionales a los bienes inmuebles...´. (Gert Kummerow, ‘Compendio de Bienes y Derechos Reales’, 1992, Paredes Editores, pág. 67).

Entre esos bienes muebles corporales sujetos al régimen de publicidad registral, encontramos a los vehículos automotores. Por ello, la Ley de T.T., establece lo siguiente:

´Artículo 11. A los fines de esta Ley, se considerará como propietario a quien figure en el Registro Nacional de Vehículos como adquirente, aún cuando haya adquirido con reserva de dominio.´ (Subrayado de la Sala).

´Artículo 9. El Registro Nacional de Vehículos será público, con las limitaciones que establece esta Ley y su Reglamento. Los actos inscritos en él, tendrán efectos a terceros (…)’.

Igualmente, el artículo 78 del Reglamento de la Ley de T.T. establece:

´Artículo 78. El Registro Nacional de Vehículos será público y en él se incluirán el conjunto de datos relativos a la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos, así como todo acto o contrato, decisión o providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de la propiedad, dominio u otro hecho real principal o accesorio sobre los vehículos, para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros´. (Subrayado de la Sala).

De los artículos precedentemente citados, se observa que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el Registro Nacional de Vehículos.

Por consiguiente, en atención al fallo parcialmente transcrito, esta Sala concluye que los documentos antes aludidos presentados por el accionante, constituían prueba fehaciente de la propiedad del vehículo reclamado, por lo que negar su devolución no resultaba ajustado a derecho (…)

. (Subrayado del original).

De lo anterior se colige que la documentación expedida por las autoridades administrativas, constituye un título idóneo a los efectos de probar la propiedad de un vehículo automotor, siempre que el título no hubiere sido declarado falso.

No obstante, esta Sala en decisión N° 1.412 del 30 de junio de 2005, -ratificada por sentencia N° 2.862 del 29 de septiembre de 2005-, señalo lo siguiente:

“(…) Las anteriores consideraciones, a juicio de la Sala, son de innegable valor a los fines de la interpretación que deben hacer el Ministerio Público y el juez penal, de las normas que disciplinan la entrega o devolución de vehículos recuperados, consagradas en la Ley especial -sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores- y en el Código Orgánico Procesal Penal.

En efecto, en materia de devolución de objetos incautados en el curso de una investigación, el señalado texto adjetivo penal establece dos normas al respecto: los artículos 311 y 312. El artículo 311 obliga al Ministerio Público a devolver, lo antes posible, los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el juez de control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el fiscal si la demora le es imputable.

El artículo 312 regula el procedimiento relativo a las reclamaciones o tercerías que las partes o terceros entablen durante el proceso con el fin de obtener la restitución de dichos objetos, el cual se tramitará ante el juez de control, conforme a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil para las incidencias.

Por su parte, el artículo 10 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, establece la entrega de los vehículos objeto de los delitos de robo o hurto, por parte del juez de control o del Ministerio Público, a quienes acrediten ser sus propietarios. En caso de que varias personas reclamen el vehículo, el Ministerio Público con fundamento en los artículos 108.12 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitará al juez de control la fijación de una audiencia, en la cual se decidirá a quien devolver el vehículo cuya entrega se solicitó.

Ahora bien, de lo contenido en los artículos precedentemente señalados, se observa que si bien el legislador –en aras de la protección del derecho de propiedad- fue inflexible en el referido procedimiento de entrega, ya que debe estar comprobada, sin que medie duda alguna, la titularidad del derecho de propiedad que posea un ciudadano sobre el objeto recuperado que se reclama en el proceso penal, para que pueda ordenarse su entrega; no obstante, a juicio de la Sala, tanto el Ministerio Público como el juez de control deben ser lo suficientemente diligentes en ordenar la práctica de todos los dictámenes periciales que sean necesarios, según las características de cada caso en concreto, a los fines de establecer la identificación, en este caso, del vehículo objeto del delito, el cual pudo haber sido sometido a una alteración, incorporación, desincorporación, remoción, suplantación o devastación de los seriales que lo individualizan, o presenten irregularidades en la documentación.

En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias, provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: “En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee”, y el 794 eiusdem, que señala: “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título (…)”.

En efecto, de las actas se evidencia que la quejosa promovió como prueba fehaciente para acreditar la propiedad del vehículo, el documento autenticado de compra-venta; la Póliza de Seguro de Vehículos Terrestres emanada de la compañía de seguros MAPFRE La Seguridad, el Certificado de Registro de Vehículo a nombre del ciudadano J.U.F. y el acta de revisión del vehículo emanado del Servicio Autónomo de Transporte y T.T. de la ciudad de Caracas; sin embargo, debe advertirse que el dictamen pericial cursante en autos evidencia que los seriales del vehículo fueron adulterados, en tal sentido, existiendo dudas sobre la propiedad real del vehículo, ello será determinado ante el juez de control, conforme a lo establecido en la jurisprudencia supra transcrita.

En consecuencia, no se constata que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, haya actuado fuera de su competencia vulnerando derechos constitucionales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que esta Sala considera que la presente acción de amparo carece de los presupuestos de procedencia contra actos jurisdiccionales y, en tal sentido, resultaría inoficioso iniciar el presente procedimiento, en virtud de lo cual debe declararse la improcedencia in limine litis de la presente acción de amparo. Así se decide.

Este Tribunal observa, que en la causa remitida por la Fiscalía del Ministerio Público constan los documentos que presentó el ciudadano O.A.R., para acreditar la propiedad del vehículo: Que consta certificado de Registro de Vehículo, expedido por el Ministerio de Infraestructura, en fecha 21 de septiembre de 2006, signado con el Nº 8XA31UJ7939502386-1-2, a nombre del ciudadano Orlay Ortiz, titular de la cédula de identidad Nº V.- 23.216.631, por tratarse de un documento público, expedido por el funcionario público autorizado para ello el cual no se evidencia que sea falso, por cuanto no existe experticia que así lo señale, este Tribunal lo valora y del mismo se evidencia que el ciudadano Orlay O.O., ya identificado, es propietario de un vehículo de las siguientes características: Marca, Toyota; Modelo, Land Cruiser 45; Clase, camioneta; año, 2003; color, blanco; tipo, Pick-Up; Placa 65YAAM; Serial de Carrocería 8XA31UJ7939502386; serial del motor, 1FZ0584647.

Igualmente consta documento original de compra venta notariado en la Notaría Pública Tercera de Valencia, Estado Carabobo, en fecha 13 de diciembre del año 2006, anotado bajo el número 11, tomo 207, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría, que el ciudadano Orlay O.O., ya identificado, le vende el vehículo antes descrito al ciudadano Bravo S.B.V., titular de la cédula de identidad Nº V.- 8.667.002. Consta documento original de compra venta autenticado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.G., del Estado Apure, de fecha 15 de diciembre de 2006, anotado bajo el Nº 422, Tomo IX de los libros de autenticaciones llevados por ese Registro, en el que se evidencia que el ciudadano Bravo S.B.V., ya identificado, le vende el vehículo ya descrito al ciudadano P.E.S.A., titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.754.969. Se videncia de documento de compra venta autenticado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.G., de fecha 11 de febrero de 2008, anotado bajo el Nº 106, tomo III, de los libros de autenticaciones llevados por ese Registro, que el ciudadano P.E.S.A., ya identificado, le vende el vehículo ya señalado a la ciudadana C.Z.M.L., titular de la cédula de identidad Nº V. 18.375.470.

Los documentos autenticados antes citados, se valoran, ya que su falsedad no ha sido declarada, con los mismos se demuestra tradición legal del vehículo objeto de la presente solicitud, desde el momento en el Ministerio de Infraestructura le otorgó el Certificado de registro de Vehículo en fecha 21 de septiembre de 2006.

Ahora bien, el vehículo objeto de la presente solicitud según la experticia de reconocimiento por los funcionarios expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crminalísticas, Sub delegación “A”, Guadualito, Estado Apure, concluyen que el serial de carrocería 8XA31UJ7939502386 y del motor 1FZ0584647, se encuentras Alterados, pero las matriculas: 65Y-AAM, fueron asignadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones; que nos se pudieron reactivar los seriales originales y que dicho vehículo no se encuentra solicitado por la comisión de un hecho punible.

A relacionar los elementos probatorios antes valorados, queda demostrado que efectivamente el vehículo objeto de la presente solicitud tiene el serial del motor y del chasis alterados, pero el mismo no se encuentra solicitado; que la propiedad vehículo le pertenece a la solicitante C.Z.M.L., por haberlo adquirido mediante documento de compra venta autenticado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio R.G., en fecha 11 de febrero de 2008, anotado bajo el Nº 106, tomo III, de los libros de autenticaciones llevado por ese Registro, después de sucesivas ventas legales iniciadas en el año 2006.

Conforme a la sentencia de la Sala Constitucional antes citada y demostrada como quedó por medios lícitos conforme a los documentos ya analizados la tradición legales del vehículo, cumpliéndose la publicidad registral y la titularidad del derecho de propiedad que posee la ciudadana C.Z.M.L., sobre el vehículo que reclama en este proceso penal, el cual tiene los seriales del motor y chasis alterados pero no pudiendo establecerse los seriales originales sobre el mismo y no estando solicitado por la comisión algún hecho punible, es por lo que se hace procedente la entrega del vehículo solicitado.

Es por todo lo antes expuesto y analizado que éste TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: ACUERDA ENTREGAR a la ciudadana C.Z.M.L., de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 18.375.470, el vehículo de las siguientes características: Marca, Toyota; Modelo, Land Cruiser 45; Clase, camioneta; año, 2003; color, blanco; tipo, Pick-Up; Placa 65YAAM; Serial de Carrocería 8XA31UJ7939502386, Alterado; serial del motor, 1FZ0584647, Alterado. SEGUNDO. La entrega del vehículo se hará efectiva una vez que quede firme el presente auto, debiendo librarse lo conducente. Se acuerda devolver las actas de investigación pertinentes a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en la oportunidad legal. Todo de conformidad con el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal.

Notifíquese a las partes.

LA JUEZ DE CONTROL

Abg. N.M.R.R.

LA SECRETARIA,

Abg. M.F.

En fecha_________________ se cumplió lo ordenado

LA SECRETARIA,

Abg. M.F..

Solicitud